castellà:

El revolucionario desarrollo tecnológico experimentado en el campo de la información y la comunicación en las dos últimas décadas ha marcado un antes y un después en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Sin ir más lejos, estos cambios pueden observarse en las modificaciones del modo en que nos relacionamos, o en la generación de conceptos o realidades, tan impensables no hace demasiado tiempo, como el teletrabajo, la telemedicina o las universidades virtuales. La magnitud de estas transformaciones se concreta en el hecho de que incluso se ha llegado a hablar de la aparición de una nueva era, caracterizada especialmente por la denominada sociedad de la información y del conocimiento.

Como parte integrante y esencial de esta nueva realidad, la Administración pública se ha visto obligada a adoptar un papel pro-activo en la incorporación de las TIC, así como a dar respuesta a las nuevas necesidades ciudadanas y a velar para que el nuevo paradigma pueda asentarse de forma definitiva. En consecuencia, las TIC han comportado cambios importantes también en este ámbito, y es que su inclusión ha iniciado un nuevo estadio en su proceso evolutivo en el que se espera una auténtica transformación institucional.

Todo este proceso de cambio, basado en la interacción ciudadana como fundamento principal del sistema, ha encontrado su máximo exponente en la esfera de la Administración tributaria, donde su tradicional sistema de aplicación de los tributos ya había conllevado la adopción de técnicas de gestión en masa. En este sentido, la imposibilidad de practicar caso por caso los millones de liquidaciones anuales relativas a las más importantes figuras impositivas y el carácter casi permanente de las relaciones jurídico-tributarias, obligaron a requerir la participación de los obligados tributarios, de modo que las autoliquidaciones y la imposición de numerosos deberes de información y colaboración se convirtieron en los principales mecanismos del nuevo modelo de funcionamiento.

Así, los ciudadanos se encontraron con la responsabilidad de conocer, interpretar y aplicar el complejo, cambiante y, a veces, incluso deficiente ordenamiento tributario, por lo que debía compensarse la reducción de la actividad administrativa con una fuerte prestación de los deberes de información y asistencia a los obligados tributarios. En este sentido, debían potenciarse todas aquellas actuaciones de la Administración encaminadas a dar a conocer la información necesaria para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como aquellas labores que ofrecían recursos y auxilio con el mismo fin.
Sin embargo, la regulación de estos deberes no ha conseguido estar a la altura de su relevancia, en tanto que la normativa se ha limitado a contemplar su reconocimiento general (artículo 85.1 de la LGT y 62 del RD 1065/2007) y a señalar algunas de las actuaciones por las que pueden verse cumplidos (artículo 85.2 de la LGT y 63 a 78 del RD 1065/2007). Además, los regímenes jurídicos de estas actuaciones difieren en gran medida, y contienen, en muchos aspectos, un marcado carácter programático. Por ello, aún no existe una definición clara de cada uno de estos deberes ni una delimitación de los instrumentos que conforman su contenido, por lo que tampoco se ha podido elaborar la regulación completa de sus características ni la previsión de los diferentes efectos jurídicos que se pueden desprender.

Consecuentemente, el presente trabajo tiene como objetivo principal la elaboración de un estudio jurídico completo y actual sobre los deberes de información y asistencia de la Administración tributaria en relación directa con la incorporación, en este ámbito, de las TIC. Así, se pretende llevar a cabo una valoración global del impacto de los nuevos medios en dichas figuras tributarias, además de aportar una definición actualizada de su concepto, una determinación de su contenido, y una concreción de sus características y consecuencias jurídicas.

In The Spanish Tax Administration, citizens have the responsibility to find out, interpret and apply the complex, changing and sometimes even deficient tax legislation, so that the reduction of the administrative activity has to be counterbalanced with a strong rendering of the information and assistance services to the taxpayers. In this sense, all those Administration actions design to make available all the information pertaining to the exercise of rights and the compliance of tax obligations have to be strengthened, together with those actions offering resources and aid with the same purpose.

However, the regulation of these obligations has not measured up to their relevance, for legislation has just acknowledged them in general terms (articles 85.1 of the LGT and 62 of the RD 1065/2007), and pointed out some of the actions through which they can be rendered (articles 85.2 of the LGT and 63 to 78 of the RD 1065/2007).

Moreover, legislations pertaining to these actions are in disagreement to a large extent and hold, in many respects, a programmatical character. Therefore, to date, there is no clear definition of any of these obligations or a delimitation of the instruments that make up their content. In addition, neither the comprehensive regulation of their characteristics nor the forecast of their possible legal effects have been done.

Accordingly, the main purpose of this thesis is to carry out a comprehensive legal study regarding the information and assistance obligations of the Tax administration, in direct relation to the incorporation of ICTs to its sphere of activity. Thus, the aim is to achieve a global assessment of the impact of ICTs on the application of these obligations, while contributing an updated definition of their concept, establishing their content and specifying their characteristics and legal consequences.