Resistencia política y origen del movimiento social anti dictatorial en Chile (1973-1988) Robinson Humberto Silva Hidalgo Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement 3.0. Espanya de Creative Commons. Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento 3.0. Commons. España de Creative This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0. Spain License. Departamento de Antropología Cultural e Historia de América y de África Sección de Historia de América Facultad de Geografía e Historia Universitat de Barcelona Programa de Doctorado Bienio 2006-2008 “Recuperación de la memoria. América Latina” Resistencia política y origen del movimiento social anti dictatorial en Chile (19731988) Tesis realizada por Robinson Humberto Silva Hidalgo para optar al título de Doctor en Historia Directora: Dra. Pilar García Jordán Enero de 2014 A mis padres y hermanos. A los amigos de siempre. INDICE Introducción 1.- Marco teórico: Movimiento social, espacio público y violencia política. 1.1.- Movimiento social, conceptualización y debate. 1.2.- El espacio público intervenido por las manifestaciones. 1.3.- Manifestación, violencia política y resistencia. 2.- La legislación dictatorial en torno al espacio público y sus usos. 2.1.- Los estados de excepción: Estado de emergencia y Estado de sitio. 2.2.- El toque de queda. 3.- El espacio público dictatorial: edificios y lugares del poder. 3.1.- Las intervenciones de la dictadura sobre la nomenclatura ciudadana. 3.2.- Las intervenciones en La Moneda: la casa del poder. 3.2.1.- Modificaciones y reparaciones del edificio. 3.2.2.- El palacio como herramienta política. 3.3.- Las casas presidenciales. 3.3.1.- Las casas de Salvador Allende. 3.3.2.- Las residencias de Pinochet. 3.4.- Los espacios ocupados y significados por el régimen. 3.4.1.- Los edificios resignificados por la dictadura. 3.4.2.- Los nuevos espacios públicos de representación dictatorial. 4.- Violencia política sobre los símbolos de la dictadura. 4.1.- Asaltos y atentados a los lugares simbólicos. 4.1.1.- La bandera de la Independencia y la Llama de la libertad. 4.1.2.- Acciones de la resistencia contra los símbolos dictatoriales. 4.2.- Ataques a los retenes y edificios policiales y militares. 4.2.1.- Ataques a edificios de las Fuerzas Armadas. 4.2.2.- Atentados contra edificios de la DINA y la CNI. 4.2.3.- Ataques a recintos de la Policía de Investigaciones y a recintos de Carabineros. 4.2.4.- La infraestructura policial atacada por la resistencia. 4.3.- Violencia sobre los medios de comunicación e instituciones de la dictadura. 4.3.1.- Ataques a la libertad de expresión por parte del régimen. 4.3.2.- Violencia política contra los medios de comunicación dictatoriales. 4.3.3.- Acciones de propaganda resistente en medios de comunicación dictatoriales. 5.- La derecha y la defensa del gobierno dictatorial. 5.1.- Las referencias políticas de la derecha. 5.1.1.- El movimiento cívico-militar, intento de apoyo político a Pinochet. 5.1.2.- Los jóvenes como sustento a la dictadura. 5.1.3.- Las mujeres articuladas en apoyo a la dictadura. 5.2.- La figura de Pinochet en giras y viajes. 7 31 32 40 51 63 70 78 87 88 95 98 102 105 106 109 111 114 119 125 129 131 134 138 139 140 142 149 153 154 159 163 169 170 174 178 181 5.2.1.- Viajes de Pinochet al exterior. 5.2.2.- Las visitas internas de carácter simbólico. 5.2.3.- Pinochet en campaña plebiscitaria. 5.2.4.- Las giras de intención política. 5.2.5.- Las visitas como acción de gobierno. 5.3.- Los operativos cívico-militares. 5.3.1.- Origen y conceptualización de los operativos cívico-militares. 5.3.2.- Las agrupaciones juveniles en los operativos cívico-militares. 5.3.3.- Las mujeres y su acción en los operativos cívico-militares. 5.3.4.- El rol de los funcionarios públicos en los operativos cívico-militares. 5.3.5.- Militares y policías en los operativos cívico-militares. 5.4.- Manifestaciones públicas de los partidarios del régimen. 5.4.1.- Ceremonias civiles a favor del régimen. 5.4.2.- Las manifestaciones en torno al aniversario del golpe de Estado. 5.4.3.- Manifestaciones de apoyo al régimen en situaciones de conflicto. 5.4.4.- Los plebiscitos, oportunidades de manifestación para el régimen. 5.5.- Los funerales de carabineros y agentes de la dictadura. 5.5.1.- Funerales de funcionarios policiales. 5.5.2.- Funerales de militares y agentes represores. 5.5.3.- Funerales de civiles adherentes a la dictadura. 6.- La construcción del movimiento político y social de resistencia. 6.1.- Los sujetos colectivos en las manifestaciones políticas. 6.1.1.- El activismo por los derechos humanos. 6.1.2.- Las acciones de los sindicalistas. 6.1.3.- Las acciones de mujeres y feministas. 6.1.4.- Los estudiantes interviniendo en las manifestaciones. 6.1.5.- Partidos políticos y manifestaciones. 6.2.- Los desórdenes callejeros y la violencia urbana. 6.2.1.- Los mítines, forma inicial de protesta. 6.2.2.- Acciones de propaganda armada. 6.2.3.- Las barricadas, un uso político del espacio público. 6.3.- El ciclo de protestas nacionales. 6.3.1.- La definición del ciclo de protestas. 6.3.2.- El desarrollo histórico del ciclo de protestas. 6.4.- Las jornadas de trabajos comunitarios de los universitarios. 6.4.1.- Los trabajos voluntarios de estudiantes oficialistas. 6.4.2.- Los trabajos comunitarios de estudiantes opositores. 6.5.- Los funerales, expresión de identidad política. 6.5.1.- Los funerales de figuras políticas relevantes. 6.5.2.- El acto funerario en casos de violaciones a los derechos humanos. 6.5.3.- Los funerales en medio del ciclo de protestas. 6.5.4.- Los actos fúnebres de los militantes opositores. 7.- La violencia política de izquierda. 7.1.- Los asesinatos de agentes de la dictadura. 7.1.1.- Asesinatos a miembros de las Fuerzas Armadas. 182 185 187 189 192 195 195 197 199 202 205 207 208 210 213 216 218 219 222 225 229 234 234 237 240 243 246 249 250 253 257 260 260 263 267 268 271 275 276 280 284 287 291 297 299 7.1.2.- Asesinatos de agentes de organismos represivos. 7.1.3.- Atentados a miembros del poder judicial. 7.1.4.- Ataques a efectivos policiales. 7.1.5.- Atentados a colaboradores civiles de la dictadura. 7.2.- La conmoción pública: bombas e incendios. 7.2.1.- Bombas en las fechas conmemorativas. 7.2.2.- Explosivos de carácter clasista. 7.2.3.- Atentados explosivos a la red eléctrica. 7.2.4.- Bombas e incendios a servicios públicos. 7.2.5.- Los atentados explosivos contra el transporte público. 7.3.- Sabotajes y atentados contra la economía del régimen. 7.3.1.- Bombas contra las grandes empresas y comercios. 7.3.2.- Atentados a locales y pequeños comercios. 7.3.3.- Asaltos y atentados contra los bancos. 7.3.4.- Atentados a la infraestructura económica. 8.- La represión dictatorial. 8.1.- Asesinatos devenidos casos emblemáticos. 8.1.1.- Asesinatos de dirigentes políticos y sindicales. 8.1.2.- Represaliados vinculados a la Iglesia Católica. 8.1.3.- Represaliados vinculados al movimiento social. 8.2.- Los enfrentamientos armados en la vía pública. 8.2.1.- Enfrentamientos producto de la violencia política de izquierda. 8.2.2.- Falsos enfrentamientos. 8.3.- Allanamientos y represión sobre las organizaciones opositoras. 8.3.1.- Allanamientos a grupos resistentes. 8.3.2.- Allanamientos contra imprentas y grupos de propaganda. 8.3.3.- Allanamientos a sedes y locales de organizaciones opositoras. Conclusiones. Fuentes y Bibliografía citadas. 303 306 309 312 316 317 320 324 327 330 333 334 337 340 345 349 354 355 359 361 364 365 373 380 380 385 388 395 400 Introducción Estos son los resultados finales de la investigación que presentamos para la obtención del doctorado. Nuestro trabajo transita entre la historia política y la historia social, con especial énfasis en el desarrollo del movimiento social, relevándolo como el constructor de las acciones políticas que generaron cambios significativos en las características de los procesos políticos del país. Los límites temporales del estudio son los comprendidos entre el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y el plebiscito que derrotó la opción pinochetista de perpetuidad en el poder político, hecho ocurrido el 5 de octubre de 1988. Dado el carácter nacional de los efectos que produjeron los eventos entre estos dos hitos, la investigación abarca la totalidad del territorio nacional chileno. La persecución hacia el sector izquierdista fue la acción preferente de las agencias del Estado 1 durante los primeros años de la dictadura, posterior al golpe militar de 1973. De hecho, se consideró que este sector era el que podría afectar de mayor manera la consolidación de la Junta Militar en el poder. Al poco tiempo este elemento se neutralizó, lo cual posibilitó que se continuara reprimiendo física y políticamente a los militantes de partidos de izquierda, incluyendo adherentes al presidente Salvador Allende y al régimen de la Unidad Popular. En relación a ello, constatamos que el trabajo académico tuvo un primer momento de reflexión en los estudios sociológicos y politológicos elaborados durante los últimos años de la dictadura. Por el contrario, los historiadores han demorado su preocupación por el problema aunque, cuando lo han hecho ha sido desde la óptica del conflicto institucional que quebró el Estado nacional en el período del régimen militar. Por esta razón, proponemos una entrada desde el conflicto social generado por la dictadura, en la medida que éste último dialoga con el conflicto político; asunto que motiva esta investigación. En virtud de ello hemos visto la necesidad de incorporar la problemática del espacio público en este estudio, como vector necesario para comprender las disputas generadas por los distintos actores que se posicionaron en la tensión democracia-dictadura. Este estudio se justifica en el desarrollo de una mirada que apuesta por la historia social del conflicto político, cuestión que no ha sido analizada hasta el presente en los 1 Así ha sido establecido en el Informe de la Comisión de verdad y reconciliación (1992: vol I, tomo 2, 775811) que lo refrenda tanto en las actuaciones de los consejos de guerra, posteriores al golpe de Estado, como también para al trabajo represivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), organismo creado mediante el decreto Nº 521 del 14 de junio de 1974. trabajos visitados para este efecto, con la salvedad de algunos artículos de revistas especializadas y tesis de pregrado enfocadas a espacios o actores específicos del movimiento social anti dictatorial. Por lo ya mencionado es que también justificamos la investigación en la necesidad de generar una mirada, que abarque el período dictatorial en su dinámica política concreta, así como también en sus prácticas y las respuestas generadas hacia y desde el movimiento social anti dictatorial. Bajo este enfoque, el objeto de estudio se encuentra configurado por el movimiento social anti dictatorial, que se encuentra expresado en sus prácticas de resistencia, oportunidades y por la disputa que mantuvo con la política dictatorial, debido a que ocupó el espacio público para visibilizar sus discursos. Por ello, ha sido indispensable analizar el carácter político del movimiento social, que ha sido estudiado a través del trabajo de sus organizaciones y las estrategias que desarrollaron para terciar en el debate político del período. Esta investigación enmarca las políticas adoptadas por el movimiento social, incluyendo la resistencia política, en el debate historiográfico chileno, vinculado, además, a la historia reciente en sus dimensiones sociales y políticas. En esta medida es que consideramos que el proceso de constitución de la resistencia política y el movimiento social opositor, en el período 1973-1988, incluyó nuevas estrategias que situaron el desarrollo de acciones armadas contra la dictadura, así como también la generación de acción política en el espacio público y la constitución de un movimiento social, especialmente activo en el rol de contradictor al régimen. En este afán es que se conformaron relaciones relativas a la cara interna de la vida política en dictadura, buscamos responder cómo se dio este fenómeno desde la perspectiva de diversos grupos y personas que optaron por enfrentarse a la dictadura con diversas armas y estrategias. Sobre este aspecto en particular es que estudiamos el conflicto en su cara pública, representado por el gobierno de la época y sus adherentes, como también en el origen constitutivo de los grupos opositores y resistentes. El hecho de que se conformara un cambio estratégico y político en la izquierda radical para enfrentar el período posterior a la persecución de la que fue objeto durante los primeros años de la dictadura, llevó a una potenciación de la violencia subversiva en Chile, así como al surgimiento de la clandestinidad y de una recomposición de los espacios simbólicos y físicos de actividad social y política. En esta medida es que el enfoque adoptado sostiene que la política también es una actividad social y, por tanto, nos interesa ahondar en el análisis de la construcción de estrategias a partir de los nuevos escenarios políticos y sociales. El estudio de las prácticas de resistencia en el espacio público y en la articulación de la violencia política, por una parte, así como las prácticas represivas, por otra, nos ayuda a comprender analíticamente el período histórico definido, configurando las características del movimiento social como el actor colectivo fundamental. De esta manera, planteamos como hipótesis principal que la resistencia política en el período 1973-1988 posibilitó el ejercicio de prácticas en el espacio público que construyeron un movimiento político y social determinante para derrocar a la dictadura cívico-militar. Elemento decisivo en este proceso de construcción de resistencias, en tanto prácticas y políticas que contestaron la implantación del entramado ideológico expresado en el gobierno dictatorial y sus representaciones, fueron las agrupaciones políticas y las organizaciones sociales que dieron vida al movimiento social. De ello se colige una primera pregunta, que se refiere a si el movimiento social resistente logró acelerar -en los sectores centristas de gobierno y oposición- la apropiación del espacio político con el propósito de negociar salidas menos traumáticas al conflicto chileno. Una de las propuestas más ambiciosas del proyecto opositor se encuentra en la definición del rol de la violencia política en el escenario que se va dibujando en el Chile de la dictadura, el cual vio nacer un amplio movimiento político y social. Y de ahí surge una segunda pregunta de investigación referida a cómo se dio el uso del espacio público en cuanto estrategia de movilización por parte del movimiento social opositor y la resistencia política, considerando que la derecha y el gobierno también utilizaron el espacio público para manifestarse. A partir de esas consideraciones es que surge una tercera pregunta: cuál fue rol de la violencia política en el proyecto opositor. En el escenario que se fue dibujando en el Chile de la dictadura, la emergencia de un amplio movimiento político y social opositor incorporó también la violencia como parte de su repertorio movilizador. Estas grandes interrogantes son las que trataremos de responder en esta investigación, aunque previamente consideramos pertinente realizar el correspondiente estado de la cuestión que nos permita valorar, al final, los aportes novedosos de nuestro trabajo. El estado de la cuestión. Llegados a este punto, veamos el estado de la cuestión sobre el período dictatorial, referido al objeto de estudio por nosotros abordado. Para ello, necesitamos construir un marco de referencias contextuales que nos ayude a enfrentar la investigación. Conviene señalar que el período es una época oscura para la los estudios sociales chilenos. La producción bibliográfica existente repara en un par de temas generales que nos ofrecen una perspectiva acabada de estos años que, por lo demás, constituyen un período fundacional en la nueva estructura del Estado en Chile. El estado de la cuestión considera los trabajos académicos de tipo histórico, pero también recibe los aportes de las ciencias sociales, particularmente de la sociología histórica y la ciencia política. Nos interesa insistir en esta cuestión dado que nosotros hemos realizado una revisión centrada en la historiografía de este período que, desde hace veinte años, viene generando importantes trabajos que transitan por perspectivas y enfoques diversos. Iniciaremos este punto con el análisis de las investigaciones acerca de los movimientos sociales en el período que cubre este estudio. Luego abordaremos los trabajos que han analizado los asuntos relativos a la historia política reciente de Chile, con especial énfasis en la violencia política, el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos, temáticas que han ocupado una parte importante de la historiografía chilena del último tiempo. Teniendo presente que esta investigación busca significar los movimientos políticos y sociales en el período señalado, hemos identificado el texto de Patrick Guillaudat y Pierre Mouterde, Los movimientos sociales en Chile. 1973-1993 (1998); la obra revisa panorámicamente qué eran y cómo se caracterizaron los movimientos sociales del período estudiado. Los movimientos de diverso tipo son señalados aquí con el propósito de explicar el proceso político general y, dentro de esa relación, la existencia de referencias tangenciales a la violencia política y el terrorismo de Estado. Sin embargo, este trabajo no refiere conexiones al devenir político de los grupos constituidos en el movimiento social. Gabriel Salazar en Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política (2012) repasa el devenir de los movimientos sociales en Chile, analizando y reflexionando sobre la soberanía de estas articulaciones, así como también sobre su rol político. Sin aislar, claro está, el período de esta investigación, refiere las prácticas y estrategias utilizadas por las diversas articulaciones sociales como una teoría nutrida por la historia “larga” del objeto de estudio, que define como movimientos sociales, en plural, anotando en ello su diversidad y permanente afán de poder constituyente. En el terreno de los estudios que trabajan segmentos específicos del movimiento social y la configuración de identidades representadas en su desarrollo, encontramos diversos trabajos publicados, incluso antes de finalizar la dictadura. Desde los estudios sociológicos e históricos hay aportes específicos constituidos por una abundante cantidad de monografías, que definen identidades y problemas puntuales, los que analizan, particularmente, el problema que nos ocupa. En este aspecto, son importantes los textos en torno a las protestas nacionales desarrolladas entre 1983 y 1986, que desarrollaremos a continuación. El primero de los trabajos sociológicos acerca de esta temática es La rebelión de los jóvenes (1984) de Eduardo Valenzuela. Este estudio, centrado en aspectos económicos y sociales, nos da una primera aproximación al tema desde los conceptos de anomia social en el contexto de pauperización en que viven los sectores pobres de las grandes ciudades, lo cual, además, está planteado en el contexto de las reformas económicas estructurales emprendidas por el régimen militar. Mario Garcés y Gonzalo De la Maza en Explosión de las mayorías. Protesta nacional 1983-1984 (1985) realizan un aporte significativo para comprender la articulación de las movilizaciones contra la dictadura. Este texto, abordado desde lo político, considera los hechos en el contexto de la experiencia acumulada en los años anteriores, siendo, de este modo, el primer aporte historiográfico relativo al tema. El texto de José Weinstein Los jóvenes pobladores en las protestas nacionales (1983-1984) (1989) ofrece una caracterización de los jóvenes pobladores de los años mencionados desde un enfoque psicosociológico, construyendo un relato del fenómeno de violencia callejera y la acción colectiva como factores característicos de los eventos estudiados. A ello, agrega una hipótesis acerca de las motivaciones de los jóvenes para participar en un acto violento, hipótesis centrada en la discriminación social y la crisis económica desatada en 1982. Un interesante ejercicio investigativo es el de Nicolás Díaz, en ¡Pablo, Eduardo y Rafael: Presente! De la memoria popular a la acción colectiva (2010). Entroncando la microhistoria con el sujeto popular poblacional actuante en el período de las protestas nacionales, aborda las prácticas resistentes dirigidas al conflicto político, construyendo la identidad política de un grupo de gran interés para este estudio -los jóvenes pobladores- por su profusa actividad en parte del período estudiado. Dentro del ensayo sociológico encontramos el trabajo de Eugenio Tironi Los silencios de la Revolución (1988), en el que se elabora una argumentación de las visiones que existían sobre el país de los ochenta. Las referencias a la violencia son de gran claridad y han sido útiles para identificar puntos de interés que permiten conocer en profundidad el fenómeno. Con todo, el valor de este trabajo está en desnudar las privaciones sociales y económicas generadas por la política dictatorial, contextualizando el escenario en el que se desarrolla el conflicto político. La diferencia se hace evidente, entonces, en torno al carácter del movimiento social anti dictatorial, pues hay dos corrientes claramente identificables entre quienes desarrollan discursos globales del fenómeno. Por una parte, las visiones que aportan desde la experiencia histórica (Salazar y Garcés-De la Maza) y, por otra, las que centran el origen y desenvolvimiento del movimiento social como una respuesta a la política de reestructuración económica realizada por el régimen (Valenzuela y Tironi). Uno de los problemas que toca, directamente, la constitución del movimiento social en su dimensión política es la violencia que se generó en el proceso. La violencia política y el terrorismo de Estado en Chile tienen estudios significativos principalmente desde la sociología. Desde la historia, el desarrollo ha estado centrado -para el período que abarca esta investigación- en el avance de los partidos políticos y agrupaciones de izquierda que asumieron la violencia como estrategia política, todo ello en función de intervenir en el desarrollo político institucional que fue agredido por la dictadura. Entraremos al tema desde el análisis político que incluye los elementos mencionados. En el ámbito propio de la ciencia política situamos el trabajo de Carlos Huneeus El régimen de Pinochet (2000). Es un estudio pormenorizado de la política construida por la dictadura militar, haciendo claras referencias a sus orígenes ideológicos, así como a la relación con los vecinos regímenes de signo similar en el continente. Este trabajo redefine los hechos históricos en función de constituir conceptos propios de la ciencia política, por tanto, no se detiene en la definición de las prácticas políticas ni en las caracterizaciones de los sujetos colectivos e individuales que tallan en el conflicto, pues privilegia lo que ocurre con el Estado y las instituciones. Esa posición hace que el autor soslaye el rol de la violencia política y considere al movimiento social como una categoría menor dentro de la tensión dictadura-democracia. El popular trabajo del sociólogo Tomás Moulian “Chile actual. Anatomía de un mito” (2002) [1997] realiza una reflexión acerca de las herencias sociales y políticas de la dictadura. Para ello analiza el origen de los diferentes dispositivos creados en el período de nuestra investigación: el consenso político, la institucionalización de la ideología pinochetista y una interesante pero breve reflexión acerca de la movilización y su politicidad como un elemento a salvar en el tránsito de dictadura a una democracia restringida. Uno de los referentes fundamentales para el período por nosotros trabajado es el estudio de Verónica Valdivia titulado El golpe después del golpe, Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980 (2003). En él se explica la dinámica interna del Estado pinochetista, estudiando las claves de la construcción institucional que éste realiza con miras a refundar todo el aparato que organizó la vida social, económica y política de la sociedad chilena. En igual medida, la obra ofrece una buena base documental, lo que unido a lo dicho anteriormente da como resultado un texto de gran valor para comprender el período desde la perspectiva político institucional. Por otra parte, Sofía Correa en Con las riendas en el poder. La derecha chilena en el siglo XX (2005) realiza una entrada tibia al período estudiado aquí, aunque es útil por cuanto analiza el origen ideológico de la dictadura y el desarrollo de la derecha política, en el contexto de las discusiones que se dieron en el sector conservador de la política nacional, evidentemente, al verse ésta enfrentada al desarrollo del proyecto dictatorial. Una significativa ampliación de esta perspectiva es la realizada en el primer volumen de Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981) (2006), trabajo de Rolando Álvarez, Julio Pinto y Verónica Valdivia. La obra explica el conflicto político desde el estudio de los caminos adoptados por los diversos partidos políticos y sus ideologías subyacentes. Es un trabajo que amplía el foco a la diversidad de actores presentes en la discusión de aquellos años. El segundo tomo del libro La pugna marxista-gremialista en los ochenta (2008), de los mismos autores junto a Karen Donoso y Sebastián Leiva, profundiza en la temática a través de la reflexión sobre las prácticas políticas, incluida la violencia, en el marco del debate ideológico que plantea el estudio: proyecto neoliberal-militar contra la resistencia anti dictatorial, expresada especialmente en los espacios poblacionales de Santiago, haciendo una aproximación entre historia política e historia social, desde los diferentes proyectos partidarios. Elizabeth Lira y Brian Loveman aportan, desde la investigación histórica en el campo de los derechos humanos, un estudio titulado Las ardientes cenizas del olvido: vía chilena de reconciliación política 1932-1994 (2000). Este trabajo define una línea central dentro de la articulación del movimiento social que se opuso a la dictadura, cubriendo el siglo XX e incluyendo el período estudiado, aunque centrado en la violencia ejercida por las agencias del Estado destinadas a la represión. Su objeto de estudio no focaliza el rol de la resistencia política como el sujeto contraparte en el conflicto chileno. El libro de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda “La historia oculta del régimen militar” (2008) [1988] hace un aporte relevante desde el periodismo de investigación, pues entrega múltiples datos acerca del devenir político del período. Su uso como fuente secundaria es de gran valor, ya que adquieren gran importancia las referencias al impacto que produjeron los hechos de violencia en los diversos sectores políticos, y las reacciones que despertó en los actores encargados de la seguridad nacional. En cuanto a reflexiones centradas en el proceso político del Chile de los años ochenta, se encuentra el documento de trabajo del ya citado sociólogo Tomás Moulian, Violencia y política: reflexiones preliminares (1981). Aquí se problematiza por primera vez el tema, pues se ubica la política como el punto que mueve al hecho violento en una situación de mediación imposible para la instauración de una democracia que considere a todos los actores. La visión crítica del fenómeno de la violencia, desde una óptica socialista, se sustenta en el tronco clásico del marxismo, que confiere al estudio una posición ideológica para la discusión acerca del asunto. Desde la perspectiva de los hechos, Luis Heinecke ofrece un estudio pormenorizado de las acciones de violencia. En el trabajo Chile: crónica de un asedio. Contra ofensiva revolucionaria (1992), examina fácticamente el fenómeno desde una trinchera derechista. El estudio se sustenta en una metodología en base a la cronología y con escasa sino nula documentación, además, argumenta la influencia externa del comunismo soviético y cubano para explicar el golpe de Estado. Del mismo modo, aduce supuestas sociopatías de los protagonistas de la resistencia y la oposición al régimen para entender el uso de la violencia. Una de las lecturas fundamentales en relación a este tema es el clásico estudio de Gabriel Salazar, “Violencia política popular en las “Grandes alamedas” (2006) [1990]. Esta obra tiene alcances mayores tanto por hacer una teorización de la historia de Chile en el siglo XX, como en una exploración del fenómeno de violencia política al caracterizarla y relatarla. El texto de Salazar, que se extiende por diversidad de expresiones violentas en el período 1947-1987, contiene exhaustivas revisiones bibliográficas y uso de metodologías cuantitativas y cualitativas que sitúan esta obra como el punto de partida fundamental para insertar una línea de investigación en este tema. Si bien la obra tiene un claro norte explicativo del fenómeno, en un segundo volumen titulado Personas y escenarios en la violencia colectiva (1990) de Javier Martínez, Eugenio Tironi y Eugenia Weinstein, encontramos los análisis específicos de los resultados en torno a tipologías y dimensiones cuantitativas del fenómeno para el mismo período. Por otra parte, Graciela Lunecke en Violencia política en Chile, 1983-1986 (2000), utiliza el concepto como categoría de análisis para entender el proceso de cambio político vivido en el país a partir de 1989. Este mismo se asume en el texto como transición democrática. El enfoque está dirigido a las alianzas y diferencias en el marco político contextual del período que aborda la autora. Llegados a este punto, vemos que la historiografía ha logrado encauzar los fenómenos de violencia política y terrorismo de Estado en el marco del proceso político institucional que interesa para estudiar el devenir del Estado nación en el período. Los trabajos que analizan la temática desde la práctica social y política, centrando en ello al movimiento social como sujeto colectivo, no han sido enfocados como elemento privilegiado de análisis. Ello no obsta para que las distintas perspectivas de la historiografía chilena vengan desarrollando, en las últimas décadas, contribuciones a la renovación de la historia política y social del país. Junto a lo anterior, en los últimos años se han publicado también una serie de estudios acerca de las organizaciones de izquierda radical que utilizaron la violencia política como estrategia de enfrentamiento al régimen militar. En nuestro caso, consideramos necesario señalar que fue el interés por la historia política de los grupos subversivos lo que nos movió a estudiar en profundidad el problema de la violencia política en el período dictatorial. El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) fue el partido político que mayoritariamente asumió las acciones de violencia política resistente contra el régimen de Pinochet, especialmente activo entre los años 1978 y 1982 y sobre dicho partido se han publicado numerosos trabajos. Entre ellos el de Mario Amorós que comienza por definir al MIR, y especialmente a los miristas, como un objeto de estudio en La memoria rebelde. Testimonios sobre el exterminio del MIR de Pisagua a Malloco, 1973-1975 (2008). En este texto aporta la experiencia de esos militantes miristas en relación a los eventos justamente posteriores al golpe de Estado. En torno al rol de este movimiento político-militar, caben destacar las investigaciones de Cristian Pérez, publicadas en la revista Estudios Públicos, “Salvador Allende: Apuntes sobre su dispositivo de seguridad: El Grupo de Amigos Personales (GAP)” (2000); “Historia del MIR. “Si quieren guerra, guerra tendrán…” (2003); y “Años de disparos y tortura (1973-1975): Los últimos días de Miguel Enríquez” (2004). El énfasis de estos trabajos está en la historia política interna del MIR, develando su estrategia y proyecto político en el contexto de la sociedad chilena de la etapa histórica en que desarrolló su acción. Del mismo tenor y en tono testimonial, pero aportando también información basada en fuentes primarias, está el volumen de Carlos Sandoval Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Coyunturas y vivencias 1973-1980 (2011). El autor entra en el análisis del ejercicio de la violencia política de manera secundaria, centrándose en la represión política como eje de su relato. Un trabajo histórico de importante reflexión acerca del fenómeno es el que reúne diversos estudios en Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-1990 (2012). En esta compilación conviene destacar el trabajo de Igor Goicovic sobre el MIR, pues aporta valiosos argumentos al debate desde el análisis de la violencia política en el contexto de la evolución política de la sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XX. Un trabajo desde la perspectiva comparativa es el realizado por Osvaldo Torres Democracia y lucha armada. MIR y MLN-Tupamaros (2012). Aquí nuevamente se reflexiona acerca del rol de la violencia política en el contexto del proceso político total, el agotamiento de la democracia y la transición a una nueva forma institucional. La historia política aquí propuesta dialoga con las instituciones e interpela las estrategias y programas de la articulación política mirista, dejando los debates con el mundo social y sus sujetos fuera del análisis. Los testimonios y relatos han venido apareciendo reiteradamente en los años recientes aportando casuísticas específicas al tema. En ese plano destacamos el texto de Hernán Vidal, Presencia del MIR, 14 claves existenciales (1999). Tal vez el primero y más significativo de los trabajos de este tipo es Guerrilla en Neltume. Una historia de lucha y resistencia en el sur chileno (2003), del Comité Memorial Neltume. Este estudio analiza la experiencia mirista desde la perspectiva de la resistencia a la dictadura, enfoque que nos interesa relevar, aunque aquí se conceptualiza sólo como la práctica contestaría a la articulación dictatorial. Junto al MIR, el otro actor político relevante en torno al problema de la violencia política en el período estudiado es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Esta organización nace al alero del Partido Comunista (PC), a inicios de la década de los ochenta, cuando ese partido decide cambiar su estrategia hacia la dictadura, abriéndose, de este modo, al uso de la violencia política como mecanismo válido en el contexto de un régimen ilegítimo en el poder. Es por ello que con el objetivo de hacer el estado de la cuestión sobre el FPMR hemos de revisar, previamente, las publicaciones referidas al PC chileno. Sobre el PC, en el período estudiado, la primera reflexión significativa la encontramos en la compilación realizada por Augusto Varas, El Partido Comunista en Chile (1988). En este texto, Tomás Moulian, Isabel Torres y Osvaldo Puccio analizan el rol de PC y el FPMR durante la dictadura y el proceso de transición. Este análisis, estrictamente político, pone el acento en el devenir institucional del período final de la dictadura, el cual constituyó la principal preocupación de las ciencias sociales chilenas en ese momento. El trabajo de Rolando Álvarez, Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980) (2003), supone una buena introducción para entender las prácticas resistentes de los comunistas, aunque se encuentra centrado en la historia del partido y sus estrategias de alianzas y diferencias con otros partidos de izquierda. Otro texto, que dialoga con el anterior, es el de Alfredo Riquelme, Rojo atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia (2009). Esta obra asume el rol del PC desde su fallida estrategia de violencia política a través del análisis propio del enfoque de la historia política. Los trabajos recién mencionados, sin embargo, no consideran las articulaciones con el movimiento social. Aun así, Rolando Álvarez vuelve a referirnos reflexiones acerca del PC en Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990 (2011). Aquí, el autor realiza un análisis en el que conecta el desarrollo histórico partidario con el debate social y político en torno a las consecuencias de la dictadura. Y, en él se trabajan categorías relevantes como cultura e identidad política que otorgan una renovación a los estudios acerca de este tema. Un trabajo publicado como artículo de revista nos arroja ideas acerca de la trayectoria partidaria del comunismo chileno. Hernán Venegas en “Trayectoria del Partido Comunista de Chile. De la crisis de la Unidad Popular a la Política de Rebelión popular de masas” (2009) nos entrega una visión desde la historia política que vuelve a entrar en el debate institucional, esta vez relevando las discusiones de la dirigencia del PC que redundarían, entre otras razones, en el cambio estratégico de ese partido, incluyendo la violencia política como parte del repertorio de lucha contra la dictadura. Un texto que específica el rol del FPMR y el PC en la violencia política, es el estudio de Luis Rojas, De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Antecedentes de la historia política y militar del Partido Comunista de Chile y del FPMR 1973-1990 (2011). Este texto refiere un detallado relato de la política desarrollada por este grupo en los términos de la violencia política ejercida, acotando acciones y formas operativas e incorporando el análisis histórico-político desde las estructuras partidarias. Desde la antropología política, el análisis de Hernán Vidal en FPMR. El tabú del conflicto armado en Chile (1995) instala reflexiones para comprender la violencia política desde las intencionalidades y la experiencia vivida por los protagonistas de esas acciones. Claudio Pérez, por su parte, realiza un ejercicio más específico para abordar la violencia política de signo rodriguista. En Violencia política en las publicaciones clandestinas bajo Pinochet: la palabra armada en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Chile, 1983-1987 (2008) revisa, por medio de la prensa, la constitución de una identidad rodriguista configurada a través de las prácticas relatadas en los medios clandestinos. Esta visión refiere una renovación de la historia política que valoramos positivamente en nuestro estudio. Un tercer agente político objeto de algunas, aunque pocas, publicaciones es el referido al Mapu-Lautaro. Entre ellos destaca el texto de Cristina Moyano, El Mapu durante la dictadura, Saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile. 1973-1989 (2010). El trabajo fija el objeto de estudio en el devenir político de este grupo en la cultura política socialista y, por ello, la violencia política es abordada como elemento argumentativo en función de la renovación del pensamiento socialista chileno. Junto a ese trabajo se han publicado algunos artículos como el de Nicolás Acevedo “1988, Plebiscito para la concertación, guerra para el Mapu-Lautaro: lecciones de dos elecciones opuestas” (2012); el de Ivette Lozoya en el compilado editado por Pozzi y Pérez (2012) y titulado “El Mapu-Lautaro y la derrota de la vía revolucionaria en los 90”. Ambos refieren aspectos puntuales de la práctica política de esta agrupación y el uso de la violencia como estrategia política en función de su período de mayor relevancia: el término de la dictadura y el inicio del proceso de transición. La perspectiva que prima en todos estos trabajos es el desarrollo interno de las articulaciones partidarias que ejercieron violencia política y se vincularon con el movimiento social. Este tipo de estudio se ha ampliado en los últimos años utilizando una gran diversidad de enfoques y perspectivas. Pero, aun así, logramos identificar como característica común el aislamiento del fenómeno partidario para comprenderlo en sí mismo. Ello no obsta para que se hayan trabajado nuevas perspectivas en torno a la cultura política y las identidades. Si bien podemos reconocer las relaciones con el problema planteado en esta investigación, queda claro que no existen, puntualmente y desde la perspectiva temporal, investigaciones históricas acerca del objeto de estudio que a nosotros interesa. El Chile de la dictadura no cuenta con un estudio hecho desde la perspectiva histórica que analice el movimiento social generado en dictadura, relacionado con el conflicto político desde el enfoque declarado por sus agencias auto convocadas y auto organizadas, las luchas por los derechos humanos, estudiantes, pobladores y mujeres, entre otras. Por lo anterior es que proponemos estudiar el espacio público y sus intervenciones, focalizando el análisis en las prácticas de uso y resistencia que generaron los actores definidos en ese conflicto. Fuentes. Esta investigación tiene un carácter descriptivo primero, analítico después y finalmente sintético, que busca caracterizar el movimiento social y la resistencia política, así como también comprender las relaciones entre ambas. El uso de las fuentes primarias y secundarias y su debida triangulación para ser contrastadas, nos ha servido para entrar en el análisis de las categorías definidas tras la elaboración del diseño de investigación, guiados por las preguntas de investigación y los objetivos que se han descrito anteriormente. La perspectiva está basada en la historia social y política, relevando el enfoque en las manifestaciones expresadas en el espacio político que nos ayuda a visibilizar los discursos, estrategias y prácticas de los actores en conflicto. Llegados a este punto, necesitamos entonces aclarar las fuentes primarias y secundarias utilizadas en esta investigación. Haremos una definición de las fuentes en su tipología y en las características internas de estos documentos. Fuentes primarias. Hemos recurrido a cinco tipos de documentos. 1.- Documentos del Estado. El primer tipo es la legislación dictatorial en torno a los asuntos que estudiamos aquí, los bandos post golpe de Estado y los posteriores decretos leyes, publicados en el Diario Oficial de la República de Chile. Estos documentos nos han permitido demarcar los hechos y límites jurídicos en los que nos centramos para realizar este estudio. Los textos señalados son fácilmente pesquisables y están disponibles en bibliotecas especializadas. La legislación y el Diario Oficial, de muy buena factura técnica, reúnen todos los textos legales de la república y han sido seleccionados por su pertinencia contextual. Todos los documentos de este tipo han sido consultados en la Biblioteca Nacional en Santiago de Chile y en la Biblioteca de la Universidad de Concepción. 2.- Informes oficiales de Verdad. Entre las fuentes de primer orden que hemos utilizado, merecen especial atención dos informes relativos a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período estudiado. Estos dos informes son conocidos por los presidentes de sus comisiones, Raúl Rettig y Sergio Valech. El primero es el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1992) y el segundo es el Informe de la comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004). Ambos están disponibles en Bibliotecas especializadas, como las ya citadas en el párrafo anterior. 3.- Documentos de la Resistencia. Por otra parte, contamos con numerosos documentos internos del período generados por la resistencia o por los diversos partidos políticos presentes en ella, así como de las organizaciones sociales que se movilizaron contra la dictadura. Gracias a la colaboración de diversas personas hemos podido acceder a estos documentos. Los documentos aludidos se encuentran impresos de manera prácticamente artesanal, por las condiciones de clandestinidad en su fabricación, algunos de ellos fueron multicopiados, lo que evidencia la imposibilidad de una mejor calidad en las ediciones de la época. Esto no impide que se pueda trabajar con ellos, pero indica la escasez de recursos económicos con que contaba este sector de la política chilena durante la dictadura. En el caso de los documentos, estos no han sido compilados ni editados en una publicación formal, por tanto su valor es de capital importancia, además de la necesaria comprobación de su fiabilidad, es por ello que interesa hacer algunas reflexiones a propósito de los más significativos, los que se han estudiado para esta investigación. Entre ellos hay análisis de la situación política de la resistencia luego de llevar a cabo su estrategia contra el régimen, como es el caso del muy importante documento “La política del MIR y la lucha contra la Dictadura”. Aquí se hacen evaluaciones y valoraciones de los resultados obtenidos por el MIR y se delinean posibles cambios para aumentar la efectividad de las mismas. Un documento de la mayor relevancia, desde el punto de vista ideológico, pero también fáctico, es el “Manual general de preparación combativa para milicias de autodefensa”. En éste se construye toda una manera de entender cómo y qué significa ser un militante de la misma. Para ello describe formatos y métodos que después vemos aplicados en la realidad de la lucha anti dictatorial a través de la prensa oficial, como también por la opositora y clandestina. En “Síntesis y evaluación de la experiencia guerrillera de Neltume y Nahuelbuta, 1980-1981”, se produce un quiebre vital en el MIR como estructura partidaria. Por esta razón, consideramos de capital importancia este texto, pues posibilita el estudio de ese partido desde un período clave para este informe: el giro que, como partido, dio el MIR a su estrategia y las consecuencias de ello para su existencia como organización unificada. Otro documento sumamente interesante para nuestro trabajo es el “IV Congreso del MIR Chileno”. Aquí es evidente la perspectiva autocrítica y la revisión de la historia reciente de la resistencia mirista. Desde distintos grados se dejan entrever los aciertos y errores en la política llevada a cabo en el período que estudiamos. Es necesario destacar al respecto las diferencias en el seno interno del MIR con respecto al valor asignado a la resistencia y su lucha en la perspectiva de mediano y largo plazo, es decir, el derrocamiento de la dictadura y la instauración de un proyecto revolucionario en Chile. Como se puede apreciar, los documentos reseñados –junto a otros que figuran en el apartado final correspondiente que no detallamos aquí en aras a la brevedad- nos permiten entrar en los debates y dinámicas internas, así como en los hechos e ideas que rondaron al MIR y a la resistencia posterior al golpe de Estado, e incluso hasta 1982. Se deben considerar los hechos y ponerlos en la justa medida de lo que significaron en su momento, pues ni son tan irrelevantes como sentenció la crónica oficial, ni tienen la significancia que se les adjudica desde el documento político. Más bien, son hechos que han sido ignorados en el curso de la historia chilena reciente y que, desde este tipo de fuentes, podemos rescatar para valorarlos. En términos de la documentación del FPMR, hemos accedido a declaraciones insertas en la prensa clandestina que generó esta organización comunista, fundamentalmente el Boletín de prensa del FPMR. En estas publicaciones se manifestó el análisis del rodriguismo 2 acerca de los sucesos políticos y las definiciones de su política y estrategia. También contamos con dos documentos muy significativos acerca del ataque a Pinochet realizado en septiembre de 1986: el parte operativo llamado “Operación Patria Nueva” y “Otro día será”, un ensayo del comandante Ernesto del FPMR. De igual manera, conocemos los documentos digitalizados que otorgan referencias de la política rodriguista a través de los textos elaborados por Raúl Pellegrín, “Cuando la separación”, de junio de 2 Se define como rodriguismo al proyecto llevado a cabo por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización paramilitar surgida al alero del Partido Comunista en 1983, cuando esta organización definió una nueva estrategia política, llamada de “Sublevación Nacional” (Rojas, 2011). 1987; y “Acerca del rediseño”, de una fecha cercana a la anterior, pero indeterminada. En estos textos se explica el proceso de división que sufrió el FPMR. En un sentido propiamente político –como los dos textos anteriormente señalados-, contamos con el documento “FPMR. La Guerra Patriótica Nacional “GPN”. Una estrategia abortada”. Este documento hace una revisión de la estrategia seguida por la organización de origen comunista y elabora una posición política en torno al quiebre sufrido en el momento en que se institucionaliza la transición chilena. El texto es de 1988 y es de autoría del comandante José Miguel. 4.- Prensa escrita y fuentes audiovisuales. La prensa nos entrega importante información acerca de nuestro objeto de estudio, tanto en la prensa oficial como en la de carácter clandestino y la prensa opositora, pero legal. En sus páginas se encuentran datos y análisis del conflicto entre dictadura y democracia, la constitución de espacios públicos de resistencia y el movimiento social de oposición al régimen. En cuanto al fenómeno de violencia política, la prensa permite construir los niveles y aspectos del fenómeno y hacer con ello una taxonomía que podrá dirigirnos a la caracterización de esas acciones y sus efectos políticos. Veamos a continuación los aspectos fundamentales de las publicaciones consultadas. Prensa oficialista. La prensa oficialista que hemos consultado, totalmente seriada relativa a los años de este estudio, incluye los periódicos El Mercurio, Revista Ercilla y El Sur. El primero, es el más completo e informativo de los medios escritos chilenos, realiza una exhaustiva revisión de los hechos del día a nivel nacional. Editado en Santiago, fue completamente afín al régimen y su editorial, en la actualidad, tiene aún gran influencia en los círculos políticos. Por otra parte, este periódico presenta análisis y reportajes sobre los fenómenos del movimiento social y la violencia política bajo los rótulos de subversión y terrorismo. Hemos utilizado esta información como fuente principal de este estudio, revisando prácticamente todas sus ediciones durante el período. El Sur es un periódico de similares características, pero de carácter regional pues es editado en Concepción, el segundo núcleo urbano del país. Este periódico presenta suficiente información sobre la temática estudiada, particularmente en un territorio de fuerte implantación de las izquierdas chilenas. Su editorial tiene peso a nivel local, por eso nos ha interesado a la hora de analizar el fenómeno territorialmente. Ambas publicaciones, afines al régimen y, por tanto, legales, son de gran tirada y se presentan en formato de tabloide. Entre las publicaciones seriadas Ercilla fue una revista de derecha que realizó periodismo político y social durante el período. A través de sus ediciones quincenales hemos revisado la opinión de los grupos de derecha y, particularmente la del gobierno dictatorial. Esta publicación ha sido utilizada para estudiar casos concretos. Prensa opositora tolerada por el régimen. Entre las revistas opositoras se encuentran Análisis, Apsi, Cauce y Hoy. Editadas semanalmente, en la segunda mitad de los ochenta fueron opositoras aunque legales -siendo una de las primeras señas de la liberalización política del régimen-. Políticamente se encontraban en líneas generales en el centro político. La primera, ligada a grupos socialistas y social cristianos; la segunda a ex militantes del Mapu; mientras que Cauce a grupos del Partido Radical; y por otra parte, los democristianos se expresaron a través del semanario Hoy. Todas recogen e informan hechos relativos a la resistencia y sobre todo, al movimiento social y su accionar político. A través de estas publicaciones podemos observar los grupos propicios a la mediación política con el régimen. Cabe señalar que al ser publicaciones legales su alcance es mucho mayor, comparado con los boletines y revistas clandestinas. La temática incluye aspectos de la cultura y la sociedad chilena desde la oposición, develando la censura y atropello a los derechos básicos de la población. Realizamos un uso pormenorizado de estas fuentes que relevan de manera importante la acción del movimiento social anti dictatorial. Queremos señalar que las revistas Análisis, Apsi y Cauce han estado revisadas en casi todo el período en que fueron publicadas y que corresponden al período de estudio: Análisis desde 1977; Apsi desde 1980; y Cauce desde 1983. Han sido una fuente muy importante en nuestro trabajo. Entre las revistas que difundieron acciones relativas al movimiento social, ligadas al conflicto político, se encuentra Solidaridad. Sus ediciones obedecieron al trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, organización vinculada a la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos y sociales de la población represaliada por la dictadura. Desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, la edición de Hechos Urbanos, revista de Sur profesionales, nos entrega importantes datos acerca de los movimientos sociales expresados en la ciudad y en el espacio público, perspectiva relevada en esta investigación. Prensa clandestina. Pieza fundamental es el boletín de la Agencia Informativa de la Resistencia (AIR), periódico informativo de hechos y movilizaciones contra el régimen. De carácter clandestino, tuvo una aceptable periodicidad mensual en el período que tratamos, aunque con interrupciones hacia el final del período. Este boletín también hace valoraciones políticas de la lucha contra el régimen y proporciona información de otros procesos políticos de Latinoamérica y el mundo. De clara filiación mirista, es una fuente principal para evaluar el fenómeno de la violencia política y la movilización social en la época estudiada. El Correo de la Resistencia y El Combatiente transitan por la misma cuerda que el boletín de la AIR, pero lamentablemente son publicaciones menos regulares; en ambos casos la filiación política es claramente mirista. El Correo de la Resistencia está asociado a militantes en el extranjero que informan acerca de la solidaridad con el proceso chileno; la segunda es clandestina y editada en Chile, por tanto, es más bien divulgativa de acciones de violencia política resistente y se adentra en el análisis político. Esta última publicación es producto del proceso de división del MIR, como tal, tuvo mayores ediciones hacia fines de la dictadura. La edición de El Rebelde, está seriada para todo el período trabajado. Constituye el órgano oficial del MIR por lo cual tiene mucha más información, pero privilegia la evaluación del proceso y la discusión interna del partido acerca la lucha contra la dictadura. Por tanto, nos es útil a nivel de contrastar la teoría y las estrategias elaboradas por este sector y las acciones de violencia política y movilización social descritas por el resto de la prensa oficial, opositora y clandestina. Contiene información de procesos políticos mundiales, así como entrevistas a personajes de reconocida filiación izquierdista. La irrupción del FPMR, en 1983, vino acompañada de la publicación del boletín El Rodriguista. Aparecido en 1984, éste entrega opinión e información relativa a las acciones del rodriguismo con una evidente intención propagandística. Es de gran valor para este estudio, toda vez que relaciona la política del grupo con el devenir de los diferentes actores y espacios del movimiento social opositor. Barricada es un boletín de menor cobertura que el anterior, también se constituye como parte del FPMR, según el cual se autodefine como órgano difusor de las milicias rodriguistas. Tenemos muy pocos números de esta publicación clandestina referidos al año 1985. Otros dos boletines, esta vez vinculados al Partido Comunista, nos ayudan a comprender las acciones de este partido durante el período. Los boletines Principios y Basta divulgaron la actividad de los militantes comunistas en los años ochenta. De la misma manera, un grupo activo del Partido Socialista, denominado Almeyda, editó Unidad y Lucha, un boletín mensual de carácter clandestino que conocemos desde septiembre de 1977 hasta el final del período estudiado. Todas estas fuentes clandestinas de información son elementos centrales para el desarrollo de esta investigación, particularmente AIR, El Rebelde, El Rodriguista y Unidad y Lucha. Pese a las dificultades que presentan para establecer fielmente sus datos editoriales, los contenidos, al ser contrastados con la prensa oficialista, nos han referido importante información. Fuentes audiovisuales. Continuando con el análisis de las fuentes definidas como primarias, vale señalar que incorporamos elementos audiovisuales a ellas. Nos valdremos de los documentos audiovisuales generados en el período, los cuales entregan una diversidad de miradas sobre aspectos que definieron la centralidad de sus conflictos. En este punto son dos los elementos que utilizamos, Teleanálisis, producción de la revista Análisis, que se desarrolló desde 1984; contamos con dieciséis ediciones. También el informativo Vitel, en su cobertura de la visita del Papa Juan Pablo II, el caso Quemados de 1986 y diversas entrevistas políticas. Todo lo anterior, nos ha dado un material importante para comprender las expresiones públicas del movimiento social. 5.- Fuentes digitales. En este último tipo de fuentes primarias hay ejemplos notables de sistematización de documentos, boletines y trabajos testimoniales presentes en el espacio virtual. De especial importancia son los aportados en los “Archivos de la Vicaria de la solidaridad” y el “Archivo Chile”, este último correspondiente a temáticas de la resistencia política y el movimiento social. Hemos agregado un punto específico en la bibliografía para anotar las referencias electrónicas que se han utilizado. Fuentes secundarias. Consideramos como tales la bibliografía publicada y consultada por nosotros y los trabajos realizados en el ámbito de FLACSO-Santiago de Chile; son estos últimos los documentos de trabajo y materiales de discusión realizados por sociólogos y cientistas sociales que fueron expulsados de las universidades. En estos trabajos encontramos reflexiones críticas en torno a la dictadura, los movimientos sociales y la resistencia política; con estos textos podemos leer las fuentes primarias con la cautela necesaria. Junto a estos trabajos, contamos también como fuente secundaria con material audiovisual como son los documentales producidos a partir de la década de los noventa. Nos ofrecen una mirada entre testimonial y periodística que proporciona datos y referencias que nos han sido también útiles en el desarrollo de nuestra investigación. Diversos trabajos de este tipo, anotados debidamente en la bibliografía, relatan la trayectoria de diversos actores del movimiento social: pobladores, estudiantes, trabajadores y, especialmente, temas relativos a la memoria y las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Hoy en día contamos con información generada en el espacio virtual, fundamentalmente en páginas electrónicas; pero también encontramos textos que están en la red y que pueden ser descargados. Revisamos el material que se halla en este espacio y lo utilizamos en el análisis. Uno de ellos, “Memoria chilena”, ha digitalizado documentos de organizaciones sociales del período dictatorial. En la misma línea “Memoria Chile” hace un trabajo acucioso de recolección testimonial en temas de derechos humanos y memoria. Otras organizaciones de derechos humanos y revistas electrónicas, también debidamente citadas en la bibliografía, han sido utilizadas como fuentes secundarias. Estructura de la tesis. El texto que se presenta a continuación consta de ocho capítulos con sus correspondientes apartados, desarrollando diacrónicamente los aspectos tratados, buscando las relaciones entre los hechos y el análisis histórico que intenta responder la hipótesis y las preguntas de investigación. Así, el primer capítulo está dedicado al marco teórico y conceptual que conecta nuestra investigación con enfoques actuales del desarrollo disciplinar en historia en particular, y en algunas ciencias sociales. De esta manera, proponemos inscribir la investigación dentro de los debates actuales de la comunidad académica preocupada por estos asuntos y problemas en el espacio latinoamericano, tales como movimiento social, espacio público y violencia política. El segundo capítulo trata la legislación dictatorial en torno a los Estados de excepción según los cuales se define la imposibilidad de participación política, emplazando, así, los límites jurídicos y políticos en los que se desarrolló el conflicto. Debido a nuestro interés por generar un enfoque desde el espacio público, nos ha parecido relevante estudiar las prohibiciones del régimen en torno al uso de este. El tercer capítulo estudia el espacio público construido por el poder dictatorial, con especial énfasis en los edificios y lugares simbolizados como detentores del poder político dictatorial. Este capítulo analiza las formas que adquirió la construcción del proyecto dictatorial a través de la creación de su propia visión del espacio público. El capítulo visita el espacio público diseñado por los agentes de la dictadura, bajo sus preceptos y en función de los objetivos políticos que buscaron imponer. El cuarto capítulo analiza la violencia política sobre esas definiciones espaciales significadas por la dictadura; es decir, hacemos aparecer a los opositores al régimen desde su actuación contra el proyecto pinochetista, expresado en el ataque al espacio público construido por él. Todos estos capítulos están destinados a relevar las prácticas de uso del espacio público, pero siempre en el contexto del conflicto político desatado tras el golpe de Estado de 1973. En el quinto capítulo desarrollamos la participación en el espacio público de la derecha en defensa del régimen, refiriendo específicamente las estrategias utilizadas para ello por parte de los sujetos que dieron sustentabilidad al régimen. La novedad viene de la actuación política en términos de las estrategias que utilizó la derecha para presentarse públicamente y el rol que la dictadura jugó; hemos creído necesario visibilizar a estos actores, generalmente ausentes en la historiografía política y social reciente del país. El sexto capítulo refiere la construcción opositora del movimiento político y social de oposición y resistencia, haciendo hincapié en las prácticas utilizadas para ello. Luego de explicar los proyectos construidos por el nuevo orden militar que afectaron a diversos sectores sociales y las articulaciones anti dictatoriales de respuesta a ello, explicaremos las características esenciales del movimiento social opositor y de resistencia, exponiendo los sujetos fundamentales y las formas movilizadoras más destacadas. La violencia política de izquierda es analizada en el séptimo capítulo, independizándola como una de las formas de intervención del espacio público que refiere importantes eventos. Describiremos y analizaremos las acciones más significativas referidas a la violencia política del período, intentando conectar sus elementos fundamentales con el movimiento social, sus referencias discursivas y las prácticas dirigidas a ello en particular. Por último, el octavo apartado trata el fenómeno de la represión dictatorial, en tanto que afecta al movimiento social y a la resistencia en sus estrategias. Hemos incluido este capítulo para entender argumentos que el movimiento social y la resistencia instalaron a partir de las políticas represivas del régimen, las que, finalmente, formaron parte del repertorio discursivo contra este mismo. Estos últimos tres capítulos hacen referencia al impacto que provocaron, en el movimiento social y en el proceso político que devino en la transición chilena, las formas de resistencia y de movilización. Para finalizar incluimos el correspondiente apartado de Conclusiones en que esperamos demostrar las hipótesis planteadas en nuestra investigación y responder los interrogantes iniciales. Con ello esperamos, además, contribuir a los debates actuales en la historiografía chilena, en particular los relativos a la historia política y social del país. Cerramos la tesis con el apartado de Fuentes y Bibliografía. *************** Esta investigación no habría sido posible sin la inestimable colaboración y paciencia de la Dra. Pilar García Jordán, tutora de este estudio. También debo un gran reconocimiento a los comentarios, críticas y sugerencias de los Dres. Karen Alfaro, Fabián Almonacid y María Angélica Illanes, del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. También han sido fundamentales los diálogos con los Dres. Igor Goicovic y Miguel Urrutia, conocedores desde un inicio de las motivaciones de este trabajo y el desarrollo del mismo. Sin duda, los aportes de los testigos de este momento de la historia, con los que he mantenido largas conversaciones, me han alentado en la consecución de este trabajo. Represento en Miguel Soto, Ester Hernández y Daniel Fernández a todos ellos. Especial mención merecen los profesores Flor Navarrete y Marcelo Figueroa, por la generosa apertura a compartir parte de sus recuerdos y materiales que han sido valiosas fuentes para este ejercicio histórico. Del mismo modo, agradezco la colaboración de los funcionarios de las bibliotecas de la Universidad de Concepción y de la Universidad Austral de Chile, así como la ayuda de Luis Alegría, de la corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; indispensables todos en la pesquisa de algunas fuentes utilizadas en esta investigaciones. Reconozco en las personas de las bibliotecarias Erna Mendoza, Pamela Salas y Manuel González toda su amable colaboración; y a Sebastián Figueroa por la guía necesaria en el proceso de escritura del texto que a continuación se presenta. 1.- Marco teórico: Movimiento social, espacio público y violencia política. En este capítulo haremos una revisión teórica de la conceptualización necesaria para situar el análisis que sigue. Esta entrada nos parece esencial, considerando que nuestra investigación da cuenta de una perspectiva metodológica que busca la interpretación de los hechos históricos. En un primer apartado analizaremos los debates en torno al movimiento social; específicamente consideramos los enfoques sociológicos e históricos en torno a este concepto, por lo demás ubicado en el centro de nuestro enfoque. Definiremos autores y corrientes de pensamiento en torno a la idea de movimiento social, deslindando los referentes que nos parecen más atingentes para el período estudiado y los elementos que queremos relevar en el estudio de las ideas acerca del movimiento social. En un segundo apartado haremos un trabajo de conceptualización en relación al espacio público. Desde los aportes de la filosofía, la geografía y la antropología, relataremos ideas y discusiones en torno a qué significa este concepto y la utilidad de su incorporación al espectro de ideas que nos son útiles para desarrollar la perspectiva adoptada en este estudio. El tercer apartado desarrolla los conceptos de violencia política y resistencia que reconocemos como un cuerpo de ideas necesarios para abordar nuestro estudio. La violencia política ha generado una importante discusión teórica que expondremos aquí. Relevaremos los estudios históricos en torno a ello, sin dejar de considerar los aportes de las ciencias sociales, las humanidades y la filosofía. La construcción textual de este capítulo se encuentra definida por la revisión bibliográfica de los autores más significativos para cada ámbito. Hemos incorporado reflexiones en torno a las ideas expuestas, que nos refieren a nuestro problema puntual, esperando aportar al conocimiento histórico desde la reflexión teórica que ya ha constituido importantes trabajos en estas tres áreas en particular. Comencemos entonces por el desarrollo de los debates en torno al movimiento social, concepto producto de los avances en las ciencias sociales desde el siglo pasado y que nos interesa especificar a través de estos primeros párrafos. 1.1.- Movimiento social, conceptualización y debate. En este apartado buscamos comprender el concepto de movimiento social, idea central en nuestro objeto de estudio. Para ello entraremos en el análisis de las diversas corrientes de las ciencias sociales que han reflexionado sobre este fenómeno, definiéndolo y caracterizándolo, en el entendido de la necesidad de comprender lo sucedido en el período dictatorial chileno que nos ocupa en esta investigación. Así, revisaremos la bibliografía teórica al respecto, particularmente importante en la sociología, a través de sus distintas miradas al movimiento social y su evolución, concertando el concepto con la historia social chilena. Los autores representan las múltiples miradas que se han aportado en torno a este tema. El movimiento social es la expresión de las transformaciones que vive una sociedad, funda nuevas relaciones entre los actores sociales y conforma una nueva estructura en el Estado (Garretón, 1990). Si bien esto explica genéricamente el proceso, no debe olvidarse que las motivaciones conducentes a estas transformaciones son evaluables políticamente en función de la mediación que reubica a los actores en la nueva estructura construida. Para comenzar, debemos remontarnos a las ideas de uno de los más importantes pensadores de los movimientos sociales, Alain Touraine. El sociólogo francés construye su noción de movimiento social al fragor de la ola de protestas de la década de 1960 en el mundo entero. De ahí que su mirada parte de la crítica a las estructuras y pone de relieve al actor social, sujeto constituyente de estos movimientos. Esta concepción incorpora la idea de que los sujetos sociales movilizados logran construir un sentido en su adscripción a esos movimientos: La idea de movimiento social, es decir, de conflicto entre dos categorías en lucha por la dirección y la utilización social de las principales orientaciones culturales de una sociedad, lo que yo nombro sus modelos culturales: conocimiento, proyección, principios éticos, y cuyo conjunto forma su historicidad (Touraine, 1990: 12-13). Esta definición, que podemos acordarla sin problemas para el período histórico que el país vivió en los años de la Unidad Popular y anteriores, conforma un vínculo muy estrecho con una visión de lo político y social muy acendrada en la izquierda latinoamericana de esos años; para nuestro caso, previos al golpe de Estado de 1973. En ese marco fue que los partidos de izquierda concibieron estrategias y políticas para definir las tensiones entre el “pueblo” y el Estado. Estas relaciones políticas se desarrollaron en una sociedad fuertemente marcada por los procesos de modernidad y modernización que el siglo veinte impuso. Con el devenir de los sucesos políticos que Chile sufrió, quedó en evidencia que ese proceso cultural, como lo define Touraine, era débil y poco probable de ser debatido con éxito. En medio de la problemática entre partidos y Estado, Touraine coloca al sujeto como centro del movimiento que desarrolla cambios. El actor social, como él lo llama, se define en cuanto encuentra un conflicto que lo reclama, a medio camino entre el sujeto y la experiencia social. De este modo, comprendemos que la constitución de sujetos en actores sociales es una de las premisas que debemos seguir para encontrar quiénes son estos en el desarrollo histórico del proceso que observamos. Hasta aquí entendemos que un movimiento social es un proyecto cultural y un conflicto social 1 que nos sitúa en la disyuntiva de crear categorías históricas en virtud de coyunturas dadas por estos engranajes, convertidos en matrices para la comprensión histórica. Necesitamos acercarnos a referencias más específicas, que nos proporcionen una mayor cercanía con la realidad del fenómeno que nos interesa. La teoría convino en repensar el concepto de movimiento social a la luz de los resultados de estos procesos en el mundo y, particularmente, en Latinoamérica esto se hizo muy claro, tras la ola de dictaduras militares de la década del setenta. La sociología volvería por sus fueros para retomar el debate y recomponer ideas y reflexiones. Anthony Giddens propondría otros formatos de movimiento social, basado en los fenómenos de modernidad-posmodernidad que se comenzaron a discutir desde los años ochenta. En lo referente a la concepción de movimientos sociales manejado por Giddens (2001) se pueden encontrar diversas tipificaciones de estos: desde el fundacional movimiento obrero, que inicia la participación de las clases populares en las sociedades democráticas modernas; hasta los movimientos contemporáneos signados por demandas ligadas a la subjetividad, con las que se construyen las relaciones en el capitalismo mundial Touraine lleva su definición de movimiento social al terreno de las ideologías y su desarrollo dialéctico, considerando a los movimientos como procesos en el marco de los cambios civilizatorios de mayor calado, propios de la discusión en torno a la modernidad. Si bien no podemos contrariar esta proposición, consideramos pertinente entender la constitución de movimientos sociales en el tiempo corto, según las premisas de Fernand Braudel en El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II (1953). 1 o globalización como también se le ha llamado. 2 Muchos teóricos han propuesto, como forma de explicación del surgimiento de movimientos sociales, la idea de ciclos de protesta o acción colectiva (Tarrow, 2004; Salazar, 2012). Otros los definen como construcción de identidad colectiva a través de procesos de interacción; 3 nosotros creemos que no hay exclusión entre estas interpretaciones, sobre todo si pensamos en el caso chileno del último período de la dictadura. De este modo, ampliamos el marco de comprensión para entender los significados que el movimiento social tiene para el devenir histórico de los procesos, pues ambos argumentos están en la generación de movimiento social. Veamos a continuación como estas ideas son trabajadas por los sociólogos que han abordado la cuestión. La teoría de los movimientos sociales ha venido desarrollándose de manera puntual sobre una corriente sociológica de autores norteamericanos, denominada sociología del conflicto. Esta está representada fundamentalmente por Charles Tilly y Sidney Tarrow, quienes han definido la historicidad de los movimientos sociales como el elemento fundamental para comprender los aspectos organizacionales de los movimientos, y la especificidad que presenta la constitución de las movilizaciones, sus problemas y la construcción teórica que definen: La acción colectiva cristaliza en movimiento social cuando aprovecha las redes sociales y las estructuras de conexión para crear marcos de acción colectiva e identidades simpatizantes capaces de mantener la confrontación con oponentes poderosos. Mediante la organización de formas familiares de acción colectiva, los movimientos se convierten en puntos focales para transformar las oportunidades externas en recursos. El repertorio de acción colectiva, las redes sociales y los marcos culturales reducen los costes de agrupamiento para la acción colectiva, generan la convicción de que los participantes no se encuentran solos y otorgan un mayor significado a sus reivindicaciones (Tarrow, 2004: 50). Las características de las acciones colectivas, continuaron siendo estudiadas teóricamente por Alberto Melucci y algunas escuelas europeas, atendiendo a las prácticas sociales que se encontraban en el fondo de los movimientos. Esta corriente apela a la 2 Giddens ha reflexionado acerca de la evolución de los movimientos sociales y su rol en la constitución de las sociedades modernas, desde su perspectiva podemos considerar la multiplicidad de elementos que se van agregando a estos movimientos, cuestión que no es ajeno al proceso chileno. 3 Berger y Luckmann (2001) plantean que, desde los sujetos, estos procesos existen como una forma de proximidad que hace reconocer a otros como parte de la misma realidad, cotidiana y directamente, para el caso del movimiento social, se crean lazos de pertenencia a una identidad colectiva; es por ello que ambos procesos deben ser considerados en el mismo fenómeno. materialidad de las luchas y organizaciones que sustentan el repertorio de movilizaciones que emprenden estas últimas, en donde lo político es, evidentemente, una causalidad presente y contemplada en este enfoque. Sin duda, para el caso chileno es oportuno llevar esta precisión al terreno político, considerando que el movimiento social de la década de los años ochenta tiene su fundación motivacional en el problema político que surge del conflicto de legitimación desatado por la dictadura que se vivía en el país. Este movimiento se expresaba en un ciclo de protestas y generó una identidad colectiva en el entendido que lo político es el factor catalizador de sus repertorios movilizadores y en las estrategias que utilizó. Reflexionado desde la filosofía política, podemos sumergirnos en las motivaciones fundacionales del movimiento social anti dictatorial. Para Guattari y Negri, la constitución de un movimiento es la constitución de un poder, de una forma de poder generado desde la subjetividad de los individuos convocados para romper el control del Estado y del capitalismo. Por ello, el movimiento social se construye en virtud de objetivos muy diversos que se plantean en sí mismos y en función de ese control disciplinador externo a estas constituciones: Las luchas internas y antagonistas contra la política de reestructuración reaccionaria se mueven, por un lado, contra el tejido represivo; por otro lado, en el interior de estos procesos de subjetivación como tensión unificadora y como perspectiva de autoliberación. Nunca las luchas revolucionarias han centrado hasta este punto la definición teórica y la acción práctica de una orientación que repose intrínsicamente sobre la subjetivación colectiva y que implica en consecuencia, la liquidación de cualquier ideología de vanguardia externa. Nunca la autonomía se ha presentado con más fuerza como objetivo primario (Guattari y Negri, 1999: 50-51). Bajo este marco explicativo -incluyendo las protestas sudamericanas contra las dictaduras del continente-, las acciones de movilización se desarrollaron más allá de los discursos políticos unificadores o de vanguardia externa que apelaron a cambios sociales estructurales: hay elementos subjetivos que disputan espacio a esas construcciones. Para nosotros, lo anterior significa que es posible tipificar el movimiento social chileno de los ochenta en este paradigma, según las explicaciones definidas por Guattari y Negri. Los movimientos sociales complejizan las estructuras de las sociedades y permiten desatar fuerzas desde los sujetos, poniendo sus temas en la política y utilizando los medios más diversos para la lucha contra el control del Estado, cuestión que se discute dentro del mismo movimiento. En ese camino es que tanto las protestas como las identidades forjaron los temas y los métodos por los cuales el movimiento social se resignificó, ahora en el marco de la refundación del capitalismo que propuso la dictadura chilena desde 1978: Lo novedoso de los años ochenta es el surgimiento de una acción colectiva más autónoma y no heterónoma respecto de los partidos políticos y el movimiento obrero organizado, el cual funcionaba como representante de los sectores populares. Sin embargo la constitución de esta “nueva” acción colectiva popular es un proceso complejo y que evidentemente –como veremos- queda a mitad de camino respecto de lo que vendrá después de la transición (Zamorano, 1999: 204). El punto central en este debate se encuentra, en nuestra opinión, en la acción colectiva, la que nos permite entender el movimiento social anti dictatorial en el período estudiado en esta investigación. Efectivamente, nos encontramos con actores sociales que se movilizan y que dotan de historización al movimiento, sean mujeres, jóvenes o el clásico movimiento sindical. Es en la explicación descrita que el movimiento social anti dictatorial, en cuanto activado por lo político, se afirmó en objetivos signados por la autonomía respecto del control de una sola agrupación partidaria, obligando a la unidad de todos los opositores. Gabriel Salazar afirma que esta autonomía es clave para el desarrollo del movimiento social: La razón histórica que motoriza los movimientos sociales es, pues, una ‘cultura’ propia, que, en diversos grados, no es ni puede ser la misma del sistema dominante, puesto que la mayoría de los MS intenta ajustar por sí mismo, con sus propios diseños y herramientas, los desperfectos sectoriales de ese sistema, o cambiarlo por completo. Por tanto, el movimiento se inicia cuando los sujetos sociales perciben o sufren los dichos ‘desperfectos’, sigue cuando ellos van desarrollando sus recursos culturales estratégicos, y madura cuando, en un momento dado (“oportunidad política”) el movimiento emerge en el espacio público para realizar los cambios (parciales o totales) que señalan sus objetivos (Salazar, 2012: 414). Al llegar a este punto, comprendemos que la teorización expuesta es útil como instrumento, en la medida que nos permite entrar en la historización de los actores sociales que ejercen la acción colectiva y que, por esta razón, identificamos como movimiento social, pues, en los ochenta, estos se apropiaron de la oportunidad política con el objetivo de atacar el espacio público con sus discursos. Sobre esta cuestión cabe señalar que la relación entre violencia política y movimiento social se fundó en los grados existentes entre ambos en virtud de su legitimidad; en cuánto y cómo el movimiento social popular en oposición al régimen militar cobijó, alentó o rechazó las acciones de violencia, hasta dónde lo tolera o qué tipo de violencia es capaz de concebir como necesaria u oportuna. Creemos necesario enfrentar algunas reflexiones desde el ejercicio de violencia política en función del movimiento social constituido. La constitución de movimiento social en el Chile dictatorial obviamente pasó por un factor político gravitante: la derrota de la dictadura. Este elemento se tornó vital a la hora de considerar la organización y desarrollo de este movimiento. De hecho, sin ello, difícilmente se entendería el paso de los “viejos” a los “nuevos” movimientos sociales, 4 pues la importancia estuvo puesta en el debate y la lucha política. Al elemento anterior debemos agregar la fuerte transformación económica y social de un país en pleno proceso de refundación del capitalismo. El modelo neoliberal propone un verdadero desafío para los auto constituidos en movimiento social. Desde ahí comprendemos que se multiplicaron las dimensiones del movimiento social enfrentado a una contradicción; en el marco de la lucha política debió enfrentar un cambio estructural en el Estado nacional: la instalación del neoliberalismo. Así, el desafío dictatorial no tan sólo fue político: también debió encarar una transformación mayor de la estructura económica y social del país (Meller, 1998; French-Davis, 2008). Para entender la eclosión de las prácticas políticas del movimiento social en el profundo proceso que comportó la dictadura, se hace necesario incorporar a la reflexión la idea de representaciones políticas. Chartier (2005) nos explica de manera clara y contundente el alcance de la idea de representación, que tanto uso hace el discurso de los movimientos sociales. Entendiendo las representaciones políticas como una herramienta eficaz para entrar en el análisis de los movimientos sociales y sus articulaciones, es que compartimos la idea de Chartier respecto al concepto de representación: los intentos realizados para descifrar de otra manera las sociedades, al penetrar la madeja de las relaciones y de las tensiones que las constituyen a partir de un punto de entrada particular (un hecho oscuro o mayor, el relato de una vida, una red de prácticas específicas) y al considerar que no hay práctica ni estructura que no sea producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, 4 Esta transición de movimientos “viejos a los nuevos” es la que se desarrolló mundialmente en la década de los ochenta, cuando Chile vivía la construcción de un movimiento de las características señaladas aquí. Los sociólogos como Giddens (2001) y Larraña (1999) centran sus análisis en esta temática, sólo considerando los elementos presentes en Europa y Estados Unidos. por las cuales los individuos y los grupos den sentido al mundo que les es propio (Chartier, 2002: 11). Con lo anterior, afirmamos la idea de un orden que discrimina y acepta, según las adscripciones que cada grupo o sujeto tenga respecto del proyecto que domina a la sociedad. Esto puede denotarse a través de las prácticas que los grupos utilizaron para construir, en nuestro caso, un movimiento social que se opuso a la dictadura militar. Dado el carácter del conflicto desatado en Chile tras el golpe de Estado, la política aparece como un elemento estructurador de un tipo de representaciones; es por ello que el movimiento social configuró una serie de prácticas y discursos que construyeron visiones sobre la nación, la clase, el género u otras categorías que visibilizaron los diversos proyectos planteados en el país de entonces. Para generar un relato histórico acerca de esos proyectos, conviene señalar que el movimiento social definió diversos sujetos que representaron el significado y lugar en que aparecieron los fenómenos de protesta o movilización. Esto, en definitiva, nos lleva a formular la pregunta ¿Qué discursos funcionaron para estructurar los sujetos opositores a la dictadura? Con esto, la definición de los sujetos protagonistas del movimiento social se encuentran marcados por configuraciones complejas y diversas: Estas corrientes de la teoría y la política se entrecruzan con el feminismo, los movimientos pacifistas, las campañas medioambientales y otros proyectos similares. Juntos enfatizan la noción de que el sujeto no existe como algo eterno dado de antemano, sino que es producido en el discurso (Brah, 2004: 127). Estas definiciones, elaboradas por los estudios culturales acerca de la complejidad discursiva de los sujetos, nos son útiles para plantearnos la identidad de los colectivos y de los individuos que se constituyeron como movimiento social en el Chile dictatorial. Considerando la experiencia histórica de las manifestaciones políticas durante la dictadura chilena, entendiendo la función subjetiva de las mismas, relacionamos éstas con el cambio o la continuidad de la situación política y social, cuestión que fue crucial en la discusión de ese momento. Los grandes discursos ideológicos que poblaron la escena política y social de las décadas de 1960 y 1970 todavía podían oírse en Chile, a pesar de la derrota política que, para la izquierda en su conjunto, significó el golpe de Estado de 1973. En los ochenta, por el contrario, observamos el resurgimiento de los sujetos y la búsqueda de nuevas formas de representación en el movimiento social, cuestión que es posible rastrear (Guerrero, 2006; Jodelet: 2008), esta vez como subjetividades constituidas históricamente. Por otro lado, conviene tener en cuenta que la identidad, como ejercicio del vínculo social y político, refiere a una posibilidad de explicación de cómo los sujetos pueden incluirse o excluirse de un proyecto social ya definido por una decisión de poder instalado. En este sentido, el problema se centra en las diferencias políticas que argumentan esa inclusión-exclusión, sean estas históricas, sociales o culturales. En referencia a la constitución del movimiento social que nos ocupa, la relación es directa toda vez que su constitución obedece, en parte de su argumentación, a la imposibilidad de ser reconocido como actor en el conflicto dictatorial. Ahora bien, utilizando el concepto de identidad para aludir a un proceso político, como es el caso, debemos considerar que es en los sujetos individuales y colectivos donde se expresa la identidad y su permanente resignificación. Al intentar comprender un período complejo y poco conocido, resulta de gran ayuda integrar la noción de identidad, pues enriquece los discursos históricos referidos al movimiento social. se ha puesto de relieve en este fin de siglo la complejidad de las relaciones jerárquicas de poder que pueden sostenerse en supuestos plurales de las diferencias, de signo social, étnico, de raza, de género o de religión. La noción de una identidad fija tiene que revisarse y queda, por tanto, pendiente del establecimiento de los múltiples significados que la categoría de persona puede alcanzar en contextos distintos y en diversas relaciones (Nash, 2002: 99-100). Esta mirada, propuesta desde los estudios culturales, argumenta a favor de la diversidad y autonomía del movimiento social, revelándonos el carácter diverso de sus actores. Nuestra mirada, entonces, apuesta por captar cómo se expresa esta compleja diversidad en las acciones políticas expuestas en el espacio público. La idea de unas identidades definidas por sus prácticas y discursos, nos acerca a la comprensión de las nuevas identidades políticas que aparecieron en el contexto de la constitución de un movimiento social opositor, mediado permanentemente por las prácticas de resistencia militante y el proceso político que la dictadura definió unilateralmente. Considerando que definimos un relato en diálogo con la historia política, podemos plantear que la aparición de nuevas identidades políticas nos muestra la complejidad y riqueza del período estudiado. En los conflictos experimentados por la sociedad hubo un cuestionamiento a la articulación política disidente, lo que llevó al surgimiento de debates que redefinieron identidades o evoluciones de ellas. Esas transformaciones nos ayudan a comprender las significaciones del movimiento social, así como a entender por qué el dispositivo teórico debe estar permanentemente evaluado por el ejercicio historiográfico, en cuanto éste viste de materialidad los discursos, revelándolos en la realidad. Entonces, el movimiento social anti dictatorial es una definición teórica que podemos acordar como una construcción histórica, la cual, mediante la acción colectiva, convocó autónomamente a diversidad de actores sociales. Estos construyeron identidades mediante representaciones políticas que expusieron en el espacio público, para debatir acerca de visiones contrapuestas que marcaron el conflicto político desatado por el golpe de Estado y la construcción dictatorial. Es con esta mirada con la que abordamos el desarrollo histórico de este período. 1.2.- El espacio público intervenido por las manifestaciones. En este apartado revisaremos diversas perspectivas en torno el concepto de espacio público. Particularmente, nos interesa instalar este enfoque para comprender el proceso político en el que se sitúa tanto el movimiento social opositor como la resistencia política. Comenzaremos por explicar la construcción dictatorial con el objetivo de definir las características del espacio público en el período. Posteriormente, y dada la necesidad de referencias teóricas que nos ayuden a reflexionar sobre el objeto de estudio, haremos una lectura de los autores más significativos que han tratado este asunto. Para ello recurriremos a la bibliografía que nos servirá de apoyo en el abordaje de los capítulos referidos a la interpretación histórica. Nos apoyaremos en concepciones de la filosofía política, la geografía cultural y la antropología para, finalmente, dialogar con la historiografía nacional y sus debates, refiriendo desde allí algunas reflexiones al período dictatorial trabajado aquí. Nos interesa específicamente considerar el espacio público intervenido por las manifestaciones políticas. Por ello, las conceptualizaciones serán revisadas críticamente a la luz de esta puntualización, desde los conceptos de espacio público hacia las definiciones políticas del mismo, en el contexto histórico de la dictadura. El espacio público, tanto el material como el simbólico, 5 siempre ha sido el lugar de la política, es decir, de la expresión de la opinión política más allá de la decisión administrativa, tarea propia del Estado. Es en esos lugares, disputados, negados o reinventados que nos proponemos desentrañar las ideas debatidas por los chilenos durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet. Los espacios que emergieron en plena dictadura debieron lidiar con otros elementos, la constitución del movimiento social anti dictatorial y la resistencia política, los espacios arrebatados a la opinión y la acción colectiva. De esta forma, las prácticas más diversas se apropiaron del espacio público, desde las acciones de violencia política expresada en atentados incendiarios, robos a bancos o secuestros por mencionar algunos, hasta las construcciones del movimiento social practicadas en jornadas de verano estudiantil, mítines relámpago o jornadas de protesta. La dictadura puede caracterizarse en dos períodos fácilmente reconocibles, pormenorizados por su (in)tolerancia al uso del espacio público y la expresión política: el primero, la prohibición absoluta entre 1973 y 1980, 6 la que configuró una clara diferencia con el período que le siguió, los años comprendidos entre 1980 y 1988, en los que se dio una cierta tolerancia. Esas manifestaciones tuvieron resultados violentos en múltiples oportunidades, sobre las cuales tenemos datos concretos que referiremos. 7 Es claro que la liberalización política desarrollada en la década de los ochenta permitió mayores Jürgen Habermas es el primero en utilizar el concepto de espacio público. La desagregación de espacio material y simbólico la hemos tomado de las reflexiones que realiza Pierre Nora en torno a los debates relativos a historia y memoria; de allí es que asumimos su visión para la definición que exponemos en relación a los usos del espacio público. En esta medida, el autor francés señala que el espacio de la memoria se crea “en los tres sentidos de la palabra, material, simbólico y funcional” (Nora, 2009: 33). Por otra parte, y desde la antropología, Marc Augé ha hecho una redefinición de estos conceptos, pues considera que “espacio” es un concepto abstracto y lo reemplaza por el de “lugar” y llama “no lugar” a la simbolización del espacio material que define el lugar (Augé, 1992: 86-87). 6 El 11 de marzo de 1981 Pinochet entró como presidente de la república al palacio de La Moneda, en virtud de la promulgada constitución de 1980, a partir de ese momento los acercamientos con la oposición centrista comenzarían a dar frutos, en aras del prometido proceso de transición que la dictadura comprometió para los años siguientes (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 2008: 377-399) y a la emergencia del ciclo de protestas nacionales (Drake y Jaksic, 1993: 23-37). 7 En el período 1970-1973, correspondiente a la Unidad Popular, las manifestaciones políticas de carácter público que terminaron en violencia tienen un promedio de 63 hechos al año; para los primeros años de Pinochet, 1974-1979, este es de 19,1 hechos al año (Martínez y otros 1990: 27), revelando la desactivación de la participación política de los chilenos. Cabe destacar que las manifestaciones durante la Unidad Popular involucraron a partidarios y detractores de la administración Allende. 5 oportunidades para el movimiento social y la resistencia. El primer período se caracterizó por la persecución al movimiento social y político por parte de la dictadura: en ese momento, se produjo la recomposición de ese movimiento, pero en un contexto de clandestinidad, ocultamiento o alternativa a las estructuras oficiales de participación social. En ello reconocemos un proceso marcado por la idea de la resistencia política y social. La manifestación política adquiere, en este período dictatorial, nuevos componentes. Así, el espacio público se resignificó en un ejercicio de reivindicación, de una nueva historicidad, representada en la memoria de los sujetos que participaron del movimiento social, a través de la manifestación. Como vemos, agregar la idea de espacio público como un problema en esta etapa histórica nos permite construir un relato histórico pensando en la transformación de los sujetos políticos devenidos colectivamente en actores y movimiento social. Es necesario entonces advertir acerca del concepto de espacio público con el que trabajamos, tal como lo hicimos con respecto al de movimiento social. La sociedad es al espacio público como las personas somos a nuestros cuerpos. Desde la lectura biopolítica de Foucault (2011: 15-45), podemos afirmar que el espacio colectivo expresa la materialidad de las ideas que se encuentran en debate, la intensidad de las propuestas en los discursos elaborados por los diversos grupos sociales, organizados políticamente en las diversas acciones presentes en la plaza pública. Por esta razón, estudiar las formas de intervención del espacio público nos ayuda a conocer la complejidad del debate que la sociedad está teniendo con respecto a los temas que les son comunes y problemáticos y que, en definitiva, formarán parte de su historicidad. Hanna Arendt (2008) trabajó teóricamente el concepto de esfera pública para referirse al espacio público como idea moderna. Arendt parte señalando que en las ciudades griegas lo público y lo privado eran dos esferas que se encontraban totalmente separadas: mientras la esfera privada correspondía al ámbito de la desigualdad, de la privación, lo público era mundo de la igualdad, de la acción y el discurso. Con la aparición de la modernidad, la esfera de lo privado se visibiliza, politiza y surge la idea de lo social (Arendt, 2008: 73-78). Jürgen Habermas (1999) tomó el concepto para trabajarlo desde la modernidad señalando que la reunión de sujetos privados constituye el “público” que se mueve a través del raciocinio, mediando entre lo privado, el mundo de la necesidad y lo público, que es el ámbito del poder estatal. Habermas comparte con Arendt la idea del surgimiento de la esfera social y la difuminación de la división público-privado a raíz de la estatización de la sociedad y la creación de un Estado socializado. 8 Podemos considerar como una aportación de ambos autores el que hayan referenciado la esfera política y la social como categorías explicativas de la modernidad, poniendo en el ámbito de lo político la acción y el discurso, en el caso de Arendt; mientras que para Habermas, esto sucede a través del debate racional. Con ello podemos acercarnos al espacio público con un concepto más claro respecto a la significación que tiene para los sujetos actuantes en él. Una definición que utilizaremos de aquí en adelante es: Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio público (Habermas en Boladeras, 2001: 53). Una vez la modernidad se hace una realidad palpable y lo público aparece desvinculándose del Estado, los sujetos históricos colonizan el espacio público con sus discursos. Tal como lo ha señalado Roger Chartier (2003) para analizar la emergencia de la opinión pública en la Francia revolucionaria, la diferenciación que se hizo entre “opinión pública ilustrada” y la “opinión de la multitud” revela el dispositivo de sojuzgamiento que la razón ilustrada impone sobre el debate de lo público. De esta manera, la opinión pública contiene un elemento de exclusión en su origen. El pueblo no hace a lo público: es la opinión ilustrada la que precede a la opinión pública, no siendo en ningún caso expresión de una mayoría. La opinión pública obedece a la razón y desde allí se yergue en autoridad. A juicio del historiador francés: “Para significar esta unidad postulada, las respuestas no son unánimes puesto que, reconocida por todos, la opinión pública es, al mismo tiempo, una voz que hay que escuchar y un tribunal al que hay que convencer” (Chartier, 2003: 43). 8 Se debe señalar que Habermas (1999) hace estos planteamientos como una reflexión teórica y explica que lo piensa como el ideal que definió la sociedad liberal burguesa, sin que se concretara necesariamente en un momento histórico. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos señalar que la opinión pública será tomada desde este momento como un instrumento de legitimación de los discursos, así como de anulación de los contrarios. El espacio público está disputado por argumentos que buscan constituir opinión única, muy lejos de la versatilidad de la multitud; por el contrario, estos argumentos buscan unificar la opinión para disciplinar al pueblo. El pueblo tan solo se deja llevar por emociones y pasiones, por lo tanto, no puede intervenir racionalmente en la construcción de discursos que intervengan en el espacio público. Bauman (2011) va un paso más allá y trabaja una dimensión más compleja dada por la (in)seguridad, el miedo y la frustración de los sujetos. El espacio público se ve intervenido en función de esas emociones. La vía de escape a todo ello es -como siempre lo ha sido- la calle, la manifestación, la apropiación del lugar de todos; con esta idea debe convivir la sociedad política, quien utiliza o desecha esta posibilidad en virtud de sus estrategias y oportunidades. Esta idea nos acerca a las explicaciones de la teoría accionalista (Touraine, 1990) y las corrientes sociohistóricas de los movimientos sociales (Tilly, 1995; Tarrow, 2004) y genera la constitución de categorías perfectamente historizables: espacio público y movimiento social en función de la construcción política de la sociedad. Además, hay que señalar que, en medio de todo ello, se encuentra la idea de democracia y los debates en torno a su definición. En ese contexto, la dictadura recoge el concepto de “democracia protegida” para calificar su proyecto histórico o, por lo menos, el del gremialismo puntualizado por Jaime Guzmán (Cristi, 2011: 203-226). El resultante de la construcción política pinochetista aun no acaba de ser discutido, pero sin lugar a dudas, el autoritarismo político es un principio que marca a ese régimen y ha traspasado sus límites temporales, permeando la historia reciente de la sociedad chilena. La modernidad constituirá separadamente el lugar de lo público y el lugar de lo privado y le otorgará un estatuto legal a esa separación. Ahora bien, la destinación del espacio público se fijará para determinados usos entre los que se encuentran los ceremoniales y monumentales –anotado por Nora (2009)-, además de los de intermitente excepcionalidad, dentro de lo que cabe la manifestación política. Este elemento podemos observarlo de manera evidente en los años por nosotros estudiadas. Desde los estudios urbanos, Borja sostiene que la vida propia de las ciudades puede generar comportamientos o usos de ese espacio público que podrían sobrepasar el estatuto legal que la define y regula: En ocasiones los procedimientos jurídicos burocráticos han llevado a considerar que el espacio público ideal es el que está prácticamente vacío, donde no se puede hacer nada. Y la excesiva protección impide el uso, por ejemplo cuando con las mejores intenciones se peatonalizan radicalmente núcleos centrados o se prohíbe todo tipo de actividades o servicios comerciales en plaza o parques (Borja, 2010:123). Agreguemos a este concepto la dimensión política de prohibición, pues con ello estamos otorgándole al espacio público el carácter de veto por parte de la autoridad militar, para el uso político de las plazas, calles y parques. No debemos olvidar que el espacio público se ve sometido, entre otras actuaciones, por la construcción viaria y urbana (Delgado, 1999). La intención de dominar el vacío es un afán de control que debe ocupar los lugares donde, de no ser así, las manifestaciones populares podrían generar el desarrollo de discursos y prácticas que democraticen en demasía la vida social. Obviamente, esta idea está en las antípodas del ideario de cualquier forma política dictatorial. Hasta aquí podemos comprender las definiciones conceptuales acerca del espacio público. Lo que nos interesa expresar en este ejercicio es la importancia que tiene la ocupación política del espacio público. Para ello haremos a continuación algunas propuestas que conectaremos con el debate historiográfico relativo a las prohibiciones dictatoriales referidas al espacio público. Los grupos sociales reunidos en función de una demanda o protesta en particular, fueron modelando su participación en el espacio público para generar una transformación que le otorgara sentido e identidad. Ello es relevante en la medida en que se articuló con una política general, contemplando un análisis de la situación que tuvo un fin más amplio, más político y más solidario, que lo catalogaría como movimiento transformador. Esto lo observamos en el movimiento chileno opositor a la dictadura. La dictadura militar chilena se extiende luego de un período de fuerte uso del espacio público como herramienta y estrategia política popular, desde 1938, triunfo del Frente Popular y hasta 1973; ese período terminó bruscamente con el golpe de Estado. Desde la manifestación política e interviniendo el espacio público, podemos definir la manera respecto de cómo los distintos actores sociales hicieron uso de esta intervención propia de la política. A través de diversas estrategias, que poco a poco se fueron instituyendo como prácticas sociales y políticas, podemos ver la emergencia de sujetos y procesos políticos que definieron el tiempo histórico dictatorial. De esta manera, la relación de espacio público y manifestación política aparece para intervenir en el debate acerca de la dictadura pinochetista. Observar la negación del primero y la constante pugna por apropiarlo fue un elemento permanente en los intentos de recomposición del movimiento social popular. Por otra parte, la derecha hizo denodados esfuerzos por utilizar el monopolio del derecho al espacio público, a pesar de las restricciones legales que el régimen impuso. El régimen pinochetista fue consciente del rol que tiene el uso del espacio público por la acción política y es por ello que presenta -desde buen comienzo- una elaborada política para prohibir y reprimir cualquier intento de manifestación en él. En una primera definición existió una legislación destinada a garantizar esa prohibición del uso, espíritu legal que percibimos en aspectos como el Estado de sitio, el toque de queda, pero también en la nomenclatura urbana y posteriormente, en los espacios simbólicos del poder y en los lugares físicos de su ejercicio. Volvemos a considerar el concepto de biopolítica, en la explicación que da Michel Foucault, para comprender las formas de estatización de distintos aspectos de la vida. El aparato público se hace parte del control y disciplinamiento de los cuerpos, a través de políticas dirigidas a la natalidad, mortalidad, morbilidad y longevidad de los mismos. Nosotros nos referimos a Foucault para explicar que la represión es otra forma de control biopolítico de los cuerpos. La biopolítica represiva es una nueva función del Estado, en cuanto dirige políticas públicas a los cuerpos insurrectos contra el orden público producto de la sociedad de control estructurada en torno al capitalismo (Foucault, 2001; Hardt y Negri, 2000). En virtud de este argumento, podemos interpretar la extracción de los sujetos capaces de realizar esta molesta intervención en el espacio público dictatorial, la biopolítica represiva ejercida por la dictadura, a través de la desaparición, exilio, ejecución y tortura de los enemigos políticos, activos usuarios del espacio público durante la Unidad Popular, fue la forma más característica y brutal de represión política. El uso y ocupación de los espacios físicos y simbólicos, además de tener una importancia crucial desde la lectura política concreta, también tiene un significado relacionado con la identidad que se genera en su utilización: este elemento es válido tanto para la construcción del proyecto dictatorial y sus adherentes, como también para los sectores vinculados a la resistencia y al movimiento social que se conformó con el devenir de la dictadura. Como hemos apuntado más arriba, los primeros siete años de dictadura negaron el uso de esos espacios a los opositores, incluso para manifestarse políticamente ella misma o sus adherentes, salvo en las ocasiones en que el poder político militar decidió otra cosa; es por ello que debemos adentrarnos en los mecanismos legales y jurídicos que permitieron estas prohibiciones. En el carácter de la legislación dictatorial los marcos jurídicos se adoptaron en función de las visiones que el proyecto dictatorial tuvo acerca de la política y el rol de los ciudadanos y su participación en el debate público; sin duda, hubo definiciones clarísimas al respecto. Las declaraciones de los estados de excepción, a través de una administración militar del territorio en las llamadas zonas de emergencia, nos revelan la mirada sobre lo político y el espacio público. Del mismo modo, la legislación sobre el toque de queda y su trayectoria en los años dictatoriales fue la manifestación que más afectó a los chilenos, pues es el elemento más palpable de esa política de negación de la manifestación y el uso del espacio público. Los lugares, los edificios y espacios que se han erguido históricamente como las definiciones simbólicas de lo político también son intervenidas y denotan en ello un proyecto y una mirada sobre símbolos que actúan como representación de la nación y del Estado. También se construyeron espacios nuevos que intentaron constituir una representación del régimen y así buscar la identificación con su acción política. La negación del debate político, el sistema de partidos y las organizaciones sociales, que fueron los interlocutores con el Estado chileno durante el período republicano -no sin conflictos-, significaron represión y muerte por períodos importantes y a sectores relevantes del movimiento social popular. 9 Esos sujetos desaparecieron permanentemente del espacio 9 La historiografía social chilena ha definido esos procesos a través del estudio de las formas organizativas del público. La dictadura generó mecanismos represivos en la línea que señalamos; por su parte, los sectores populares respondieron a través de la violencia política. Tal forma de mediación intervino en los espacios públicos negados y en los formulados por la dictadura y conformó una nueva estrategia política de la resistencia. Todos estos elementos definieron la manera en que se concibió el espacio público por parte de los actores en conflicto; a través de las manifestaciones políticas en él y la disputa por su apropiación es que se expresa el debate político, cuando este no pudo ser canalizado por la vía del diálogo y la expresión libre y democrática de las ideas. Es así que surgió en la resistencia política una estrategia que apuntó al uso del espacio público. Los primeros afanes de la resistencia se dieron en términos absolutamente modestos, bajo la persecución sistemática de los aparatos de represión y la desestructuración de las orgánicas partidarias tradicionales. Los primeros núcleos resistentes se concentraron en pequeñas acciones de propaganda y buscaron recomponer los lazos existentes antes del golpe de Estado con las estructuras partidarias a las que habían pertenecido. Estos núcleos auto-organizados, progresivamente, fueron construyendo redes que repensaron la acción política, en el contexto de la nueva situación de restricciones producidas con la dictadura. Todo ello condicionó la manera de posicionarse frente al poder, con otros discursos y nuevas estrategias. La reinvención del espacio donde ocurrió esta nueva forma de entender la política fue una preocupación para el movimiento social popular. Desde esta óptica, los sujetos que concurrieron al escenario político, como también los hechos y circunstancias que se desarrollaron allí, marcaron una nueva relación entre Estado y actores sociales; siempre objetivado por el devenir de los lugares donde ocurría todo ello, sus intervenciones, modificaciones y usos en virtud del proceso vivido por el país. Ya que intervenimos en la historia de estos años con un análisis fundado en los estudios espaciales y sociales, cobra fundamental importancia la gestión de los espacios públicos que hacen los militares en el poder. Como señalamos en su momento, la reacción del gobierno militar fue la anulación de la vida política, en particular la expresada en el proletariado chileno en el caso de Sergio Grez (2007), en la diversidad del repertorio movilizatorio presente en Gabriel Salazar (2012) o en los mecanismos de disciplinamiento que han sufrido las identidades populares estudiadas por María Angélica Illanes (2003). espacio público. La situación cambiaría con el paso del tiempo pero durante los primeros siete años de dictadura el uso de esos espacios fue negado, incluso para manifestarse políticamente ella misma, o los afines a la dictadura, salvo en las ocasiones en que el poder político militar decidió otra cosa. Junto a la historia y la antropología, disciplinas que hemos visto han abordado la cuestión del espacio público, también lo ha hecho la geografía con reflexiones múltiples. Por cuanto a nuestro trabajo interesa, es útil lo señalado por Bonnemaison acerca de la construcción de los “geosímbolos”, 10 que interrelaciona el lugar con la dimensión cultural e histórica que las comunidades otorgan a éste: El geosímbolo es un marcador espacial, un signo en el espacio que refleja y forja una identidad [...]. Los geosímbolos marcan el territorio con símbolos que arraigan las iconologías en los espacioslugares. Delimitan el territorio, lo animan, le confieren sentido y lo estructuran” (Bonnemaison en Raichenberg y Heau-Lambert, 2008: 179). Evidentemente, el concepto es trabajado para subjetivar los espacios, dotándolos de la posibilidad de constituir historicidad en función de las identidades que se le confieren. Trasladando esa idea a la historiografía, cabe preguntarse por la construcción histórica de geosímbolos, esta vez conflictuados por el debate al que están sujetos a raíz de su carácter simbólico. En el sentido político podemos observar que esos elementos geosimbólicos forman parte de una identidad nacional, que en el caso chileno se asocia con el Estado de manera casi inmediata. De aquí que el palacio de La Moneda o ciertos lugares de la geografía nacional, como el Morro de Arica, adquieran ese carácter tan marcadamente político. Las razones por las cuales un lugar o edificio refiere un geosímbolo político se torna un asunto trascendental en nuestro estudio, más aún cuando éste es disputado por los actores presentes en la refriega. Así sucede con La Moneda o las casas de Allende, pero también con otros espacios públicos significados como ágoras del debate político, las sedes de los partidos políticos o los sindicatos, allanados y dispuestos para otra función luego del golpe de Estado. Los estudios de Jöel Bonnemaison (2000), visitados por la geografía mexicana y chilena que hemos revisado, comprenden la geografía desde la construcción cultural que las comunidades dan a los espacios que habitan, desde esta perspectiva asumimos el traslado del concepto a los estudios propiamente históricos, con el afán de sintetizar un fenómeno presente en las sociedades y la construcción de sus identidades nacionales. 10 En otros espacios públicos, no tan significativos o reconocidos como los lugares de lo político, actúa otro mecanismo, ligado a la cultura que Bonfil explica al señalar que nombrar es conocer, es crear: En el fondo de esta cuestión está el hecho de que nombrar es conocer, es crear. Lo que tiene nombre tiene significado o, si se prefiere, lo que significa algo tiene necesariamente un nombre. En el caso de los toponímicos, su riqueza demuestra el conocimiento que se tiene de esta geografía [...] (Bonfil, 1989: 37). Así, la toponimia es un elemento que nos ayuda a entender cómo el proyecto dictatorial quiere “nombrar” el país, borrando significados y agregando otros que le son afines como discurso histórico; la sustitución de topónimos aparece como una de las primeras acciones del régimen una vez instaurado, dándole un marcado carácter ideológico a su nueva forma de nombrar los espacios públicos. Digamos, además, que en relación a esta cuestión, lo central se encuentra en la idea de habitar el espacio público separándolo de su naturaleza funcional y ocultándolo al debate ciudadano; para ello es necesaria la resignificación de esos lugares. Entonces los militares y los grupos civiles afines, como las mujeres del voluntariado o los jóvenes gremialistas habitaron la ciudad de una nueva manera, acorde al proyecto que la dictadura piensa. Surgieron entonces espacios hechos expresamente para definir ese proyecto político, situación que decantó llegando la década de los ochenta, cuando ese proyecto se visibilizó jurídica y políticamente. La dictadura creó esos espacios para referir su proyecto: plazas, monumentos, edificios donde conmemorar sus hitos y hacia dónde hacer llegar sus referencias, 11 procedentes de la historia militar vinculadas a la guerra del Pacífico o a los héroes constructores de la nación y el Estado, como Diego Portales, Bernardo O’Higgins y las fechas de las batallas importantes. En esa línea, indicador significativo de lo que estamos diciendo fue el 18 de marzo de 1976, cuando se declararon treinta fechas históricas en el calendario de efemérides nacionales, eventos que los colegios tuvieron la obligación de incorporar y celebrar en el Para el caso de Barcelona a fines del siglo XIX y principios del XX, Stèphan Michenneau (2008: 48-55) establece que la conmemoración está al servicio de una política de memoria que sirve a un discurso político que busca la diferenciación, en ello incluye la nomenclatura, los monumentos y las placas de recuerdo, todas tendientes a construir una memoria colectiva. 11 currículum escolar. 12 La mayoría de ellas guardaban relación con batallas de la guerra de Independencia y de la guerra del Pacífico, así como la muerte de Diego Portales y el natalicio de Bernardo O’Higgins, además de las fechas de aniversario de las Fuerzas Armadas y orden público. Desde la otra vereda, en la emergencia de los sitios de la memoria como mirada histórica al pasado reciente, también encontramos aportaciones significativas. Los sitios de memoria como expresión patrimonial nos hablan de la interpretación constructiva de la historia, revelando la importancia de materializar el discurso. Esta es una necesidad que se evidencia a partir de la política de desaparición de las personas, pero también de la desaparición de los discursos de esos sujetos en el debate público. El movimiento de oposición a Pinochet también fue significando los lugares en que sucedieron las violaciones de derechos humanos hasta convertirlos en sus propios espacios de conmemoración. Sin embargo, ahora han sido revestidos del discurso por el respeto a los derechos humanos y a favor de la reivindicación de las luchas sociales y políticas por las cuales se produjeron tales atropellos a los derechos fundamentales de las personas. De esta manera, la batalla de la memoria, como ha señalado María Angélica Illanes, entra en un debate constituido a partir de la experiencia golpista de 1973; es entonces cuando se produce un quiebre ideológico que reconfigura al país en todas sus aspectos y que rompe con el consenso impuesto por la idea portaleana del Estado. Según Illanes, Chile debe revisar su idea de nación y de sociedad política, y el espacio público es un reflejo del conflicto político existente. 1.3.- Manifestación, violencia política y resistencia. Luego de indagar en las concepciones de movimiento social y espacio público, en este tercer apartado nos interesa desarrollar las definiciones teóricas acerca de la manifestación política y, ligada a ello, las categorías relativas a la resistencia y a la violencia política. Estos conceptos están presentes en nuestra investigación para entender el proceso histórico vivido durante la dictadura de Augusto Pinochet. 12 Entre las fechas señaladas en la prensa (El Mercurio, 18-3-1976: 20) se incluyen fechas que incorporaron el Territorio Antártico e Isla de Pascua. Esta fue una decisión del Ministerio de Educación, por ese entonces a cargo del almirante Arturo Troncoso Daroch, sector profundamente ligado al nacionalismo (Valdivia, 2003). La manifestación política es una conceptualización útil a nuestro trabajo y, en particular, nos interesa saber las formas que ésta adquirió, así como las estrategias que se utilizaron en su emprendimiento, los actores que las impulsaron y los resultados que éstas obtuvieron. Los sujetos que decidieron actuar políticamente entre 1973 y 1988 lo hicieron cruzados por la bipolaridad que significó instalar la política en la lógica de la guerra fría, que se impuso en Chile a través de la Doctrina de Seguridad Nacional (Agüero y Varas, 1984; Arriagada, 1985). En ese marco los diversos actores pudieron dar apoyo a la política del régimen o resistir esa imposición a través de la organización de un movimiento social popular. La prohibición de organizar cualquier forma de manifestación fue reglada por la dictadura mediante una serie de bandos y legislación que impidió su realización. Las manifestaciones van apareciendo en el espacio público vinculadas a reclamos por la situación de los trabajadores o por la violación a los derechos humanos, problemas que se fueron sumando en cuanto nuevos sujetos sociales decidieron protagonizar la protesta y exponer su repertorio como parte de la movilización. La manifestación política de la época la analizaremos desde el concepto de acción colectiva que ya hemos enunciado. Las escenificaciones motivadas en lo político ayudan a entender el contexto en el que se desarrollaron y la lectura que los actores sociales, los actores políticos pudieron y quisieron hacer con respecto a ello. Deviene así un concepto práctico para la mejor comprensión de la dictadura pinochetista. Conviene anotar también que toda forma de expresión pública fue vista como un peligro, como una amenaza, y en tal sentido, las fuerzas represivas estuvieron permanentemente vigilando la ocurrencia de alguna forma de manifestación que perturbara la quietud que debía reinar en el espacio público. Esto lo podemos señalar luego de observar la presencia constante de efectivos policiales en calles y plazas del centro de las ciudades, como nos muestran los testimonios expresados en las fotografías de la prensa y las imágenes documentales de la época. Estudiar las modalidades de la manifestación de carácter político que se presentó a ambos lados del conflicto producido tras el golpe de Estado de 1973 es un desafío muy importante. Más allá de la asonada popular, las marchas exigiendo democracia o los diversos mítines, que contaron con mayor o menor presencia de personas, consideramos útil destacar los efectos que lograron en la opinión pública y en los actores protagonistas de ellas. Es en este sentido que la manifestación política deviene una categoría histórica útil para nuestra investigación. Las visiones históricas acerca de la manifestación política, como forma de acción colectiva de los represaliados y la multiplicidad de hechos desde los sesenta, resulta un antecedente relevante para la historia social y política del país. En ese sentido, la manifestación política y las protestas sociales, entendidas no solamente como explosión de ira, sino como forma estratégica de expresión política (Aya, 1995: 108), caracterizaron el repertorio de movilización utilizado a través de sus articulaciones organizacionales. En el contexto descrito, abordaremos algunos conceptos relativos a la manifestación política, ejercicio necesario para sopesar el carácter de estas intervenciones en el espacio público. La violencia política primero, y la resistencia social y política después, son elementos que construyen esta idea de manifestación que estuvo presente en el período estudiado. Veamos pues algunos significados del concepto de violencia política. Uno de ellos, que introduce aspectos éticos, es poco operativo por cuanto implica cerrar debates acudiendo a calificativos tales como “ilegal”, “malo” u “oscuro”. Otro, útil en este caso aquí, es el elaborado por Hannah Arendt. Ella ha estudiado el fenómeno de lo político desde la dimensión filosófica en los albores de la cultura occidental. La autora llama la atención acerca del papel de la violencia en los asuntos políticos: Nadie consagrado a pensar sobre la historia y la política puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos, y a primera vista resulta más sorprendente que la violencia haya sido singularizada tan escasas veces para su especial consideración. (En la última edición de la Encyclopedia of the social sciences “violencia” ni siquiera merece una referencia.) Esto demuestra hasta qué punto han sido presupuestas y luego olvidadas la violencia y su arbitrariedad; nadie pone en tela de juicio ni examina lo que resulta completamente obvio (Arendt, 2005:16). Este es el paradigma que se ha instalado como forma de entender el ejercicio de lo político en nuestras culturas. Se denota el ánimo de convivir en una construcción colectiva, en las convenciones de normas que son consensuadas para saber compartir los espacios de poder. Por otra parte, el surgimiento de sistemas basados en la ruptura de los consensos viene a explicar que las formas políticas tengan un derrotero distinto al modelo griego, el modelo del sentido común occidental. Junto a Arendt, otro significativo autor que ha tratado la temática de la violencia política ha sido George Sorel, quien ha centrado su análisis en la experiencia histórica de la que fue protagonista. Sorel define el acto violento como una sublimación: “que la convicción domine a la conciencia” (Sorel, 1971: 200) y sostiene que la violencia es una característica irrenunciable a quien se encuentra en una posición de todo o nada, la vida o la muerte. En este sentido el heroísmo es la marca de sublimación de la lucha emprendida. Sorel marca las premisas ideológicas que servirán de pauta para entender los fenómenos de violencia política. En abierta discusión con los liberales positivistas de fines del siglo XIX y superando a los socialistas santsimonianos, Sorel explica que las condiciones de lucha de clases generadas por el modelo social y político precipita estos actos de convicción para, desde el heroísmo, acceder a la victoria sobre la clase antagónica. En términos de comprensión de la violencia en la sociedad moderna, Sorel nos aporta ideas para deslindar la acción del Estado o grupos en el poder, los cuales serían los autores de las acciones propiamente violentas, y señala: Se diría, pues, que la fuerza tiene por objeto imponer la organización de cierto orden social en donde gobierna una minoría, en tanto que la violencia tiende a destruir ese orden. La burguesía empleó la fuerza desde los albores de los tiempos modernos, mientras que el proletariado reacciona a la presente, por la violencia, contra ella y contra el Estado (Sorel, 1971: 163). Encontramos entonces para la violencia política un significado operativo que es el asumido en última instancia por los grupos políticos de izquierda en el siglo XX. Es claro, en nuestra opinión, que la definición anterior se adscribe al marxismo como ideología, fundando una línea de pensamiento de fuerte arraigo en la izquierda de América Latina y del mundo. Cuando el conflicto político se desata puede caerse fácilmente en la moralización del mismo, como señalamos antes. Sin embargo, las calificaciones de “justo” o “razonable”, no satisfacen las necesidades de la política de la confrontación. Con ello se centra la mirada en los hechos y los compromisos, evaluando así factores como la responsabilidad o la coherencia. 13 Algunos estudiosos (Domenech, 1978; Linz, 1989) teorizan sobre la lucha política desde la perspectiva de este carácter moralizador de la misma, configurando una falta de historicidad del fenómeno del conflicto político en el que se inscribe la violencia de motivación política. La reflexión la derivamos a las formas de represión que se fueron construyendo para responder al fenómeno insurreccional, cuestión de interés central en esta investigación. Desde las huelgas combatidas con la fuerza policial y militar se fue articulando un dispositivo estatal que respondió a la ciudadanización de los conflictos políticos, impuesto por el proceso de modernización. Para nosotros la represión queda ligada estrechamente a la violencia política en el devenir del siglo veinte y dialoga permanentemente con los diversos conceptos de justicia. En sus consideraciones acerca de la justicia popular, es decir, justicia ejercida desde el pueblo para la resolución de sus conflictos, Michel Foucault propuso la idea de lo jurídico como una instancia de poder estatal utilizado por la clase social dominante. Para ello se ha instaurado el tribunal o corte de justicia como organismo investido de poder para perseguir y sancionar. La violencia política comenzó a ser tratada como fenómeno a controlar desde las estructuras tribunalicias del Estado, cuando ésta se instaló como parte de la estrategia de grupos insurreccionales. En lo referente a la violencia política ejercida desde grupos políticos de izquierda o del campo popular, si se prefiere, el filósofo francés explica el funcionamiento de la represión: se crea para ello un sistema definido por la tríada justicia, policía y prisión. Este sistema: […] tiene en el fondo un triple papel; y que según las épocas, según el estado de las luchas y la coyuntura es, tan pronto un aspecto, tan pronto otro, el que predomina. Por una parte es un factor de “proletarización”: tiene por función obligar al pueblo a aceptar su estatuto de proletario y las condiciones de explotación del proletariado (Foucault, 1992: 57). A raíz de esta radicalización del concepto de justicia popular y su expresión práctica, la violencia política, en los años sesenta y venideros se negó toda forma de 13 Antonio Gramsci (1980: 170-171) se sitúa desde esta perspectiva a mediados del siglo XX al considerar la irrelevancia de tratar a la política en conflicto a través de juicios discutidos por sus aspectos morales. Zizek (2010: 19-26) entrará a la discusión introduciendo la diferencia conceptual entre violencia objetiva y subjetiva, la objetiva se supone en el estado de cosas “normal” y la subjetiva está inmersa en las instituciones. intervención del tribunal en la resolución o, incluso más allá, en el castigo de los actos sediciosos o insurrecciónales fundados en las motivaciones políticas e ideológicas. Siguiendo a Foucault, estos actos de violencia se presentan por la intermediación de las estructuras del poder. A través de diversos mecanismos se pueden constituir tanto las acciones de violencia generadas por los grupos definidos en los movimientos políticos subversivos, como también se manifiestan esas acciones por la negación que el Estado y su poder hace de aquellos grupos críticos de él. Desde la filosofía encontramos antecedentes para comprender el significado de violencia política. En Baruch Spinoza -resignificado por Antonio Negri-, vemos la valoración de la potentia como antelación a la protesta; se valida el surgimiento de la primera como razón anti jurídica para actuar en política; fuera del derecho natural es que se justifica la lucha de clases y no desde la visibilidad de la protesta. Este proceso debe ser inherente a toda constitución de legitimidad, que se constituirá cuando logre antagonizar realmente con su contraria (Negri, 1993:15). En suma, y completando las miradas sobre la violencia política, digamos que esta comprende toda acción de dominación de un grupo o individuo por parte de otro. El uso de la fuerza es el de la imposición de una libertad sobre otra; es en esta idea que se funda el concepto de mediación que entiende la democracia liberal como forma de resolver el conflicto político (Domenach, 1978: 779). Cuando planteamos la idea de las libertades conculcadas se hace evidente que el conflicto se instala históricamente. En este punto consideramos la violencia política en el Chile dictatorial como una forma de hacer política en espacios donde no existe la posibilidad de mediaciones, ni de manifestaciones políticas, ni de debate público. Luego de esta exposición preliminar surgen dos puntos claves: la decisión de usar la violencia política por parte de un sector; para ello se debe esclarecer cuáles fueron las formas de violencia que se adoptaron y porqué, a saber, qué llevó a potenciar las posturas de la violencia política por sobre la mera protesta. Un segundo punto guarda relación con cuáles son los sectores sociales que consideraron el uso de la violencia, tanto en la decisión de emplearla como en los fundamentos que la sustentaban históricamente. Esas preguntas surgidas a la luz de la lectura teórica se hacen notar fuertemente en la imagen del Estado como actor monopólico del uso de la violencia política. Por lo tanto, la aparición de otros actores en el uso de la violencia aparece como una “anormalidad” difícil de comprender para los sujetos. 14 En términos históricos, el problema de la (i) legalidad versus (i) legitimidad de las acciones de violencia por parte de un grupo político está al centro de esta discusión. De este modo debemos distinguir que la primera se encuentra en la razón jurídica de diferenciar y seleccionar aquellas formas acordes a esa razón legal. En la otra vereda, la legitimidad o ilegitimidad de estas acciones se encuentra en la razón política, es decir, en los intereses que determinados grupos tienen en hacer prevalecer sus ideas y planteamientos. Sobre estas posturas es que las organizaciones de la izquierda radical hicieron discurso político. Desde aquí se construyeron discursos en relación a la “prisión política”, la “resistencia popular” e inclusive a la idea de “derechos del pueblo”. Si bien estos conceptos pueden tener existencia anteriormente en la historia de occidente, en este período histórico lograron corporalidad y debate en Chile. Estos acápites teóricos sobre la violencia política tienen que ver con la legitimidad que ésta logró alcanzar. Aquí, los teóricos se mueven entre la explicación netamente política y la sociológica; cuando se plantea la violencia política en lo social, en la masa si se prefiere, hay quienes señalan que esta expresión existió por razones de fácil explicación en la carencia social (Tironi, 1988: 59). Es necesario distinguir que si bien el carácter masivo de una acción violenta se legitimó en sí misma por la participación general, hay sin duda una situación que alimenta el hecho, ya sea por una motivación política, social, económica o multifactorial. Para el caso chileno se adoptaron explicaciones que también recurrían a la construcción cultural de lo político. De esta forma, los aspectos éticos que trasuntaron la lucha política fueron centrales en el proceso de radicalización de los sujetos: gracias a las ideas de “liberación” o de “justicia” se acudió al compromiso político y a la adopción de la violencia como método de redención o mecanismo de mediación (Valenzuela, 1993: 12). 15 En Vigilar y Castigar (2001), Michel Foucault expuso las modalidades a través de las cuales se constituyen los sujetos y se “normalizan” por las instituciones del Estado, esto crea una matriz por la cual se entiende todo comportamiento dentro del ámbito social y cultural. La violencia política se comprendería bajo esta concepción como una anormalidad que se debe “encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar, excluir, etcétera” (2001: 196) según el patrón que este autor ha definido que las instituciones realizan con los anormales. 15 Valenzuela atribuye esta actitud frente a la violencia política a la construcción de una ética de la convicción que definió los compromisos políticos, al posicionamiento de un sector de la Iglesia Católica latinoamericana 14 Las visiones acerca de la violencia política también pueden explicarse por el hecho de que los sujetos, motivados por estas concepciones, formaron parte de la identidad social y cultural que se generó en torno a los movimientos opositores al poder dictatorial. Pero más allá de la convicción por el compromiso que señala Valenzuela, podemos incluir explicaciones desde la racionalidad de la actuación política, referida por hechos y discursos, entre ellos la violencia política. Los problemas relativos a las motivaciones de la violencia política son tratados por diversos autores, los que plantean posibles respuestas para cuando se requiere legitimidad de un acto de violencia planificado desde un espacio político. Una respuesta sería la ambigüedad frente al hecho violento que manifiesta la sociedad que, de alguna manera, lo validaría al no condenarlo (Linz, 1989: 106). Otra respuesta puede ser el uso de este acto como forma de mediación política (Domenach, 1978: 780). La idea de mediación política, en el centro de la explicación al acto de violencia con motivación en lo político, lleva a cuestionar el rol del Estado en ese debate. La problemática está dada en cuanto ese Estado es incapaz de lograr instrumentos para la mediación. Es ahí donde se agota el mecanismo de la mediación y aparece la decisión de utilizar con mayor o menor rigor la represión. Ese Estado fracasa antes que la ley (Lira y Loveman, 2000). Una mejor comprensión respecto a cómo se produce esa digresión en el Estado con respecto a su rol en lo político, se explica de la siguiente forma: En la “ideología alemana” Marx elabora una tesis que se desvanece en la tradición instrumentalista del Estado. Su noción de mediación piensa al Estado como ámbito social donde la particularidad de una dominación intenta ser presentada a la conciencia bajo la forma de generalidad […] (Moulian, 1981: 6). Bajo esta premisa -y sintetizando las ideas expresadas- podemos entender que el fenómeno violento intenta ser racionalizado desde el Estado para presentarlo como una anormalidad que se debe controlar cuando no es posible mediar con ella. Las relaciones de poder están consideradas aquí como claves para obtener el mayor grado de verdad acerca de los hechos y su interpretación. Esto, para una dictadura, pasará a ser central, porque está en juego el control de la universalidad de la razón política (Vatter, 2012: 39-94). y a la teología de la liberación. En el contexto de un régimen de facto la experiencia chilena constituyó una forma de resistencia también desde el fenómeno de la violencia política. Por ello es que el concepto de resistencia lo debemos analizar en lo particular, para comprender las características específicas que presentó en Chile, pero recibiendo los antecedentes históricos que el fenómeno presenta en Europa y la evolución que tiene para el espacio latinoamericano y chileno en específico. Es en este sentido que la segunda guerra mundial fue el momento en que se acuñó el concepto de resistencia por primera vez, explicada por todas las acciones ilegales aunque legítimas que se llevaron a cabo desde la violencia y la conspiración para derrotar a un poder omnipresente y represivo, representado por la Alemania Nazi. Europa entera vio crecer un fuerte movimiento de este tipo que se construyó en base a sentimientos nacionales de confrontación. El general Charles De Gaulle refiere el siguiente concepto acerca de la invasión alemana y la respuesta de los resistentes comunistas en Francia señalando que: “es completamente normal y justificado que los franceses maten a los alemanes; si estos no desean correr ningún riesgo lo mejor es que se queden en casa […]” (Zetner, 1971: 247). La resistencia europea fue incorporando elementos propios de los grupos políticos afectados por el desarrollo del nacional socialismo. Particularmente, los comunistas y socialistas hicieron de estas acciones parte importante de su trabajo político, ya fuera por influencia soviética o por las características que la geopolítica fue tomando durante la guerra. La resistencia se entendió entonces como una forma de confrontación con un poder omnímodo, cuestión que con el devenir de los años sufrió modificaciones. Para la izquierda latinoamericana que vivió las dictaduras en Sudamérica, la idea de resistencia fue tomando la forma de una política de violencia con un fuerte componente ético. De ahí que los derechos humanos y los derechos del pueblo fueron parte activa de esa resistencia, añadiendo al carácter político una nueva dimensión, cercana al movimiento social. Referentes como las organizaciones de solidaridad social y cultural, además de las agrupaciones de derechos humanos encontraron en la resistencia popular una voz política que los incluyó en su relato frente al poder. En Europa la constitución ideológica de la resistencia dio paso a un nuevo formato, propiamente latinoamericano, de mayor arraigo en los temas sociales y culturales del pueblo, representado por aquellos grupos que recogieron la legitimidad de las demandas en sus acciones de violencia política. Andrés Pascal Allende, secretario general del MIR, lo definió así: Este Movimiento de Resistencia -continúa- va logrando una capacidad de intervención cada vez mayor en la lucha de clases nacional ya que como se ha podido comprobar durante el reciente año, ha conducido o participado en el grueso de las movilizaciones reivindicativas y democráticas de masas […] (AIR, enero de 1981:2). Además de este alcance, que podemos hacer tras el análisis de la experiencia de resistencia chilena y sudamericana, debemos consignar que existe un marco común a todos estos procesos: el de la confrontación Este-Oeste que afectó al planeta durante gran parte del siglo XX. Aun aceptando eso, el fenómeno de resistencia no se explica tan sólo por que haya habido dos polos opuestos, con gran poder político y militar, tras las acciones de los resistentes. La resistencia ha tenido un devenir propio más allá de este concepto, que tiene que ver con su propia constitución, una ocupación del lugar y momento en que ocurren los hechos y la identificación con sujetos constituidos en el movimiento social y político: 16 Incluso desde la asunción de este tipo de luchas, la forma que mejor se corresponde con la resistencia, la que no queda entrampada desde un comienzo con el enemigo, es la de la multiplicidad de grupos, de células que, desde sus lugares y sin crear unidades y estructuras centralizadas, ataca a los poderes y a sus órganos de represión (Bensayag, 2000: 217). El desarrollo de marcos comprensivos acerca de la resistencia implica asociar ésta a fenómenos de violencia política, pues ambas concurrieron al proceso político chileno dictatorial. En ese sentido hay algunos postulados sobre los que nos interesa detenernos para asentar como corolario de este capítulo. La concepción que explica de manera más clara el fenómeno de violencia política generada en este período de la historia de Chile es la que se entiende bajo la figura de la 16 La filosofía política ha reflexionado sobre estas ideas a través de la teoría democrática radical, especialmente importante es el análisis acerca de los nuevos desafíos que adquiere el Estado nacional tras verse interpelado por las revoluciones modernas: “Tanto Arendt como Negri evalúan la autonomía o la separación de lo político a través de dos interpretaciones de del poder constituyente: ambas enfatizan aspectos opuestos de la compleja relación entre Estado y Revolución, poder constituido y poder constituyente, que subyace en el corazón de la política moderna” (Vatter, 2012: 43). La expresión de estas ideas en la política revolucionaria de izquierda está referida en el tránsito de las experiencias guerrilleras de mando centralizado, al ejército policéntrico y desde allí a la estructura en red, que se involucra con el movimiento social (Hardt y Negri, 2004: 107-122). resistencia. Gabriel Salazar en su completo estudio acerca de la Violencia Política Popular ha constatado ciertas regularidades para el fenómeno en Chile. Según Salazar, una de las más significativas es que luego de un movimiento semi delictivo, o semi político, se tiende a la politización (Salazar, 2006: 107-112). A nuestro entender, la calificación de semi delictivo o semi político a estas formas de violencia política y resistencia, obedecen a la discutida legitimidad que estos sectores emprenden contra el régimen; cuestionamiento que expresan a través de la ruptura de la legalidad impuesta por la dictadura militar. Esta perspectiva constituye una opinión que los grupos centristas buscaron eliminar a través de la negociación política y la derecha en el poder, mediante la liberalización intentada desde 1985. 17 Explicar así el proceso de transición vivido en Chile nos parece acertado, toda vez que permite observarlo desde la política ejercida por los sectores movilizados contra el régimen, ya sea en la resistencia política o en el movimiento social. Más allá de coincidir con esta visión de la violencia política chilena en la dictadura, agregamos el carácter legítimo que esta tiene en virtud de situarse fuera de la razón jurídica. Ambas visiones completan una explicación que nos proporciona elementos para abordarla históricamente. También queremos señalar que ese movimiento semi delictivo podemos hacerlo coincidir con la agitación política llevada adelante por la resistencia popular que, además buscaba la politización del proceso. Es necesario aclarar que consideramos operativa esta idea para explicar el fenómeno de la resistencia política; sin embargo, en el caso aquí estudiado creemos que la calificación de semi delictivo o semi político de las acciones resistentes desarrolladas es especialmente acertada para el ciclo de protestas nacionales entre 1983 y 1986. Según Salazar, el período objeto de nuestra investigación se caracteriza por: Este ciclo se inicia con la aparición de resquicios en el librecambismo dictatorial, abiertos por la prolongación de la crisis económica y social y por sus primeros intentos de institucionalización política (liberal) (1980-82). Afloramiento de un (débil) liderazgo democrático. Irrupción masiva de la “resistencia” popular. Represión sangrienta. Nuevas protestas populares, con inclusión eventual de apoyo armado (1983-1986) (Salazar, 2006: 98). Es así que la aparición de violencia política en la dictadura puede ser considerada en 17 Ahondaremos en estos elementos en el capítulo 5 y siguientes. perspectiva histórica, toda vez que los hechos de violencia tienen antecedentes en la historia nacional. Los elementos con los que se describe esta etapa por parte de Salazar no son ajenos a momentos anteriores en que se produjeron asonadas o huelgas. La violencia política se constituyó en resistencia, en el caso por nosotros estudiado, buscando una gradual politización que enfrentó lo político desde un poder que se auto constituyó a partir de los sujetos que, legítimamente, desconocieron a un poder que los excluyó, que legalmente los reprimió utilizando los dispositivos otorgados por un Estado cuestionado crecientemente en ese rol. La instalación de la violencia como forma de respuesta a la represión intentó transformar el escenario político a través de la alteración del espacio público. Desde este punto de vista, la resistencia la comprendemos como el dispositivo político por el cual se apagó la luz al régimen o se trató de cortar el camino a la imposición ideológica neoliberal. *************** Las definiciones teóricas presentadas guardan íntima relación con un período político de anormalidad, pues la violencia política no forma parte de la cultura política chilena y, junto a la emergencia del movimiento social, constituyó un elemento complejo en la recuperación de la democracia. En esa articulación, la disputa por el espacio público resulta crucial, pues permitió la visibilización del conflicto político. Las ideas que hemos expresado revisten especial importancia para interpretar los fenómenos sociales y políticos que definieron una de las etapas más controversiales del pasado reciente en Chile; queremos refrendar la perspectiva desde al cual observamos esos fenómenos, centrados en la historia social y política. A continuación revisaremos los asuntos relativos a la legislación construida por la dictadura, hecha para expulsar a los opositores del espacio público. 2.- La legislación dictatorial en torno al espacio público y sus usos. En este capítulo trataremos el marco jurídico construido por la dictadura en torno al uso del espacio público y el control sobre él, bajo tres dispositivos esenciales: el Estado de emergencia, de sitio y el toque de queda. Sobre la comprensión de estas construcciones legales abordaremos las condiciones que el régimen impuso, y las dificultades que significaron para los grupos resistentes en el desarrollo de sus acciones políticas. Comenzaremos por definir las características de la articulación legal del régimen en sus aspectos ideológicos, las referencias a las que acudió para constituir su legalidad en el marco del debate acerca del Estado en Chile y, con especial atención, en las regulaciones en torno a la expresión pública de las ideas políticas. Los elementos centrales que analizamos buscan entender las bases ideológicas del régimen militar, fuertemente ancladas en la era del ministro Diego Portales, a inicios del siglo XIX. Para ello referimos los encuentros y desencuentros de la dictadura con la tradición republicana. El proyecto histórico de la Junta Militar requirió de la censura y la restricción del uso del espacio público, cuestiones que referiremos en esta introducción. De la misma forma, nos adentraremos en las definiciones del nuevo orden constitucional que definió el régimen y con ello, el diseño que fraguó en virtud del proceso de liberalización y posterior transición política, puesto a prueba por el movimiento social y la resistencia tras la promulgación de la constitución de 1980. Realizado este primer análisis, entraremos en los asuntos relativos a la conculcación de derechos sobre el espacio público. Como es evidente, utilizaremos los cuerpos legales como fuentes primarias para el análisis que nos proponemos aquí. Haremos especial énfasis en los bandos militares, aunque también analizaremos decretos leyes y la constitución política, incluidas las actas constitucionales. Recurriremos también a la prensa, particularmente la de tipo oficialista representada por El Mercurio, medio fundamental en nuestra articulación de corpus documental y también a la Revista Ercilla. En el primer apartado de este capítulo abordaremos el desarrollo de los estados de excepción, definidos como el Estado de emergencia y el de sitio, aplicados tras el golpe y endurecidos durante las jornadas de protestas nacionales. El segundo apartado tratará sobre el toque de queda, un mecanismo legal utilizado en la dictadura para controlar la circulación de las personas, y que, por lo tanto, alude directamente al espacio público y su uso. El debate sobre la legitimidad de la representación política, entendiendo el Chile dictatorial como tal, pasa por un análisis acerca del Estado y su nueva institucionalidad, además de los dispositivos adoptados para llevar adelante los cambios estructurales. En este aspecto, las severas transformaciones produjeron una merma en la representatividad del sistema político, que fue resentida específicamente por los ciudadanos, imposibilitados desde entonces para generar poder sobre los grupos que acceden al Estado; grupos que deciden con y para ellos mismos: La “construcción del Estado” ha sido, más a menudo que no, un proceso en que los “poderes fácticos” han avasallado a la ciudadanía. Lo que implica avasallar la legitimidad- en tanto valor incorporado al sistema por la acción constructiva de la sociedad civil- […] (Pinto y Salazar, 1999, vol.1: 16). Para sellar ese poder era necesaria la legitimación de la dictadura y el camino escogido para ello fue la tradicional promulgación de leyes y decretos. El Estado chileno ha acudido a esta modalidad de forma permanente durante el período republicano, pues es a través de la ley que se validan los cambios que sufre el Estado por parte de la facción triunfante tras un conflicto o imposición política, como fue este el caso. La historiografía chilena se ha ocupado del carácter del Estado. La tesis más aceptada hasta ahora señala que es el Estado el que ha creado la nación mediante su articulación a través del rol de los partidos políticos. Mario Góngora, el primero que propugnó esta tesis, se mostró contrario al neoliberalismo pinochetista, por atentar contra ese rol de los partidos, a su juicio, fundamental para el desarrollo de la nación (Góngora, 1981). La dictadura de Pinochet contestó ese análisis acerca del Estado a través de la figura del enemigo interno, que configuró mediante la doctrina de seguridad nacional, ideas que intentaron justificar el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. En realidad, según Gabriel Salazar, el Estado nacional emergente tras la independencia conculcó la soberanía residente en los ayuntamientos y otras formas populares de organización, espacios que eran escenario de disputa durante la colonia. El Estado portaleano hizo de la abstracción del derecho la forma de cercenar aquella soberanía popular, a través de un proyecto oligárquico fuertemente entroncado con el militarismo (Salazar, 2007). 1 En ese sentido y siguiendo a Gabriel Salazar, la dictadura recogió la figura de Portales como referente político para su proyecto. Éste fue considerado el constructor del Estado en Chile por parte de la historiografía decimonónica y además, quien viabilizó políticas económicas que permitieron la conexión del país con el desarrollo del capitalismo internacional, dirigido principalmente por Inglaterra. Aun así siempre ha sido una figura polémica, considerada un mito como constructor de la institucionalidad (Villalobos, 1989). 2 El papel más importante en el entramado que dio origen a este nuevo orden dictatorial, iluminado por la lectura histórica de Portales, estuvo en la figura de Jaime Guzmán, líder de la derecha gremialista 3 por aquellos años. Guzmán se basó en el pensamiento de Carl Schmitt, soporte jurídico de diversos regímenes alemanes, incluyendo el nazismo. Según esta teoría, el poder constituyente podía emanar de la capacidad de un grupo o individuo para decidir un orden de legitimidad jurídica. En el caso chileno, Guzmán aprovechó esta concepción para, siguiendo la constitución de 1925, vigente por entonces, transferir el poder desde el pueblo a la Junta Militar en el poder en ese momento (Cristi, 2000). 4 A seis meses del golpe de Estado, la Junta Militar emitió una declaración de principios en la que recogió su pensamiento en materias constitucionales; notemos que ese documento tuvo un claro carácter ideológico. El texto hizo una lectura histórica del Estado en Chile y propuso determinadas concepciones sobre el individuo, la familia y el Estado; sin duda la legitimación de su construcción política estaba en la mirada de los militares La actual historiografía americanista se ha ocupado de este problema con especial interés de la mano de los estudios acerca de la ciudadanía y su actuación política. Obras compilatorias de Antonio Annino (1995, 2008), François Xavier Guerra (2008) e Hilda Sábato (2003). Los trabajos monográficos de Juan Carlos Chiaramonte (2004), y Marta Irurózqui (2005), entre otros, han abordado diversos aspectos de la formación del Estadonación latinoamericano desde diversas perspectivas teóricas para el siglo XIX e inicios del siglo XX. 2 Sergio Villalobos (1989) considera que Portales no es constructor de una institucionalidad ni de leyes constitucionales que guiaran al Estado chileno; por el contrario, lo considera autor de un modo de gobernar, a través de políticas autoritarias y violentas. Desde esta lectura y ahondando en la dictadura civil que ejerció el ministro es que Gabriel Salazar (2007) va más allá y describe con detalles las características y alcances de la política portaleana. 3 El gremialismo es una corriente derechista surgida en la década del sesenta en la Universidad Católica de Santiago y que entronca el ultra conservadurismo católico con el pragmatismo económico neoliberal; además esta imbuido de un profundo anticomunismo y populismo corporativista, tal como se verá en su acción dentro del régimen dictatorial (Huneeus, 2000; Álvarez y otros, 2006). 4 Este elemento es destacado en el texto de Renato Cristi El Pensamiento político de Jaime Guzmán. Una biografía intelectual (2000). 1 devenidos en gobierno: Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas, haciendo de Chile una gran nación. Para lograrlo, ha proclamado y reitera que entiende la unidad nacional como su objetivo más preciado, y que rechaza toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre las clases sociales. // La integración espiritual del país será el cimiento que permitirá avanzar en progreso, justicia y paz, recuperando el lugar preponderante que los forjadores de nuestra República le dieron en su tiempo dentro del continente. Reivindicar y sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra Historia Patria, con sus próceres, héroes, maestros y estadistas, debe transformarse en el acicate más poderosos para despertar el verdadero patriotismo, que es amor entrañable a Chile y deseo de verlo nuevamente grande y unido. Conspiran en contra de esa unidad las ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales, y la invasión cultural extranjerizante (Declaración de principios del gobierno de Chile, 11 de marzo de 1974: 5). El concepto que se acuñó en el gobierno para lograr la aceptación de este nuevo orden fue el de “unidad nacional”. Esta idea niega cualquier posibilidad de participación a las concepciones políticas de izquierda, excluidas por ser las causantes únicas y absolutas de la destrucción de la democracia chilena. Para los funcionarios del régimen, las tareas fundamentales se debían concentrar en la preservación de un orden estático y de permanente obediencia. A partir de esa doctrina de la dictadura surgieron mecanismos como el receso político y sus especificidades como: el Estado de emergencia, el Estado de sitio y el toque de queda; todas ellas fueron formas operacionales que buscaron la naturalización del orden público dictatorial, creando condiciones de inmovilización social y política para la legitimación posterior de los cambios que impulsó el régimen de facto. En mayo de 1975 la dictadura promulgó el decreto ley 890 de seguridad nacional, afinando la legislación que ya había creado la DINA 5 y desestructurado el funcionamiento institucional, cerrando definitivamente el congreso y prohibiendo la manifestación social y política. Este decreto ley fue una de las pocas medidas dictadas relativas a la seguridad nacional que fue conocido por la ciudadanía, pues la legislación sobre estos temas fue normada por leyes “secretas” que organizaron la idea de seguridad nacional. 5 La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) se creó por el decreto ley 521 el 14 de junio de 1974 para organizar la represión, centralizándola; hasta ese momento esas tareas eran desarrolladas por las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, desde esa fecha, los servicios militares compartieron y, a veces, disputaron con la DINA las labores de inteligencia y represión. Además de la creación de la DINA, conocemos la existencia del decreto ley 425, de abril de 1974; a través de él se normó la desmovilización y otras formas de represión social y política. Esta ley secreta incluyó en su articulado la pena de muerte. En 1979 otra ley secreta reguló la planta funcionaria de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA. Las leyes secretas se extendieron a temas de financiación y organización de las Fuerzas Armadas. A nuestro entender, estas leyes tuvieron un amplio efecto en la ilegitimidad del régimen, aunque no se ha conocido, hasta el día de hoy, el contenido específico de esos decretos leyes. El corolario de la política legislativa dictatorial vino de la mano de una ley que, si bien no fue secreta, movilizó a los activistas por los derechos humanos. Hacia 1978 la discusión en torno a temas legales se centró en la ley de amnistía (Decreto Ley 2191 del 19 de abril de 1978), mecanismo por el cual se obvió la investigación de crímenes de lesa humanidad por parte de los aparatos de seguridad y represión. A través de la intervención de esta ley en los procesos judiciales, la dictadura definió su carácter antidemocrático en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Luego de un período tan álgido en manifestaciones como lo fue la Unidad Popular, el gobierno de la Junta Militar dictó, como dijimos, medidas propias del Estado de excepción como el toque de queda o la prohibición de reunión y asociación, que redundaron en la anulación de la movilización social y política, propia de la cultura política chilena del siglo XX. 6 Se instauró así lo que podemos denominar “inmovilización” social en la vida ciudadana. Junto a la doctrina de seguridad nacional y la instauración del neoliberalismo, 7 una forma del capitalismo fundado en el aparato financiero, las políticas de contrainsurgencia se extendieron a los movimientos sociales, el sindicalismo o las organizaciones populares de las ciudades, las más politizadas hasta septiembre de 1973. Todo lo anterior se expresó en La historia social chilena nos señala que el movimiento social en el siglo pasado tuvo una actividad permanente en el pensamiento de sí mismo, ya sea en sus dimensiones políticas, económicas y sociales. Lo anterior es significativo en el análisis de la cuestión social, el conflicto por la proletarización, el disciplinamiento o el desarrollo de un proyecto social popular. La historiografía hizo instalación de problemas en cuanto al ser colectivo de la nación y los conflictos que conlleva. La dictadura fue el punto más alto de esta conflictividad y donde se posicionaron claramente los proyectos de las clases sociales del país. 7 El neoliberalismo chileno es, básicamente, la aplicación de las políticas recomendadas por los Chicago boys, grupo de economistas de derecha que estudiaron en la Universidad de Chicago con Milton Friedman, quien propuso este modelo desde los años cincuenta como superación del Keynesianismo, a través de una radicalización de la economía monetarista en un marco de libre mercado absoluto (Harvey, 2011: 11-16). 6 un nuevo marco legal acorde al proyecto dictatorial de graves y permanentes efectos para la ciudadanía. La aprobación de una nueva legislación fue utilizada para detener y neutralizar a los opositores políticos, en particular los sectores de izquierda, ahora llamados subversivos, terroristas. Se afinaron entonces los mecanismos legales que, en última instancia, pretendieron la expulsión del debate público a todos estos grupos. El análisis continúa con el rol de la sociedad civil movilizada y los partidos políticos porque, llegado el momento de la liberalización política, emergieron fuertes críticas de esos actores a la legislación dictatorial. Entonces, debemos abordar los cuestionamientos más relevantes a los cuerpos legales considerados significativos para el régimen. Fue la sociedad civil la que discutió la ilegitimidad de la dictadura, en la visión de los partidos de izquierda y en el movimiento social popular organizado. Fue a través de la movilización social que esto tomó cuerpo y construyó alternativas para la situación política chilena. La preocupación, alrededor de 1980, fue entonces el tema del nuevo orden institucional que el régimen militar intentó imponer por medio de la Constitución Política y su validación por parte de los chilenos. Es conocido que la constitución de 1980 reafirma el rol de la autoridad por sobre los derechos ciudadanos, es fuertemente oligárquica y recuerda a la concepción portaleana de Estado; desconoce el rol de la democracia y, por ende, es defensora de las instituciones, a través de principios como la subsidiariedad por sobre un enfoque de derechos políticos y sociales. Como señalamos antes, el modelo político dictatorial propugnó la llamada democracia protegida que fue asumida por todos los sectores que apoyaron al régimen, grupos que fueron quienes definieron el modelo: La nueva concepción democrática recogida por la constitución de 1980 ha sido denominada en chile “democracia protegida [...] Este concepto es, sin embargo, errado e induce a equívocos, pues la democracia como tal no está protegida, sino que sólo posee los instrumentos para protegerse [...] (Ribera, 1985: 255). Según Ribera Neumann, este carácter de la constitución emana de la experiencia histórica da República Federal Alemana, similar en algunos aspectos a la de Chile. Este autor acuña el concepto de “democracia militante” para referirse a la protección que el Estado establece, es decir, una prohibición política a quienes no acepten los marcos referenciales del ordenamiento social y jurídico. Cabe recordar, sin embargo, que en el caso alemán no se informó de traspasos a la ley internacional sobre violaciones a los derechos individuales, lo que sí ocurrió en Chile debido a las graves violaciones a los derechos humanos, denunciadas en diferentes tribunales internacionales. Por ello, consideramos necesario establecer la diferencia entre la protección a la democracia, propiamente tal, y la conculcación de derechos, en un régimen sin un Estado pleno, que entregue garantías para el desarrollo de la vida política y social del país (Cristi, 2011). Una vez desatadas las grandes protestas contra el régimen, proceso mediado por la violencia política y la resistencia, por una parte, y la negociación del movimiento social, por otra, surgieron los partidos políticos como una posibilidad de resolución del conflicto. El receso político se rompió y las organizaciones partidarias centristas emergieron validadas por el régimen para contener las manifestaciones anti dictatoriales. Los debates generados por el grupo de estudios constitucionales o grupo de los 24 8 pusieron el tema de la construcción constitucional como un elemento importante en el debate político. En el movimiento social popular caló de manera específica la polémica por el artículo octavo, que remitía a la falta de libertad en el país. El mismo Jaime Guzmán, promotor de la democracia protegida, en un extenso reportaje publicado en El Mercurio (111-1987: D4), defendió fuertemente la existencia de este artículo, motivo de discusión en el acuerdo nacional iniciado en 1985 y precursor de la reformas constitucionales de 1989 en el marco de la transición. Siguiendo las definiciones expuestas por O’Donell y Shmitter 9 y refrendadas por Garretón (1990) y Markoff (1999) acerca de las formas de transición política, Chile adoptó el modelo de “traspaso”. Este modelo considera crucial el pacto político, porque las fuerzas antagónicas son similares y ninguna de ellas puede imponer sus términos. Nosotros Este grupo de constitucionalistas opositores buscó la generación de una asamblea constituyente, para superar la ilegitimidad del plebiscito que selló la promulgación de la constitución de 1980 (Cavarozzi y Garretón, 1989). Esta idea no fructificó y una parte de estos personeros optaron entonces por el acuerdo nacional, diálogo que cimentó el proceso de transición chileno a fines de la década de los ochenta (Drake y Jaksic, 1993). 9 En su opinión los partidos políticos debían lograr una fuerte disciplina para hacer los acuerdos que serían parte de la negociación para la liberalización política. En Chile se generaron esas condiciones antes de viabilizar el proceso de transición, sin dejar al azar los elementos que buscaban estabilizar socialmente los pactos políticos (O’Donell y Schmitter, 1988). 8 consideramos que en la década de los ochenta ese modelo, a través del intento de apertura política, era necesario para que el régimen militar tranquilizara las calles. Fueron los partidos políticos de oposición quienes, a mediados de los ochenta, indicaron la eliminación de los estados de excepción como el elemento fundamental para avanzar a formas de transición política; con ello se instaló la posibilidad de reemplazar la violencia por la negociación como forma de mediación entre el movimiento social popular y la dictadura. Algunos estudios han puesto especial interés en el rol de los actores políticos de fines de la década del ochenta, en función de poner fin a la legislación que restringió las prácticas democráticas en Chile. Esos actores fueron considerados fundamentales para la salida conservadora en cuanto al tema constitucional (Gómez Leyton, 2010). El dilema de la liberalización se intentó resolver a través de la legalidad, en un diálogo que aceptaba las normas dictatoriales, ahora acordadas por los grupos opositores, que poco a poco se mostraron contrarios a la movilización y la manifestación como estrategia de negociación política. De esta forma, nos disponemos a entender pormenorizadamente cuáles y cómo fueron los mecanismos legales que se utilizaron para disponer del poder que llevó a la transformación radical de la cultura política chilena. En un primer punto analizaremos los estados de excepción, que comprende el Estado de emergencia y el Estado de sitio; en un segundo apartado, trataremos el toque de queda, como forma legal de restricción del espacio público para el uso político y social. 2.1.- Los estados de excepción: Estado de emergencia y Estado de sitio. En este primer apartado estudiaremos los aspectos más significativos de las llamadas zonas de emergencia; veremos su acción en el territorio a las que estaban referidas y la administración de las mismas; cómo fueron utilizadas para imponer las políticas del régimen y las fricciones que se provocaron al enfrentar la articulación del movimiento social y la resistencia en desarrollo. Las zonas de emergencia fueron el inicio de la redefinición del territorio en Chile. Bajo el mando dictatorial se asociaron las zonas militares a la administración política del territorio. Poco después del inicio de la dictadura el territorio nacional fue dividido en trece regiones catalogadas con números ordinales, tal y como se hace con las divisiones militares, denominaciones que persisten hasta hoy y que también comportaron un cambio en las lógicas relacionales entre el poder central y las administraciones locales y regionales. 10 Nos interesa especialmente relevar el argumento que llevó al uso de estos nuevos mecanismos. Creemos que ello se debió a los intentos de encubrimiento de la política represiva y la configuración de una cultura dictatorial en base a la seguridad interior. El primer discurso acerca de las restricciones impuestas por los mandos a cargo de las zonas de emergencia, mantenido hasta fines del período, refleja sus intenciones políticas: El ministro del Interior puntualizó: “El Gobierno de Chile ha sido claro y categórico para afirmar su respeto por los derechos humanos, que arrancan de la dignidad espiritual del hombre y se afianzan en la más pura tradición nacional, elementos que recoge y proclama la declaración de Principios del actual régimen”. // En seguida explicó que las restricciones impuestas “no son sino la respuesta de una sociedad organizada a una grave situación creada por el marxismo-leninismo”. Recordó que Chile “ha superado una situación objetiva de guerra civil, que estuvo a punto de estallar materialmente en sus peores manifestaciones (Ercilla, Nº 2077: 9). Las prohibiciones tuvieron nutridas legislaciones posteriores, como el Decreto Ley 81 del 6 de noviembre de 1973. En ésta se establecieron dos elementos esenciales para comprender la función del Estado por esos años: el primero es relativo a la prórroga permanente de las zonas de emergencia, es decir, el control absoluto de los militares sobre el territorio del país en asuntos civiles y políticos. El segundo se refiere a la continuación del “toque de queda” o prohibición de circular durante la noche por el espacio público. Luego del golpe de Estado de 1973, el país se sumió en una dictadura que, según sectores centristas, parecía dar paso a un nuevo período democrático; 11 sin embargo, los militares se fueron instalando en el poder hasta copar todo el aparato institucional. El problema era la falta de legitimidad jurídica de este nuevo poder; se hizo necesario, entonces, una nueva forma de entender la representación política y, si fuere necesario, construir instituciones que apoyaran esta nueva realidad. 10 Las regiones vinieron a suplantar la división político administrativa provincial existente hasta 1976, el proceso de transformación se desarrolló a través de CONARA (Comisión Nacional de Reforma Administrativa). Al igual que con otros aspectos legislativos y constitucionales, fue un proceso inconsulto a la ciudadanía, dirigido por técnicos y militares y que despolitizó las administraciones locales. 11 Esta opinión fue defendida públicamente por el partido demócrata cristiano, que en un primer momento apoyó el golpe de Estado, pero pasó rápidamente a la oposición al percatarse de la nula intención de los militares por reconstituir el orden democrático liberal. Fueron los grupos instalados en el gobierno a partir de 1973 los que definieron el carácter del Estado en la era pinochetista. Esa definición pasó por ignorar la participación ciudadana en la elaboración de los marcos legales que regían el devenir político de la nación. Ese destierro de la ciudadanía de la política institucional llevó a la adopción unilateral de la derecha y los militares de un nuevo orden administrativo. Este nuevo entramado administrativo tuvo, entre sus primeras funciones, el control territorial, el cual desarrolló con la construcción de un aparato legal que se basaba en la prohibición de la acción pública; su invisibilización fue parte de la política desarrollada por las zonas de emergencia. De esta manera, las zonas de emergencia militares tuvieron un correlato efectivo con la administración civil en cada uno de los territorios del país, haciendo más eficaz las acciones represivas y manteniendo informaciones pertinentes para sus fines políticos. Pero la nueva construcción político-administrativa también se afirmó en la legislación; es así que podemos observar que el control del territorio y, particularmente, del espacio público urbano, se realizó a través de mecanismos ya existentes para el control en casos de emergencia: ARTICULO 6° La declaración de Estado de Sitio podrá decretarse en alguno de los siguientes grados: // a) Estado de Sitio por situación de Guerra Interna o Externa; // b) Estado de Sitio en grado de Defensa Interna, que procederá en caso de conmoción interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad; // c) Estado de Sitio en grado de Seguridad Interior, que procederá cuando la conmoción sea provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que no se encuentren organizadas, y // d) Estado de Sitio en grado de Simple Conmoción Interior, que procederá en los demás casos previstos en la legislación vigente" (DL 640, 2-09-1974). Si bien las normas de excepción ya existían en la legislación chilena, estas fueron desnaturalizadas y rediseñadas para aplicarse en casos de ataque externo o conmoción interna; de manera transitoria y excepcional, también permitía encarcelar en lugares que no fueran cárceles o en el domicilio. El Decreto Ley 640, de septiembre de 1974 explicitó el Estado de sitio desde la idea de conmoción interna y consideró las fuerzas rebeldes como aquellas que tuvieron la intención de organizarse, durante la dictadura, con intenciones de derrocar al régimen de facto. Pero, dado que los focos de resistencia fueron menores y muy puntuales, tal situación no podía justificar el permanente Estado de sitio y, menos aún, la consolidación de zonas de emergencia en todo el territorio nacional. Esto nos lleva a afirmar que el objetivo real de la ocupación militar del territorio obedecía a una estrategia de más largo alcance que la mera neutralización de grupos subversivos; como señalaba la doctrina de seguridad interior del Estado, tal ocupación estaba destinada a implantar un proyecto político ideológico que trasformara radicalmente la sociedad chilena: el neoliberalismo. Tras el golpe de Estado, a partir de la primera semana se legalizaron los estados de emergencia y de sitio en todo el territorio nacional, definiendo a la vez, la figura de “tiempos de guerra” que autorizó a los jefes de zona de emergencia para detener personas. El Estado de sitio permitió la operación de tribunales militares que pudieron aplicar penas más duras que las correspondientes en “tiempos de paz” (Moulian, 1982). Pocas semanas después del golpe, Pinochet señaló públicamente que el Estado de sitio duraría no más de ocho meses. En una visita a ciudades del sur del país, agregó que la situación de guerra interna se mantendría, ante el hallazgo de arsenales y el descubrimiento del denominado Plan Z, todo ello en el marco de la amenaza a la seguridad nacional. 12 El término del Estado de guerra, la renovación del Estado de sitio y zonas de emergencia en septiembre de 1974 refrendaron el tono en que el control interno de la población se manifestaría por largos años en Chile. Con excepciones específicas, como el permiso para la reunión de las juntas de vecinos, que se liberó en 1977 en la región metropolitana, esta fue la norma en cuanto al control del uso del espacio público por parte de los ciudadanos: ORDENO: // Modifícase el párrafo 7 del Bando 82 de fecha 13 de agosto de 1975 en la siguiente forma: // “Intendencia de Santiago, Gobernadores o Subdelegaciones correspondientes, alcaldes respecto de las Juntas de Vecinos (son los encargados de autorizar): // Reuniones y actividades de Cooperativas, Asociaciones y Juntas de Vecinos, y Sindicatos que no pertenezcan al área industrial o del comercio, copropietarios, juntas de accionistas, colegios profesionales y comunidades de veraneo (Bando 108, 13-04-1977). El acta constitucional Nº 4 versa sobre los estados de emergencia, naturalizando la El Plan Z fue una estrategia comunicacional que afirmó la presencia de material de guerra internado a Chile por parte del gobierno cubano, durante la Unidad Popular, para enfrentarse a las Fuerzas Armadas; este material jamás fue encontrado ni menos aún utilizado por los grupos subversivos de la resistencia, según se constata en los allanamientos posteriores al golpe. Los arsenales enseñados a la prensa tras el golpe de Estado no eran de origen soviético, según lo demostrado por los papeles de la CIA -desclasificados en 1999- y que califican el Plan Z como parte de la guerra psicológica contra el régimen de Salvador Allende (Informe de la Comisión nacional sobre prisión política y tortura, 2004: 171-172 y ss.). 12 enorme cantidad de atribuciones del ejecutivo para determinar las situaciones de excepción; tal medida alertó incluso a los sectores proclives al régimen. Es más, como señala Tomás Moulian, al derogarse la figura legal del recurso de protección en situaciones de emergencia, importantes sectores vinculados a la derecha tradicional mostraron su malestar ante la manipulación de la legislación, en función de la política coyuntural que aquella medida suponía: Más adelante, en febrero, esta polémica se aviva a propósito de la derogación del recurso de protección en las situaciones de emergencia. En esa ocasión El Mercurio vuelve a criticar la conducción política del proceso, señalando los peligros de una dirección errática que procede por bandazos. En la ocasión el carácter ad-hoc es especialmente evidente, por cuanto la modificación de la disposición sobre recursos de protección está directamente vinculada a la clausura de Radio Balmaceda: se trata de evitar que esta emisora pueda acogerse a esas disposiciones (Moulian, 1982: 155). La derecha tradicional nuevamente manifestó su malestar por la falta de libertades públicas cuando se reforzó la legislación que prohibió la existencia y funcionamiento de todo partido político en el país, endureciendo las penas para los infractores. 13 El Estado de sitio fue la principal herramienta legal de represión en los primeros años después del golpe; fue administrado por los militares a cargo de las zonas de emergencia y dejó de aplicarse el 11 de marzo de 1978. Con esta supresión terminó de facultarse a los militares y policías para “trasladar” a los detenidos, sin consentimiento de un tribunal de justicia, o mantener el arresto en lugares que no fueran cárceles, así como el traspaso a la justicia civil de los procesos que, por concurrir el Estado de sitio, estaban en la justicia militar. 14 En septiembre de 1978, ante las protestas de los trabajadores del cobre en Chuquicamata (Antofagasta), se reforzó el Estado de sitio en el marco de los estados de excepción -que fue calificado con el grado de simple conmoción interior-; no obstante el conflicto se mantuvo hasta enero de 1979. Y todo ello acaeció ante la sospecha de acciones desarrolladas por militantes comunistas a raíz de las demandas de los trabajadores El editorial de El Mercurio del 13 de Marzo de 1977 señala que: “La opinión pública no esperaba estas medidas ni estaba impuesta de las actividades clandestinas que ha denunciado el gobierno. Constituye, por cierto una sorpresa el que se haya estimado necesario reforzar aún más el control en materia de expresión pública y de institucionalidad política”. 14 Se hizo efectivo a través del Decreto Ley 391, del 10 de marzo de 1978, publicado en el Diario oficial. Esta figura representa el fin de las detenciones y desapariciones masivas, aunque la invocación del decreto siguió vigente en casos puntuales. 13 movilizados en esa zona del país. Este hecho nos indica la importancia del Estado de sitio en el país, uno de los estados de excepción más invocados del período, conllevando la aplicación concreta de la legislación. Así es que podemos sopesar la conexión entre la doctrina de seguridad nacional, la legislación dictatorial y los casos de represión vinculados al atropello a los derechos humanos. Para el caso señalado, el resultado fue el de trece mineros detenidos y uno expulsado de su trabajo. El mecanismo se utilizó en otros conflictos como los desarrollados en Concepción y en el mineral de El Teniente (Lira y Rojas, 2009: 78). Sin embargo, el resultado más impactante para la sociedad fue el derivado de las desapariciones de personas que se produjeron bajo el Estado de sitio. Éste permitió que se generaran espacios secretos destinados a la tortura; el caso más conocido es el de Villa Grimaldi, antigua casona de Santiago hasta donde se trasladó a personas sin procesos judiciales. Este lugar es hoy un parque memorial que recuerda la tortura y las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. 15 Producto de la imposición constitucional de 1980 y de cara a la etapa de transición que establecía la ruta institucional del régimen, se abrió un nuevo tipo de Estado de excepción: el de peligro de perturbación de la paz interior, especialmente aplicado en el ciclo de protestas de los ochenta: VIGÉSlMA CUARTA, Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 39 y siguientes sobre estados de excepción que contempla esta Constitución, si durante el período a que se refiere la disposición decimotercera transitoria (ocho años, a contar del 11-3-81) se produjeren actos de violencia destinados a alterar el orden público o hubiere peligro de perturbación de la paz interior, el Presidente de la República así lo declarará y tendrá, por seis meses renovables, las siguientes facultades: // a) Arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días, en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles. Si se produjeren actos terroristas de graves consecuencias, dicho plazo podrá extenderlo hasta por quince días más; // b) Restringir el derecho de reunión y libertad de información, esta última sólo en cuanto a la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones; // c) Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen las doctrinas a que alude el artículo 8º de la Constitución, a los que estén sindicados o tengan reputación de ser activistas de tales doctrinas y a los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para la paz interior, y // d) Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en una localidad urbana del territorio nacional hasta por un plazo no superior a tres meses. // Las facultades contempladas en esta disposición las ejercerá el Presidente de la República, mediante decreto supremo firmado por el Ministro del Interior, bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la Republica". Las medidas que se adopten en virtud de esta disposición no serán susceptibles de recurso alguno, salvo el de reconsideración ante la autoridad que las dispuso (Constitución Política El Informe de la Comisión nacional sobre prisión política y tortura (2004), más conocido como Informe Valech, detalla todos los lugares de detención que fueron utilizados en el período dictatorial. 15 del Estado, 1980: 91-92). Hacia 1983 las declaraciones de Estado de sitio se sucedieron con frecuencia, debido a la masividad de las protestas. Sabemos que este mecanismo se utilizó repetidamente para dejar vía libre a las actividades represivas de los organismos de seguridad, ya fuera por las policías ordinarias, ya por los organismos secretos de represión política. En septiembre de ese año, cuando se prorrogó el Estado de sitio, se dio como argumento causal la importante escalada terrorista que se había producido. Una importante defensa de estos instrumentos legales fue hecha por el ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa quien, enfrentado a las violentas y masivas manifestaciones, explicó profusamente el uso de estos mecanismos, correspondiéndole la responsabilidad del uso de unidades militares para reprimir las protestas. Las renovaciones del Estado de sitio en 1984 fueron constantes como mecanismo para combatir el ciclo de protestas. 16 El propio ministro Jarpa señaló, a fines de 1984, los importantes beneficios derivados de la aplicación de la excepcionalidad como instrumento para tranquilizar al país: Yo creo que el país se ha normalizado bastante, en el sentido que ha disminuido en forma muy evidente los atentados terroristas y creo que la gente tiene ahora mucho más seguridad para desarrollar sus actividades normales. Creo que ha sido una medida útil, que ha permitido también desactivar los grupos subversivos. Vamos caminando hacia los objetivos de desarrollo y progreso del país y mantendremos esta situación transitoria mientras sea necesario (El Mercurio, 22-11-1984: A8). Unos meses más tarde, a mediados de 1985, y como consecuencia de la presión del movimiento social popular se produjo un importante debate acerca de los estados de excepción: Fue entonces cuando el gobierno se vio obligado a liberalizar la coerción legal en torno al uso del espacio público, todo ello en el marco del acuerdo nacional pactado entre sectores opositores moderados y el régimen dictatorial. Sin embargo, el debate sobre la transición acabó centrándose en los temas constitucionales que permitieran la salida negociada, postergando el asunto de los estados de excepción, a través de reformas que los atenuaran. Las nocivas políticas de excepcionalidad parecían convenientes para los sectores más moderados de la oposición que, de esa manera, cautelaban la extensión y desarrollo de las protestas. Digamos que según estimaciones de la OEA, la cifra de muertos entre 1983 y 1984 fue de treinta y siete personas. http://www.cidh.oas.org/annualrep/83.84sp/cap.4a.htm visitado el 15 de abril de 2010. 16 A mediados de 1985, el Tribunal Constitucional envió una nueva legislación acerca de los estados de excepción, normativa que la dictadura presentó como el fin de las restricciones. A pesar de ello, éstas todavía contemplaban la existencia de zonas de emergencia y la aplicación de estados de excepción en caso de peligro de perturbación de la paz interior. En estricto rigor, los cambios apuntaron hacia el relajamiento en la aplicación práctica de las medidas restrictivas, particularmente a las libertades de reunión y expresión. Una vez decidida la realización del plebiscito de octubre de 1988, que refrendaba el itinerario de la transición chilena, apareció nuevamente el debate sobre los estados de excepción. Pese a que se había modificado desde 1985, la oposición consideró inapropiado que un proceso electoral se realizara en medio de medidas de excepcionalidad. El ministro del Interior del momento, Sergio Fernández, defendió la permanencia de los estados de excepción y su compatibilidad con la realización del plebiscito: El Ministro del Interior precisó que el hecho de que se ha mantenido la actividad terrorista es un impedimento para levantar los estados de excepción, porque si se han dictado es para garantizar la normalidad de las actividades nacionales y dar la tranquilidad a los chilenos. // En este sentido reiteró que se adoptarán todas las medidas necesarias para combatir la acción terrorista y garantizar a los chilenos el libre acceso a las urnas y la libertad para emitir sus sufragio. // Más adelante, Fernández afirmó que “son perfectamente compatibles” los estados de excepción con un plebiscito libre pues “son dos cosas completamente distinta (El Mercurio, 28-07-1988: A8). Por otra parte, la oposición moderada, aunque se distanció de tal interpretación, terminó aceptando la realización del plebiscito en ese contexto de restricciones políticas; incluso valoró positivamente que los estados de excepción se fueran liberando parcialmente en diversos puntos del territorio nacional. Finalmente, el 24 de agosto de 1988, a través del Decreto 1198 y a poco más de un mes de la convocatoria electoral, se derogaron los últimos estados de excepción, correspondientes al Estado de zona de emergencia y al de peligro de perturbación de la paz interior. En conclusión, podemos afirmar que el Estado de emergencia, creado para ser utilizado en caso de calamidad pública; en las zonas afectadas por situaciones eventuales, fue usado por la dictadura como mecanismo jurídico para reprimir tanto los derechos individuales como las libertades de información y reunión. Todo este orden estaba basado en la doctrina de seguridad nacional y su lógica de guerra interna, mecanismo que se justificó como medio de mantenimiento de la unidad del país y creación de una paz futura que la nación necesitaba para su desarrollo. Veamos ahora la importancia que tuvo el toque de queda como medida excepcional, usada por la dictadura pinochetista, para controlar el uso del espacio público por parte de la población. 2.2.- El toque de queda. En los estados de excepción, el toque de queda fue el dispositivo que más condicionaba cotidianamente la vida de la población. En este apartado caracterizaremos el mecanismo legal del toque de queda y su evolución durante los años dictatoriales. También abordaremos el devenir de éste, sus significados para la vida pública y las intenciones ideológicas que alentaron la construcción de los documentos legales que hicieron posible la eliminación del uso democrático del espacio público en el país. El toque de queda consistió en la prohibición de circular entre determinadas horas de la noche, aunque puntualmente hubo prohibiciones en horarios diurnos, en particular en los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado. Este Estado de excepción fue administrado por las zonas de emergencia y decidido políticamente desde el Ministerio del Interior. Para enfrentar el análisis propuesto recurriremos a la legislación, consistente, básicamente, en los bandos militares y los decretos leyes de la dictadura. Con respecto a la prensa de carácter oficial, la fuente más utilizada aquí ha sido el periódico oficialista El Mercurio. Estas fuentes nos enseñarán aspectos que indican los efectos de esta medida restrictiva para los chilenos, haciendo explícita la prohibición que significó. El toque de queda fue instaurado desde el primer día de la dictadura y se normó de la siguiente forma: El Gobierno Militar, en conformidad a las contribuciones que le confiere el Decreto Ley N° 1 de hoy y con el objeto de asegurar la normalidad en las zonas jurisdiccionales del país, ordena lo siguiente: // 1. Toque de Queda // "Regirá a partir de esta fecha, en las horas que estime convenientes en todas las Areas jurisdiccionales de Seguridad Interior (AJSI). // Los CAJSI de Provincias emitirán sus propios bandos con las instrucciones de acuerdo a la situación que se viva. // Para la Provincia de Santiago, el toque de queda regirá durante el día 12 de septiembre, por lo que no habrá clases, movilización colectiva ni se trabajará en las industrias, empresas, comercio y oficinas públicas, salvo los servicios esenciales para lo cual se otorgarán los salvoconductos necesarios. // A partir del día 13 de septiembre, el toque de queda para la Provincia de Santiago regirá entre las 18.00 y las 06.30 horas. // Durante el lapso indicado la ciudadanía deberá cumplir estrictamente las siguientes disposiciones: // a) Prohíbese el tránsito de ciudadanos individualmente o en grupos, en vehículos o en cualquier otro medio por la vía pública. Lo anterior significa que las personas deberán permanecer en sus lugares de alojamiento habitual o en sus lugares de trabajo para el caso de turnos nocturnos. // b) Se otorgarán salvoconductos individuales para el día 12 de septiembre para personas que deben atender los servicios esenciales, sin excepción de ninguna especie. A partir del día 13, se otorgarán salvoconductos individuales, para personas y vehículos previo estudio de los motivos, por comisiones que funcionarán entre las 08.30 y 17.00 horas en los lugares que señalarán el día de mañana. // c) La medida se extiende durante todo el día 12 de septiembre, producirá algunos inconvenientes a la ciudadanía que no ha podido regresar a sus hogares, pero la seguridad y la vida de los ciudadanos, ante la acción de algunos grupos extremistas, aconsejan preservar en toda su valiosa concepción la vida de seres inocentes (Bando Nº 16, 11-09-1973). El documento expresa muy gráficamente los alcances que habría de tener el toque de queda y la forma en que la ciudadanía debió aceptar la conculcación de sus derechos civiles y políticos. En esta misma línea, se sucederían ablandamientos y endurecimientos de la medida, dependiendo del devenir político nacional. Este mecanismo representó para la dictadura una gran contradicción, pues, mientras se intentaba dar la imagen de normalidad y tranquilidad social, se encubrían las motivaciones políticas de las medidas: El Presidente Pinochet, dijo, además, que el Toque de Queda se mantendrá en el país bajo una característica distinta. Se llamará a “restricción de desplazamientos nocturnos” y sus condiciones quedarán sujetas al criterio de los jefes en zonas de Estado de Emergencia. Estas restricciones -según dijo- es una medida que obedece estrictamente a fundamentos de orden económico por el ahorro de energía eléctrica y combustible que ello provocará (El Mercurio, 10-03-1978: 1). Estas restricciones a la vida pública quedaron en el imaginario de los chilenos como el claro ejemplo de lo que, socialmente, se entendió por dictadura, generando el llamado “apagón cultural” del que se lamentaron los colectivos de artistas, por lo demás, activos colaboradores de la resistencia y el movimiento social opositor en los años venideros (Bravo y González, 2009). Toda la normativa legal generada en torno a estas prohibiciones se fundamentó en la Ley de Seguridad del Estado, 17 una de las piezas claves del argumentario político de la dictadura. Bajo el toque de queda fue posible una medida tal como la pérdida de la nacionalidad, si la transgresión del enemigo fuera considerada un ataque grave al Estado. A La Ley de Seguridad del Estado respaldó ideológicamente la noción de “enemigo interno”, la dictadura asumió estas propuestas para reconocer en el “marxismo” y las corrientes izquierdistas a ese enemigo. Esta idea está aceptada entre los historiadores que han estudiado la historia política en Chile, Verónica Valdivia (2003: 13) puntualiza la importancia del fuerte anticomunismo de las Fuerzas Armadas, aduciendo el gran desconocimiento recíproco entre el mundo civil y militar. 17 través de medidas como estas, la represión ejerció su máximo poder al comienzo de la dictadura, período de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De esto sabemos mucho actualmente gracias a las recientes investigaciones hechas por historiadores, periodistas y víctimas de la guerra sucia. Debe agregarse, además, la importancia de la verdad judicial y política que, lentamente, comienza a surgir, desarrollándose a través de los diversos mecanismos institucionales del Estado. 18 En los meses siguientes al golpe de Estado, el impacto a raíz del toque de queda fue notorio. Muchas de las detenciones registradas en esos primeros días de la dictadura obedecieron a la incredulidad de los ciudadanos en torno a las medidas. Al parecer, los chilenos no entendieron fácilmente el tenor de los acontecimientos y el cambio radical del uso que podían hacer de los espacios comunes, inclusive los referidos a la asistencia pública. Los bandos de los primeros días tras el golpe de Estado dieron cuenta de las restricciones en específico: Se pone en conocimiento para la población de Santiago que durante la noche, patrullas militares, de carabineros y de investigaciones, recorren los diferentes sectores y poblaciones de Santiago, para dar ayuda a las personas que lo soliciten, en caso de enfermedad. // En consecuencia, las personas que durante las horas en que rige el toque de queda, por enfermedad, parto, accidente, etc., necesiten asistencia médica o concurrir a hospitales y postas, deberán acercarse a las patrullas a fin de requerirles la ayuda necesaria (Bando Nº 31, 15-09-1973). La vida cotidiana de las ciudades se vio claramente perturbada por la instauración del toque de queda, al punto que fue necesario aclarar los alcances de la medida, dirigida específicamente contra la subversión, excluyendo a la población “civil”, como lo señalaba el Bando 31. Por otra parte, mostraba claramente que eran los militares aquellos que decidían acerca de la movilidad de las personas y, por ende, aquellos que gestionaban la libertad de los ciudadanos. A título de ejemplo de cuanto venimos diciendo, en fecha tan temprana como 1974, la prensa informaba de los problemas que generaba el toque de queda en relación a la vida nocturna de la capital. Las actividades de ocio se extendían hasta las dos de la madrugada, por lo que surgió entonces la costumbre de encerrarse en los locales nocturnos durante toda 18 Ver los exhaustivos informes de verdad y reconciliación (1992) y de prisión política y tortura (2004). De igual forma, relatos pormenorizados sobre estos asuntos se encuentran en las investigaciones periodísticas, algunas de las cuales abarcan todo el período dictatorial (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 2008) o de regiones específicas durante el régimen militar (Vega, 1999). la noche. Esta modalidad fue conocida como las fiestas “de toque a toque” y cambió los hábitos de los chilenos con respecto a sus formas de distracción nocturna, afectando a los trabajadores de este rubro: La gente joven es siempre la misma. Llega temprano y estira su trago hasta cinco minutos antes del toque de queda. Pero ahora se nos ha agregado un público mayor que llega a la discotheque después de comida, como a las 11,30 y que es la que realmente consume. // La restricción del toque obligó al Eve a montar piezas para sus empleados que se ven en la imposibilidad de regresar a sus casas en la noche ya que la locomoción es la única que no se ha puesto ·en onda” con el nuevo toque (El Mercurio, 16-11-1974: 42). Hacia 1977, una vez consolidada la dictadura, el toque de queda comenzó a atenuarse en algunas ocasiones como, por ejemplo, las fiestas patrias o las de fin de año. Esto ocurrió en sucesivas ocasiones y de manera parcial si se trataba de las provincias más pobladas, donde las manifestaciones opositoras fueron más frecuentes e importantes. 19 Otras zonas, fundamentalmente las urbanas, vieron disminuidas las horas de restricción de circulación. Para inicios de la década del ochenta, cuando las protestas comenzaron a hacerse masivas, la población disfrutó del relajamiento de la acción coercitiva del toque de queda sólo en fechas como las fiestas patrias de septiembre o las de navidad y año nuevo. En 1978 se produjo un cambio en la legislación con respecto a los estados de excepción, como ya hemos mencionado, y si bien las restricciones continuaron existiendo, en lo relativo al toque de queda significó una modificación que determinó la libertad para los peatones en todo horario, con la excepción de la provincia de Valparaíso. Es interesante constatar que los empresarios nocturnos solicitaron la ampliación del horario de funcionamiento, develando que su actividad estaba seriamente perjudicada por la medida, petición que finalmente no fue considerada. Si las fiestas patrias y las de fin de año pudieron desarrollarse a través de la laxitud eventual de la medida, todo lo contrario pasó con los aniversarios del once de septiembre. En 1980 se informaba del endurecimiento del toque de queda; ese año se prohibió toda actividad y circulación nocturna para toda esa jornada. El Bando Nº 129 estableció esa disposición en el marco de la celebración de un plebiscito que intentaba legalizar la nueva 19 Las provincias de Llanquihue y Chiloé, alejadas del centro del país, vieron levantada del todo y para siempre la medida durante las fiestas patrias de septiembre de 1977. constitución elaborada por el régimen militar. El afán de intimidar a la población, propio del toque de queda, se remarcó cuando fue impuesto a raíz de las protestas nacionales; además fue acompañado de acuartelamiento en primer grado de las tropas del Ejército, según lo ordenó la autoridad militar. El toque de queda se endureció como consecuencia del incremento de la actividad de los grupos resistentes y opositores; particularmente se respondió con vehemencia a las manifestaciones en contra del régimen de Pinochet, las que desembocaron en un ciclo de protestas que marcó el principio del fin de la dictadura: RESUELVO // 1.- Durante el día de hoy, 12 de julio de 1983 regirá entre las 20.00 y las 24.00 horas restricción vehicular y peatonal; // 2.- Durante el lapso indicado la ciudadanía deberá cumplir estrictamente las siguientes disposiciones: // a) Prohíbase el tránsito de ciudadanos, individualmente o en grupos, en vehículos o en cualquier otro medio, por la vía pública. Lo anterior significa que las personas deberán permanecer en sus respectivos domicilios o en sus lugares de trabajo, en caso de turnos nocturnos; // b) Quedan exentos de esta restricción de tránsito los vehículos de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, autoridades de Gobierno, personeros del Poder Judicial, miembros del cuerpo Diplomático acreditado en Chile, bomberos y ambulancias, debiendo portar todos los nombrados las credenciales respectivas [...]; // c) Si por alguna circunstancia excepcional un ciudadano se ve en la imperiosa necesidad de salir a la calle entre las 20.00 y las 24.00 horas, sin estar autorizado (por enfermedad, siniestro, etc.), deberá acercarse al primer representante de la fuerza pública que se encuentre de servicio en su sector, para exponerle su situación [...]; // f) Cualquier ciudadano que sea sorprendido por las Fuerzas Armadas y de orden infringiendo la presente disposición, deberá detenerse inicialmente y después acercarse para ser individualizado e interrogado [...] (Bando Nº 145, 12-07-1983). Las grandes manifestaciones inauguradas a principios de la década de los ochenta incluyeron, como respuesta política de la dictadura, el endurecimiento del toque de queda en las ciudades y regiones más afectadas por las manifestaciones, tal como vemos en la aplicación del mecanismo para el caso descrito. Fue de uso habitual la ampliación del toque de queda en los días en que la oposición convocó a las movilizaciones llamadas jornadas de protesta nacional, entre 1983 y 1986. En referencia a la misma cuestión, la gravedad y peso de las protestas nacionales se puede evaluar, en el aspecto administrativo, a través de las medidas adoptadas contra la circulación de las personas, denotando la preocupación por el orden interno de la ciudad durante los eventos movilizatorios. 20 Como hemos señalado para los estados de emergencia y de sitio, a partir de 1985 El Bando Nº 28, del 6 de noviembre de 1984, estableció el toque de queda indefinido entre las 24 horas y las 00:05 de la madrugada para Santiago y la provincia de San Antonio. 20 comenzó un período de ablandamiento en la política represiva; ello derivó en el término del toque de queda que ocurrió de manera gradual en el tiempo y en las diversas regiones del país. Nos interesa subrayar que ello se dio en el contexto del proceso de liberalización política que el régimen militar se vio obligado a realizar, producto de la presión que las manifestaciones populares vinieron ejerciendo con mayor fuerza desde 1983. El 26 de junio de 1985 se vivió el primer fin de semana sin toque de queda en Santiago, pero los acontecimientos políticos de 1986, entre los que se contaron el hallazgo de los arsenales de Carrizal bajo (Atacama) y, principalmente, el atentado a Pinochet en septiembre de ese año, hicieron que el toque de queda renaciera como mecanismo de control de la población y restricción del espacio público. Nuevamente fue suprimida la medida de toque de queda por las fiestas de fin de año de 1986 y extendida su suspensión hasta el 5 de enero de 1987. La medida supuso la repuesta al atentado que sufrió el dictador y su comitiva, pero su aplicación ya había sido flexibilizada en distintas regiones del país. Digamos al respecto que, dado que el toque de queda se implementó en función de la coyuntura política, su uso estuvo condicionado a diversos factores; así, se atenuó en las regiones menos afectadas por el conflicto político, mientras las zonas más complejas, por ejemplo donde se descubrieron los arsenales clandestinos de 1986, siguieron bajo la medida restrictiva: El gobierno resolvió levantar el Estado de Sitio en las Regiones V (Valparaíso) y VIII (Concepción), según anunció ayer el Ministro del Interior, Ricardo García Rodríguez. El Secretario de Estado indicó que la medida se enmarca en el criterio aplicado por las autoridades, en cuanto a que el Estado de Sitio se termina de acuerdo a los hechos, las circunstancias y el momento […] El estado de sitio fue instaurado en todo el país el pasado 7 de septiembre, por Decreto Nº 1037, a causa de la conmoción interna causada por el atentado perpetrado contra el Presidente de la República, en el Cajón del Maipo, en la tarde de ese mismo día (El Mercurio, 25-12-1986: A1-A8). La sucesión ininterrumpida de manifestaciones y su correlato nocturno, los desmanes, habían provocado el uso reiterado del toque de queda. En 1987 la medida restrictiva fue levantada en la Región Metropolitana de Santiago, la última zona en aplicarse, poniendo fin al uso de esa herramienta legal como forma de restricción del espacio público. Hacia fines de la dictadura, el toque de queda había perdido su tono intimidatorio y desprestigiaba más que beneficiaba al gobierno ante la opinión pública. Por esto se puso fin a dicha medida; sin embargo la derogación no afectó la restricción a la libertad de reunión, por lo que este derecho esencial de la vida democrática no se repuso hasta la derrota de la dictadura en 1988. Si bien el Bando Nº 43 del 4 de abril de 1986 continuó suprimiendo el derecho a reunión, el Nº 48 hizo del toque de queda un recuerdo fantasmal durante los últimos meses de la dictadura. 21 El toque de queda fue definitivamente suprimido en 1987, en el marco del proceso de liberalización política: Después de 13 años de vigencia casi ininterrumpida del toque de queda y de períodos de restricción vehicular, numerosas opiniones se habían manifestado a favor de un alzamiento de estas restricciones, por cuanto los supuestos beneficiosos que producían debido al mayor control y a la eventual prevención de actos delictuales parecían contrarrestados por los efectos políticos negativos que implicaba mantener una situación de evidente anormalidad para la vida del país (El Mercurio, 601-1987: A3). Como podemos ver, el mecanismo tuvo un carácter intimidatorio, dirigido específicamente a perseguir a la resistencia y oposición política. Su implementación afectó negativamente la vida diaria de las personas y se transformó en uno de los símbolos materiales de las prohibiciones de la dictadura. El toque de queda, a nuestro juicio, alimentó los argumentos del movimiento social y la oposición contra el régimen, ayudando a reunir voluntades a favor de la recuperación democrática. *************** Los mecanismos legales para expulsar a la oposición del espacio público, recurrieron tanto a la legislación vigente al momento del golpe de Estado, aunque distorsionando su sentido original, como en el caso de los estados de emergencia y de sitio, acomodándolos a las necesidades políticas del régimen de facto. Por otra parte, el toque de queda fue la forma más utilizada una vez que el movimiento social se estructuró y atacó a la construcción político ideológico de la dictadura. Es así que este mecanismo se transformó en el símbolo de la falta de libertades propias del período. Reunidos estos antecedentes, nos disponemos ahora a profundizar en el espacio 21 El término definitivo del toque de queda se concretó cuando no fue renovada la aplicación del decreto supremo Nº 1435, esto ocurrió el 5 de enero de 1987, fecha en que expiró el mandato de dicho decreto. público construido por la dictadura, amparado en esta legislación y política de Estado. 3.- El espacio público dictatorial: edificios y lugares del poder. Este capítulo analizará una categoría de espacial interés para esta investigación: el espacio público. Revisaremos aspectos sensibles y discutidos que aparecen en las fuentes, fundamentalmente en la prensa -oficialista y de oposición- que hemos utilizado, prioritariamente, para este apartado. Luego de entregar algunos aspectos del carácter que tuvo el uso del espacio público, por parte del régimen militar, desarrollaremos en diversos apartados algunos de los aspectos significativos sobre tal cuestión. Por otra parte, delinearemos la identidad de los sujetos más activos en relación al uso del espacio público por la dictadura, los jóvenes de clase alta y las mujeres de militares. En cuanto a los subapartados, primero abordaremos la nomenclatura dictatorial, pues se produjeron múltiples cambios en la denominación de los espacios públicos durante la dictadura. Posteriormente, en un segundo punto, nos detendremos en el carácter geosimbólico de La Moneda, estudiando el devenir de ese espacio reconocido por los chilenos como el centro de la administración política. En el tercer subapartado analizaremos la aproximación del régimen dictatorial a las casas presidenciales, espacios polémicos por diversidad de razones, tanto para el caso del presidente Allende, como para las residencias de Pinochet. Finalmente, abordaremos lo relativo a los espacios ocupados y significados con predilección por parte del régimen, previamente haremos la salvedad sobre los espacios de la Iglesia Católica y su difícil relación con el régimen de facto. Con este abordaje pretendemos caracterizar aquellos lugares en los que la dictadura volcó y plasmó materialmente los mensajes que quiso que la ciudadanía asumiera como proyecto político del Estado nacional. Los espacios públicos representan los lugares desde donde se emite el discurso político; es por ello que nos interesa de sobremanera entender el carácter de las intervenciones sobre él. Durante la dictadura se reafirmó la apropiación material e ideológica de elementos propios de los espacios de uso público; por lo tanto podemos rastrear las huellas del proyecto político que el régimen impregnó en los diversos edificios, monumentos, calles, plazas y una diversa tipología de lugares que expresan esta idea. A continuación abordaremos las intervenciones sobre la nomenclatura en el Chile dictatorial; esta entrada refiere a aspectos ideológicos del régimen cívico-militar que nos ayudarán a comprender, de manera práctica, los efectos del proyecto dictatorial que se manifestaron en los espacios públicos. 3.1.- Las intervenciones de la dictadura sobre la nomenclatura ciudadana. A continuación profundizaremos el tratamiento relativo a las políticas que generó el régimen en relación a las denominaciones y nombramientos sobre el espacio público. Con ello buscamos referir las marcas ideológicas que se expresaron en el paisaje urbano de este período. Para ello utilizaremos tanto los dictámenes legales por los cuales se intervino en este asunto, así como también la prensa oficialista. Nombrar un lugar es conocerlo; ello implica también una apropiación del mismo. Desde esta práctica colonizadora podemos colegir las ideas que los grupos en el poder desean imponer como hegemónicas. Aquí veremos los cambios introducidos en comunas, poblaciones, barrios, calles y espacios de uso público. Así, revisaremos el nombre de esos lugares que tuvieron relación directa con los sucesos de 1973 y los eventos que políticamente significaron hechos importantes para la historia de la dictadura y, por lo tanto, del país. Indagaremos en los sucesos que dieron paso a las trasformaciones en la nomenclatura ciudadana como indicador de los usos del espacio público que la dictadura impuso a la ciudadanía. En este aspecto y como primera medida tras el golpe de Estado, una estatua del Che Guevara fue derribada en San Miguel (Santiago), comuna de mandato municipal socialista durante la Unidad Popular, que en 1971 había levantado el monumento. La estatua, de tres metros, que representaba al guerrillero con una metralleta en alto, fue señalada por la prensa oficialista como un símbolo extremista y, que por lo tanto, debía ser eliminada de inmediato. Una patrulla militar la arrancó sin señalarse su destino (Errázuriz, 2009: 141142). De igual rapidez fue la promulgación de bandos por los cuales se cambiaron los nombres de campamentos y poblaciones establecidos en el período de la Unidad Popular. La sustitución se hizo aduciendo que la nomenclatura de los barrios aludía a personas que no habían aportado nada a la sociedad y que, además, las denominaciones eran extranjerizantes. Estos nombres obedecían a identificaciones con procesos revolucionarios del siglo XX, tanto chilenos como internacionales. Uno de estos cambios se produjo por medio de un bando de la segunda zona naval de Talcahuano. El texto, que denominó a campamentos y tomas de terreno de dicha comuna como “poblaciones”, reiteró lo dicho arriba, que los nombres existentes correspondían a personas escasamente relevantes. El bando dio cuenta de los cambios ordenados por el jefe de la segunda zona naval, Jorge Paredes Wentzel, y señaló detalladamente los nuevos nombres de los dieciocho ex campamentos y tomas de terreno de esa comuna: [...] en el día de las glorias de la Patria, es de toda conveniencia y necesidad borrar definitivamente todo vestigio que en cualquier forma no contribuya a hermanar a los chilenos. // Los nuevos nombres atañen al campamento Estanislao Montoya, que se llamará población Eleuterio Ramírez, Campamento Lenin por población Diego Portales; Población Puerto Montt por población Patricio Lynch; Campamento Luciano Cruz por población José Miguel Carrera; Campamento Por la razón o la Fuerza por población Javiera Carrera; Campamento José Tohá por población Jorge Montt; campamento Fidel castro por población General Baquedano; campamento Hernán del Canto por población sargento Aldea; campamento Inti Peredo por población Eusebio Lillo; toma el Pajonal por población El Pajonal; toma San Francisco por población San Francisco; toma Villa Tatín por población Vista Hermosa; toma Laguna Partal por población Partal; toma 18 de septiembre por población 18 de septiembre; toma villa palitos por población Los Palitos y campamento El manzano por población El Manzano (Bando 37 II zona naval de Talcahuano, 19-09-1973). En el mes sucesivo se hizo lo propio con los campamentos y tomas de terreno de Valparaíso (El Mercurio, 10-10-1973: 21). En esta ocasión más de veinte asentamientos sufrieron el cambio de denominación, destacando el nombre de un bombero mártir y el uso de “capitán Araya”, el edecán naval del presidente Allende, para otro de los cambios. Este militar murió en julio de 1973 a manos del grupo Patria y Libertad, que posteriormente apoyó el golpe de Estado. 1 Los cambios de nombre implantados hicieron referencia a los héroes de la patria en los diversos conflictos bélicos, en especial la Guerra de Independencia y la Guerra del Pacífico. En pocas ocasiones se nominó a las poblaciones con alusiones directas al golpe de Estado y sus principales figuras. Se utilizaron algunos “once de septiembre” en pueblos pequeños aunque tuvieron escaso impacto en la prensa. Las nominaciones con personajes de la cultura y las artes fueron prácticamente nulas; para el caso de Santiago podemos referir la población Jaime Eyzaguirre, 2 como novedad que escapó a la regla: El Frente Nacionalista Patria y Libertad fue una agrupación fascista fundada por Pablo Rodríguez Grez en 1971. Esta agrupación utilizó la violencia para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende; en ese contexto es que se produjo la muerte del edecán naval, Arturo Araya Peeters (Lira y Loveman, 2000: 388). 2 Destacado historiador conservador chileno, muerto en un accidente automovilístico el 17 de septiembre de 1968. Si bien estuvo ligado a la derecha, fue un escéptico que nunca participó activamente en política (Gazmuri, 2009: 402-406). 1 En una ceremonia que fue presidida por el gobernador provincial, comandante Herbert Orellana Herrera, fue inaugurada la población 11 de septiembre, de Nacimiento, obra que fue posible gracias a la colaboración y aporte de la comunidad de ese sector. La población consta de 32 viviendas, ocho departamentos para ancianos y una guardería infantil. // Con la inauguración de esta población, la provincia de Bio por sus propios medios ha construido 19.376 metros cuadrados de edificación, en poblaciones 11 de septiembre construidas en diferentes comunas (El Mercurio, 24-08-1975: 26). Antes de continuar, consideramos útil mencionar aquí, en términos de la legislación, que se produjo un cambio con respecto a cómo se realizaron las denominaciones en los espacios públicos, particularmente en los nuevos barrios y obras públicas que fueron creados bajo la administración dictatorial. Revisemos las características de esas trasformaciones. En 1976 se estableció una normativa para el nombramiento de los espacios públicos, la nueva legislación se hizo, según la autoridad dictatorial, en función de las necesidades de ordenamiento urbano y despojado de razones ideológicas. Hacia mediados y fines de la dictadura no se utilizaron denominaciones ligadas a la historia nacional, pues la inmensa mayoría de los nuevos barrios y calles que fueron surgiendo refirieron, mayoritariamente, a la geografía nacional, de hecho, nombres de ríos, montañas y la flora y fauna del país nombraron las nuevas poblaciones y lugares públicos: El cambio de nombre de los bienes o lugares enumerados en el inciso primero podrá hacerse mediante decreto supremo fundado del Ministerio del Interior, previo informe de la Municipalidad respectiva, y sólo procederá en los siguientes casos: // a) Cuando en una misma ciudad existan dos o más de ellos, de similar naturaleza, con el mismo nombre o uno semejante que induzca a confusión; // b) Cuando, teniendo denominaciones distintas, dos o más de ellos constituyan una unidad o uno sea la continuación o prolongación de otro, y se considere conveniente asignarles un solo nombre; // c) Cuando el nombre asignado no tenga representatividad o no se encuentre enraizado en la tradición histórico-cultural de la Nación o de la respectiva región, provincia o comuna; // d) Cuando el nombre cause agravio a los valores y tradiciones de la historia patria o de un país extranjero con el cual Chile mantenga relaciones diplomáticas, y // e) Cuando un nombre infringiere las normas señaladas en el subsiguiente inciso. Fuera de los casos previstos en el inciso anterior, el cambio de nombre de dichos bienes o lugares sólo podrá efectuarse por medio de ley. No podrán asignarse a los bienes y lugares a que se refiere el inciso primero de este número, denominaciones correspondientes al nombre de personas vivas o de personas jurídicas vigentes, de organizaciones o de grupos existentes, de ideologías o de movimientos políticos (Decreto Ley Nº 1571, 7-10-1976). Tradicionalmente, las competencias sobre la nomenclatura radicaron en las municipalidades. A través del decreto que hemos citado se delegó en el Ministerio del Interior, previo informe municipal, las facultades en asuntos de nomenclatura. Resulta de suyo interesante que el decreto definiera expresamente la prohibición de utilizar nombres de personas naturales o jurídicas existentes y de ideologías o movimientos políticos, aunque instando a la denominación de espacios públicos con nombres de personas o gestas que enaltecieran la nación. En el contexto de los nombramientos relativos a figuras de la dictadura, encontramos referencias muy específicas. El 6 de junio de 1975 se inauguró un jardín infantil en la población Oscar Bonilla, tanto la población como el preescolar se inauguraron con el nombre de un importante militar golpista muerto en un accidente. 3 Bonilla fue ministro de Interior y Defensa durante los primeros años de la Junta Militar. Hasta hoy se pueden observar barrios y avenidas que han conservado el nombre de Oscar Bonilla en ciudades importantes como Santiago y Concepción. El 30 de mayo se inauguró un conjunto de viviendas sociales bajo el nombre de General Oscar Bonilla en La Cisterna (Santiago), refrendando la relación entre la figura de Bonilla y la política social de vivienda del régimen. Tal como lo señaló el alcalde designado de la comuna durante la ceremonia, considerando que el nuevo barrio erradicaba el campamento “Javiera Carrera”: Un parvulario con capacidad para 150 niños de entre 3 y 6 años de edad fue inaugurado en la población “Oscar Bonilla” por la alcaldesa de Santiago María Eugenia Oyarzún. El local que ocupa fue construido con aportes del Sindicato de Dueños de Establecimientos Comerciales, SIDECO. // [...] Dijo: “Esta población lleva el nombre de un hombre empapado de sensibilidad social y que el pueblo supo apreciar y querer. Quiero aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje póstumo, en la persona de sus viuda, haciéndole entrega de la medalla de la ciudad”. Acto seguido le hizo entrega de la distinción (El Mercurio, 7-06-1975: 20). Con respecto a los cambios en la denominación de las calles, en octubre de 1976 la línea política señalada en el Decreto Ley 1571 se vio ratificada en el cambio de nombre que sufrió la Avenida Ochagavía de la comuna de San Miguel (Santiago), en la cual se estableció el nombre de Presidente Prieto, en honor al general José Joaquín Prieto Vial, presidente de la república entre 1831 y 1841; casualmente, ese fue el período en el cual el ministro Diego Portales desarrolló las políticas que lo hicieron merecedor de la simpatía de los militares golpistas de 1973 (Ercilla, Nº2149: 29-31). En la ceremonia de cambio de 3 Permanentemente se han planteado serias dudas acerca de la muerte accidental de Bonilla, quien había adquirido gran influencia y popularidad en los primeros meses tras el golpe y se mostró crítico con la política represiva que aplicaba el general Manuel Contreras a cargo de la DINA. Estas razones, se ha especulado, serían las que habrían motivado su “accidente” (Cavallo y otros, 2008: 84-87). nombre se descubrió una placa recordatoria, bendecida por el capellán del ejército presente en la ceremonia. Detengámonos, brevemente, en la denominación Once de septiembre que adquirió, con el devenir de los años, el carácter de fecha simbólica y el nombre más significativo del régimen para inaugurar nuevas obras. 4 Pese a ello, no fue de uso masivo y se prefirió aludir a los nombres históricos de militares y políticos de las dos guerras -la de Independencia y la del Pacífico- consideradas constructoras de la nacionalidad y del Estado. Veamos algunos ejemplos de esta denominación. El nombre, referencia directa al golpe de Estado, se utilizó para denominar barrios periféricos de ciudades intermedias y pueblo pequeños. 5 El uso de Once de septiembre como denominación de calles y barrios, si bien fue puntual, pervivió en pueblos pequeños y en una importante avenida capitalina; la fecha fue el vestigio público más importante de recuerdo de la dictadura. En noviembre de 1975 se anunciaron los inicios de los trabajos de construcción de una importante avenida en la zona oriente de Santiago, diseñada como Nueva Providencia por los urbanistas y que fue denominada Once de septiembre en 1980. La construcción, aprobada desde 1973, encontró entonces la resistencia de algunos propietarios y de la dirección del metro: Providencia es una comuna sin campamentos ni poblaciones de emergencia como las que abundan en otras del Gran Santiago. Tampoco tiene zonas rurales y, en general, es una pequeña ciudad totalmente edificada y urbana donde viven sus 110.000 habitantes, en medio de un comercio floreciente y una actividad febril que se inicia desde temprano. […] se han iniciado los trabajos preliminares (demoliciones y expropiaciones) en lo que será la futura Avenida “11 de septiembre”, a cargo de la sociedad CORMU-Providencia [...] (El Mercurio, 6-11-1975: 17). La obra, iniciada a mediados de los ’70 con capital privado, básicamente a través de la cesión de derechos de propiedad vía expropiaciones, enfrentó algunos problemas a inicios de 1980 como consecuencia de la falta de recursos del municipio y los servicios En febrero de 1974 se inauguró un gimnasio con la denominación de la fecha del golpe de Estado en un bastión de la izquierda chilena, Lota (Concepción) (El Mercurio, 18-02-1974: 17). Sin duda, en los lugares con una carga histórica tan marcada con el sector derrotado tras el golpe, era crucial insertar otras denominaciones y en este caso, que fueran completamente reconocibles con la nueva administración dictatorial, el nombre del gimnasio no pervivió 5 En la prensa destacan inauguraciones del nombre en Los Ángeles en 1973 (El Mercurio, 10-09-1973: 29) y Nacimiento hacia 1975 (El Mercurio, 24-08-1975: 25) -ambas en la provincia de Bío Bío. 4 estatales de urbanismo. No obstante, la avenida fue inaugurada en septiembre de 1981, un año después de lo previsto. Por entonces, además de descubrirse una placa recordatoria, el acto conmemorativo estuvo ligado a la marca ideológica que se refrendaba con la denominación. La prensa informó que con tal motivo se inauguró una sala de exposiciones en el centro cultural de Providencia, donde se mostraba el desarrollo de las obras de construcción del viaducto. Las intervenciones mediante el uso de la nomenclatura fueron especialmente notorias en uno de los proyectos más anhelados por Pinochet: la construcción de la carretera austral. A pesar de ser presentada como una política geoestratégica, a través del nombramiento de nuevas villas y obras públicas, la dictadura dejó registrado que el régimen era el autor de esas construcciones. A nuestro juicio, el régimen militar llevó a cabo una importante apropiación ideológica en esta parte del territorio austral, pues, a través de la nomenclatura utilizada, se evidencia el impulso de la dictadura en el proceso de colonización del territorio de Aysén, considerado frontera interior en el sur del país. Para sus planes de colonización, el régimen utilizó la construcción de una carretera que conectaría el territorio patagónico con el centro del país: “El Presidente Augusto Pinochet acompañado de su esposa, inauguró oficialmente el poblado de “Villa Santa Lucía”. Se trata del primer villorrio surgido a raíz de la construcción de la carretera austral” (El Mercurio, 27-02-1982: C1). 6 Indicio de lo anterior son los nombres de militares y batallas de la historia nacional que han quedado registradas como las provincias creadas en 1976: Capitán Prat y General Carrera. Una referencia personalista se dio en la villa Santa Lucía que homenajeaba a la esposa del dictador, así como también en el poblado La Junta, que aludía al grupo de generales gobernantes. Cabe señalar que en este poblado existe el único monumento que recuerda al ex dictador en todo el territorio nacional. 7 A fines de los ’70 e inicios de los ’80, la violencia política de izquierda se activó La Carretera Austral tiene 1.240 kilómetros y se comenzó a construir en 1976. Fue una obra de alto costo realizada fundamentalmente por el Ejército, a través del Cuerpo Militar de Trabajo (decreto ley 1367, 1-031976). Hasta hoy no ha sido concluida del todo. 7 En el monumento conmemorativo, se asigna el nombre de Presidente Augusto Pinochet a la carretera austral, a pesar de ello esa denominación no tiene ningún documento oficial que lo ratifique. http://www.elciudadano.cl/2009/11/17/14380/augusto-pinochet-la-polemica-estatua-a-un-genocida, consultado el 20 de febrero de 2013. 6 con hechos que afectaron a militares y funcionarios de la dictadura. Cuando estas acciones acabaron con la vida de figuras importantes, la nomenclatura fue la vía utilizada por el régimen para homenajear a los militares o civiles muertos como veremos a continuación. Entre otros casos significativos, citemos los homenajes realizados en 1983 a Carol Urzúa, intendente de Santiago ultimado por un comando del MIR. Un busto de este mayor general fue instalado en Las Condes (Santiago), además de denominar la rotonda del sector con ese nombre (El Mercurio, 7-09-1983: C1). Un año después, en La Reina (Santiago), se denominó una plaza y un busto con su nombre. Pinochet asistió a los actos realzando la importancia de estos actos de homenaje: El Primer Mandatario, General Augusto Pinochet, presidió ayer al mediodía la ceremonia de inauguración de un busto en memoria del general Carol Urzúa, en la Plaza que lleva su nombre, ubicada en Príncipe de Gales con Avenida Las Perdices, frente a la Academia de Guerra, en la comuna de La Reina. // [...] La ceremonia se inició, tras el arribo al lugar del Jefe de Estado, con el izamiento de la bandera nacional, y la entonación del himno patrio por parte de una delegación de cadetes de la Escuela Militar y un coro de 500 estudiantes de diversas escuelas de la comuna de La reina (El Mercurio, 31-08-1984: C3). A modo de síntesis, podemos señalar que, respecto de la nomenclatura, fueron particularmente importantes las intervenciones realizadas durante los primeros años de la dictadura. Estos cambios, de fuerte contenido ideológico, constituyeron una reacción situada en el marco del radical giro político posterior al golpe de Estado. La utilización de la nomenclatura en función del homenaje conmemorativo fue menos frecuente pero provocó un impacto político de gran importancia, dado el carácter de contestación que le dio el régimen al ataque que sufrieron militares y agentes de la dictadura cívico-militar. El uso de la nomenclatura fue una práctica que la dictadura realizó para difundir su proyecto. Debemos destacar que esta forma de intervención del espacio público no fue priorizada por el régimen; las prohibiciones de las libertades tuvieron mucho mayor impacto y fueron desarrolladas con más interés por parte de las autoridades. Aun así, podemos considerar que estas formas de intervención estuvieron entre las estrategias de dominio absoluto del espacio público que la dictadura impuso. Veamos, en el siguiente apartado, otra forma de intervención del gobierno dictatorial en un espacio simbólico fundamental en el imaginario nacional, la casa de gobierno, que en Chile se denomina como palacio de La Moneda. 3.2.- Las intervenciones en La Moneda: la casa del poder. La Moneda tiene un peso de vital importancia en el imaginario político de los ciudadanos y lo que acaece en este lugar impacta y refleja el momento político. Buscamos analizar, a través de la manera en que se intervino el palacio, los signos que denotaron las concepciones del régimen militar. Este apartado utiliza como fuente fundamental la prensa, que cubrió con mucho interés las remodelaciones que vivió el edificio después el bombardeo de 1973 hasta los usos propagandísticos de cara al plebiscito de 1988. Relataremos los cambios estructurales del recinto en función de los significados políticos que estos contuvieron. Posteriormente, relevaremos cómo la sede de gobierno se vio referida como un espacio público usurpado, cuestión presente en el discurso de la oposición centrista y en las acciones de violencia política de la resistencia. Veremos cómo la reivindicación del carácter republicano en torno al edificio se encontró expresada por las agrupaciones contrarias al régimen dictatorial. La centralidad de este análisis es la interpelación sobre las prácticas políticas y su correlato en el espacio público, tan significativo en el caso de los lugares con carga política. Sobre esto, nos preguntamos cómo las decisiones intervienen el espacio y cómo éste puede incidir en las prácticas políticas; en definitiva, nos preguntamos por el diálogo dado entre espacio y acción. En el entendido de la excepcionalidad, estudiamos La Moneda bombardeada, quemada e intervenida. Para la sociedad existen elementos referenciales de una comunidad que la geografía ha definido como geosímbolos. En nuestro caso, edificios como La Moneda constituye un geosímbolo del Chile republicano, pues es una referencia para marcar el poder de lo político, para escenificar la ritualidad republicana, apartando el caos y construyendo un orden discursivo. Es un espacio identitario de lo colectivo. El palacio de La Moneda chileno es el referente del poder ejecutivo desde los albores de la república. El edificio se construyó para albergar la casa acuñadora de monedas a fines del siglo XVIII. Diseñada por el arquitecto italiano Joaquín Toesca, su construcción se inició en 1785 y fue inaugurada en 1805. Pasó a ser la sede de gobierno y la residencia presidencial en 1845, bajo la administración de Manuel Bulnes. La acuñación de monedas perduró hasta 1929 cuando se remodeló y amplió el edificio. 8 El sentido conmemorativo de La Moneda y su entorno se dejó ver desde los inicios de la república; ya en 1855 el presidente Manuel Montt erigió una plaza en honor a Diego Portales, asesinado en 1836. Este elemento geosimbólico tuvo en este ministro un primer referente físico, con una estatua que lo refleja como un tribuno que porta la constitución de 1833. La figura fue una de las más significativas a la hora de alimentar el relato histórico del proyecto dictatorial. El espacio público impone condiciones para la acción política y, en ese sentido, tiene carácter normativo, precisamente, desde ese marco podemos evaluar el diálogo que se produce entre ese lugar y el significado que le entregan los actores a través de sus acciones políticas. También tiene capacidad de sincronizar, en tanto que el espacio público convoca multiplicidad de voces, en muchas ocasiones contradictorias pero que, reunidos por el aspecto normativo que exige el uso del espacio público, deben sincronizarse en un proceso dialógico. En la experiencia dictatorial estas características se ven enturbiadas por la prohibición propia de ese tipo de gobierno. La primera intervención de la dictadura se dio justamente con el bombardeo al palacio de gobierno, con el que se inauguró el período pinochetista. Revisaremos el contenido y significado de ese bombardeo a continuación. El bombardeo y destrucción del palacio es inédito en la historia de Chile. Constituye la imagen que los chilenos tienen del golpe de Estado y los cambios sucesivos que ello produjo. El discurso que intenta justificar este abrupto cambio no deja de llamar la atención; a juicio del editorialista de El Mercurio, el bombardeo se explicaba de la siguiente forma: Cuando el cuadrado ideado por Toesca y conformado por la historia de Chile dejó de ser el reflejo de nuestra nacionalidad y se transformó en recinto amparador de errores e injusticias, tenía que desaparecer. Es por esto que al ser seriamente dañado en lugar de fuente de dolor, lo fue de esperanza, naciendo de inmediato en el corazón de la inmensa mayoría el anhelo vehemente de verla reconstruida y restituida como casa de gobierno de un pueblo libre (El Mercurio, 11-11-1973: 6). Sin lugar a dudas, el quiebre en la idea de comunidad política es evidente y pocas veces podemos observar ese quiebre de manera tan vívida como en el caso de La Moneda y 8 Estos datos históricos y los siguientes fueron recabados de la obra anónima, Palacio de La Moneda (Dibam, 1983). su destrucción. Ahora bien, esa destrucción fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, quienes tenían el monopolio de las armas, entregado por el Estado. La justificación ideológica fue la única que cupo para su acción, es decir, el golpe de Estado y su proyecto fueron profundamente ideológicos. La represión desatada tras el bombardeo a La Moneda es vital para entender el carácter de los hechos, pues todo lo que siguió se deriva de ese primer acto de inusitada violencia contra el geosímbolo político más relevante de la nación (Bianchini, 2012: 119-139). El ataque al palacio fue preparado minuciosamente por los golpistas y la crónica de su relato ha quedado registrado en todos sus detalles (Verdugo, 1998). Cabe destacar el ataque aéreo por la enorme espectacularidad que tuvo. En noviembre de 1974 los pilotos de los aviones Hacker Hawnter relataron a la prensa sus impresiones acerca del ataque del siguiente modo: “¿Qué sintió cuando supo que debía que bombardear La Moneda? Fue... sobrecogedor; después de todo uno debía atacar a su propio país: pero no hubo momentos de vacilación ni temor; nosotros estamos preparado para cumplir cualquier orden y esta era imprescindible” (El Mercurio, 24-11-1973: 1). Es evidente que la contradicción entre el concepto simbólico nacional y la convicción política se resolvió, entre los militares, a favor de la segunda. Esta definición refería directamente la idea de reconstrucción, de refundación, que la dictadura intentó dar a su proyecto en los meses posteriores al ataque. Tanto los medios de comunicación como la actividad discursiva de Pinochet y los jefes militares se articularon alrededor de esos conceptos. La reacción de los ciudadanos, una vez que pudieron acceder al perímetro del bombardeo, fue de absoluta incredulidad como registran los medios de prensa, pero de mejor manera aún, documentos fílmicos que enseñan caras enmudecidas ante el incendio que prosiguió al bombardeo. El perímetro permaneció cerrado y resguardado por los militares, pero durante semanas se vio a los santiaguinos observando el grado de los daños sufridos por la casa de gobierno. Las imágenes nos enseñan la muda observación de los transeúntes de los restos calcinados del palacio, así como el grado de destrucción del mismo (Henríquez, 1999; TVN, 1993). Ahora veremos las marcas distintivas del proceso de reconstrucción que llevó adelante la dictadura. Ello nos derivará la identidad que los militares quisieron imprimir al palacio de gobierno y los efectos que esto tuvo en la ciudadanía. 3.2.1. Modificaciones y reparaciones del edificio. La reparación del palacio de La Moneda representó también una reconstrucción del espacio simbólico del poder en Chile. Este edificio se ha identificado con el gobierno, la casa del poder desde que nace la República, como ya hemos dicho. Esta reparación, en plena dictadura, implicó una nueva casa hecha a la medida de la instalación dictatorial. La reinvención de ese espacio y de la relación entre espacio y práctica política, según la visión de la dictadura, se reconstruyó y se reinventó como el símbolo del poder de las clases oligárquicas del país representado en La Moneda: Después del deterioro y posterior incendio que sufrió La Moneda, precisamente en la parte construida por Toesca, ya que el Ministerio de Relaciones (Exteriores) fue añadido en este siglo, aunque con mucha fidelidad al estilo impuesto por su arquitecto original [...] // La Moneda tuvo un significado histórico, pero además fue la obra civil de mayor envergadura que dejó la época anterior a la Independencia. Es por eso que ahora mucha gente espera verla reconstruida, con la mayor fidelidad posible en cuanto a la parte arquitectónica, que interpretaba tan bien el gusto por la sobriedad que caracteriza al arte chileno (Ercilla, Nº 1992: 43). En 1976 Pinochet visitó las obras de reconstrucción del palacio de gobierno. La sincronización que requería un espacio público geosimbólico, que apelaba a la unidad de la nación y la normalización de las múltiples voces que ese espacio había significado para el Chile republicano, quedó desplazado. La voluntad no convocante ni sincronizante de reconstruir generó ese desplazamiento desde la idea republicana a la dictatorial que produjo un nuevo concepto de unidad nacional excluyente y belicista como ahora veremos. Un elemento, propio de los cambios en el edificio producto de esta nueva lógica anti ciudadana, fue el bloqueo de los accesos a los patios interiores de la Moneda, fuerte símbolo de las restricciones que la dictadura estableció. Los accesos libres formaron parte del discurso y práctica republicana que hacía del geosímbolo político de La Moneda un referente en la forma de uso del espacio público, democrático y transparente. También la supresión de la puerta de Morandé 80, por donde se extrajo el cuerpo extinto del presidente Salvador Allende el día 11 de septiembre de 1973, constituyó una transformación evidente. Fue un lugar que devino en símbolo del golpe y que fue utilizado para homenajear al presidente Allende durante los años de post dictadura. Pinochet clausuró la puerta para evitar homenajes a Allende, intentando borrar la memoria del mandatario. Esa puerta fue abierta el 11 de septiembre de 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos. 9 En 1977 Pinochet volvió a visitar las obras de reparación del edificio. La visita, que fue realizada a pie para graficar su contacto con la ciudadanía en los medios de comunicación, fue acompañada por importantes declaraciones políticas en torno al devenir del gobierno. Pinochet visitó La Moneda por cuarta vez, de manera pública, en abril de 1978. En tal ocasión volvió a reiterar que no habría constitución hasta 1986, lo cual había sido ya señalado en su segunda visita, ligando la carta fundamental al edificio, subrayando el símbolo físico del Estado y el orden político. En definitiva, puntualizó el itinerario para dotar al país de un nuevo modelo reflejado jurídicamente en la nueva constitución. Las reparaciones y reformas de este edificio tardaron cinco años e intentaron borrar los efectos del bombardeo producto del golpe de Estado. Cuando las obras se entregaron, se hizo con muy poco despliegue comunicacional y se destacó el carácter patrimonial del edificio y la conservación de su arquitectura, tal cual la diseñó Toesca a fines del siglo XVIII. La prensa destacó la fidelidad en los detalles ornamentales propios de la era portaleana, que a la dictadura le interesaba relevar como uno de sus referentes ideológicos: El proyecto de restauración del Palacio de La Moneda contó con la participación de numerosos especialistas y fue realizado por los arquitectos Rodrigo Márquez de la Plata, Jorge Swinburn y Hernán Rodríguez, ejecutándose a través de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. // El planteamiento básico del proyecto se apoyó en la concepción original del Palacio, restaurándose, en toda la acepción de la palabra, los espacios y circuitos de recorrido que Joaquín Toesca diseñó para la Real Casa. Este principio llevó a devolver la circulación axial de las salas; la sobria decoración interior se apoyó en la luminosidad de los recintos, la simetría de los vanos y la nobleza de sus grandes dimensiones, características que dan al edificio su calidad palaciega e imprimen uno de los sellos más importantes del estilo y la época en que fue construido (Dibam, 1983: 59 y 64). Conviene señalar que durante este proceso de restauración se reforzaron los cimientos aplicando técnicas modernas; se ampliaron los estacionamientos, en el sitio de la actual Plaza de la Constitución, espacio que se creó al soterrar el lugar destinado a los vehículos, allí se construyó una plaza que hoy sirve de pulmón verde al barrio cívico. Debajo de esta plaza también se construyeron dependencias para el personal de La Moneda 9 La puerta de Morandé 80 fue construida en el período del presidente Pedro Montt en 1906 y utilizada como puerta de uso diario para los habitantes de la casa. Recordemos que el palacio albergó la residencia de los presidentes hasta 1958. Esta puerta era utilizada simbólicamente cuando los presidentes terminaban su mandato (Dibam, 1983; Binachini, 2012). y se realizaron numerosas obras que actualizaron el edificio, haciéndolo moderno en su funcionamiento y dándole seguridad a sus funcionarios, en cosas tan sencillas como un sistema eléctrico y de gas modernos. A fines de 1980 e inicios de 1981 se sucedieron las notas de prensa relatando el avance de las obras y la decoración del palacio. Lo relevante para nuestro enfoque es considerar que las obras se hicieron coincidir con el nuevo ciclo constitucional. De hecho, resuelta la constitución en el plebiscito de 1980, se buscó instalar el nuevo marco político en el edificio más significativo de la nación y del Estado. La decoración retrasó las obras de restauración, pues se investigó la época portaleana. 10 El deseo de iniciar el nuevo ciclo con La Moneda restaurada llevó a redoblar los turnos de las obras: se laboró con mil trabajadores en el turno de día y trescientos cincuenta en el de noche, para entregar en las fechas que estableció el nuevo régimen (El Mercurio, 602-1981: C1). En febrero de 1981 se entregó parcialmente el edificio restaurado, el alhajamiento fue el básico. En suma, la restauración/reinvención del palacio nos habla de la relación entre espacio y práctica política, que está dada por la reconstrucción y el proceso de alhajamiento que tuvo lugar bajo la lógica militar, del cual el indicador más elocuente es, probablemente, la construcción del búnker. La decoración de inicios del siglo XIX reflejó el interés por relatar el influjo de Portales y su descendencia política, la cual derivaría en los militares comandados por Pinochet. Una vez materializados los cambios que la dictadura deseaba realizar en el palacio, Pinochet se instaló en el edificio. Veremos el uso que Pinochet hizo del espacio remodelado y el impacto que ello provocó. En marzo de 1981 Pinochet entró a La Moneda investido como Presidente de la República por la constitución recientemente aprobada, venciendo a sus enemigos internos, identificados en la posición del general Gustavo Leigh. 11 El dictador representó en el palacio el triunfo definitivo del nuevo Estado chileno, asentado en el neoliberalismo que Como lo señalan las diferentes notas de El Mercurio y Ercilla, los arquitectos y diseñadores recorrieron diversos edificios y casas del valle central para dar con las piezas diseñadas por Toesca y que eran las existentes en la época de los presidentes de la República Autoritaria, donde destacó la figura de Diego Portales como ministro e ideólogo del período. 11 La historiadora Verónica Valdivia (2003) refiere esta disputa en el marco de las diferencias ideológicas entre Pinochet y Gustavo Leigh, el general director de la Fuerza Aérea, partidario de un modelo de estado cercano al corporativismo filo fascista del general Carlos Ibáñez, ex presidente entre 1952-1958. 10 despuntaba en el mundo, sustentado políticamente en Chile por el gremialismo de Jaime Guzmán y la férrea mano militar. Es interesante anotar que, desde este momento, volvió a realizarse el tradicional cambio de guardia de palacio, ceremonia tradicional que era parte de la vida pública santiaguina. Luego del golpe de Estado este acto cívico se realizó en el edificio Diego Portales. Con su reposición en el palacio se buscó dotar de normalidad al proceso de cambio, manteniendo la conexión con el pasado republicano y sus señas de identidad. Después de más de siete años, la tradicional ceremonia del Cambio de Guardia retornó a la Plaza de la Constitución, frente al palacio de La Moneda. Ayer, a las diez de la mañana, el escuadrón que había cumplido 48 horas de vigilancia en la sede gubernativa fue relevado por otro en esas funciones, por un lapso igual con participación del Orfeón de Carabineros. Numeroso público siguió con gran interés las alternativas del cambio. Desde el 73 hasta ahora, en que el presidente Pinochet se instaló en La Moneda, este acto se efectuó de forma interna en el edificio Diego Portales (El Mercurio, 1303-1981: A1). La ceremonia de recepción, con la que se celebró el retorno del ejecutivo al palacio, guarda algunas particularidades. Las fotografías muestran de manera evidente que el palacio no se terminó para las fechas dispuestas; las telas con las que se revistió el patio de la ceremonia y los braseros como método de calefacción, no lograron ocultar que los trabajos proseguían. Efectivamente, en notas de prensa sucesivas se informó de trabajos en la iluminación y en las fachadas. Ya hacia 1983 las obras estuvieron totalmente concluidas, incluyendo la Plaza de la Constitución, conformando el escenario definitivo en el cual Pinochet instaló su gobierno, ya sin enemigos internos de peso y con los partidos políticos neutralizados. La Moneda fue profusamente utilizada para escenificar diversos aspectos del discurso dictatorial. Incluso se implementaron programas para enseñar a los estudiantes los interiores de palacio en visitas guiadas, como a título de ejemplo muestra esta noticia: Con 40 alumnos del Liceo Técnico B-56 de Ñuñoa se reanudó ayer el programa “conozcamos La Moneda”, de la Secretaría Nacional de la Juventud. Los estudiantes acompañados de guías y de las profesoras Hilda Garrido y Violeta Mauro, realizaron un recorrido de dos horas por la sede de Gobierno, conociendo las diferentes dependencias y recibiendo explicaciones de los antecedentes históricos del lugar. En 1982 este programa permitió que conocieran el palacio presidencial alrededor de mil estudiantes de 25 liceos. Para el presente año se espera aumentar el número a 40 planteles con unos 1.500 jóvenes (El Mercurio, 17-05-1983: A1). A principios de 1984 se abrió la Plaza de la Constitución, homenajeando la nueva carta fundamental. Este espacio fue resignificado para acompañar la remodelación del palacio en el sector ubicado entre las calles Teatinos y Morandé. Esta es una plaza enjardinada pensada para adornar el palacio, relevando su remozada fachada, pero que en ese diseño impide las manifestaciones. Es decir, no es un espacio que pretenda dotar a la ciudadanía de un nuevo espacio para la expresión y la reunión. El símbolo del poder en Chile, que era La Moneda, vio la construcción de un búnker en el subsuelo del palacio, junto a la remodelación de la Plaza de la Constitución, conocido por ser el lugar en que se refugió la Junta Militar durante el plebiscito de 1988. Durante este proceso, el país se mantuvo en vilo la noche del 5 de octubre, pues los generales congregados en el despacho presidencial no emitieron declaración durante horas acerca de los resultados adversos para la dictadura, generando incertidumbre entre la población. 12 3.2.2. El palacio como herramienta política. La resistencia provocó intervenciones en el palacio de La Moneda. A través de acciones de violencia política, esas intervenciones fueron utilizadas como parte del debate de la década de los ochenta. Por otra parte, la dictadura utilizó el simbólico político para escenificar sus argumentos, mediante actos masivos y acciones públicas. En los párrafos siguientes relataremos acciones y reacciones que se generaron a partir de este espacio público en relación a las actividades enunciadas, politizando aún más el carácter del palacio y los usos políticos que tuvo en el período. En junio de 1985 tuvo lugar una explosión en el hotel Carrera, ocurrido a raíz de la colocación de un cohete o rocket que no alcanzó a afectar a La Moneda, a pesar que apuntaba hacia el edificio desde una habitación del establecimiento. 13 Los ataques a las cercanías del palacio no terminarían con ese hecho. 14 Pinochet visitó a los afectados en el hospital junto a su mujer y fustigó a la Iglesia y la oposición Pinochet permaneció en el búnker del palacio durante la tarde del 5 de octubre de 1988. El perímetro del edificio estuvo cercado completamente, impidiendo que los partidarios de una y otra opción se acercaran a La Moneda, sólo los jefes de las fuerzas armadas accedieron al edificio y se reunieron con el dictador, haciéndolo desistir de su intención de decretar facultades especiales para desconocer así el resultado electoral (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 2008: 659-664). 13 Este cohete también estuvo cargado con explosivos en el trípode que lo soportaba, pero estalló incorrectamente provocando un incendio en el hotel (El Mercurio, 11-06-1985: A1). 14 Un año después, el 25 de julio, un artefacto explosivo colocado en un basurero de la Alameda, frente al palacio de La Moneda, dejó cuatro heridos graves y alertó sobre la vulnerabilidad del palacio (El Mercurio, 27-07-1986: A1). 12 política por no preocuparse por estos heridos. Pinochet no acostumbraba a visitar a los heridos en acciones de violencia política, pero tratándose de un ataque en las inmediaciones del palacio de gobierno, sintió que el ataque lo involucraba directamente, cuestión que se reflejaba en la relación palacio-poder político-Pinochet que le interesaba asociar en el imaginario de los ciudadanos: La comparación establecida por la fotografía entre un auto común y uno blindado es elocuente: mientras el vehículo ubicado a la izquierda presenta numerosos destrozos ocasionados por impactos de proyectiles, tanto en vidrios como en carrocería y ruedas; el de la derecha sólo tiene vidrios astillados y pequeñas perforaciones en su carrocería, ocasionadas por balas que no penetraron en su interior. Ambos vehículos pertenecían a la comitiva presidencial que fue atacada el domingo pasado y fueron exhibidos al público en el frontis de La Moneda (El Mercurio, 14-09-1986: C1). Especialmente potente fue la exhibición, en el frontis del palacio, de los automóviles emboscados durante el intento de magnicidio por parte del FPMR, en septiembre de 1986. Esta acción casi cuesta la vida a Pinochet y a su nieto. En un afán demostrativo para la ciudadanía, se utilizó el espacio simbólico de La Moneda para generar la idea de ataque a la institucionalidad del Estado nacional que buscaba la subversión, ataque representado en su persona. Este fue el argumento político central que usó Pinochet para desprestigiar a la oposición radical y que se escenificó en el frontis de La Moneda. El uso del palacio fue también muy importante durante la visita del papa Juan Pablo II, quien posó junto a Pinochet y sus ministros en La Moneda. Esta visita fue de vital importancia para la imagen del dictador, tremendamente maltrecha tras el intenso ciclo de protestas, desarrollado desde 1983, hasta el punto de hacer tambalear el régimen. La visita papal se produjo en el contexto de la mediación del pontífice en los conflictos limítrofes ente Argentina y Chile en la zona austral del canal Beagle: Se sabía que antes de concurrir al primer acto masivo, el de los pobladores, el Papa debía visitar La Moneda. Se trataba, según la Comisión Papal, de un acto protocolar de no más de una hora de duración, incluido un encuentro a solas con Pinochet, por espacio de 30 minutos. Pero el pontífice se salió del libreto, seguramente inducido por su anfitrión. Ante los asombrados ojos de muchos chilenos, que seguían la transmisión televisiva, el Papa apareció en el balcón de La Moneda acompañado del general Pinochet [...] El hecho provocó estupor entre los corresponsales extranjeros, quienes en los corrillos del Hotel carrera comentaban: “el daño que esto podía hacer a la figura del Papa en Europa”. Uno de estos periodistas despachó para su revista: “El Papa oró con Pinochet en el lugar donde fue asesinado el Presidente Allende (Análisis, Nº 169: 7). Las imágenes que se fabricaron en el palacio de La Moneda fueron bien elocuentes acerca de la importancia que Pinochet le dio al evento. En este caso, el dictador se presentó en traje civil junto al Papa. El saludo incluyó a la banda de la Escuela Militar y a quince mil adherentes de la dictadura, reunidas en la Plaza de la Constitución. Esta acción le valió críticas al pontífice por parte de diversos personeros. 15 La imagen, en el patio de los naranjos del edificio, es la de un evento masivo al interior del palacio, aunque en términos reales estuvo acotado a un breve saludo papal. Algunos años más tarde, en junio de 1987, el FPMR instaló dos cohetes apuntando a la sede de gobierno desde la azotea del banco de Boston; se desarrolló un operativo policial de importancia que generó gran alarma pública en el centro de Santiago, pues se utilizaron helicópteros y desalojos de los edificios circundantes al palacio. De igual forma la Plaza de la Constitución fue cerrada al tránsito (El Mercurio, 28-06-1987: A1, A12). En octubre de 1988, y tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre, miles de personas eligieron la Plaza de la Constitución y el palacio de La Moneda para exigir la renuncia del dictador. La ciudadanía buscó recuperar, a través de ese espacio geosimbólico, un Estado democrático como el que ellos pensaban había existido hasta 1973. Pinochet abandonaría el palacio un año más tarde, pero este espacio no sería devuelto del todo a su significado anterior al golpe de Estado: [...] Desde La Moneda llegaron órdenes perentorias cuando el jueves los gritos opositores se estacionaron frente a La Moneda (“chao, chao, chao”, gritaban los jóvenes haciendo una señal de despedida hacia el palacio): la orden fue reprimir, de lo contrario el ejército iba a ser sacado a la calle. Igual cosa ocurrió el viernes 7; claro que esa tarde, luego de la multitudinaria manifestación en el Parque O'Higgins, la cosa fue más violenta por la actuación de grupos de ultraderecha que contaron con la permisividad de carabineros [...] (Apsi, Nº 273: 8). Esas manifestaciones opositoras, las primeras frente al palacio durante el período, fueron reprimidas por la policía. Los grupos convocados pedían la renuncia de Pinochet, cuestión que salía del itinerario diseñado por Pinochet y aceptado por la oposición más conservadora. La Moneda fue entregada completamente cambiada en su fisonomía y al mismo tiempo, dañada profundamente en el significado que había tenido para la mayoría de chilenos hasta septiembre de 1973. La Moneda fue significada por la dictadura como un escenario para mostrar el 15 Cavallo, Salazar y Sepúlveda (2008: 591-596) señalan que la visita papal a La Moneda fue planificada por el gobierno para presentar a Pinochet en palacio con el pontífice, en un contexto de “baño de masas”. Ello se realizó sin el conocimiento de la Iglesia Católica, cuestión que tensó las relaciones entre ambas instituciones. mensaje político e ideológico del régimen. Sin duda se hicieron muchos esfuerzos por identificar el geosímbolo político con la figura de Pinochet y su régimen. También la resistencia y la oposición reconocieron en el edificio un espacio a recuperar para el imaginario republicano y democrático que adoptó como reivindicación en su discurso. Otros espacios físicos relativos al conflicto político, si bien no tuvieron la importancia ni el impacto de La Moneda, fueron las residencias presidenciales de Allende y Pinochet, envueltas en acciones y polémicas que expresaron el peso de las figuras de esos mandatarios en la política nacional y que veremos a continuación. 3.3.- Las casas presidenciales. Este apartado versará acerca de las propiedades donde residieron las principales figuras políticas de finales del siglo pasado: Salvador Allende y Augusto Pinochet. Buscamos analizar estas casas en función del rol político que tuvieron, y la imagen que se construyó acerca de ellas en los diversos y contrapuestos discursos políticos del período que tratamos en esta investigación. La prensa oficialista fue particularmente expresiva en dar detalles acerca de estos lugares, que aunque privados, dada la función pública de sus moradores, fueron de interés para toda la población. Junto a la prensa, los escritos del periodismo de investigación y los textos testimoniales dan señales de los sucesos que tuvieron lugar en estos inmuebles, y que afectaron la vida política nacional. Comenzaremos relatando qué sucedió con las casas del presidente Allende tras el golpe de Estado, preocupándonos especialmente de los discursos que se elaboraron en torno a las actividades realizadas en esas viviendas, que ayudaron a construir la imagen de caos y violencia que la dictadura propagó en los medios de comunicación para desprestigiar el período de la Unidad Popular. Más adelante, indagaremos en las propiedades de Pinochet para caracterizar la figura del dictador. Las propiedades y sus usos nos pueden proporcionar una imagen del carácter cesarista de Pinochet y el cambio profundo en la cultura política presidencial, en cuanto a las maneras de habitar y lo que ello significó para el discurso republicano tradicional. Las casas presidenciales, es decir, las residencias privadas de los presidentes, nunca fueron de mayor interés para la opinión pública. Sin embargo, es interesante que la prensa se interesara tan vívidamente en las propiedades de Salvador Allende tras el golpe de Estado. Las revistas opositoras: Análisis, Apsi y Cauce, de la década del ochenta, hicieron lo propio con los bienes raíces de Pinochet, cuestión que es de interés actual a raíz de los juicios contra la familia del ex dictador por los dineros hallados, sin justificación, tras darse a conocer la herencia de Augusto Pinochet. 3.3.1. Las casas de Salvador Allende. Para el imaginario nacional, las casas presidenciales tomaron gran importancia en tanto que referían, y contradecían en el caso de Allende, la pertenencia a las clases sociales más pudientes del país. A costa de ello, la prensa y la opinión se volcó a construir relatos dirigidos a los ciudadanos. Recién acaecido el golpe de Estado, la prensa describió detalladamente la casa de Allende en calle Tomás Moro 16: veinte habitaciones, los ornamentos existentes; además, se señaló, puntualmente, la gran cantidad de comida y licores encontradas en la vivienda. Se destacaba el daño que sufrió la casa en el frontis, tras ser bombardeada con obuses y cohetes. Entre los daños se relató el hallazgo de dinero, zapatos, perfumes, cuadros, cerámica: Aunque es lógico pensar que el Jefe de Estado viva bien, y nadie piense que debe pasar necesidades, la residencia de Tomás Moro resultaba un contrasentido para quien se proclamaba líder de los trabajadores y que constantemente zahería a “los momios del barrio alto”. Había en los salones una saturación de brocatos, alfombras, porcelanas, marfiles, vajillería y cristalería europeos. En los dormitorios, los closets de muro a muro se mostraban colmados de lujosos abrigos, vestidos y zapatos importados de mujer. El ex mandatario disponía de un closet para sus abrigos. Al moverse la puerta de corredera de la ropa emanaba un fuerte perfume. // […] En ese momento también resultaba de humor negro lo que Allende dijese a los mineros de Chuquicamata el 3 de marzo de 1972, según versión de la OIR: “Yo no soy un puritano torpe y exagerado. Me tomo media botella de vino al día, por lo menos, pero me lo tomo a la hora de almuerzo o a la hora de comida. Tomo un pisco antes de almuerzo y un pisco antes de comida. A veces me tomo un whisky, no siempre, porque es muy caro (Ercilla, Nº 1991: 25). La casa de Tomás Moro fue convertida en un asilo de ancianos. 17 Una constructora La casa de la Avenida Tomás Moro, en Las Condes (Santiago), fue adquirida por el Estado en 1971 para ser la residencia familiar de los presidentes chilenos. Fue bombardeada por los mismos aviones que hicieron lo propio en el palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 (Verdugo, 1998: 143-146). 17 La Corporación Nacional de Protección a la Ancianidad (Conapran) fue la entidad que, dirigida por la esposa del comandante de la Fuerza Aérea, se hizo cargo del recinto. Hasta hoy sigue en manos de esa institución, administrada por las esposas de los jefes de la Fuerza Aérea. El decreto Nº 165 de 1975 entregó la casa por diez años a Conapran y en 1980, se entregó a perpetuidad. El decreto Nº 2130 del 26 de diciembre de 16 realizó las reparaciones y luego se redistribuyó el espacio para albergar setenta y tres ancianos indigentes. La mujer del general Gustavo Leigh, Gabriel García, pidió ayuda a la comunidad para implementar el asilo de ancianos, ya que el Servicio Nacional de Salud no tenía fondos. En octubre de 1974 se inauguró oficialmente el nuevo hogar de ancianos de Tomás Moro. A la ceremonia asistió Leigh y el almirante Merino, ambos miembros de la Junta Militar de gobierno. La residencia pasó a llamarse “Nuestra Señora de Los Ángeles” y fue atendido por monjas de la congregación de San Vicente de Paul. El Cañaveral 18 fue otra de las propiedades asociadas a la figura de Salvador Allende. Tras ser expropiado a Miria Contreras, la secretaria del Presidente socialista, El Cañaveral fue transformado completamente, pues funcionó como hogar de niños durante largo tiempo; finalmente, dificultades económicas impidieron que subsistiera como tal. Una vez acabada la dictadura, la propiedad fue devuelta a la hija de su propietaria original y convertida en un centro de eventos, el cual conserva el mismo nombre que en la época de la Unidad Popular. La prensa oficialista señaló que el GAP, la guardia personal de Allende que estaba en El Cañaveral, 19 huyó antes que llegaran las fuerzas militares. En esta residencia no se registraron grandes daños, pero se halló dinero en grandes cantidades, comida, ropa y bebidas, whisky y vino, además de amplia literatura marxista y fotografías del ex Presidente. Se describía la presencia de dependencias para la fabricación de armas y explosivos: El que fuera lugar de descanso y distracción del ex Presidente Allende -además de campo de entrenamiento de guerrilleros- sirve, desde la semana pasada, de pacífico y recatado hogar de menores en situación irregular. Tan radical cambio se produjo en la villa El Cañaveral, cuyo nombre también fue reemplazado: ahora se llama “Hogar Javiera Carrera”. // En la inauguración oficial viernes 21-, las nuevas autoridades destacaron lo simbólico de la ceremonia. Por qué lo que antes fuera sede de íntimas y procaces reuniones quedó destinado a educar en el amplio sentido de la palabra a un centenar de niños huérfanos o que sus padres abandonaron (Ercilla, Nº 2004: 14). 2006 lo designó monumento histórico, cuestión que impide la enajenación o venta del inmueble, a menos que el comprador sea el Estado. 18 La casa fue edificada en la década del cuarenta en el camino a Farellones (Santiago). Perteneció a la hermana de Miria Contreras, quien se la vendió a la secretaria de Allende cuando Pablo Burchard, cuñado de Miria Contreras, fue destinado como consejero cultural en la embajada de Chile en España. En ese lugar Allende realizaba reuniones más íntimas. Días antes del golpe de Estado Augusto Pinochet fue informado allí de los planes de plebiscito que tenía Salvador Allende para sortear la crisis política vivida en 1973. http://www.salvadorallende-gap.com/categorias/tesimonios/testimonio_cespedes_rivera.html, consultado el 15 de noviembre de 2012. 19 GAP: Grupo de Amigos Personales, fundamentalmente fue una brigada de seguridad del Presidente, conformada por militantes del MIR y el Partido Socialista. La mayoría de este grupo resultó ejecutado en el ataque a La Moneda o en los días posteriores (Pérez, 2000; Quiroga, 2001). En relación a la huida del GAP citada, conviene recordar que la mayoría de los miembros de este grupo se encontraba junto a Allende en el momento del ataque a La Moneda, lo que se confirma simplemente con los datos de sus ejecuciones y desapariciones, como consta en los informes de verdad (Informe de la comisión de verdad y reconciliación, 1992, Tomo I: 117-120). En octubre de 1973 se informó del nuevo uso que se dio a la casa del Cañaveral: por orden de la junta se transformó en un centro abierto para niños en situación irregular. Al respecto, la nota de prensa insistía en las condiciones en que se encontró la vivienda tras el golpe de Estado y se expuso el uso de la casa para entrenamiento guerrillero. Administrado por el Ministerio de Justicia, el hogar de niños se llamó “Javiera Carrera”: “Donde antes se escucharon, amortiguados por el rumor del río, las voces de la orgía, se oirán risas infantiles y se desarrollará la normal actividad de un jardín escolar. Esto vale por una lección nacional de ética y de recuperación de sus valores” (El Mercurio, 27-12-1973: 3). En diarios y revistas, durante las primeras semanas posteriores al golpe de Estado, se exhibieron profusamente las imágenes de destrucción de las dos residencias de la familia Allende. Especial interés despertaron los arsenales hallados en las viviendas, supuestamente parte del denominado Plan Z, destinado a armar a los partidarios de la Unidad Popular para generar una guerra civil en el país (Huneeus, 2005: 85-86). Resulta muy extraño que las casas de Salvador Allende fueran utilizadas para cobijar arsenales, considerando que allí residía su familia. Luego de 1974, las casas de Allende dejaron de aparecer en la prensa y revistas. Huelga decir que múltiples obras de arte y objetos históricos que se encontraban en estas residencias no han podido ser recuperadas. Es sabido que, entre otras obras, las casas de Allende albergaban cuadros de Miró, Guayasamín y Siqueiros. Se estima que muchas de ellas pueden estar en casas de particulares, ya que las residencias de Allende fueron saqueadas tras el golpe de Estado. 20 En 1971 un encuentro de artistas e intelectuales resolvió la creación de un museo internacional. Con ese motivo más de 500 obras de diversos artistas fueron donadas a Allende y al Estado de Chile. Esta colección sería el origen del Museo de la solidaridad Salvador Allende, existente en Santiago. En este contexto se han denunciado la pérdida de importantes obras a manos del saqueo de los militares y civiles a las casas de Allende y a La Moneda y que dañaron severamente el patrimonio nacional. http://www.mssa.cl/sobre-elmuseo/, consultado el 12 de junio de 2013. 20 Sin lugar a dudas, la amplia cobertura de los medios oficialistas estuvo al servicio del interés comunicacional de la dictadura para desprestigiar al régimen de la Unidad Popular y con ello, especialmente, denostar la imagen de Salvador Allende. Esta política de la dictadura contribuyó a construir la idea de enemigo interno, representado en la máxima referencia política del sector identificado como enemigo: el presidente Allende; para ello, como vimos líneas arriba, se escenificó su modo de vida, supuestamente contrario a lo que declaraba el discurso socialista. 3.3.2. Las residencias de Pinochet. Pinochet también reflejó en su modo de vida una referencia del proyecto ideológico que representaba. Ahora analizaremos algunos de los aspectos que relatan esos elementos que son parte de la vida política de un líder. También en este caso la prensa nos ayuda a recabar antecedentes para realizar interpretaciones y relaciones en torno a este tópico. En 1984 La revista Cauce publicó fotografías de una de las residencias de Augusto Pinochet, provocando un gran remezón en la opinión pública. La casa del exclusivo barrio de Lo Curro (Santiago) impactó por la fastuosidad que mostraban las imágenes. El artículo de la periodista Mónica González resumía a la fecha de publicación las propiedades de Pinochet: No es posible establecer con exactitud cuánto costaron al erario nacional la denominada “casas de los presidentes”, en Lo Curro, la casa que el general Pinochet ocupa algunos fines de semana en el Cajón del Maipo (San Alfonso), la casa que el gobernante arrendaba en Luis Thayer Ojeda y hoy ocupa uno de sus hijos como propietario, la casa de los comandantes en jefe del ejército en la Avenida Presidente Errázuriz, los trabajos de remodelación de la casa de Bucalemu [...] (Cauce, Nº 2, 1984: 17). Es interesante constatar, más allá de lo oneroso de la vivienda de Lo Curro, que las características de la mansión eran las de una verdadera fortaleza. Además de la lógica militar reinante en la idea arquitectónica, se denotaba el interés por la funcionalidad en términos de seguridad, lo que indicaría la preocupación del ex dictador por resguardar su lugar de residencia familiar de eventuales ataques. Sin embargo, la casa de Lo Curro no sería ocupada jamás por la familia Pinochet, que en cambio habitó regularmente en la casa de calle Presidente Errázuriz, una propiedad del Ejército y que hoy es utilizada por la fundación de las señoras de dicha institución, abocadas a actividades recreativas y sociales. Por su parte, Lo Curro se constituyó en el club militar que, también como en el caso anterior, ha servido hasta el día de hoy para albergar eventos sociales y recreativos de la oficialidad militar. El fundo Los Boldos, en Bucalemu 21 (Valparaíso) corresponde a una hacienda de arquitectura hispano criolla, destacada como la casa donde nació el presidente José Manuel Balmaceda (1886-1891). En 1978 el lugar pasó a manos del Ejército y fue destinado al uso recreacional del comandante en jefe, a la sazón, el mismo Augusto Pinochet, quien la utilizó como casa de veraneo. Esto fue así hasta 2004, cuando fue entregada al municipio de Santo Domingo para usos museográficos. Otra vivienda importante en la vida política del dictador es la ubicada en el Cajón del Maipo (Santiago), en el sector conocido como El Melocotón. El atentado a Pinochet del 7 de septiembre de 1986 se produjo cuando volvía de su casa en esa zona. La residencia, utilizada para el descanso en las cercanías precordilleranas de Santiago, era normalmente ocupada por el dictador durante los fines de semana, cuestión que el FPMR aprovechó para atacar la comitiva de familiares y escoltas. Esta fue una de las acciones más sonadas del grupo subversivo. La parcela de El Melocotón había sido habilitada a principios de los años ochenta para el descanso de la familia Pinochet. Tras el atentado de 1986 fue reemplazada como vivienda de descanso por el fundo Los Boldos en Bucalemu (Valparaíso). El Melocotón fue comprado con ahorros personales de Pinochet, pero investigaciones posteriores ponen en duda el valor de la propiedad comprada. 22 Pinochet caracterizó la doctrina de seguridad nacional en su forma de habitar. Nosotros creemos que esto se condice perfectamente con la siempre buscada identificación de su figura personal con el régimen político que encabezaba, como ya hemos visto en su relación con el edificio de La Moneda. En el caso de las residencias personales, esto puede Se desconoce la fecha de construcción de la casa; sabemos que fue ocupada por la Compañía de Jesús, a quienes fue donada la propiedad por Sebastián García. Tras la expulsión de la Compañía, en 1767, la casa pasó a manos de Pedro Fernández Balmaceda, abuelo del ex presidente Balmaceda. En 1865 fue adquirida por Claudio Vicuña, quien la modernizó al gusto francés de la época, construyendo un parque en los terrenos aledaños. Así llegó hasta 1978, cuando fue expropiada a favor del Ejército de Chile. http://www.ciudadliberal.cl/hacienda-bucalemu-la-cuna-de-balmaceda/, consultado el 12 de junio de 2013. 22 En el marco del caso Riggs se investigan las irregularidades de la fortuna personal de Pinochet, lo que significó el embargo de la propiedad y su traspaso, a día de hoy, a la Universidad San Sebastián, que la habilitó como casa de montaña. http://ciperchile.cl/2012/07/10/los-negocios-de-pinochet-que-beneficiaron-alas-universidades-mayor-y-san-sebastian, consultado 16 de diciembre de 2013. 21 aplicarse a la casa de Lo Curro, por las características constructivas del edificio; en el caso de El Melocotón primó la dificultad en el acceso al lugar, cuestión que revela el temor a un ataque, como efectivamente ocurrió; la situación de Bucalemu no obedece a los dos casos anteriores y tal vez su interés fue puramente histórico. **************** Las residencias, tanto de Allende como de Pinochet, se constituyeron en parte del debate que develaba las diversas maneras de habitar en propiedades públicas y que pertenecían al patrimonio nacional. Mientras el primero se conecta con la tradición aperturista de utilizar su residencia para la actividad política, y de revestirla de elementos que le añadieron valor patrimonial; el segundo lo hizo en la lógica del cubil militar que se cierra frente a lo público, expresando su idea de amenaza a la seguridad. Sin duda, las casas de las figuras presidenciales del período han significado una serie de hechos políticos y representaciones simbólicas de los regímenes que han encabezado. Es por ello que, consideradas como espacios privados, las podemos incluir en la articulación del devenir político del país durante el período dictatorial, tanto en la funcionalidad que tuvieron, como en la imagen que se les asignó por parte de la prensa y los discursos políticos que ella vehiculizó. Luego de haber analizado los espacios significativos vinculados a los sujetos políticos más relevantes, nos abocaremos a estudiar los espacios públicos de mayor significación para el régimen militar, pues en estos ocurrieron sucesos de gran relevancia para el movimiento social, la resistencia política y para las demostraciones públicas de los adherentes a la dictadura. 3.4.- Los espacios ocupados y significados por el régimen. En este apartado presentaremos el desarrollo de los sucesos políticos que se registraron en espacios públicos construidos o apropiados por la dictadura. En ellos se escenificaron manifestaciones y ceremonias que representaron ocasiones importantes para el proyecto dictatorial. A través de este estudio buscamos explicar las marcas que la dictadura dejó en los espacios colectivos, revelando sus políticas e ideas. Utilizaremos aquí como fuentes primarias, la prensa y también videos documentales. La bibliografía aporta con la información necesaria para contextualizar los hechos ocurridos en el período. Todo ello apoya las reflexiones que haremos en torno a los espacios ocupados por el régimen. Antes de referir los puntos que analiza esta parte de la investigación, explicaremos las discrepancias del proyecto pinochetista respecto de la Iglesia Católica, la institución que pudo manifestarse públicamente durante este período, dado el peso social y cultural de ésta en la sociedad chilena. Luego analizaremos el nuevo uso de los espacios tras el golpe de Estado, en particular el cambio de uso dado a los locales antes ocupadas por las organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda. Más adelante, nos centraremos en el uso dado al edificio Diego Portales, principal escenario de las ceremonias dictatoriales. Posteriormente analizaremos los espacios expresamente creados por el régimen para escenificar las ideas del nuevo gobierno y el carácter y significado que tuvieron los espacios construidos por la dictadura cívico-militar con intención conmemorativa. Si bien las manifestaciones políticas y sociales fueron prohibidas, las actividades públicas de carácter religioso no sufrieron el mismo destino. El intento más notorio de apropiarse de un discurso cercano al catolicismo se puede observar en algunos usos del espacio público de esa expresión religiosa. Una característica fallida, tal vez la primera derrota política de Pinochet, se vio en el rechazo que la Iglesia Católica demostró hacia la instalación dictatorial. En junio de 1974 Pinochet visitó el Templo votivo de Maipú, 23 obra monumental que buscó representar la catolicidad del país adosada a la gesta patriótica de la Independencia. Sin duda, el dictador intentó reflejar en la obra parte de su ideario, mediante su presencia buscó identificar su proyecto con esas ideas de patria y cristianismo. En cierta manera, el templo simboliza la unidad nacional, pero la Iglesia Católica se encontraba en oposición a la figura de Pinochet 24 y, sobre todo, al carácter represivo del gobierno El Templo votivo de Maipú se erigió en el lugar en que O’Higgins y San Martín celebraron la victoria de las tropas patriotas, tras una cruenta batalla desarrollada el 5 de abril de 1818 y que abrió el camino para la Independencia de Chile. El templo se denominó votivo por los ruegos que los patriotas hicieron a la virgen del Carmen, patrona del Ejército chileno, a quien ofrecieron la futura construcción (Gay, 1854: 275-276). 24 Una tendencia importante al interior de la Iglesia rechazó la dictadura, reflejada por la más importante figura del catolicismo, el cardenal Raúl Silva Henríquez, fundador de la Vicaría de la Solidaridad en 1976, la 23 impuesto tras el golpe de Estado. En octubre de 1974, cuando fue entregada la obra, el protagonismo de los militares en el poder era evidente. En diciembre volvieron al templo a celebrar el día de la espiritualidad de las Fuerzas Armadas, las más importantes figuras del régimen se encontraban presentes y entregaron discursos. La inauguración contó con la presencia del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, quien se limitó a bendecir el templo y dirigir el te deum: 25 Finalmente y en medio de un solemne silencio, el Jefe del Estado firmó en el altar de campaña del padre de la patria, general O'Higgins, el acta de inauguración del Santuario Nacional. // A continuación se ofició un solemne Te deum de Acción de Gracias, que presidió el Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez [...] // Al término de la ceremonia litúrgica, el Cardenal Silva leyó la bendición final. // Después de ello el prelado entregó al Jefe del Estado una imagen de la Virgen del Carmen y del Templo (El Mercurio, 25-10-1974: 12). En abril de 1975, en un nuevo aniversario de la batalla de Maipú, los jefes militares, entre ellos algunos pares argentinos convidados a la celebración, hicieron alocuciones nacionalistas en el templo. Llama la atención la asistencia y participación de estudiantes y gremios que conformaban los grupos de apoyo político al régimen y la ausencia del cardenal Silva Henríquez, pues el te deum fue oficiado por el capellán del Ejército, teniente coronel Carlos Leyton. De esta forma, la inauguración del Templo votivo de Maipú representó las diferencias radicales entre la dictadura y gran parte de la jerarquía católica chilena. Las esposas de los generales de la junta militar realizaron otro acto de identificación con el templo y sus significados en julio de 1977, cuando fueron investidas como camareras de la virgen del Carmen. Estos hechos de carga religiosa, sin duda lo tenían también político, ya que con ello, a nuestro juicio, se buscó acercar el proyecto político dictatorial a la fe religiosa predominante en el país, toda vez que la jerarquía católica parecía no comulgar con las políticas que ejercía el régimen militar. El punto que marcó la diferencia fue el apoyo del cardenal a la vicaría de la solidaridad, fundada en 1976. Este organismo organización protectora de los derechos humanos más relevante del país en el período (Atria, 1990). 25 Las tensiones por la labor del Comité Propaz, organismo de las iglesias cristianas y la comunidad judía creado en 1973 para la defensa de los derechos humanos, se hacían insostenibles. A fines de ese año el comité fue disuelto, dando origen a la Vicaría de la solidaridad a cargo de la Iglesia Católica (Atria, 1990; Cavallo y otros, 2008). fue puntal en la defensa de los derechos humanos en el período. Pinochet fracasó en la política de acercamiento hacia la Iglesia Católica, por lo menos en sus actividades públicas, buscando el prestigio social que ello le reportaría a su imagen, por lo tanto barajó otras opciones. Un intento vino de parte de las mujeres vinculadas a las Fuerzas Armadas, a través de este sujeto social que emergió tempranamente como representante de la dictadura, estas mujeres aparecieron en el espacio público ocupando el lugar de los militares. Creemos que mediante estas agentes de la política dictatorial, el régimen pudo hacer llegar su mensaje, convocando a los ciudadanos a través de un discurso menos confrontacional y más cercano al resurgimiento social de la nación. Una vez expuestas las dificultosas relaciones entre la Iglesia Católica y el régimen de facto y el intento fallido del régimen por representar su proyecto en los espacios del catolicismo, procederemos a analizar los espacios públicos que fueron apropiados y resignificados por la dictadura cívico-militar. 3.4.1. Los edificios resignificados por la dictadura. Estudiaremos aquí el destino y uso que la dictadura dio a los locales utilizados hasta 1973 por las organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda, así como también el significado que interpretó esas trasformaciones. Las apropiaciones que de tales locales y edificios se hicieron por parte del régimen aquí abordada se referirá a todo el territorio nacional chileno; con todo, lo que aquí sigue son solo algunos casos significativos ofrecidos a título de ejemplo de las hipótesis aquí propuestas. Todos esos edificios fueron confiscados por las nuevas autoridades y entregados a quien correspondiera para su uso por algún organismo público, alguna acción social, y otros pasaron al control de organismos del ejército, incluidos los centros de tortura. 26 A lo largo del país se sucedieron los cambios de administración de los locales partidarios y sindicales. En los primeros meses después del golpe de Estado, la sede el Partido Comunista de Lota (Concepción), bastión electoral de esa agrupación, fue Es el caso del inmueble de Londres 38, antigua sede comunal del Partido Socialista. En este edificio funcionó un grupo de la DINA hasta fines de 1974, hoy funciona allí la Casa de la Memoria, destinada a la recuperación del testimonio histórico de las víctimas de la dictadura. http://londres38.cl/1937/w3propertyvalue-32013.html, consultado el 5 de enero de 2013. 26 transformado en un hogar de niños vulnerables atendido por mujeres afines al régimen y grupos asistencialistas como el Club de Leones o el Rotary Club: La juez de Letras y de Menores de Lota, Augusta Espinoza de Laemmermann, materializará en poco tiempo más una vieja aspiración. Se trata de la instalación de un hogar de menores en situación irregular que funcionará en el local del ex Partido Comunista, ubicado en calle Galvarino Nº 16 de Lota. // El local fue entregado por las autoridades de Gobierno, y con el objeto de equiparlo adecuadamente, la magistrado lotina organizó una reunión de damas representativas de la comunidad, con el fin de crear un centro de amigas de este hogar infantil y se acelere su puesta en marcha... (El Mercurio, 9-12-1973: 43). Sin duda estas apropiaciones fueron irregulares, no se puede entrever una política específica dirigida a la ocupación de los inmuebles. Por el contrario sí podemos entender que estas prácticas se desarrollaron como parte de las acciones represivas a los sectores identificados como enemigos internos de la dictadura, de allí que encontremos que algunos centros de detención y tortura fueran antiguas sedes de organizaciones sociales y políticas (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992, Tomo I: 89). En la historia chilena múltiples edificios han sido asociados a eventos políticos que han marcado la historia del país, en ese sentido, diversos espacios destinados a reparticiones públicas han estado cargados de significado político. En relación a ello, sólo basta recordar los hechos de la Escuela Santa María de Iquique, escenario de la mayor masacre obrera del país en 1907, o la matanza del Seguro Obrero, acaecida en 1938 en el edificio que hoy ocupa la Intendencia Metropolitana de Santiago. 27 En los años del gobierno de Allende hubo especial atención a ciertas dependencias estatales que fueron muy activas en las políticas de la Unidad Popular; uno de ellos fue el Ministerio de Obras Públicas ubicado en las cercanías de La Moneda, en el barrio cívico. Desde la azotea de ese edificio se resistió el ataque militar sobre el palacio de La Moneda por parte de un grupo de militantes de izquierda. Para la navidad del año 1973 se celebró en dichas dependencias una fiesta para los niños de los funcionarios, señalando expresamente que allí había funcionado un “bastión extremista”: El edificio del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en la calle Morandé frente al Palacio de La 27 La historiografía ha descrito y analitzador estos sucesos, en textos monográficos como los de Devés (1989), Goicovic (2004), Artaza, González y Jiles (2009); en cuanto al segundo hecho, ver Lira y Loveman (2000) y Klein (2008); también se analiza el hecho en el trabajo de Salazar y Pinto (1999). Moneda, fue transformado en una suerte de “museo navideño”, gracias al entusiasmo y colaboración de todos sus funcionarios. “Nunca en 30 años habíamos estado tan unidos y jamás tuvimos una fiesta tan llena de sentido como esta” opinaron los más antiguos empleados de esa Secretaría de Estado, cuyas oficinas sirvieron de principal bastión del extremismo marxista. Las diferentes reparticiones montaron árboles navideños, nacimientos y hasta un valle entero y un embalse en miniatura que abarca doce metros de longitud y llena todo el hall central de la Dirección de Riego (El Mercurio, 2312-1973: 44). Comparado con los hechos ocurridos tres meses antes, esta celebración buscó dar una imagen muy diferente a los edificios del barrio cívico, particularmente el Ministerio de Obras Públicas, proyectando así una imagen de normalidad tras el golpe de Estado. Pero la sede de gobierno real no estaba allí, sino que en el edificio Diego Portales, es por ello que a continuación revisaremos con detalle lo que allí se construyó como discurso y práctica política. El edificio Diego Portales, rebautizado así en honor al constructor de la república autoritaria en Chile tras la Guerra de Independencia, es una redenominación a este importante edificio. La torre fue construida durante la administración de Allende para albergar la celebración de la tercera conferencia mundial de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas de 1972, la UNCTAD III. 28 Tras el golpe militar, el Diego Portales fue utilizado como sede de gobierno hasta la entrega del reconstruido palacio de La Moneda, ocurrida en 1981. Las imágenes más conocidas de la Junta Militar recién instalada en el gobierno, son las tomadas en este edificio. Los rostros de los golpistas, devenidos en ejecutores del poder político, se dejaron ver por primera vez en el salón de plenarios de este edificio. Pinochet recibió la banda presidencial en septiembre de 1974 de manos de mujeres en el salón de plenarios del edificio: Agradecidas por haber escuchado los ruegos que le hicieron hace un año las mujeres de Chile para que tomara la decisión del 11 de septiembre, un grupo de damas comerciantes de la Vega Municipal obsequió ayer al Jefe Supremo de la Nación, general Augusto Pinochet una hermosa banda presidencial. // El acto que tuvo contornos emotivos se realizó en el salón en que se reúne el Consejo de Gabinete, en el piso vigésimo segundo del edificio Diego Portales (El Mercurio, 11-9-1974: 77). La banda presidencial es un símbolo de la presidencia. El once de septiembre de 28 La construcción de 13.300 m2 tardó 275 días con participación de voluntarios y posteriormente el Ministerio de Educación se trasladó al edificio y el complejo urbanístico se denominó Centro cultural metropolitano Gabriela Mistral, en homenaje a la poetisa chilena Premio Nobel de literatura de 1945, el nombre fue recuperado en 2009 durante la administración de Michelle Bachelet (Ley N° 20386, 27-10-2009). 1974 estas dirigentes del departamento femenino del sindicato de la Vega Municipal de Santiago entregaron la banda realizada por las monjas adoratrices, que portaba una imagen de la virgen del Carmen. Este elemento, simbólico del poder ejecutivo, siempre llevó la piocha de O’Higgins como único adorno. Con esta ceremonia se graficaron los elementos que, en los primeros años de la dictadura, acompañaron la imagen del régimen, vinculado a mujeres organizadas corporativamente, presentes continuamente en el edificio Diego Portales y refiriendo un discurso nacionalista en sus símbolos (Kirkwood, 2010: 161-163). Según hemos podido constatar en los medios de comunicación oficialistas, el edificio fue usado por los grupos de civiles que apoyaron a la dictadura. Estos, organizados en diversas asociaciones de ayuda social, destacaron en ceremonias que aludían a fechas señaladas y donde el plenario del edificio era el escenario de las mismas. Fueron múltiples las ocasiones en que diversos grupos de ayuda social se constituyeron en el Diego Portales para celebrar aniversarios o para asistir, como marco de público, a los discursos y anuncios de Pinochet. 29 En este punto, desde el punto de vista icónico, es importante, por ejemplo, el atuendo corporativo de las voluntarias ligadas a las políticas dictatoriales; éstas se organizaban en grupos con uniformes de diversos colores, que las distinguía del tipo de ayuda social que prestaban: rojo para el cuidado de enfermos, verde para el cáncer, lila para los niños desnutridos, etcétera. 30 Se hicieron habituales las celebraciones de las secretarías de la mujer y de la juventud creadas por el régimen. El edificio acogió, en particular, a estas instituciones. En sus respectivas ceremonias Pinochet habló de manera frecuente, relevando el sentido de participación cívica que se les delegaba a estas instituciones; 31 para el caso de las mujeres, además, se debe resaltar el rol que tomaron para pedir el derrocamiento de Allende a través de la movilización que las apartó de sus hogares por el “…porvenir de Chile y de nuestros hijos” (citado en Power, 2005: 175). Ya en agosto de 1974 tenemos un grupo de cuatrocientas mujeres recibiendo diplomas que las habilitaban para desarrollar ayuda social en poblaciones y campamentos (El Mercurio, 8-08-1974: 30). 30 Cabe destacar que estas agrupaciones asistencialistas son muy diversas; aunque varias de ellos fueron fundadas en 1940, la mayoría aparecen en las décadas del setenta y ochenta, se diferencian también entre las de adscripción religiosa y las laicas, estableciendo un universo complejo y diverso entre el grupo al que se dirige el discurso dictatorial (Godoy, 2001). 31 En octubre de 1974, en el primer aniversario de la secretaría nacional de la mujer, Pinochet y las dirigentas de la secretaría se refirieron al rol de las mujeres en el régimen militar, anclándolas en el soporte espiritual y la asistencia a los desvalidos (El Mercurio, 18-10-1974: 25). 29 En 1978 se desató una polémica por las violaciones de derechos humanos que tuvo como centro el edificio. La cuestión se inició con la organización de un Simposio sobre el tema organizado por el Arzobispado de Santiago. La Junta Militar quiso apropiarse del evento y dispuso que se celebrara en el Diego Portales; sin embargo, la Iglesia se negó al cambio de sede lo que provocó malestar en el gobierno. Este episodio puso de manifiesto el carácter simbólico que el edificio Diego Portales había adquirido: sede de un gobierno ilegítimo, cuestionado por organismos internacionales. Utilizar ese espacio significaba reconocer legitimidad en un contexto que utilizaba la violación a los derechos humanos como herramienta política. De alguna manera definió las fronteras entre oposición y gobierno en un tema de debate profundo y complejo en los años venideros: La Iglesia, en cambio, no puede ni debe elegir. 32 Por eso es que la Iglesia chilena ha actuado a la vez en el sector jurídico para defender libertades civiles y en el sector social para defender derechos sociales. Defiende el derecho a la vida, a la defensa legal, a procesos legales, a la libre expresión, a la participación política, y también -y con igual fuerza- el derecho al trabajo, a la asociación, a la alimentación, a la salud, a una digna remuneración del trabajo, etc. Efectivamente los derechos humanos sufren atropellos no solamente en virtud del sistema político implantado, sino también como consecuencia del modelo económico impuesto a una nación” (Simposium Internacional, La Iglesia y la dignidad del hombre, sus derechos y deberes en el mundo de hoy, 1978: 54-55). La decisión del arzobispado fue realizar el encuentro en la Catedral Metropolitana de Santiago y en la aledaña Vicaría de la Solidaridad, así como en otras dependencias de la Iglesia. Al simposio acudieron dignatarios eclesiásticos chilenos y extranjeros, además de representantes de la ONU y de la ONG Amnistía Internacional. El gobierno comunicó su ausencia de manera anticipada y rotunda. En 1981 el edificio perdió el carácter de sede gubernativa, restituyéndose La Moneda como tal. El Diego Portales alojó desde entonces funciones legislativas. En el sólo se realizaron actos de cuenta pública, como los del 21 de mayo; 33 celebraciones de la dictadura, como el once de septiembre, o los aniversarios de Cema Chile, -institución ligada a la ayuda social regentada por las esposas de personeros militares y las ya anotadas 32 33 Subrayado en el original. En Chile es tradición republicana dar la cuenta pública a la nación por parte de la presidencia. Se hace cuando se conmemora la batalla naval de Iquique (21 de mayo de 1879), desarrollada en el marco de la Guerra del Pacífico. Probablemente la fecha también era significativa para un gobierno que se identificó con esos episodios, como parte de su referencia ideológica en su vertiente nacionalista. secretarías de la juventud y de la mujer. 3.4.2. Los nuevos espacios públicos de representación dictatorial. Otro tipo de espacios significados por la dictadura fueron los construidos para la conmemoración, es decir, lugares de alta carga ideológica que representaran simbólicamente al régimen. En este apartado veremos qué y cómo se pueden interpretar estos espacios y los hechos que se desarrollaron allí. El once de septiembre de 1975, en un nuevo aniversario del golpe de Estado, la Junta Militar encendió la “Llama de la Libertad” en la Plaza Bulnes, frente a La Moneda. Ese acto conmemorativo del asalto al palacio, vino a significar la imagen más potente del discurso nacionalista presente entre los distintos grupos que daban apoyo al régimen. En un acto masivo y durante la ceremonia, Pinochet señaló: La libertad no es un don gratuito. Hay que conquistarla día tras día, porque a todas horas trabajan los enemigos de ella para destruirla o desvalorizarla en nuestras conciencias […] Por último, hay que entregarla a nuestros descendientes pura y limpia, para que ellos reciban el más preciado legado y sepan cuidarla para sus hijos (El Mercurio, 12-9-1975: 33). El uso del fuego, en su significado de purificación y renovación, no ha sido de uso habitual en la política chilena, siempre vinculada a ceremonias racionalistas en su republicanismo. Sin duda esta ceremonia trajo a colación la sospecha de filiación nacionalista del régimen militar. Esta instalación se realizó para marcar la identidad del nuevo régimen y en cuanto tal era necesaria la representación de un nuevo orden sobre las “cenizas” del anterior. 34 La Llama de la Libertad permaneció allí hasta el 15 de octubre de 1982, cuando volvió a ser ubicada frente a La Moneda, esta vez en el Altar de la Patria. 35 La Llama de la Libertad fue trasladada hasta esa ubicación por un grupo de setenta y siete jóvenes ligados a la dictadura, emulando a igual número de caídos en la batalla de La Concepción durante la Guerra del Pacífico. Se realizó un recorrido por la Alameda, para entregar el fuego a Posteriormente, la Llama de la Libertad fue trasladada a la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía de la capital (El Mercurio, 2-10-1975: 18). 35 Desde el altar de la patria, la Llama de la Libertad fue apagada y sacada del lugar el año 2004, en el marco de la remodelación de la Plaza de la Ciudadanía, durante el gobierno de Ricardo Lagos. http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20041018/pags/20041018211636.html, consultado el 20 de agosto de 2013. 34 Pinochet, que encendió la llama en su ubicación permanente. En 1976 la dictadura decidió desplazar este símbolo por todo el territorio nacional, haciendo llegar el fuego de la llama y su significado a extramuros de la ciudad capital, centro del poder político. Para ello definieron un recorrido de antorchas que tomaron desde la llama santiaguina, a imagen de los recorridos olímpicos, y que hicieron llegar a la ciudad de Concepción, ubicada a quinientos kilómetros al sur de Santiago (El Mercurio, 10-091976: 1). Esta ciudad y su provincia habían sido un bastión de las izquierdas 36 y, de alguna manera, la llegada de la llama representaba un triunfo sobre todo el país de las ideas conservadoras y nacionalistas que se radicaban en el régimen militar. El significado de esta instalación en el espacio público generó repuestas por parte de los grupos más radicalizados de la resistencia a la dictadura, quienes concretaron un ataque importante a la Llama de la Libertad que analizaremos en el capítulo siguiente, dada la magnitud y relevancia de esos sucesos. La dictadura, como ya hemos señalado, buscó referenciarse en el discurso histórico tradicional, conservador y nacionalista; en ese relato es que instaló su proyecto histórico y en ese sentido ocupó espacios públicos donde escenificar esas ideas. El Altar de la Patria fue la máxima representación del ideario nacionalista del proyecto dictatorial, cargado de elementos que hacen alusión al militarismo como vector de la nacionalidad chilena y constructor del estado nacional: Miles de personas se reunieron ayer en el corazón de la capital para presenciar la solemne instalación de los restos de Bernardo O'Higgins en el “Altar de la Patria” en la Plaza del Libertador. El acto cívico-militar, presidido por el Jefe de Estado, contó con la participación masiva de estudiantes, organizaciones comunitarias, clubes de huasos, efectivos de las Fuerzas Armadas y un público numeroso que concurrió, en una atmósfera de recogimiento, a la emotiva ceremonia (El Mercurio, 21-08-1979: C1). En julio de 1979 se terminaron las obras del Altar de la Patria, edificación y mausoleo que albergó las tumbas de los más insignes militares de la historia chilena; el monumento fue ubicado en el paseo Bulnes justo frente al palacio de La Moneda. En la La izquierda tuvo gran implantación en las provincias del norte y extremo sur, además, en la provincia de Concepción, Allende ganó en tres de las cuatro oportunidades en que presentó su candidatura a la Presidencia. Esta zona fue un fuerte enclave del MIR y el Partido Socialista durante la Unidad Popular, todo ello hizo que, en el imaginario nacional, la segunda conurbación del país fuera vista como un territorio dominado por las corrientes progresistas. http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Chile/pres_totals.html, consultado el 5 de septiembre de 2013. 36 Alameda se construyó el subterráneo que definió, en su planta a pie de calle, el altar propiamente tal, consistente en estatuas conmemorativas de los héroes de la patria. Los restos de Bernardo O’Higgins, héroe de la Guerra de Independencia y principal referente del Ejército chileno, fueron trasladados a este espacio conmemorativo desde la Escuela Militar de Santiago. 37 Todo ello vino a corroborar la identificación que el régimen buscaba con esa construcción-homenaje, haciéndose herederos del legado de los héroes reconocidos en el panteón de la historiografía tradicional. La ceremonia se produjo con la asistencia de diversos grupos sociales que adhirieron a la dictadura, entre ellos estudiantes, militares y clubes de huasos, que representan la imagen de la nación unitaria, impuesta como el prototipo de la chilenidad. En un desfile de ritualidad militar se inauguró el mausoleo de los héroes. Todas estas actividades de homenaje fueron permanentes en el período dictatorial en un intento por militarizar las ceremonias públicas. A través de la alianza entre militares y civiles, Pinochet trató de crear el movimiento cívico-militar en función de esos vínculos, cuestión que analizaremos en detalle en el quinto capítulo de esta tesis. Este espacio público fue fundamental para la celebración del calendario dictatorial. Durante los años ochenta estas referencias al panteón nacional se circunscribieron a las fechas establecidas por el calendario de ceremonias del Estado, generando liturgias cívicomilitares que fueron habituales y repetitivas durante la década. 38 Un elemento relacionado con la significación de los espacios públicos, por parte del discurso dictatorial, fue el relacionado con los hechos que la tocaron directamente, producto de la violencia política de la resistencia, que desde 1978 comenzó a posicionarse en la agenda nacional a través de diversas acciones. Desde ese momento vemos aparecer ataques a los usos públicos de conmemoración referidos a la dictadura; de alguna manera, la aparición de estos hitos monumentales dieron pie a la resistencia para atacar, simbólica y materialmente, las representaciones de la dictadura. Por otra parte, el régimen tenía, al comenzar la década del ochenta, espacios apropiados para efectuar sus ceremoniales y, desde estos lugares, construir discursos que Cabe recordar que 1979 fue el año centenario de la Guerra del Pacífico y el Altar de la Patria fue inaugurado el 20 de agosto de ese año, fecha del natalicio de O’Higgins (El Mercurio, 21-08-1979: C1). 38 En enero de 1981 el altar se sometió a reparaciones producto de filtraciones que sufrió el mismo año de su inauguración, a pesar del alto costo de su construcción y reparación (El Mercurio, 16-01-1981: C1). 37 señalaron el camino del gobierno, así como las definiciones que en el transcurso del período se fueron produciendo. En 1986 y tras el atentado contra el dictador en el Cajón del Maipo, se inauguró un monolito recordando a los cinco escoltas de Pinochet muertos durante la emboscada. La ceremonia de inauguración del monolito, el 9 de diciembre del mismo año, estuvo financiado, en parte, por la comunidad de vecinos del sector y se constituyó en nuevo sitio de conmemoración para la dictadura. El sentido de este espacio conmemorativo estuvo marcado por la confrontación abierta entre el régimen y los grupos armados de la resistencia. Tal vez ese mismo carácter hizo que el lugar no tuviera proyección y terminara por desaparecer del imaginario político nacional. Más significativo fue, en cambio, el desarrollo de los edificios públicos que se construyeron para albergar la nueva institucionalidad creada por la dictadura. Hacia fines de la dictadura y ya con el itinerario institucional definido, el régimen militar decidió la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del Congreso Nacional; el edificio tradicional fue ocupado por la Cancillería. En Valparaíso se instaló la nueva sede legislativa. Ni el lugar ni el tipo de edificación escaparon a la polémica, y la decisión unilateral del régimen hizo que el actual congreso fuera considerado como la intención de Pinochet de mantener alejado el parlamento del centro ejecutivo, que pensaba controlar luego de 1988: Desde su creación en 1811, hasta 1973, el Congreso Nacional funcionó siempre (destacado en el original) en la misma ciudad en que reside el Presidente de la República. Perdón. Casi siempre. Hay una excepción; el Congreso Constituyente de 1828, si bien inició sus sesiones en Santiago, se trasladó, por su propia decisión, a Valparaíso, donde sesionó en el templo de la Merced, debidamente habilitado para ello. Pero, como lo he señalado, la Constitución dictada por ese Congreso estableció la UNIDAD de sede del Presidente de la República y el Congreso Nacional (Análisis, Nº 201: 2). Añadiremos aquí, el trato dado a la mayor figura civil que se identificó con la derecha política, el ex presidente Jorge Alessandri. Cabe anotar aquí que el militarismo nunca reconoció en este personaje un referente político significativo y, alejado también del gremialismo, se mantuvo lejos de los grupos que influenciaron al gobierno dictatorial; aun así el ex mandatario fue homenajeado a fines del período. Alessandri murió a fines de agosto de 1988 y su figura no fue rescatada, salvo por una intervención puntual: una placa descubierta en homenaje al ex presidente en la Plaza de Armas de Santiago. El homenaje recordaba a quien terminó siendo detractor de la constitución de 1980. A pesar de ello Pinochet asistió a su funeral y le rindió homenajes de Estado: Ante una masiva concurrencia y familiares de ex gobernante Jorge Alessandri Rodríguez, el Presidente Augusto Pinochet y el alcalde Gustavo Alessandri Valdés descubrieron ayer una placa recordatoria en tributo al desaparecido Jefe de Estado. // En medio de un ambiente de recogimiento, el homenaje tuvo lugar en la esquina de Plaza de Armas con Monjitas, a pocos metros del cuarto piso del edificio de calle Phillips 16, donde residió el mandatario que gobernó entre 1958 y 1964 (El Mercurio, 30-08-1988: C1). A la ceremonia de inauguración de la placa conmemorativa asistieron políticos y población civil, entre ellos personas con afiches por la opción Si al plebiscito, utilizando la ocasión para realizar actividades de campaña. La placa recordatoria se instaló en el edificio que el ex mandatario ocupó como residencia mientras fue presidente, destacando la sobriedad de las costumbres del mandatario derechista. *************** La dictadura utilizó diversos mecanismos para materializar su proyecto ideológico en el espacio público, tanto las intervenciones en la nomenclatura como las redefiniciones en La Moneda, el más importante geosímbolo político de la nación contribuyeron a ese objetivo. Por otra parte, las características y usos de las residencias presidenciales nos dan cuenta de las ideas políticas que estaban en juego; a través de sus usos nos damos cuenta de las visiones que se quisieron imponer a la sociedad o las reacciones frente a la violencia política. Lo mismo se evidencia en relación a los edificios y espacios de uso público que construyó o resignificó el régimen. De esta forma, la construcción de espacios públicos, para constituir las conmemoraciones del proyecto dictatorial, formó parte de una política del régimen militar. La dictadura comprendió rápidamente que debía construir un imaginario que identificara sus ideas con la nación y, a través de ello, la población pudiera reconocer un discurso y una intención política clara. En el capítulo siguiente revisaremos el uso de estos espacios para generar discursos y actos políticos, entre ellos los que polemizaron con estas representaciones espaciales mediante la violencia política o la movilización social. 4.- Violencia política sobre los símbolos de la dictadura. En este cuarto capítulo presentaremos los hechos que guardan relación con los eventos de violencia política que afectaron a los espacios significados por la dictadura para representarla, y a los símbolos que ejercieron esa función. El objetivo de este apartado es referenciar los puntos de disputa sobre los que actuó la resistencia política, identificando y atacando los espacios que ésta consideraba que el régimen dictatorial había dotado de contenido. Utilizaremos para el análisis la prensa escrita: diarios y revistas oficialistas y opositoras, y también la clandestina. Los decretos y legislación, referidos en el diario oficial, también serán un apoyo documental significativo. El capítulo consta de tres apartados, el primero de los cuales trata los ataques de la resistencia a los espacios de relevancia simbólica para el régimen, ahondando en los mecanismos y el impacto que aquellos provocaron. El segundo apartado analiza los ataques a los edificios policiales que fueron, probablemente, los hechos más relevantes en la violencia política desarrollada por los grupos subversivos. Finalmente, la tercera parte estudia los hechos que afectaron a los medios de comunicación e instituciones afines a la dictadura, evaluando el impacto que ello causó. Para comenzar haremos algunas consideraciones preliminares sobre las relaciones entre la violencia política del período y los espacios dictatoriales, desentrañando parte de los discursos que se construyeron en torno a este fenómeno, realizado profusamente por los medios y la administración dictatorial. La resistencia armada contra la dictadura identificó rápidamente los elementos que esta última consideró para los efectos de situarse simbólicamente en el imaginario de los chilenos. Dada esa constatación, buscó atacar sitios en que se instalaron físicamente esos significados. Desde una perspectiva histórica, los actos de violencia política contra estos espacios y símbolos no fueron numerosos, pero sí muy significativos considerando el peso discursivo que a ellos se les dio. La imagen más potente, en términos de violencia instalada en los lugares demonizados por el poder del régimen, guardaron relación con los supuestos arsenales descubiertos en ellos. Las primeras fotografías tras el golpe de Estado se refirieron a las armas encontradas en La Moneda y en las casas de Tomás Moro y El Cañaveral. A través de los medios de comunicación se construyó una opinión negativa sobre el gobierno y la imagen de Allende, justificando la intervención sobre esos espacios en el hecho de que eran políticamente peligrosos para el proyecto dictatorial. En los años siguientes fueron innumerables los arsenales incautados en el país. De hecho, en algunas ocasiones fue el mismo Pinochet quien dio a conocer su hallazgo. Éste aprovechó esas oportunidades para referirse al enemigo interno que habría amenazado la reconstrucción democrática que, según dijo, estuvo trabajando e impulsando: El arsenal de armas y explosivos de procedencia soviética y cubana denunciada en Temuco por el Presidente de la Junta de Gobierno, general Augusto Pinochet Ugarte, fue mostrado ayer en Santiago. // El hallazgo de elementos para terrorismo y combate arrojó nuevos antecedentes sobre las técnicas extranjeras que se utilizan en su transporte y ocultamiento, de clara procedencia foránea (El Mercurio, 28-9-1974: 1). Sin duda, la presencia e intervención de la primera figura del gobierno en una operación mediática indicaba la relevancia dada a la función propagandística, destinada a generar empatía entre el público y el nuevo proyecto político instalado en el gobierno. Destacan dos elementos en estas operaciones de descubrimiento de arsenales: por una parte, la reiterada alusión al origen extranjero de las armas incautadas y, por otra parte, el carácter clandestino de la acción de los grupos resistentes, refrendando la teoría del Plan Z que se esgrimió como argumento justificador del golpe de Estado. Así las cosas, y tras la normalización de la situación política, a partir de 1975 las operaciones comunicacionales referidas al hallazgo de arsenales disminuyeron drásticamente. La definición de una ruta institucional clara y la adopción de las políticas neoliberales coadyuvaron a que la política de comunicación de la dictadura concluyera que era más atinado dar la sensación de calma al interior del país, que se encontraría completamente pacificado tras la drástica intervención de los militares. Los hallazgos de arsenales suponían una doble lectura por entonces: una era el efectivo avance contra la subversión por parte de la Junta Militar, otra la amenaza de la existencia de armamento en número y tenencia indeterminada, que podría ser utilizado en algún momento. 1 El hallazgo de arsenales, en términos de la generación de argumentos para la opinión pública, fue utilizado por ambos bandos para definir su discurso en relación al El que esto último no haya sucedido sugiere que muchos de esos hallazgos fueron montajes para la prensa y los medios de comunicación (Rojas, 2011: 357-373). 1 conflicto que se vivía. En ese sentido, los medios de comunicación e información jugaron un rol muy importante, así como también las acciones de propaganda de la resistencia; así, podemos diferenciar los mecanismos por los cuales estos sectores en pugna desarrollaron el discurso político, pero la intención de construir opinión en relación a los arsenales fue un objetivo claramente evidenciable en las fuentes. Tanto el hallazgo de arsenales como la propaganda clandestina, “representaron” la acción política ante el público chileno en los primeros años de la dictadura, dado el receso político y la anulación del uso del espacio para la manifestación y el debate público. Es aquí que la violencia simbólica de los arsenales se instaló como arma de terrorismo de Estado, además de las detenciones ilegales y otras formas de violación a los derechos humanos fundamentales. Todo ello contribuyó a la creación de una situación de permanente miedo para definir una opinión política, a la manifestación de ella y la participación organizada, así como la peligrosidad que significaba la lucha clandestina contra el régimen: Seis integrantes del proscrito Partido Comunista, acusados de confeccionar panfletos y documentos subversivos, fueron detenidos por efectivos de seguridad. Los investigadores indicaron que en poder de éstos -dos de los cuales fueron puestos a disposición de la Primera Fiscalía Militar- se hallaron dos mimeógrafos portátiles, abundante cantidad de documentación y panfletos y tres armas de fuego. // En dicho lugar -según confesaron- los asesoraba el sacerdote francés Pablo Andrés que les aconsejaba cómo debían actuar, manifestándoles que “no era conveniente aparecer abiertamente como movimiento político clandestino, sino como miembros de las Juventudes Obreras Católicas (El Mercurio, 16-09-1978: C1). Efectivamente, sabemos que en 1978 aparecieron en las principales ciudades del país diverso tipo de material impreso llamando a la subversión. Básicamente fueron octavillas, que habían sido distribuidas la noche anterior, y también consignas contra la dictadura pintadas sobre los muros. En septiembre de 1978 se detuvo a una célula del Partido Comunista, acusada de fabricación y difusión de ese material. La prensa informó detalladamente acerca los antecedentes de los integrantes del grupo, su forma de accionar y los vínculos con la Iglesia Católica, cuestión que se repetiría en los años sucesivos. La detección de imprentas clandestinas reemplazó al hallazgo de arsenales como herramienta de deslegitimación de los grupos opositores al régimen. A partir de 1978 se multiplicaron las notas relativas a las detenciones ligadas a la detección de imprentas clandestinas, así como también a las acciones de propaganda contra el gobierno. Es interesante constatar que estas acciones, y su correspondiente represión, se distribuyeron por casi todas las ciudades cabeceras de provincia. En julio de 1980 El Mercurio publicó un reportaje acerca de la aparición de la propaganda clandestina en las ciudades del país, distinguiendo la diversidad de los medios. Sabemos que, inicialmente, aquella consistió en panfletos y octavillas para pasar, más tarde, a boletines y revistas de circulación esporádica y distribución secreta. El reportaje agregó también que a esta propaganda escrita había que agregar una serie de emisiones de Radio Moscú 2 y la propaganda armada que el MIR había empezado a utilizar a fines de la década del setenta e inicios de los ochenta: Hasta el año pasado, cientos de folletos clandestinos -del tipo llamado propaganda negra- llegaban hasta las direcciones de diarios y revistas. La mayoría de ellas de vida tan efímera como las imprentas que los producían. Su volumen desafiaba al más paciente analista. Se enviaban por separado, incluso, a cada uno de los periodistas de un medio de difusión y bajo las formas más diversas: folletos de turismo que entre paisajes orientales y tangas brasileñas reproducían el informe del Comité Central del Partido Comunista; folletos de autos que terminaban en el discurso de Volodia Teitelboim; las hojas malamente mimeografiadas de las más diversas procedencias: microfotografías del MIR; declaraciones y más declaraciones de las diferentes facciones en las que se atomizó la ex Unidad Popular. A ellas hay que agregar algunos comunicados, también clandestinos del Partido Demócrata Cristiano, en receso (El Mercurio, 27-07-1980: D13). Noticias sobre imprentas clandestinas, arsenales y otras acciones de resistencia aparecieron reiteradamente en los medios de comunicación oficialista a lo largo de la década de 1980. Estas acciones, calificadas de subversivas, molestaron particularmente a la dictadura cuando se dirigieron a los espacios públicos vinculados a la administración del poder político. Los medios radiofónicos fueron utilizados, por parte de la resistencia, como forma de contra información. A la ya mencionada trasmisión de Radio Moscú, desde Rusia, debemos sumar las trasmisiones clandestinas hechas desde el interior de Chile. De rudimentaria técnica, ya hacia 1980 fue posible encontrar transmisiones a raíz del primero de mayo, el día del trabajador, por parte de un grupo del MIR en Cerro Navia (Santiago). Del mismo modo, en 1982 se emitieron consignas antigubernamentales frente a la Cancillería, en una estación del metro de Santiago se hizo detonar un radiotransmisor, causando la expectación del público. 2 El programa “Escucha Chile” se transmitió por Radio Moscú desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 31 de enero de 1989. En este programa participaron diversos intelectuales, dirigentes y periodistas del Partido Comunista chileno, siendo parte activa de la resistencia a la dictadura. Programas similares se efectuaron desde Berlín, Praga y La Habana, aunque sin el impacto de las ediciones rusas (Varas, 2012). Las acciones de este tipo se repitieron en algunas ocasiones, teniendo como escenario predilecto las diversas oficinas gubernamentales del centro de Santiago; con ello se pretendía reforzar, simbólicamente, la resistencia a la dictadura cuestionando, además, la letanía oficialista de tranquilidad. Es evidente que, por entonces y hasta bien entrada la década de los ochenta, la propaganda continuaba siendo para los grupos resistentes la única manera de visibilizar su discurso, de hacerse presente en el espacio público. Fueron diversos los lugares escogidos por la resistencia para mostrar su presencia en la vida de los chilenos. Así, por ejemplo, en enero de 1981 fue utilizado un inusitado y original mecanismo de propaganda en un céntrico hotel de la capital. La acción resulta inédita por el efectismo perseguido con el despliegue de un lienzo, que fue acompañado de panfletos, pintadas en la habitación que ocuparon y un explosivo que fue detonado por la CNI, según consignó El Mercurio: 3 “Milicias socialistas (PS-CNR) desplegaron un lienzo en el Hotel Libertador, en el centro de Santiago. Consigna: “Perdemos el miedo a luchar” (23-I)” (AIR, s/f: 1). Las acciones de propaganda en lugares significativos para el poder se desplazaron paulatinamente, en la medida que el movimiento social popular se reconstituía y se enfrentaba a retos de constitución de un proyecto estructurado para emprender la lucha contra la dictadura. En ese entendido, las acciones de propaganda, realizadas por los diversos grupos opositores, fueron fundamentales para su reorganización. Por lo que se refiere a estas acciones de propaganda, lo importante para nuestro análisis es la dirección que éstas tuvieron, buscando minar las bases que el régimen intentaba establecer entre la población. Por tanto, a nivel de imaginarios y discursos, las acciones subversivas fueron instrumento fundamental de la resistencia para hacerse presente en el espacio público y mantenerse en el debate político a través de la violencia simbólica y física, como veremos a continuación. 4.1.- Asaltos y atentados a los lugares simbólicos. La historiografía europea da cuenta de acciones como éstas para períodos de excepción política. Básicamente se ha demostrado el uso de estas formas de acción política para la ocupación nacionalsocialista de Europa, generándose resistencias que utilizaron diversos mecanismos y estrategias. Zentner (1971) describe las características locales de ese fenómeno. El surgimiento de la historia del tiempo presente, con historiadores como Julio Aróstegui (2004), o a la emergencia de la memoria como concepto histórico de la mano de Nora (2009) han multiplicado enfoques y estudios sobre estos acontecimientos. 3 En este apartado estudiaremos las acciones de la resistencia política contra los lugares paradigmáticos para el proyecto dictatorial. Utilizaremos, prioritariamente, aunque no solo, la prensa escrita. A lo largo de la dictadura cívico-militar se produjeron una serie de hechos que marcaron el imaginario colectivo de la lucha política, favorable o contraria al régimen, cuestión que finalmente configuró la idea de un país partido en dos, que se mantiene hasta la actualidad. No fueron muchas las acciones promovidas por la resistencia contra los símbolos de la nación y del Estado, pero en ellas podemos identificar que el objetivo básico fue mostrar el rechazo frente al uso que de los mismos hacía la dictadura. Como en otros ámbitos, la historiografía existente sobre el papel de la memoria en el seno de una sociedad, en particular del rol jugado por los elementos conmemorativos (Nora, 2009; Beramendi, 2008), indica que la lucha política se instaló como una forma de instrumentalizar el pasado desde el presente. Desde esa perspectiva podemos entender que se involucrara al patrimonio histórico de la nación, en cuanto éste fue apropiado por la dictadura para simbolizar su ideario político e ideológico. Tras el mismo 11 de septiembre de 1973 hubo una serie de pérdidas sufridas por el patrimonio histórico de la nación, entre ellas: el acta de la constitución de 1833, que desapareció durante el ataque a La Moneda; los originales de la espada y piocha del libertador Bernardo O'Higgins; 4 y el diario militar de José Miguel Carrera, jefe de la patria vieja y primer estratega militar contra los realistas, texto este último que fue recuperado en 2005. Todo ello no generó un debate importante hasta que las acciones de violencia simbólica se expresaron sobre el patrimonio histórico. Pero empezaremos por analizar los eventos más significativos por su impacto en la ciudadanía, dado el calado en las afecciones a los símbolos y su contenido. Los casos más connotados se dieron por el robo de la bandera nacional desde el Museo Histórico Nacional y por el ya anunciado asalto a la Llama de la Libertad. La historiadora Sofía Correa cree que Pinochet tuvo en su poder estos objetos http://edant.clarin.com/diario/2005/12/12/elmundo/i-02705.htm, consultado el 12 de febrero de 2013. El diario del héroe de la Independencia, José Miguel Carrera, fue devuelto en 2005 tras la reclamación pública hecha por la entonces directora del Museo Histórico Nacional, Bárbara de Vos (http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2005/05/02/reeditan-diario-de-jose-miguel-carrera-que-sigue-enmanos-de-pinochet/, consultado el 12 de febrero de 2013. 4 4.1.1.- La bandera de la Independencia y la Llama de la libertad. El robo de la bandera de la Independencia o la acción que apagó la Llama de la Libertad representaron, entre otras acciones, el rechazo no a una opción política, sino una manera de entender la nación, además de cuestionar abiertamente al Estado existente bajo la dictadura pinochetista. Estos hechos produjeron gran perplejidad e impacto en todos los sectores políticos, además del ocultamiento comunicacional ordenado por el gobierno de facto como ahora veremos. La bandera de la independencia fue sustraída el 30 de marzo de 1980 por el comando Javiera Carrera –nombre de una heroína de la Independencia que fabricó el emblema-, que formaba parte de las Milicias de Resistencia Popular. Es interesante notar que los medios de comunicación dieron la noticia minimizando su impacto, señalando que la acción había sido un acto de propaganda política por parte de los grupos resistentes. 5 La llamada “expropiación” de la bandera, donde se juró la Independencia chilena, fue dirigida por el militante Charles Ramírez, y reconocida por el MIR en un comunicado publicado dado por la Agencia Informativa de la Resistencia (AIR) una semana después del hecho. El secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende reconoció la acción: Que en todos los rincones de Chile se sepa que las Milicias de Resistencia Popular han recuperado de manos de la tiranía el emblema de la Independencia nacional para custodiarlo hasta el día, ya cercano, en que nuestro pueblo lo enarbolará con honra en una patria libre de opresión (AIR, abril de 1980:1). Es interesante constatar el sentido que se dio a la acción resistente, pues hizo evidente la disputa por la representatividad de la nación, la ilegitimidad del régimen en el poder y la impronta moralizadora de las formas de violencia simbólica que constituyeron este tipo de acciones. Cabe señalar, desde una perspectiva comparativa, que los Tupamaros en el caso del Uruguay y el M-19 en el caso de Colombia, produjeron actos similares a los promovidos por el MIR. 6 La acción del comando mirista fue investigada judicialmente por un ministro en 5 El Mercurio, por ejemplo, no informó del hecho hasta tres días después de la acción y se limitó a publicar una nota pequeña y una foto en un cuerpo interior del diario (El Mercurio, 2-04-1980: C1). 6 Un exhaustivo reportaje sobre el hecho nos entrega antecedentes acerca de este tópico en particular: http://www.theclinic.cl/2011/10/09/la-bandera-que-se-robo-el-mir/, consultado el 10 de febrero de 2013. visita nombrado por la Corte de Apelaciones de Santiago; es decir, se otorgó un trato especial a la persecución de la acción resistente, pues la figura de ministro en visita, en el orden legal del país, comportaba la dedicación exclusiva de aquél al caso. Efectivamente, el ministro Marcos Libedinsky fue el encargado de seguir el proceso, que se tipificó bajo la ley de seguridad interior del Estado. Este acto de propaganda política buscó por un lado, dañar moralmente a los partidarios del régimen y al gobierno y, por otro lado, demostrar una mayor organización de los grupos subversivos, por ejemplo, respecto a los comités de resistencia, éstos pasaron a una etapa de mayor belicosidad y arrojo en la lucha contra la dictadura. Vale recordar que esta acción, que tipificamos como violencia simbólica, se produjo en el momento en que las milicias miristas se encontraban en un período de ofensiva contra diversos objetivos, que relataremos en los capítulos siguientes. Este hecho repercutió grandemente en la imagen pública del gobierno, tanto más cuanto éste había puesto particular énfasis en la seguridad y en los iconos de la nación a través de su discurso político. En igual medida, se generó una discusión más allá de la lucha política, pues se debatió a partir de esta acción el sentido de legitimidad de los gobernantes con respecto a los gobernados y, por tanto, en qué medida los símbolos de la comunidad política podían representar a las instituciones de un Estado que había perdido la capacidad de convocar a todos los miembros de dicha comunidad. Con una declaración leída en el momento de la entrega de la Bandera de la Independencia Nacional al Museo Histórico Nacional, el 19 de diciembre de 2003, devuelta y entregada al Museo por los familiares y compañeros de los caídos del MIR, se cerraba simbólicamente ese episodio: Fueron nuestros antepasados, los patriotas que lucharon por la libertad, quienes en 1818, en esta misma plaza y ante esta misma bandera juramentaron la Independencia de Chile, culminando así una larga lucha libertaria. // Fueron nuestros hijos y familiares, igualmente verdaderos patriotas, que legítimamente recuperaron este emblema patrio en 1980. En nombre de la Resistencia Popular contra la dictadura, ante ella juraron lucha por la libertad y la democracia (De mano en mano ha llegado a nuestras manos, 19-12-2003: 2). En este texto se observa que, para la resistencia, el sentido nacional se encontraba fuertemente cuestionado por la exclusión que el Chile dictatorial había hecho de una parte de la nación, de sus ciudadanos. La violencia ejercida sobre este símbolo representó la necesidad de reconocer en la historia a todos los chilenos. Es significativo que en todos los discursos relativos a acciones de violencia están presentes la dignidad de unos frente a la vileza de otros; en ese sentido, el símbolo de la unidad de la nación, la bandera de la Independencia, no puede ser portada por quienes no coincidan con esa dignidad. Las implicaciones de este discurso han llegado hasta la actualidad y hoy no se puede ser chileno de la misma manera e incluso hay formas irreconciliables de serlo. Otra acción del mismo tenor que la sustracción de la bandera fue el asalto a la Llama de la Libertad, realizado en abril de 1980. Este símbolo de la nación había sido trasladado en noviembre de ese año desde su ubicación original en el Altar de la Patria al cerro Santa Lucía, donde permaneció hasta 1982, cuando volvió a su primer asentamiento tras los arreglos en el Altar de la Patria. La acción fue ejecutada por un comando de las milicias populares y durante la misma, y al resistir el asalto, se produjo la muerte del carabinero de guardia, Heriberto Novoa Escobar. La huida del comando derivó en un tiroteo con los carabineros que conmocionó esa zona del centro de la capital. Además, según relató El Mercurio, el comando hizo explotar una bomba que causó daños en la base del monumento. El efecto simbólico significativo vino dado por la acción de “apagar” la Llama de la Libertad; el logro de este objetivo fue fuertemente destacado por la resistencia, generando un golpe al argumento de la dictadura, que refería la “eternidad” del símbolo, la representación del triunfo sobre el comunismo y el carácter imperecedero de la patria. El gobierno emitió una declaración en duros términos contra la subversión y evidenció, al mismo tiempo, la importancia asignada a la simbología que había construido. La dictadura asumió el símbolo como un significado del régimen y el proyecto político que ésta impulsaba, estructuró un argumentario que recurrió al marxismo internacional, al comunismo, como el enemigo a batir: 1.- El carabinero Heriberto Hernán Novoa Escobar cayó cumpliendo con su deber en circunstancias que se encontraba custodiando la “Llama de la Libertad” encendida por el pueblo de Chile como símbolo del compromiso de toda una nación con la gesta libertadora del 11 de septiembre de 1973. // 2.- El marxismo internacional no perdona ni perdonará jamás a nuestro país por la derrota que le infligiéramos en 1973 y que significó un ejemplo y una esperanza para el mundo de que es posible liberarse de las cadenas del totalitarismo marxista. // 3.- Las razones anteriores han llevado a los enemigos de Chile a orquestar y financiar desde el exterior una escalada en contra de nuestra Patria y que pretende aprovechas la próxima celebración del Día Nacional del Trabajo para crear un falso clima de odio y enfrentamiento entre los chilenos (El Mercurio, 29-4-1980: A1). La lectura de la resistencia ligó el atentado a la conmemoración del primero de mayo, posicionando el debate en torno a los valores democráticos. La acción subversiva visibilizó la diferencia de miradas en torno a dichos valores, para ellos el gobierno y sus aliados representaron el orden ilegítimo significado en la Llama de la Libertad, contrapuesto a las celebraciones más significativas del movimiento popular y de la izquierda, como era la jornada del día de los trabajadores. Por otra parte, la prensa oficialista se focalizó en el carácter terrorista de la acción, representando en la muerte del carabinero custodio los objetivos destructivos de la oposición; anexo a lo anterior, el oficialismo definió como anti cívico el carácter de la acción, en cuanto atacó el significado del proyecto fundado en septiembre de 1973, identificado con la patria y contra el marxismo. 4.1.2.- Acciones de la resistencia contra los símbolos dictatoriales. Junto a las acciones analizadas hubo otros eventos que, sin tener el impacto de éstas, fueron también significativos por cuanto fueron actuaciones de intervención política que constituyeron los primeros indicios de oposición visible en el espacio público chileno. Veamos ahora algunas de estas manifestaciones. Las acciones resistentes contra la simbología del régimen fueron frecuentes y se realizaron de manera planificada, ocurrieron en el contexto de la articulación de los grupos armadas, por lo tanto, se produjeron en la segunda década del régimen dictatorial. En septiembre de 1980, y en pleno momento de imposición de la nueva constitución que impulsó el régimen dictatorial, un grupo de civiles se encadenó en el monumento al presidente Arturo Alessandri Palma, 7 reforzando el rechazo hacia las formas autoritarias de la carta fundamental y al contexto político antidemocrático en que se discutió y aprobó. Ocho personas fueron detenidas producto del acto de resistencia pasiva. En el grupo había una mayoría de miembros democristianos del movimiento universitario, que por esos años comenzaba a movilizarse fuertemente por demandas políticas generales y sectoriales. Estos fueron acusados de infringir la ley de seguridad interior del Estado. La represión se justificó 7 Arturo Alessandri fue el padre de otro ex presidente, Jorge Alessandri Rodríguez, que formó parte de la comisión de estudios constitucionales que finalmente redactó el proyecto de carta fundamental que vio la luz en 1980. Jorge Alessandri acabó retirándose de dicha comisión por diferencias de fondo en el carácter que los grupos gremialistas, dirigidos por Jaime Guzmán, dieron al documento (Huneeus, 2005: 239-241). en la falta de respeto que se había hecho al monumento: Ocho personas fueron detenidas ayer por Carabineros y acusadas de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz de que se encadenaron en torno al monumento del ex Presidente Arturo Alessandri Palma, situado en la Plaza de la Libertad, frente a la Cancillería. // El grupo que efectuó la manifestación política estuvo encabezado por el ex dirigente juvenil del disuelto Partido Demócrata Cristiano, Guillermo Yungue Bustamante, egresado de Derecho. Los protagonistas del hecho distribuyeron una declaración expresando su rechazo al plebiscito convocado para mañana 11 de septiembre. Durante su acción los jóvenes recibieron atención preferente de periodistas extranjeros que llegan al país para informar sobre el plebiscito (El Mercurio, 10-19-1980: C13). Esta acción hizo referencia a otra forma de aparecer manifestándose en el espacio público, esta vez desde el pacifismo representado por el encadenamiento utilizado en defensa de los derechos humanos. Este mecanismo y su estrategia persistieron en el tiempo, pero vinculado a formas de denuncia que no utilizaron los símbolos dictatoriales, sino el espacio público y el vacío de uso político real del mismo. Instalados en el ciclo de protestas, en agosto de 1983, resurgió la polémica por el uso de la bandera nacional. Esta vez fue un grupo de estudiantes de la Academia Superior de Estudios Pedagógicos quienes realizaron un acto de desagravio al pabellón nacional. Tras las protestas y enfrentamientos callejeros con la policía en la casa de estudios, se procedió a arriar la bandera presente en el edificio. Digamos que el acto de los oficialistas enfatizó el rechazo al nexo entre la protesta y el símbolo, peor aún si la circunstancia era su retirada del edificio: Los incidentes de ayer fueron protagonizados por cerca de 100 jóvenes, quienes ingresaron al patio del Pedagógico, gritando consignas contrarias al Gobierno. Allí procedieron a arriar la bandera chilena ubicada frente al edificio central, como asimismo la de la facultad. // Luego caminaron en grupo por el patio para concentrarse frente a las rejas del lado sur, hacia Avenida Grecia. En ese lugar un grupo de exaltados destrozó una caseta de vigilancia de personal de la Academia (El Mercurio, 20-08-1983: C1). Acciones como estas hacia la bandera se repitieron en diversos planteles de educación superior durante el ciclo de protestas de mediados de la década de los ochenta, avivando el debate acerca de la legitimidad y representatividad del régimen con respecto al Estado, que definieron los militares, los neoliberales y la derecha política. En noviembre del mismo año 1983 se produjeron daños en el mármol de la Llama de la Libertad, ya instalada en el Altar de la Patria frente a La Moneda (El Mercurio, 11-11- 1983: C3). Tales daños fueron adjudicados por la prensa oficialista, a una mujer que había intentado freír huevos en el monumento; increíblemente, sobre esta acción no hubo ni reivindicaciones políticas ni tampoco se ofrecieron datos más exactos. En nuestra opinión, la explicación surrealista del hecho definió el grado de negación del repudio que provocaban los sitios conmemorativos de la dictadura. Las acciones contra los monumentos conmemorativos se produjeron no solo en la capital, sino en diversas ciudades chilenas. A pesar de no ser frecuentes, generaron cierto enfrentamiento en el plano discursivo sobre el espacio público. Veamos algunas de tales actuaciones. En junio de 1984 una carga de dinamita destruyó la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico en Copiapó (Atacama). El hecho supuso una nueva afrenta a la lectura de la historia nacional hecha por la dictadura. La acción se realizó un día después de la celebración de la toma del morro de Arica, una de las batallas más significadas para la visión conservadora de la historia del país, refrendando el carácter simbólico de la acción subversiva (El Mercurio, 9-16-1984: C1). 8 Es interesante constatar que el atentado de abril de 1986, contra otra Llama de la Libertad instalada en la austral Punta Arenas, identificada como símbolo dictatorial, nos demuestra una extensión de los referentes de la dictadura y, por consiguiente, también fue un blanco de acciones resistentes para contrarrestar la influencia oficialista en el imaginario de la ciudadanía. Según anotó El Mercurio: A las 4.15 horas de ayer, desconocidos hicieron detonar un artefacto explosivo en el interior de la torre del monumento de la Llama de la Libertad, ubicado en Avenida Bulnes, a la entrada de Punta Arenas. // Resultó destruida en forma parcial, la instalación de gas que alimenta el quemador principal que mantiene encendida la llama, interrumpiéndose el suministro por algunas horas (El Mercurio, 15-04-1986: C4). 9 El edificio Diego Portales, que ya hemos descrito en su significado para el régimen militar, también fue blanco de la actividad de grupos resistentes. A continuación observaremos algunos sucesos que guardan relación con la disputa reflejada en los ataques En julio del mismo año, también en Copiapó, se realizó una acción similar contra el busto de Luis Cruz Martínez, otro héroe de la misma guerra y en cuyo honor Pinochet entregó medallas a jóvenes gobiernistas en sendos actos políticos realizados durante su mandato, cuando se celebraba el día nacional de la juventud, el 9 de julio de cada año (El Mercurio, 13-07-1984: C8). 9 El hecho provocó la detención de cuatro personas. 8 a esta construcción. El rebautizado edificio Diego Portales fue atacado con un coche bomba el 26 de octubre de 1984 por parte del FPMR. Además de causar cinco heridos leves y destruir tres automóviles, el edificio sufrió graves daños. 10 Como hemos dicho líneas arriba, el Diego Portales constituyó un símbolo del poder político instituido en 1973, tanto más cuanto acogió a la Junta Militar desde entonces y hasta septiembre de 1980. Por lo tanto, el ataque a dicho edificio supondría, para los movimientos resistentes, una acción contra el entramado físico-simbólico del régimen que, como veremos en capítulos sucesivos, celebró en el edificio numerosas actividades públicas. Prosiguiendo con los ataques en función de los elementos simbólicos presentes en el conflicto político chileno, no podemos dejar de relatar algunos hechos puntuales como los asaltos al mausoleo de la familia del dictador. Los ataques ocurrieron en julio de 1986 por un masivo grupo de manifestantes. Tal vez fue el ataque más cercano al dictador meses antes del atentado contra su vida. La acción se dio en el marco del funeral de Rodrigo Rojas, joven quemado por la policía durante una protesta que había formado parte del ciclo de manifestaciones que por esos años se vivían en Chile: Los servicios de seguridad detuvieron a Marco Antonio Rivera Escobedo, indicando que se trata del autor confeso de integrar las proscritas Juventudes Comunistas y sindicado como uno de los violentistas que provocó graves daños en el mausoleo de la familia Pinochet-Hiriart en el cementerio general. Al mismo tiempo, se informó que el Primer Mandatario, por razones humanitarias, no entablará acción judicial alguna en contra del citado individuo (El Mercurio, 15-07-1986: C8). El acto de desagravio hacia la familia de Pinochet incluyó autoridades y movimientos políticos fascistas, como Avanzada Nacional fuertemente identificado con el dictador y de un profundo anti izquierdismo. El ataque al mausoleo nos indica la personificación de la dictadura con el dictador, que hacia 1986 se refrendaba en el liderazgo indudable de Pinochet representando aquel proyecto. El carácter político del hecho fue claramente reconocido por el propio dictador quien, aduciendo razones humanitarias, no presentó cargos contra el miembro de las juventudes comunistas, detenido y acusado por la CNI como el responsable del ataque al mausoleo. La prensa refiere fotografías que revelan los destrozos provocados por la onda expansiva hasta 200 metros del edificio Diego Portales (El Mercurio 27-10-1984: C7). 10 Veamos ahora las actuaciones de violencia política realizadas por la resistencia contra los edificios policiales y militares, expresión clara de las fuerzas represivas de la dictadura. 4.2.- Ataques a los retenes y edificios policiales y militares. A través de los sucesos que analizaremos en este apartado pretendemos caracterizar las prácticas de resistencia y la violencia política, definiendo los actores que desarrollaron sus acciones en el transcurso de la dictadura pinochetista. Nuevamente la prensa nos entrega valiosa información que permite situarla como una importante base documental. A través de las informaciones, artículos de opinión y noticias varias recogidas por los medios de comunicación reflexionaremos sobre aquellas prácticas. Comenzaremos por describir el fenómeno en relación a los espacios de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, veremos cómo ocurrieron estas acciones en los locales de las policías secretas. Por último, revisaremos el comportamiento de la violencia política dirigida a las policías civiles, tanto la de investigaciones como la de los carabineros, la policía uniformada, más numerosa en efectivos e infraestructura, de mayor referencia de sucesos de este tipo. El devenir político del régimen dictatorial provocó que los edificios, espacios y propiedades de las Fuerzas Armadas y carabineros se transformaran en sinónimo del régimen pinochetista, perdiendo el carácter unitario y republicano que habían ostentado durante el siglo XX. Sobre esta disfunción se construyó una fuerte relación con una parte de la ciudadanía: la que adhería a Pinochet. De este modo, aquellos espacios y actores llegaron a considerase como parte fundamental de la identidad derechista, excluyente y partidista (Huneeus, 2000). A continuación veremos los hechos más relevantes de acciones de violencia política sobre edificios y espacios propios de las ramas de las fuerzas armadas. Aunque el número de ataques fue escaso, 11 el impacto que tuvieron en la opinión pública a través de los medios de comunicación fue significativo. 11 Según la prensa revisada, encontramos un total de 71 ataques de este tipo para todo el período, concentrados entre 1983 y 1988. La mayoría de los atentados (45) se dirigieron a dependencias de carabineros. 4.2.1.- Ataques a edificios de las Fuerzas Armadas. Empecemos por señalar que sólo a partir de 1977 encontramos ataques de la resistencia armada a construcciones y lugares relacionados con las Fuerzas Armadas, incluyendo los edificios que no se relacionaban directamente con las violaciones a los derechos humanos, utilizados como centros de detención o de concentración y prisión política y tortura. 12 Las ramas de las Fuerzas Armadas no sufrieron perjuicios significativos en los edificios y recintos que ocuparon; el Ejército neutralizó los ataques de la resistencia con éxito y, por otra parte, los grupos subversivos concentraron su acción en otros objetivos. Los grupos resistentes vieron la dificultad de atacar este tipo de recintos, aunque en los años ochenta, fue un elemento desarrollado por la subversión. Habría que esperar hasta 1985 para encontrar un ataque significativo, que ocurrió en noviembre de ese año, cuando un grupo armado de seis personas atacó un comando de la aviación en el aeródromo Tobalaba de Santiago. En esta ocasión fue dañado un helicóptero Puma y otras aeronaves apostadas allí. Posteriormente, fue allanado el barrio aledaño de Lo Hermida, donde se encontró el vehículo utilizado en la acción subversiva: Tres de los sujetos se introdujeron en el patio de una vivienda ubicada en pasaje El Molle, que colinda con las dependencias del citado comando aéreo, desde donde efectuaron disparos. La misma vía utilizaron posteriormente para escapar. La policía presume que otros extremistas lanzaron “rockets” desde el costado sur del mismo recinto, por cuanto se escucharon seis detonaciones sucesivas (El Mercurio, 19-11-1985: C1). Un mes después otro vehículo con explosivos fue colocado en la Escuela Militar.13 El modus operandi consistió en el tradicional robo de un vehículo utilizado como cochebomba, esta vez con veintiséis kilos de explosivos instalado a cincuenta metros de la puerta de la Escuela Militar. 14 Entre los hechos destacados en torno a este aspecto, se encuentra el ataque, en En agosto de ese año se produjo un ataque a la ex academia de guerra del Ejército, a través de una bomba de fabricación casera que afectó los ventanales del edificio (El Mercurio, 17-08-1977: 23). 13 Este recinto militar de formación de oficiales del Ejército y ubicado en el sector más exclusivo de la capital chilena fue fundado por Bernardo O'Higgins en 1817. La selección social de la escuela ha sido tradicionalmente su característica más significativa (Valdivia, 2003). 14 Los daños materiales se produjeron en los vehículos instalados en las cercanías del coche-bomba, además de provocar destrozos menores en el edificio (El Mercurio, 15-12-1985: C2). 12 agosto de 1986, al regimiento Libertadores número diez a través de un coche bomba cargado con quince kilos del explosivo amongelatina. Este nuevo atentado provocó la muerte del conductor del coche-bomba, quien era trabajador del programa de jefes de hogar (POJH), John Malhué González. La explosión afectó también a una mujer y un conscripto de la unidad militar. Un elemento a considerar en este ataque es que a la dotación de este regimiento pertenecía el teniente Pedro Fernández Dittus, procesado por incendiar a dos jóvenes durante protestas anteriores (El Mercurio, 5-08-1986: A1). 15 Llegados a este punto podemos referir que los ataques a edificios de las Fuerzas Armadas se concentraron en los últimos años de los ’80. Estas acciones fueron ejecutadas casi exclusivamente por el FPMR; las actividades del MIR apuntaron específicamente a la policía. Por otra parte, las acciones subversivas excluyeron a edificios de la Armada. Pocos meses después, en mayo de 1988, se produjo un nuevo ataque a la Academia de Guerra del Ejército; en esta ocasión el atentado afectó a una casa cercana cuestión interesante por cuanto sabemos que la póliza de seguro que tenía la misma cubría atentados terroristas. Esto es indicador, a nuestro entender, del hecho que sectores acomodados de la capital consideraban estos ataques como una posibilidad cierta (El Mercurio, 21-05-1988: C1). Las características del ataque no variaron respecto de otras ocasiones y establecieron un modus operandi suficientemente fijo en lo referido a este tipo de eventos: EN EL ANTEJARDÍN DE la discoteque Las Brujas se montó un trípode el jueves 19 en la medianoche, para disparar un Low contra la Academia de Guerra del Ejército, ubicada en Nueva Príncipe de Gales con Valenzuela Llanos, La reina, el que luego de recorrer entre 800 y 1.000 metros haciendo una parábola, fue a dar al techo de una casa habitación (El Combatiente, Nº 2, julio de 1988: 9). 16 Un objetivo importante para los grupos subversivos fueron los recintos de las policías políticas. Veamos cómo se comporta esta tipología de ataques a edificios policiales y militares. 4.2.2.- Atentados contra edificios de la DINA y la CNI. 15 Un año y medio más tarde, en diciembre de 1987, la violencia política contra edificios militares se manifestó de nuevo con una acción armada contra el Ala dos de la Fuerza Aérea, ubicada en la comuna santiaguina de Cerrillos. El ataque frontal se realizó con rockets y un tiroteo posterior fue realizado por el FPMR, provocando una gran movilización de los efectivos de la FACh (El Mercurio, 16-12-1987: C5). 16 Las mayúsculas figuran en el original. Un segundo tipo de objetivos, estrictamente vinculados a la represión, fueron los centros de detención de la DINA y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). 17 Por razones fácilmente comprensibles, sólo se supo de la localización de estas residencias y locales una vez que los sobrevivientes lograron reconocer y comunicar su ubicación (Barceló, Reszczynski y Rojas, 2013: 209-210). La posibilidad de atacarlas fue un objetivo fundamental para demostrar que el aniquilamiento no era absoluto y que la izquierda estaba dispuesta a luchar contra la maquinaria estatal de la represión. Efectivamente, sabemos que ya en mayo de 1980 se atacó -en la capital- el cuartel de la CNI ubicado en la calle José Domingo Cañas. 18 La acción estuvo definida por la figura de un supuesto carabinero que desvió el tránsito para que el grupo atacara el local con ráfagas de metralleta. 19 Cuatro años más tarde, en junio de 1984, se dispararon ráfagas desde un automóvil estacionado frente al cuartel de la CNI, ubicado en la Avenida Santa María de la capital. Este ataque utilizó un mecanismo similar a los anteriores, pero en esta ocasión los agentes de la CNI pudieron repeler el ataque. 20 En 1986 un falso ataque al cuartel Borgoño de la CNI21 acabó con la muerte de uno de los integrantes del comando que realizó el ataque. Los hechos se centraron en el tiroteo entre los agentes represivos y el comando subversivo. La víctima mortal resultó ser el militante comunista Marcelo Marchandón Valenzuela, quien ya había estado secuestrado en 1978, durante los disturbios posteriores al primero de mayo. Sin embargo, investigaciones posteriores concluyeron que Marchandón había sido detenido dos días antes del ataque al 17 La CNI se conformó en 1977 luego de que la DINA desapareciera debido a presiones internacionales por las violaciones a los derechos humanos. La política doctrinaria de seguridad interior del Estado siguió guiando la acción de esta policía política, ahora con criterios de selectividad (Lira y Loveman, 2000). 18 En esta casa funcionó el cuartel Ollagüe de la DINA y, posteriormente, continuó siendo un centro de detención de la CNI; se estima en una cincuentena los detenidos desaparecidos que pasaron por esta locación. La casa perteneció al sociólogo brasileño Theotonio Dos Santos hasta el golpe de Estado. Hoy es una casa de memoria gestionada por una fundación sin fines de lucro. http://josedomingocanas.org/historia/centros-dedetencion/, consultado el 12 de febrero de 2013. 19 Del mismo modo, se utilizaron “miguelitos”, clavos doblados cuya finalidad era impedir la persecución de los agentes represivos al comando subversivo (El Mercurio, 5-05-1980: C1). 20 Con todo, el comando pudo disparar ráfagas de fusil y arrojar una granada de mano que provocó solo algunos daños menores a la propiedad (El Mercurio, 20-07-1984: C1). 21 Entre 1977 y 1989 el cuartel Borgoño fue utilizado por la DINA y, posteriormente, por la CNI como centro de detención y torturas en la zona norte de Santiago; hoy es sede de la brigada antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI). http://www.memoriaviva.com/Centros/00Metropolitana/recinto_CNI_cuartel%20borgono.htm, consultado el 13 de ebrero de 2013. cuartel. Este falso enfrentamiento muestra el uso de una forma de terrorismo de Estado que disfrazó sus operaciones de acciones subversivas para justificar su trabajo, dado en un marco de fuerte desgaste de la imagen de las agencias represivas: Según la versión de Dinacos, ese día a las 22.50 horas el extremista Marcelino Marchandón resultó muerto al ser repelido un ataque al cuartel de la CNI, ubicado en Avenida Santa María en Santiago. // Sin embargo, declaraciones de testigos indican que la víctima había sido detenida el 6 de diciembre en la vía pública por civiles armados y trasladado a un recinto secreto. // El informe de autopsia consigna que la causa de la muerte es el traumatismo facio cráneo encefálico por bala. Registra 10 impactos de bala y otros tantos por perdigones. // La Comisión, considerando los antecedentes recibidos, la militancia de la víctima y su detención previa, ha llegado a la convicción de que Marcelino MARCHANDON fue ejecutado por efectivos de la CNI, siendo su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales (Informe de Verdad y Reconciliación, 1992: 1001). Sin duda las acciones contra los centros de la policía política del régimen dictatorial cumplieron con la función de visibilizar su existencia y, aunque no fue del todo logrado, disminuir los niveles de violencia contra los militantes del movimiento social y político contrario a la dictadura. En los últimos años del pinochetismo se reconoció la existencia de los cuarteles y casas de la CNI, incluso publicitando localizaciones y las funciones que desempeñaban. Prueba de ello es el decreto 594 del Ministerio del Interior, del 15 de junio de 1984. Con todo lo anterior, continuaron existiendo centro clandestinos de detención y tortura. Si bien la resistencia generó acciones durante los primeros años de la década de los ochenta en locales de la policía política, el fuerte de éstas se encontraba en los ataques a las policías civiles. Veamos cómo se dio este fenómeno en la Policía de Investigaciones que, aunque como en el caso anterior fue objeto de escaso número de ataques, también se vio afectada por la actividad de los grupos subversivos. 4.2.3.- Ataques a recintos de la Policía de Investigaciones y a recintos de Carabineros. En Chile existen la Policía de Investigaciones (PDI), conocida como la Policía civil, institución dependiente del Ministerio del Interior destinada a colaborar con el Ministerio público en el esclarecimiento de diversos delitos. Aunque alejada del devenir político, se vio identificada con la dictadura, así como todos los estamentos policiales y militares. Y los Carabineros, cuerpo policial fundado en 1927 durante la presidencia de Carlos Ibáñez. La policía uniformada es un cuerpo militar que se encarga del orden público. 22 Ambos cuerpos fueron objeto de ataques por parte de la resistencia. Por lo que se refiere a la PDI, el primer ataque recibido se produjo en septiembre de 1980, en el período de articulación de la fuerza central del MIR. El contexto de este ataque fue la convocatoria a plebiscito para aprobar la nueva constitución, lo que, sin duda, contribuyó a que el efecto mediático de la acción fuera significativo. 23 Unos meses más tarde, en mayo de 1981, fue atacado el cuartel Huelén de la policía civil, ubicado en Maipú (Santiago), lugar que fue recinto de detención de militantes de izquierda. La acción armada consistió en el ametrallamiento del edificio. 24 Otro centro de detención atacado fue la prefectura Valparaíso de la Policía de Investigaciones. 25 Lo relevante de este ataque fue la cantidad y gravedad de los heridos que dejó, entre los que se contaban cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones y ocho civiles. Es interesante señalar al respecto la declaración del responsable político, la Intendencia Regional, que relacionó el atentado con las movilizaciones sociales que se estaban prodigando ese año y que parecían crecer en forma significativa: La Intendencia Regional llama la atención de la opinión pública acerca de la coincidencia que se manifiesta en la organización de los desmanes ocurridos el jueves en la Universidad Católica de Valparaíso y la que demuestran los atentados de hoy. Estos hechos forman parte de un mismo plan extremista, a cuya primera manifestación fueron arrastrados irresponsablemente estudiantes de enseñanza media y universitarios (El Mercurio, 15-5-1983: C4). Una nueva acción se produjo a fines de agosto de 1984 cuando, desde un automóvil en movimiento, se realizaron disparos contra el frontis del cuartel de la Policía de Investigaciones de la comuna de La Cisterna; uno de los agentes resultó con una herida cortante (El Mercurio, 23-08-1984: C4). Con posterioridad no encontramos acciones similares. Acercándonos al fin de la dictadura, el tipo de ataques a la policía civil cambió y Carabineros, durante la dictadura, dependía del ministerio de defensa, como una rama más de las Fuerzas Armadas. Desde febrero de 2011 está bajo el ministerio del Interior. 23 En esta ocasión un grupo de doce personas atacó con disparos y miguelitos el cuartel Providencia de la policía civil (El Mercurio, 7-09-1980: C1). 24 Debido a la respuesta de los policías, murió Rosa Bustos Fierro, persona ajena por completo a los hechos quien viajaba a bordo de un taxi en la zona de los hechos (El Mercurio, 11-05-1981: C9). 25 Este ataque se produjo en mayo de 1983, ocasión en la que se utilizó un proyectil disparado desde el mercado El Cardonal. El artefacto generó esquirlas provocando daños materiales de importancia en el inmueble. 22 disminuyó ostensiblemente, debido a los fuertes golpes represivos que provocaron una baja notable en la capacidad operativa de los grupos subversivos. 26 Las acciones contra la PDI tampoco fueron muy numerosas, pero su efecto mediático fue significativo, la relación mucho más directa de los cuerpos policiales con la ciudadanía, cuestión que no sucedía con los militares, hizo que los atentados fueran vistos con mayor preocupación. Desde otra mirada, los ataques a la policía civil se agregaron a la identificación que hicieron los grupos resistentes de los cuerpos represivos del Estado, en tanto fueron visualizados como enemigos de los sectores populares. Todas estas acciones ayudaron, a nuestro juicio, a crear la imagen de separación, de distancia existente entre la sociedad civil y las fuerzas militares y policiales. El identificar tan fuertemente como enemigo a las instituciones armadas del estado, simbolizadas visiblemente en sus edificios y reparticiones, contribuyó a separar los bandos en conflicto. Esto es más evidente si cabe en el caso de la fuerza represiva más cercana a la ciudadanía, la policía uniformada, especializada en la persecución de delitos civiles y criminales, la regulación del tráfico y funciones relacionadas directamente con la vida cotidiana de las personas. Por lo que se refiere a los recintos de los Carabineros, hemos constatado que fue el cuerpo de policía más afectado por los ataques de la resistencia durante todo el período. Ocupando este cuerpo uniformado la primera línea represiva del Estado, fue el que más rápidamente fue identificado como el que ejercía la represión más cotidiana, la efectuada en la calle contra cualquier forma de movilización social o protesta opositora. De esta manera, sus cuarteles, edificios e infraestructura logística se vieron atacados permanentemente. Durante la década de los setenta prácticamente no se produjeron ataques a la policía uniformada. 27 Fue con posterioridad al desarrollo de la movilización social, a inicios de los ochenta, que constatamos la proliferación de numerosas acciones contra la institución. Así, En mayo de 1987 se atacó una patrulla de Investigaciones en Cerro Navia (Santiago). En esa oportunidad se disparó a un vehículo con un fusil M-16, distinto a los AKA usados a principios de la década, las heridas de los policías involucrados fueron de poca consideración (El Mercurio, 30-05-1987: C6). Al día siguiente, se desactivó un rocket que apuntaba al cuartel general de la policía civil en Santiago. Ese proyectil pertenecía al arsenal internado por el FPMR en 1986 y conmocionó el centro cívico capitalino por el operativo que desactivó el artefacto (El Mercurio, 31-05-1987: C1). 27 Cabe señalar que, los días posteriores al golpe de Estado, el cuartel de Neltume (Valdivia) fue escenario de un fuerte enfrentamiento (Comité memorial Neltume, 2003; Bravo, 2012). Luego de ello no se registran este tipo de acciones. 26 en junio de 1981 se asaltó el cuartel Las Tranqueras ubicado en Santiago, que fue el primer ataque de magnitud contra un edificio policial en la capital. La acción armada se produjo frente a un colegio secundario, desde donde se apreció el uso de cohetes contra el frontis de la unidad policial de carabineros: Los hechos, que provocaron conmoción pública en toda la zona, se desarrollaron entre las 9.15 horas de la mañana de ayer y las 12 horas. En los sectores, donde tuvieron como escenario los sucesos, existen varios establecimientos educacionales y jardines infantiles, incluso, un alumno de cuarto año medio, de 17 años, fue alcanzado por una bala en su brazo derecho, cuando llegaba al Liceo número AN-68, que está situado en calle Las Tranqueras, a un costado de la comisaría de Carabineros atacada por los subversivos (El Mercurio, 23-06-1981: A1). Con posterioridad, se sucedieron reiteradamente los ataques a comisarías y retenes. Particularmente fueron las instalaciones ubicadas en barrios y poblaciones de trabajadores, el objeto de ataques por parte de comandos subversivos, así como también por turbas de manifestantes que actuaron en medio de las protestas nacionales o en fechas determinadas por el calendario memorialista de la izquierda chilena. Un ejemplo de lo anterior se produjo en noviembre de 1983, cuando dos carabineros resultaron heridos en el retén de Hualpencillo (Concepción), debido al ataque con bombas incendiarias. 28 Este retén fue objeto de sucesivos actos de violencia política durante la dictadura y hemos de considerarlo como parte de un mecanismo de resistencia de baja intensidad, debido a la preparación no profesional de los artefactos utilizados y al tipo de objetivos al que apuntaba. Podemos observar que, durante el ciclo de protestas iniciado en 1983, las instalaciones de la policía uniformada fueron blanco de ataques en zonas populares de las grandes ciudades, particularmente frecuentes en Santiago y Concepción. En relación a ello, los eventos santiaguinos causaron importantes hechos políticos, que calaron profundamente en el imaginario de la resistencia. En febrero y marzo de 1984 un ataque de características más violentas fue realizado contra la subcomisaría Teniente Merino de Pudahuel (Santiago). El comando contó con la participación de ocho personas y consistió en el ametrallamiento del frontis del edificio policial en reiteradas ocasiones. Esta subcomisaría de Pudahuel sufrió permanentes ataques, En la ocasión se utilizó un tipo de bomba incendiaria que despide esquirlas, las cuales dañaron a uno de los policías del cuartel. Un incidente similar, en la misma fecha, se produjo el retén Prieto Cruz de Concepción (El Sur, 18-11-1983: 3). 28 pues tan solo un mes después otro ametrallamiento al frontis y la parte posterior tuvo lugar. 29 La figura de Mauricio Maigret representó el arquetipo de los jóvenes pobladores, adscritos a organizaciones populares –en su caso un centro juvenil parroquial- y que, por esos años, tomaban la opción de luchar contra la dictadura en los referentes definidos por la resistencia, a él se unirían otros que representaron este sujeto social de importantes proyecciones en la historia reciente del país. Los ataques se sucedieron contra las comisarías de los barrios más emblemáticos de la protesta social de la década de los ochenta. En 1984, año de gran actividad en lo que respecta a las movilizaciones, encontramos asaltos armados en los barrios santiaguinos de La Victoria, La Pincoya y La Cisterna, además de los citados en Concepción y también en Valparaíso. En junio de ese año, un artefacto explosivo fue arrojado a la Tenencia de carabineros de La Victoria, dañando gravemente los techos del recinto. No deja de llamar la atención que la UDI, el gremialismo pinochetista, condenara enérgicamente esta acción develando así el interés de este grupo por insertar su discurso en las zonas más conflictuadas por la protesta: La Unión Demócrata Independiente (UDI) denunció ayer una campaña de amedrentamiento desatada por sectores comunistas contra pobladores que no están en esa línea política. // Por tal motivo, el presidente Pablo Longueira informó que se constituyó un comité de abogados de esa colectividad, con el objeto de dar apoyo a las personas que estando en esa situación lo requieran (El Mercurio, 1509-1984: C7). En realidad, la mayoría de los ataques consistieron en hacer ráfagas de metralleta, tirar bombas incendiarias y colocar bombas de fabricación casera, siempre dependiendo del tipo de preparación y elementos que tenían a mano los comandos actuantes. 30 Casi en los mismos días se produjo el ataque a la Tenencia de Los Nogales, en Estación Central En la acción armada de fines de marzo se encontraron elementos de propaganda política del MIR, como panfletos y pintadas, ello indica que la propaganda fue otro de los objetivos de este ataque contra la policía uniformada (El Rebelde, 209: 9). Los disparos fueron efectuados por un comando miliciano del MIR un día antes de la reinauguración del cuartel policial. El hecho significativo tiene relación con la muerte del militante del MIR Mauricio Maigret, mientras cubría la retirada del comando. La causa de muerte del joven, de dieciocho años, fue la entrada de dos balas de fusil SIG desde la subcomisaría (Informe Rettig, 1992, vol. II: 209). 30 En agosto de 1984 fue atacada la subcomisaría de La Pincoya. En esta oportunidad se utilizó un artefacto que portaba amongelatina. Si bien no provocó heridos, este segundo ataque a ese recinto, desde que comenzara el ciclo de protestas, implicó el uso de explosivos más potentes (El Rebelde, 213: 8). 29 (Santiago). 31 La prensa oficialista destacó los posteriores allanamientos, que acabaron con veintitrés detenidos acusados por sospecha en la acción contra la tenencia. En noviembre de 1984, un nuevo ataque se produjo contra la prefectura de carabineros de Valparaíso y la jefatura de la segunda zona de inspección de carabineros. 32 Llegados a este punto, pensamos que es evidente la diferencia existente entre las actuaciones de los grupos organizados interesados en desarrollar actos de violencia política, de las desarrolladas por personas o grupos no organizados en el contexto de las protestas nacionales. Sin embargo, el objetivo único de ambos tipos de actuación, la policía uniformada, nos indica que la oposición radical registraba una estrategia común en torno a la legitimación del enfrentamiento con la policía. Así lo expresaba el primer boletín de las Milicias Rodriguistas: Ya van 11 años de tiranía. Nuestro deber como patriotas es terminar con ella cuanto antes. Los millones de hambrientos, sin casa, perseguidos, el futuro del país y nuestra dignidad así lo exigen [...] // Por todo esto planteamos que el camino más corto para acabar con la tiranía es el camino de la sublevación nacional. Es el camino más efectivo para terminar rápidamente con Pinochet y el fascismo. Hacia allá debemos encaminarnos. // Los enemigos del pueblo y del país temblarán de pie y armado dispuesto a enfrentarlos (Barricada, Nº 1, 1985: 1). Esto nos señala que la población en general, en los barrios que fueron los principales escenarios de acciones de protestas, manifestaciones y violencia política miliciana, tomaron como un elemento más esas formas de violencia contra el símbolo dictatorial representado en el edificio policial. 33 En la ocasión fueron utilizadas bombas molotovs y pedradas contra el edificio policial, la represión del hecho se ejecutó por parte de fuerzas especiales de la policía uniformada, incluyendo helicópteros. A fines de la década el ataque a recintos policiales formaba parte de la cultura política de movilización, en las poblaciones fue una práctica habitual y esto se extrapoló a las fechas emblemáticas de la izquierda, en el caso anterior coincide con el triunfo de la Unidad Popular, cuestión que se reivindicó en el ataque. Además de lo anterior, las jornadas En aquella oportunidad explosivos fabricados con cartuchos de dinamita fueron arrojados a los techos y patios de la unidad policial, causando daños de consideración en el inmueble (El Rebelde, 213: 8). 32 En este caso se utilizó un coche-bomba. Los daños materiales fueron de consideración y dos policías resultaron heridos (El Mercurio, 23-11-1984: C4). 33 En septiembre de 1985 hallamos ataques de una poblada contra el cuartel de la población Santa Adriana de Santiago (El Mercurio, 5-09-1985: C3). 31 de protesta nacional fueron propicias para esta tipología de intervención a los edificios públicos significados como dictatoriales. 34 Sin duda, los hechos demuestran que el ataque a los edificios policiales se había configurado como una práctica de resistencia armada, en un diapasón que va desde la poblada hasta la planificación de grupos guerrilleros de alta preparación. Hacia fines de la dictadura, entre los años 1987 y 1988, los ataques a cuarteles policiales se produjeron utilizando rockets, dejando consecuencias de diversa consideración. 35 Las acciones del FPMR tuvieron una preparación evidente y podemos catalogarla como parte de la estrategia de los grupos armados destinada a enfrentarse con los organismos represivos del Estado, principal cara de la dictadura militar, en un formato de estructura y acción claramente paramilitar, con estándares de profesionalización y recursos mucho mayores que los vistos en el período del protestas nacionales. 36 Hacia marzo de 1988, y ya en pleno proceso plebiscitario, un nuevo ataque de este tipo se produjo contra la misma comisaría de La Granja. En esta ocasión utilizaron material internado clandestinamente por el FPMR, provocando seis heridos, cuatro de ellos civiles.37 Pero el ciclo de violencia política no fue el protagonista del proceso de transición, muy al contrario, quedaría marginalizado por las negociaciones y así se denota en relación a esta tipología de ataques. El último de los hechos importantes de este tipo se desarrolló en la comuna de San Miguel (Santiago), donde atacaron con proyectiles Low la tenencia del sector. 38 Pero el efecto de estas acciones no provocó el impacto de años anteriores pues, por entonces, todo el interés estaba puesto en la cita plebiscitaria de octubre. Los niveles de mayor preparación, que los grupos subversivos dijeron tener, no En octubre de 1986 un acto similar tuvo lugar en el barrio de La Pincoya de Conchalí (Santiago). Esta vez en medio de un apagón se realizaron ráfagas de metralleta contra el frontis de la subcomisaría (El Mercurio, 18-10-1986: C10). 35 En junio de 1987 la subcomisaría de San Joaquín fue atacada a través de uno de esos rockets que no detonó, sin embargo, una carga en el trípode del artefacto si explosó aunque sin causar mayores daños (El Mercurio, 23-06-1987: C1). 36 En diciembre de 1987 se produjo un atentado contra la comisaría de la población San Gregorio, en la comuna La Granja de Santiago. Aquí, un importante grupo de personas disparó con ametralladoras y rockets contra el edificio policial (El Mercurio, 11-12-1987: A1). 37 Conviene destacar que esta acción armada se desarrollara en el contexto de otras manifestaciones y atentados motivados por una nueva celebración de la constitución de 1980 (El Mercurio, 12-03-1988: A1). 38 Cinco personas participaron de la acción armada. El disparo acabó destruyendo un poste de alumbrado público, sin causar mayores daños y heridos, aparte del corte de suministro eléctrico en el área circundante. Cabe destacar que esta fue la segunda oportunidad en que se atacó esa unidad de carabineros (El Mercurio, 17-03-1988: C7). 34 reportaron el apoyo político que eso supondría, por el contrario, el respaldo político ciudadano fue significativo cuando los sujetos sociales movilizados actuaron como protagonistas, elemento que se presentó en el primer lustro de la década de los ochenta, mediante el ciclo de protestas. Como hemos podido apreciar la policía uniformada recibió fuertes ataques y de diferente intensidad en sus recintos, espacios referenciales del proyecto dictatorial en los barrios populares. Por otra parte la infraestructura y logística policial también sufrió graves daños, analizaremos este último punto separadamente para comprender sus características específicas. 4.2.4.- La infraestructura policial atacada por la resistencia. No tan sólo los edificios policiales se vieron afectados por las diversas formas de violencia política contra los espacios simbolizados como portadores del proyecto dictatorial, los buses, furgones y patrullas de las instituciones policiales fueron también atacados como objetivos por parte de la resistencia armada. En los párrafos que siguen analizaremos este tipo de acciones de violencia política. Los ataques contra la infraestructura policial funcionaron como vía para visibilizar la violencia política de los grupos resistentes organizados, quienes se encontraban preparados para ejercerla junto a la movilización social, surgida en diversas oportunidades en el ciclo de protestas. A través de ello se constituyó un amplio sector con una identidad claramente anti dictatorial. Hacia fines del período la identidad común ya no fue tan clara y, más bien, fue cuestionada por un sector político importante, también muy cercano al movimiento social, pero definido en sus estrategias por la negociación política de cara a estructurar una forma pactada de transición. Un primer hecho relevante se produjo en octubre de 1983 fue ametrallado un furgón policial en Pudahuel y, a consecuencia de tal actuación dos carabineros resultaron heridos. El evento realizado nos muestra un determinado tipo de accionar por parte de la resistencia, consistente en una emboscada. 39 En abril de 1984 la colocación de una bomba tipo vietnamita, es decir, de fabricación casera, fue utilizada en el ataque a un bus policial de la 39 Se había recibido una denuncia de robo y, acudiendo el furgón de carabineros, se produjo el ataque al vehículo, según relata la prensa (El Mercurio, 20-10-1983: C1). dotación de fuerzas especiales, el grupo especializado en la represión a las manifestaciones callejeras. Esta acción fue un tanto inusual, pues el artefacto fue detonado a distancia, haciendo absolutamente imposible la reacción de los carabineros. En esta acción resultaron lesionados once policías y cuatro transeúntes, además de un muerto: el cabo segundo Pedro Núñez. Esta acción fue ejecutada en pleno centro de la capital, en las cercanías del cerro Santa Lucía, generando natural conmoción: La lucha contra las fuerzas policiales y represivas, así como contra sus redes de soplones enquistados en los sectores populares, ha venido cobrando fuerza en los últimos meses. Una de las acciones más espectaculares y efectivas fue el ataque de comandos de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Popular (FARP), contra un bus de las Fuerzas Especiales de Carabineros, emboscado en calle Carmen, a pocos metros de Alameda. En esa ocasión se usó un artefacto explosivo de alto poder que se activó al momento de pasar el vehículo policial. Un suboficial resultó muerto y cerca de 13 carabineros quedaron gravemente heridos, a escasos días de que las fuerzas policiales se ensañaran con el pueblo en la protesta nacional del 27 de marzo. ¡Así se defienden y combaten las fuerzas armadas del pueblo! (El Rebelde, Nº 209: 7). Los inicios de la década nos dejan ver un mayor arrojo en las acciones de los grupos armados, la muerte del policía involucrado generó un nivel de complejidad importante a la hora de justificar las acciones propias de la sublevación contra un gobierno de facto, en eso podemos entender que el discurso político fue tan necesario como las acciones mismas de la subversión resistente. 40 Este tipo de acciones estaban planificadas y eran parte de la acción de los grupos armados, que como en los casos de los ataques a cuarteles y dependencias de las fuerzas armadas y policiales, mayoritariamente son ejecutados por cuadros preparados por el MIR y el FPMR. 41 En efecto, podemos diferenciar con claridad que los ataques a recintos policiales de barrios populares fueron parte de la expresión propia de la indignación social, reflejada en las movilizaciones y, por otra parte, los atentados dirigidos a objetivos militares y policiales a través de tácticas como la emboscada, de evidente planificación de grupos armados con En septiembre del mismo año, esta vez utilizando armas y una bomba fue atacado un furgón en Concepción, el vehículo policial se encontraba realizando labores de patrullaje cuando fue emboscado por un grupo subversivo, hiriendo a dos de los ocupantes del furgón policial, en primer término fue lanzada una bomba contra el parabrisas, para luego recibir las ráfagas (El Sur, 19-09-1984: 3). 41 En Valparaíso una acción similar resultó con cuatro policías muertos y una decena de heridos de la misma dotación, los hechos ocurrieron en noviembre de 1984, igual que en el caso de abril en Santiago, fue utilizada una bomba vietnamita con sistema de relojería instalada en el sector de La Planchada, afectando un bus policial de fuerzas especiales (El Mercurio, 03-11-1984: C1). 40 formación especializada. A lo largo de 1985 continuaron los ataques, aunque el carácter y ejecución fueron distintos. 42 La evidencia nos señala que durante este año los grupos armados se concentraron en otros objetivos, siendo los sectores movilizados quienes desarrollaron mayores eventos contra recintos de carabineros. En febrero de 1986 se volvió a utilizar el método de la bomba vietnamita contra un bus policial de fuerzas especiales, colocando un coche-bomba en la Avda. Santa Rosa (Santiago), que estalló al paso del mismo. En la acción resultaron heridos catorce funcionarios policiales y muerto el oficial Luis Rival: Consultado por la prensa sobre la acción terrorista, el general Director de Carabineros, Rodolfo Stange, dijo que se trataba “de la acción de un pequeño número de locos”. Reiteró la unidad de la institución, señalando que “están profundamente equivocados si pretenden dislocarla utilizando estos medios, que están totalmente al margen de la ley”. Junto con solicitar la colaboración de la ciudadanía, informó que se adoptarán todas las medidas para capturar a los responsables. Por último, calificó el hecho como “extremadamente audaz”, afirmando que “ha sido un mal comienzo para nosotros (El Mercurio, 6-02-1986: C1). Durante los años que comprenden las movilizaciones o protestas nacionales fueron frecuentes las acciones contra furgones policiales que eran atacados con bombas incendiarias y cócteles molotov. Y es que, llegado este período, la práctica resistente se hizo masiva y espontánea en relación a este tipo de ataques. El atentado con coctel molotov fue particularmente registrado en las movilizaciones y durante las jornadas nocturnas posteriores a los llamados a protestar, los buses y furgones policiales fueron objetivo privilegiado en aquellos eventos. Los incidentes del Parque O'Higgins, y en el marco de la visita del Papa Juan Pablo II, en 1987, fueron particularmente significativos. En ellos resultaron heridos sesenta y cuatro policías y más de ciento cincuenta civiles. La violencia de los manifestantes se reflejó en la destrucción de los vehículos policiales, pues fueron veinticuatro vehículos los que resultaron dañados. Del mismo modo, se registraron balazos en los furgones de carabineros apostados en el Parque: La mayor cantidad de máquinas dañadas se registró el viernes último, durante la ceremonia de En San Miguel (Santiago), por ejemplo, se produjo un tiroteo entre un vehículo robado perseguido por la policía, los integrantes del grupo fueron detenidos y no se provocaron heridos (El Mercurio, 11-1985: C1). 42 beatificación de Sor Teresa de Los Andes, en una misa efectuada en el Parque O'Higgins, donde violentistas atacaron con piedras, palos y disparos a los vehículos policiales. // En los incidentes resultaron heridos 64 policías y más de 150 civiles con heridas de diversa consideración. De todos ellos, tres efectivos fueron internados en el hospital institucional, mientras que cinco civiles fueron trasladados hasta la Asistencia Pública de Santiago (El Mercurio, 6-04-1987: C1). El impacto de los hechos del Parque O'Higgins fue de tal magnitud que la oposición centrista, como hemos podido ver, rápidamente los condenó. Y es que, por entonces, los incidentes habían llegado a espacios y niveles que obstaculizaban la mediación política negociadora. Las imágenes de los furgones quemados fueron profusamente exhibidas por la prensa oficialista, marcando la distancia con el movimiento social. El freno a las conversaciones que buscaban la transición se generó desde la dictadura, producto de los incidentes, es por ello que los sectores centristas vieron amenazadas las tratativas consistentes en una salida al conflicto. Igualmente fueron importantes los reiterados ataques contra patrullas y furgones en lugares diversos de la capital y Viña del Mar producidos en los meses previos al plebiscito de 1988. 43 Una de estas acciones ocurrió en agosto de ese año cuando en plena campaña electoral del plebiscito fue atacado una patrulla policial desde un vehículo particular en la santiaguina comuna de La Pintana; el ataque se produjo por el uso de ráfagas de metralleta. Posteriormente se produjo una persecución que acabó con tres detenidos: Una patrullera policial, perteneciente a la Trigésima Comisaría de Carabineros, fue atacada a tiros por personas que se movilizaban en un furgón utilitaria, color blanco, marca Dahiatsu, patente GP9390, el hecho ocurrió a las 08.40 horas de ayer, en las calles Pedro Prado con Enrique Soto en La Pintana. // Según los investigadores el vehículo en que viajaban los agresores, presuntamente extremistas, había sido robado el sábado pasado desde calle Nataniel, frente al Nº 1640 (El Mercurio, 1-08-1988: C1). Las ideas expuestas pueden estar refrendadas en otras prácticas de resistencia y sus contrapartes en la movilización social. A continuación veremos si eso estuvo presente en los ataques a otra forma de apoyos a la dictadura, los medios de comunicación oficialistas y las instituciones de soporte al régimen de Pinochet. 43 En 1988, tan sólo dos días antes de la derrota electoral de la dictadura, encontramos un último ataque a un vehículo policial, esta vez en el barrio de Miraflores Alto en Viña del Mar. La patrulla fue atacada con palos y fierros por parte de un grupo de pobladores, resultando carabineros heridos y tres detenidos tras los hechos. (El Mercurio, 3-10-1988: C6). 4.3.- Violencia sobre los medios de comunicación e instituciones de la dictadura. Las acciones de violencia política de las agrupaciones de izquierda radical se dirigieron también a los medios de comunicación desde bien iniciada la dictadura. En este apartado indagaremos acerca de los hechos que tuvieron a los edificios e infraestructura que albergaban tales medios como blanco de la resistencia armada. La estrategia que la violencia política desarrolló hacia los medios de comunicación nos ayudará a entender qué efectos tuvieron estos ataques en el movimiento social y en el gobierno dictatorial, entendiendo que la prensa y los medios son elementos esenciales del espacio público. Los documentos emanados de la legislación dictatorial nos ofrecen datos acerca del fenómeno referido a las acciones sobre los medios. Del mismo modo, desarrollaremos el relato en base a las fuentes que la prensa, tanto la oficialista como la opositora y la clandestina, nos entrega. Sin duda los efectos de las acciones armadas contra los medios de comunicación fueron ampliamente tratados en los mismos, por tanto, podemos entrar con suficiente información al análisis que es necesario establecer. Un asunto inicial que guarda relación con las faltas a la libertad de expresión existentes en el período nos lleva, primero, a revisar el desarrollo del fenómeno de la censura y el control sobre los medios de comunicación en prensa, radio y televisión, afectados por las disposiciones legales en diversos momentos de la dictadura. Además de la censura, estudiaremos algunas formas de montaje o fabricación artificiosa de noticias que fueron creadas bajo el control dictatorial de los medios; esto es crucial para comprender las acciones atentatorias contra los medios de comunicación que analizaremos posteriormente. Posteriormente referiremos las distintas maneras en las que se atacó, por parte de la resistencia, a los medios de comunicación oficialistas, así como a sus funcionarios y dueños. De manera concatenada explicaremos las principales acciones que construyeron el discurso resistente contra los medios de comunicación oficialista. Unido a lo anterior, y en último término, argumentaremos en torno a los usos propagandísticos que la resistencia generó en función al ataque que realizó contra los medios oficialistas -particularmente la radio-, a través de diversas acciones de violencia que desarrolló la resistencia. Los medios de comunicación e información estuvieron dominados férreamente por la dictadura, como fue la regla en este período de la historia latinoamericana. En los países donde hubo dictaduras militares, el control sobre la prensa fue una condición sine qua non de los regímenes instaurados (Brunner, 1981: 79-95). Investiguemos entonces cómo funcionó ese control de los medios, particularmente férreo en la primera década que cubre esta investigación: la del setenta. 4.3.1.- Ataques a la libertad de expresión por parte del régimen. La dictadura cívico-militar tuvo, desde el primer momento, un cuidadoso y violento control sobre los medios de comunicación de masas. Una vez instalados los estados de excepción, los ataques a la libertad de expresión fueron la marca material del nuevo país político que se instalaba en Chile, veamos las referencias históricas de esta situación. La televisión y radio pública fueron rápidamente dominadas por el nuevo gobierno y su adscripción ideológica, la cual quedó de manifiesto en 1974 cuando TVN 44 publicó un afiche de apoyo al régimen. Sin duda, el control de los medios de comunicación fue crucial para generar la certeza entre la opinión pública del triunfo sobre la Unidad Popular. Por esta razón es que observamos el inmediato cierre de los diarios y revistas afines al gobierno de Allende, así como la eliminación de todos los contenidos políticos en los canales de televisión y radios del país. Uno de los usos más relevantes de los medios, a favor de la fabricación de una noticia, fue la conferencia realizada por un grupo de miristas en febrero de 1975. En la rueda de prensa se presentó a cuatro militantes del MIR que daban por acabada la línea política de su partido y declaraban la derrota militar del mismo. Las investigaciones posteriores han develado que esta conferencia fue hecha bajo presión y luego de la utilización de la tortura. Entre los firmantes de dicha declaración se encuentran detenidos desaparecidos: La inédita aparición en escena de un grupo de cuatro dirigentes miristas detenidos, que se presentaron en TV el miércoles pasado y dieron una conferencia de prensa dos días después, alcanzó a despertar alguna inquietud. No faltaron los imaginativos que creyeron que se trataba de la culminación de algún episodio violento. Pronto, sin embargo, se aclaró la duda. Asegurando que la idea había sido de ellos y que incluso les había sorprendido el apoyo que encontraron en las autoridades, los cuatro (Hernán Carrasco, Héctor Hernán González, Cristián Mallol y Televisión Nacional de Chile (TVN) fue oficialmente inaugurado en 1969, en esa estación, el canal público, se desempeñó como ex director y jefe de prensa hasta el golpe de Estado Augusto Olivares, quien se suicidó en La Moneda junto al presidente. Tras el bombardeo a La Moneda las transmisiones se reanudaron recién el 14 de septiembre de 1973. http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/reporter/capII18.html, consultado el 13 de febrero de 2013. 44 Humberto Mananteaux) hicieron un sombrío balance de la actividad del MIR y terminaron por hacer un llamado a sus correligionarios -hablaron del “partido”- a deponer las armas (Ercilla, Nº 2065: 11). En 1975, durante una visita del dictador al edificio del diario El Mercurio, se recalcaba la íntima relación entre el nuevo régimen y el medio escrito de mayor relevancia en el país. Esta visita se repitió en algunas oportunidades, particularmente en los aniversarios del diario, vinculando de manera directa a ambas instituciones. El medio de comunicación lo concibió como parte de la colaboración civil que debía existir para la tarea de reconstrucción que los militares habían definido como parte de su acción política, así lo explicaba en editoriales de ese año: El hecho de que concurriera el Presidente de la República a la celebración de nuestro aniversario tiene un rico significado. Desde luego, demuestra el aprecio sincero del Gobierno por la lucha que libraron la Dirección y el personal de este diario para resistir la dictadura marxista. Indica además que el Presidente y el Gobierno carecen de toda clase de prejuicios partidistas o populistas, y que miran a esta casa como una institución nacional, con prescindencia de la campaña infamante con que se ha pretendido por años disminuir la influencia de nuestro mensaje periodístico. Significa, en tercer término, que los actuales gobernantes respetan y valoran a la prensa independiente, y que comprenden mucho mejor que tantos seudodemócratas el papel que desempeñan las comunicaciones sociales puestas al servicio del país, antes que de los hombres o los paridos (El Mercurio, 8-06-1975: 29). La dictadura tuvo claro que debía ejercer el control sobre los medios de comunicación (Munizaga, 1983). 45 Un mecanismo de control sobre los medios, fue la eliminación de la prensa que no estaba bajo el control ideológico absoluto de la dictadura. En diciembre de 1976 se cerró definitivamente un medio que nació en 1971, ligado a un sector de los partidarios a la administración Allende: el Diario Color de Concepción. A través del Decreto N° 506 del ministerio de Tierras y Bienes Raíces sus propiedades fueron confiscadas por el Estado y, a pesar de señalar que el cierre era temporal, éste fue definitivo. La disputa por el control de los medios vio un episodio relevante en el cierre de radio Balmaceda. En un principio la zona de emergencia de Santiago suspendió las transmisiones en enero de 1976; a partir de aquí se abrió una batalla legal que se extendió 45 En marzo de 1976 requisó la edición número 2.121 del semanario Ercilla, revista afín a la derecha y que, sin embargo, fue objeto de la represión a la libertad de expresión bajo el argumento de la protección de la seguridad nacional (El Mercurio, 25-03-1976: 3). La edición nunca se conoció y la dictadura alegó la desfiguración de la imagen del gobierno para impedir la circulación de la mencionada edición. por dos años y que finalmente acabó con el cierre definitivo de ese medio. 46 Este medio radial era parte del aparato difusor de la Democracia Cristiana, partido que a esas alturas se había manifestado contra la perpetuación de la dictadura: g) Que no obstante lo antes señalado el partido político en receso Democracia Cristiana, según antecedentes fidedignos que obran en poder de la autoridad, la mayoría de los cuales son de dominio público, continúa como concesionaria de la radioemisora Presidente Balmaceda, usándola como medio para realizar actos expresamente prohibidos en los textos legales antes citados; y VISTOS: // Las facultades que me confiere la Ley Nº 12.927, artículo 4 en sus letras d); i); m); // DECRETO: // 1º Impónese, mientras dure la declaración de Zona de Estado de Emergencia, a CB 101, Radio Presidente Balmaceda, la medida de suspensión de todas sus emisiones radiales a partir de esta misma fecha. // 2º La Prefectura General de Carabineros de Santiago, dará cumplimiento a este decreto, notificando al representante legal de la emisora. // Anótese, regístrese y transcríbase (Decreto Nº 1 Zona Estado de Emergencia, 28-01-1977). La persecución contra los medios de comunicación, característica de los regímenes dictatoriales sudamericanos, no fue la única política desarrollada por la administración pinochetista contra los medios opositores; también hubo prácticas que utilizaron el control sobre la prensa, radio y televisión para construir imágenes y discursos traspasables a la opinión pública. Veamos algunas de esas prácticas. La utilización de la televisión pública tendría otro hito propagandístico con la exhibición, por cadena nacional, del documental “Chile y su verdad”, dirigido por Aliro Rojas. Este documental relataba las supuestas atrocidades y el mal gobierno desarrollado por Allende y la Unidad Popular, justificando así el golpe de Estado del once de septiembre de 1973. La emisión de este documental, que había sido realizado en 1974, sólo se produjo en 1977. Se alegaron razones de financiamiento aunque, en nuestra opinión, el retraso en la emisión se debió a las diferencias en el gobierno acerca de cuál era el mensaje a transmitir, tesis que viene corroborada por la edición hecha por Chile films y no por sus autores: La película fue realizada en 1974 por Aliro Rojas Beals, con libretos del periodista Hermógenes Pérez de Arce y si compaginación debió ser interrumpida por parte de la firma Emelco que la realizaba, debido a problemas de financiamiento. En su primera emisión, el sábado recién pasado, fue presentada por Chile Films, que en forma inexplicable la ofreció como producción propia sin mención alguna de sus verdaderos realizadores. Anoche, esta grave omisión pretendió ser salvada con al crédito final de la proyección cuyo tamaño no permitió su lectura fácil por el televidente (El Mercurio, 15-09-1978: 28). 46 Aunque decidido por una corte marcial, el cierre se concretó en febrero de 1977 no sin antes recibir el rechazo del consejo del colegio de periodistas, siendo ésta una de las primeras protestas gremiales contra las medidas represivas del régimen. Con todo, tal vez el hecho más grave contra los medios opositores fue el ocurrido en julio de 1980, cuando dos periodistas de la Radio Chilena, perteneciente a la Iglesia Católica, Guillermo Hormazábal y Mario Romero, fueron secuestrados. El gobierno desmintió tajantemente cualquier participación en los hechos, pero más tarde se descubrió que los autores pertenecían al autodenominado Comando Vengadores de Mártires, según relataron las víctimas tras su interrogatorio y liberación. Las investigaciones judiciales posteriores concluyeron que el comando aludido se formó con agentes de la policía de investigaciones tras la muerte del coronel Roger Vergara (Solidaridad, 98: 4). Ya en 1982 podemos ver en El Mercurio la censura que se extendió sobre las acciones de protesta, derivadas de la recesión económica que el país vivía, agravadas por las políticas estructurales, que dieron paso al modelo neoliberal, así como también por la falta de libertades políticas contra el movimiento social y la oposición. Las restricciones de este tipo significaron una de las caras más repudiadas por la ciudadanía y simbolizaban el carácter dictatorial del régimen. 47 Entrados de lleno en los años ochenta, la represión contra los medios de comunicación se focalizó en las revistas que comenzaron a circular desde fines de la década anterior. 48 Éstas eran opositoras al régimen, razón por la que sufrieron censura y diversos cierres. En septiembre de 1983 fueron detenidos tanto el director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, como uno de los personajes entrevistados, Pedro Ramírez. En síntesis, en medio del ciclo de protestas, las revistas y medios opositores fueron objeto del ataque de la dictadura, que acusó a las publicaciones de ser instigadoras de las movilizaciones. Los periodistas, muchos de los cuales se movilizaron frente a la falta de libertad de expresión y la censura, fueron objeto tanto de represión física como de conculcación de derechos en los espacios laborales donde desarrollaban su actividad, sobre todo cuando trataban de cubrir las movilizaciones sociales. Como se señaló en un texto recogido en Solidaridad: A inicios de 1984 esto fue refrendado en un editorial del diario, que intentó justificar esta política como forma de combate al terrorismo (El Mercurio, 12-03-1984: A3). 48 La primera de ellas surgió como boletín de información internacional en 1976 y luego incluyó análisis nacional. La revista Análisis apareció en diciembre de 1977; hacia 1984 surgió Teleanálisis, noticiario en VHS. La otra publicación de circulación nacional fue Cauce, inaugurada en noviembre de 1983 y centrada en la investigación periodística. 47 -Gastón Franco, presidente de la Unión de Reporteros Gráficos: “Por ser la persona que está en el lugar de los hechos, el reportero gráfico siempre paga las consecuencias en incidentes, apaleos y detenciones. […] A veces hacemos con temor nuestro trabajo, no sólo cuando se trata de incidentes callejeros, sino también en aquellos lugares en que hay personeros de gobierno que ocasionalmente se molestan si el “gráfico” hace una fotografía que no está de acuerdo con el protocolo de ellos. Estas cosas impiden la libertad de prensa, y sujetan y amarran al reportero gráfico (Solidaridad, Nº 156: 11). Los atentados contra los medios de comunicación ocurrieron en diversos puntos del país. En abril de 1984 se produjo el desalojo de la Radio Talcahuano en Concepción. La orden fue hecha por la Intendencia Regional y ejecutada por una cincuentena de efectivos de la Armada, quienes derribaron la antena y requisaron los equipos de la emisora. 49 Sin embargo, el carácter opositor de la radio fue determinante en su cierre, considerando su adscripción a la Asociación de radios católicas de Chile, vinculado al Arzobispado de Santiago y a la red nacional de Radio Chilena, cercanos a los sectores opositores a la dictadura. Sabemos que, en septiembre de 1984, los periodistas hicieron un día de huelga de hambre para protestar por la censura sistemática de los medios de comunicación opositores. El colegio de periodistas fue muy activo en la defensa de la libertad de expresión, vinculándose a personeros de la Iglesia Católica. De igual modo, estos profesionales se ligaron al movimiento social opositor contra la dictadura: El hecho de que se hayan cerrado filan en contra de esta Mordaza, la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile y el Colegio de Periodistas -que desde hace mucho tiempo que no estaban juntos- demuestra a juicio de González (Ignacio, presidente Colegio de periodistas), la profundidad y unanimidad del rechazo. Todo eso -sostiene- genera una movilización que a su vez se revierte contra el Gobierno. Así uno de los “frutos de la reacción generada” es una iniciativa que está impulsando la directiva nacional del Colegio de Periodista: un “compromiso solemne por la libertad de expresión” que se espera sea firmado por todo tipo de organizaciones del país [...] (Análisis, Nº 83: 21). En octubre 1984 se dieron a conocer dos nuevos bandos de la zona de Estado de emergencia: los Bandos 22 y 23, que ordenaba a los medios de comunicación no informar acerca de los actos calificados de terroristas. En noviembre, sin embargo, y a través del Bando 27, la medida fue derogada tras constatar la impopularidad de las restricciones a la La razón que esgrimió la Intendencia fue que la concesión del medio de comunicación presentaba problemas, pues el terreno donde funcionaba era de propiedad de la Armada (El Sur, 8-04-1984: 4). 49 libertad de prensa. 50 Las faltas a la libertad de expresión fueron parte del telón de fondo en el que se desarrollaron las diversas formas de articulación social contra el régimen, en ese contexto veremos la emergencia de acciones que visualizan a los medios de comunicación como enemigos políticos. La resistencia armada al régimen de Pinochet atentó contra los medios vinculados a la dictadura, estos fueron objeto de ataques permanentes y sostenidos en el tiempo, siendo la década de los ochenta cuando se concentraron estos atentados. Las acciones que referiremos son de muy distinto tipo y evolucionaron en función del alza en la movilización y politización de las protestas. 4.3.2.- Violencia política contra los medios de comunicación dictatoriales. La diversidad de actores y formas de accionar contra los medios fue de amplio espectro, desde la acción planificada y con usos de explosivos y coches-bomba, hasta el ataque con cócteles molotov por parte de grupos auto organizados durante las protestas nacionales. Observamos una respuesta de los grupos subversivos contra los medios de comunicación oficialistas a través de estos mecanismos. Las acciones de la resistencia armada contra los medios fueron diversas aunque esta pareció tener claro que debía ganar a la opinión pública. Sabemos que fue en septiembre de 1975 cuando se produjo el primer acto de violencia política contra un medio de comunicación afín a la dictadura. 51 Si bien no provocó daños significativos, el ataque se dio en el contexto de la denominada Operación Colombo, mediante la cual se encubrió la desaparición de ciento diecinueve militantes de izquierda y donde este medio, propiedad de Agustín Edwards, participó en montajes que se ramificaron hasta Argentina y Brasil. 52 El ataque a funcionarios directivos de los medios de prensa, difusores de la verdad oficial, se impuso en la forma de ataques a las viviendas de estos personeros. Estas acciones buscaban amedrentar a quienes, desde la tribuna del oficialismo, desarrollaron una política comunicacional basada en la mentira y el montaje; cuestión sostenida por la resistencia y la Cabe señalar que, además de la radio Chilena, medidas similares se produjeron contra las radios Bio Bio de Concepción, El Carbón de Lota y El sembrador de Chillán (Ñuble) (El Mercurio 1-11-1984: C3). 51 Se trató de un libro bomba dirigido al director de La Segunda, Mario Carneyro (El Mercurio, 11-09-1975: 21). 52 La operación Colombo se desarrolló en el marco del Plan Cóndor, coordinación de las fuerzas represivas de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano. Estas acciones se encuentran documentadas en diversos procesos judiciales y en la bibliografía (Mc Sherry, 2009). 50 oposición en general. En marzo de 1979 fue la casa del director de El Mercurio, Arturo Fontaine, periódico propiedad de la familia Edwards, la que se vio afectada por una bomba, provocando cuantiosos daños en la propiedad. Es interesante comprobar que se reconoció en el medio las acciones de propaganda armada que venía realizando el MIR. Si bien no hubo heridos el impacto mediático fue importante: En primer término, la directiva del Consejo Nacional (del Colegio de Periodistas) acordó solidarizar ampliamente con el señor Fontaine, quien es miembro activo de la orden. // Acordó, además, lamentar este hecho criminal, cometido sin duda por elementos extremistas; expresar a la opinión pública que atentados como éste no conseguirán aminorar la decisión de todo periodista honorable de continuar informando libremente sobre los sucesos nacionales e internacionales y emitir las opiniones que le merezcan los diversos acontecimientos; señalar que, más que un atentado contra un caracterizado periodista, constituye un atentado contra la libertad de prensa y expresión que tanto fastidia a determinados sectores (El Mercurio, 8-03-1979: C1). En relación a los objetivos que definió la resistencia, respecto de los medios de comunicación adeptos a la dictadura, en septiembre de 1983 se produjo una acción reveladora del momento político: la Radio Agricultura de Santiago fue atacada resultando una persona muerta. 53 Sin embargo, no se registró ninguna víctima ese día ni existió denuncia alguna por los organismos de derechos humanos. Esto nos lleva a sostener que, probablemente, la propia noticia formó parte de un montaje destinado a contribuir al terrorismo de Estado. En los meses sucesivos se desarrollaron acciones armadas dirigidas tanto a las oficinas de los medios de comunicación como a su infraestructura. En ese sentido, fueron atacados camiones repartidores de El Mercurio. En diciembre de 1983 se produjo uno de estos hechos a cargo del “Comando Manuel Rodríguez”. Sus miembros, luego de emboscar el vehículo, cruzando un taxi en la calle, lo rociaron de bencina y encendieron. Sin duda, hay una preparación del hecho y los participantes son parte de grupos con formación miliciana, en este caso del FPMR: Los sujetos, que actuaron con sus rostros descubiertos, rociaron la carga con bencina y le prendieron fuego, mientras mantenían en el suelo a los tres funcionarios, quemando todos los ejemplares de “El 53 Según informaciones de El Mercurio, mientras se instalaba el explosivo y producto del defectuoso sistema de relojería, la instalación de una bomba en este medio habría acabado con la vida de uno de las personas del comando subversivo (El Mercurio, 16-09-1983: C1). Mercurio” y “Las Últimas Noticias” que transportaba el vehículo. // Acto seguido huyeron en un taxi marca Fiat, modelo 125, el que antes habían cruzado en la calle, simulando un desperfecto, con el fin de interceptar el camión. // La rápida acción de los encargados del vehículo, que hicieron uso del extinguidor del camión, y de los propios vecinos del sector, quienes salieron a la calle con mangueras, baldes y otros elementos, evitaron que el fuego alcanzara a los estanques de combustible, hecho que, dada la estrechez de la vía, habría revestido grave peligro para los habitantes de las casas inmediatas. Sólo la carga fue destruida (El Mercurio, 8-12-1983: A1). En marzo de 1984, y ante las protestas desatadas en las grandes ciudades de Chile, el gobierno decidió prestar protección especial a los medios de comunicación. Un mes después se sucedieron ataques a la antena de Radio Minería de Punta Arenas, destruyendo totalmente su antena y cortando sus transmisiones en la zona magallánica (El Mercurio, 604-1984: C6). 54 Como podemos observar, las acciones de violencia política se centraron en atacar El Mercurio con especial interés; sin duda, la participación del conglomerado periodístico del que la publicación formaba parte, como uno de los apoyos políticos al régimen hizo de ese el blanco predilecto de la subversión. Respecto a los métodos, los atentados explosivos, como la colocación de bombas de fabricación casera, fueron mecanismos utilizados frecuentemente para atacar los medios de comunicación. 55 El FPMR decidió realizar otra forma de acción contra los medios de comunicación proclives a la dictadura, como el secuestro; en ese sentido, en diciembre de 1984, la organización secuestró al subdirector de La Nación, Sebastiano Bertolone, en su domicilio de Macul (Santiago). Éste, luego de siete días de cautiverio, fue liberado provocando un impacto importante en los medios de comunicación. Con esta acción el FPMR irrumpió en el escenario político nacional, demandando la liberación de prisioneros políticos, acusados de atentar contra un bus de carabineros de Valparaíso en noviembre de ese mismo año: Sebastiano Bertolone explicó que solo 48 horas después de haber sido secuestrado se impuso de los motivos que habían tenido sus autores para hacerlo, “Me dijeron que querían propaganda y que por eso habían buscado un representante de un medio de comunicación del Gobierno”. // Reiteró que, a su juicio “Se trató de un secuestro de tipo publicitario, porque lo único que buscaban era que les publicaran una proclama”. // Asimismo, agradeció la gestión realizada por la Iglesia y, en particular, por el llamado que hizo monseñor Juan Francisco Fresno, el lunes 24, “Creo, y así me lo dijo esta persona con la cual yo conversaba a diario, que el mensaje de monseñor Fresno era la llave definitiva Por otra parte, el edificio de El Mercurio, en Santiago, fue atacado con bombas incendiarias en medio de una manifestación contra del medio de comunicación por parte del “Comando Juvenil Lautaro” (El Mercurio, 8-05-1984: C1). 55 En agosto de 1984 se produjo uno de estos ataques contra El Mercurio de Antofagasta. El atentado destruyó gran parte del edificio del diario, ubicado en el centro de la capital nortina (El Mercurio, 24-08-1984: C1). 54 para que se me concediera la libertad. Incluso se me permitió escribir y le mandé una carta al Nuncio, a mi señora y a mucha otra gente, para que intercedieran ante monseñor Fresno y él se pronunciar a pidiendo mi libertad. Fue así como la noche del 24, después de que habló monseñor Fresno, me comunicaron que sería liberado (El Mercurio, 27-12-1984: C4). Una acción de mayor envergadura contra el diario La Nación se produjo en marzo de 1985. Esta vez, un coche-bomba con treinta y cinco kilos de amongelatina estalló frente al edificio del órgano estatal de prensa, provocando nueve heridos. Este medio, al ser de propiedad estatal, fue el principal difusor de las acciones de la dictadura, es por ello que los grupos armados definieron que fuese un objetivo importante: Al término de la visita, Poblete afirmó que “nuestro equipo periodístico ha sido gravemente afectado. Estuvo expuesto en real peligro de muerte”. Agregó “Pero nonos amedrentan. Rechazamos hoy, y lo continuaremos haciendo con mayor fuerza, la utilización de la violencia como arma de acción política y nos empeñaremos con todas nuestra capacidad para que nuestra Patria no sea jamás sojuzgada por el comunismo (El Mercurio, 28-03-1985: C1-C2). En mayo de 1987, en La Florida (Santiago), ocurrió un nuevo asalto a un camión repartidor de El Mercurio. 56 En esta ocasión el comando irrumpió en la agencia repartidora de la zona luego de reducir a las personas de su interior. Estos lanzaron cócteles molotov a la cabina y el depósito del camión, incendiándolo completamente. La acción correspondió al Movimiento Juvenil Lautaro, que vemos emerger por estos años, siendo una escisión del MAPU, grupo socialista que apoyó a Allende durante la Unidad Popular. 57 En los últimos años de la dictadura, las bombas se colocaron también en otros espacios relativos a la propagación de los medios como fue el caso de las antenas transmisoras de la televisión. En 1988 encontramos ataques con bombas a las plantas retransmisoras de la televisión en Copiapó, región de Atacama, con cuatro cargas de explosivos que provocaron cuantiosos daños y un mes sin trasmisiones para la región (El Mercurio, 12-04-1988: C7). 58 56 Hacia agosto de 1987 también se realizó un atentado contra El Mercurio de Valparaíso. Desde la subida Concepción, al cerro del mismo nombre, se lanzaron bombas molotovs contra el edificio de dicho medio. Esta es una acción de carácter puramente miliciana, aunque también fue de autoría del Movimiento Juvenil Lautaro (El Mercurio, 12-11-1987: C1). 57 El Movimiento Juvenil Lautaro nació al fragor de los debates del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) en la clandestinidad. Este grupo, que optó por la violencia política como forma de acción, surgió en torno a 1982; inspirado en la Revolución Sandinista de Nicaragua y de la acción política popular de grupos de jóvenes cercanos al Partido Comunista y a su estrategia de rebelión popular (Moyano, 2010; Acevedo, 2012). Sin embargo, su máximo apogeo se produjo a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa. 58 En mayo de dicho año, una acción similar dejó sin este servicio a Concepción durante un día completo. Este Una práctica de corte más ideológica también se desarrolló en el ataque a los medios; consistió en el asalto a los mismos con el objetivo de difundir proclamas y manifiestos. Éste tuvo lugar en distintos momentos de la dictadura. Veamos sus motivaciones y consecuencias. 4.3.3.- Acciones de propaganda resistente en medios de comunicación dictatoriales. La resistencia definió diversos mecanismos para atacar los medios de comunicación afines a la dictadura, siendo uno de los preferidos el ataque a las emisoras de radio. Uno de los objetivos fue conseguir la difusión de proclamas. Estas se inscribieron en el trabajo de propaganda de los grupos subversivos, para apoyar la movilización social y la lucha contra el régimen militar. Con motivo de la celebración del histórico primero de mayo, en esta ocasión el correspondiente a 1979, se produjo por primera vez en Santiago la toma de un medio de comunicación: la Radio Minería fue asaltada por un conjunto de milicianos miristas. La proclama, que debía ser leída, no llegó a los oídos de la población puesto que hubo un error en la manipulación de los equipos de la radioemisora. Sin embargo, se logró interrumpir las transmisiones por un lapso de dos horas. Este tipo de hechos se repitió en contadas ocasiones, causando conmoción pública: Intensas pesquisas se encuentran realizando los Servicios de Seguridad tras la pista de cuatro extremistas que el lunes a mediodía asaltaron la planta transmisora de la Radio Minería, en el paradero 22 de Vicuña Mackenna, tratando de lanzar al aire una proclama revolucionaria. // Los individuos que actuaron con los rostros cubiertos y armados de pistolas, maniataron a los cuatro empleados de la planta, incluida la esposa del jefe de la misma, Luis Flores (El Mercurio, 2-05-1979: C6). En julio del mismo año se vivió una situación similar en la Radio Talcahuano, de Concepción, donde un comando de tres personas asaltó las dependencias e intentó difundir una proclama a través de una cinta que no logró ser transmitida, debido a que el controlador cortó las salidas. 59 Los comandos asaltaron los medios de comunicación, en particular las radios, pues hecho, adjudicado al MIR, consistió en dos cargas de amongelatina en las bases de los postes de la antena ubicada en el cerro Centinela de Talcahuano (El Mercurio, 4-05-1988: C9). 59 La radio era de tendencia opositora aunque, no por ello dejó de verse afectada por la resistencia, el comando pudo haber pensado que la acción sería protegida por aquella razón (El Sur, 27-07-1979: 3). estas eran de vital importancia durante esos años, además de ser fácilmente abordables debido a la poca cantidad de gente que laboraba en esos recintos. Pero el uso de medios radiofónicos para la propaganda subversiva no se limitó a estos asaltos; el MIR intentó copar los espacios públicos por este medio, como veremos a continuación. El 28 de abril de 1981 un grupo de las milicias de Santiago ocupó la Radio Portales. Por espacio de diez minutos difundieron una proclama en contra de las políticas del gobierno, el hecho fue adjudicado por la resistencia popular, ligadas al MIR. Las proclamas por la ocupación de medios de comunicación no fueron muchas y siempre acotadas a los años ochenta, pero causaron impacto en la población, además de dar a conocer el rechazo hacia la política del régimen militar. La acción no provocó heridos ni daños mayores: Los restantes milicianos penetran en la radio a las 7:30 A.M. En los momentos que se trasmite el primer noticiario de la mañana. Mientras unos encañonan al personal, otros colocan la grabación de siete minutos que contiene un microprograma en homenaje al primero de mayo, llamando al pueblo a hacer de este día una jornada de lucha contra el hambre y la opresión que la dictadura ejerce sobre el pueblo, y acumular fuerzas en la perspectiva de organizar un Paro Nacional contra el régimen. El programa elaborado por radio “Liberación”, voz de la Resistencia Popular, rinde homenaje a los combatientes caídos y llama a engrosas las filas de la Resistencia (AIR, abril de 1981:9). La Radio Liberación aparece con actividad clandestina en distintos momentos y en diversos sectores de Santiago, Valparaíso y Concepción. Esta radio no fue un medio en sí, más bien, fueron transmisiones de cintas colocadas en espacios públicos para proclamar manifiestos y comunicados. Constituyó un elemento destacado el uso de este medio en las acciones de la resistencia, poniendo de relieve la falta de libertad informativa existente en esta época. Los medios de comunicación de este tipo se extendieron a los medios escritos clandestinos, más regulares y prolíficos. Pero las acciones contra los medios no se agotaron mediante el uso de la Radio Liberación. Los asaltos a medios de comunicación se acentuaron cuando el FPMR comenzó a operar. 60 Una acción de importancia ocurrió cuando en enero de 1984 fue asaltada, por un comando del FPMR, la Radio Santiago, un medio privado. El grupo se En mayo de 1984 un grupo armado de seis personas, pertenecientes al FPMR, asaltó la sede de las agencias informativas Associated Press (AP) y France Presse (AFP) para difundir sus proclamas, cuestión que no lograron realizar, aunque si provocaron impacto mediático producto de la ocupación de las céntricas oficinas de las agencias, llamando la atención por la colocación de bombas falsas tras la acción (El Mercurio, 30-051984: C1). En junio del mismo año, una acción de ocupación de la Radio Festival, de Viña del Mar, fue adjudicado a un grupo rodriguista (El Mercurio, 9-06-1984: C1); en octubre otro ataque similar se produjo en la Radio Cooperativa, de Valparaíso (El Mercurio, 11-10-1984: C7). 60 trasladó en un taxi robado previamente para luego interferir en las transmisiones y emitir una proclama contra la dictadura (El Mercurio, 12-01-1984: C4). El FPMR había elegido los medios de comunicación como forma de propaganda armada para difundir sus proclamas y manifiestos. La amplia actividad subversiva de este tipo ayudó a generar un ambiente político que, sumado a la masividad de las protestas y movilizaciones, hizo que la dictadura se enfrentara a una crisis que acabaría rigidizando las libertades públicas, mediante la aplicación férrea de los estados de excepción y dañando la libertad de expresión en mayores grados. En septiembre de 1985 un comando del FPMR realizó un nuevo ataque a las agencias informativas, en esta oportunidad, entraron a las oficinas de Associated Press y Latin Reuters, reduciendo con armas cortas y metralletas al personal de prensa, efectuando pintadas en las paredes de las dependencias. Aun así las proclamas nuevamente no lograron ser difundidas: Froilán Romero, operador, contó que “yo abrí la puerta y vi a tres hombres y una joven. Dos de ellos portaban metralletas. Luego de ingresar a la oficina, donde había otras tres personas, nos hicieron tender en un pasillo y luego nos encerraron en el baño. Pidieron que saliéramos al cabo de diez o quince minutos. Dos técnicos que estaban en otra oficina no se dieron cuenta de nada. // Manifestó que los desconocidos les dijeron que no tenían la intención de herirlos ni darles muerte, pero que lo harían si fuese necesario. “Ellos querían transmitir proclamas, pero no llegaron a hacerlo. Sólo pintaron consignas en dos muros, colgaron una bandera del Frente y dijeron que habían colocado una bomba agregó (El Mercurio, 3-19-1985: C4). Aproximándonos al término del período estudiado todavía encontramos acciones de asaltos para la lectura de proclamas. Los eventos de este tipo fueron mermando en su impacto público, aunque su frecuencia continuara siendo la misma que hemos observado durante la década de los ochenta. 61 A través de diversas formas y estrategias los grupos subversivos visualizaron a los medios de comunicación como parte de la batalla política; así también lo hizo el gobierno dictatorial. La mirada sobre la función informativa padeció de la falta de libertades y tuvo que desarrollarse en total anormalidad. La inexistencia de una prensa independiente, 61 En la capital de la Araucanía un grupo del FPMR asaltó y logró difundir una proclama llamando a la subversión, sin provocar heridos ni daños, dejando una bomba falsa en su retirada, como ocurrió en acciones similares (El Mercurio, 4-09-1987: C9). Por otra parte, en Santiago fue asaltada la Radio Viva. Si bien no lograron difundir ningún mensaje, pintaron los estudios contra el rector de la Universidad de Chile, polémica autoridad en medio en una movilización estudiantil muy compleja por ese entonces (El Mercurio, 25-091987: C1). fundamental en las democracias modernas, molestó a la población, pues la fricción en que la vemos envuelta demuestra una opinión pública conflictuada y sin canales legítimos de expresión. El presidente del Colegio de Periodistas, José Reveco lo expuso así en 1983: Ningún periodista ignora que hemos entrado ahora a un decenio de ausencia de libertad de expresión a como los chilenos la hemos entendido siempre. No tenemos censura previa, pero no hay libertad para editar o crear nuevos medios de comunicación social, a lo cual hay que agregar que existe todavía una latente autocensura regida por disposiciones legales que limitan el derecho a informar y una especie de temor reverencial para ejercer tal derecho. // El amedrentamiento por la vía de la “recomendación” y la clausura de ediciones informativas remecieron con alarmante inquietud el gremio durante 1982. En ningún instante el Colegio de Periodistas ha silenciado su voz frente a estos atropellos, convirtiéndose en los abanderados de los profesionales en la defensa de sus prerrogativas (Las batallas por la libertad de expresión, 1979-1986: 60). La resistencia política, a través de acciones de violencia contestó a la política represiva del régimen, que cortó la expresión del movimiento social y la oposición política. Los grupos armados actuaron sobre los medios oficialistas a través de diversidad de mecanismos, fundamentalmente a través de bombas, pero también con secuestro y acciones de violencia miliciana de baja intensidad. Ello contribuyó, al igual que con los recintos militares y policiales, a identificar los medios oficialistas como enemigos en la disputa contra la dictadura. *************** Los ataques a los lugares con carga simbólica para la dictadura y los edificios e infraestructura policial representaron un elemento de primera línea para los grupos resistentes. Es por ello que creemos haber demostrado el interés de la subversión para atacar los signos y significados del proyecto dictatorial, en cuanto se manifestaba contra las ideas conservadoras que el pinochetismo quiso imponer en el país. Acabamos este capítulo constatando que la resistencia apareció fuertemente vinculada a acciones de violencia política, que definieron claramente a sus enemigos políticos. Por su parte, el movimiento social de los años ochenta aceptó y se identificó con esa contraposición develada por la resistencia; desde su propia creación de medios de comunicación, fue recuperando un elemento esencial del espacio público como es el derecho a la libertad de expresión. Pero la derecha, y los adherentes a la dictadura, tuvieron algo que decir para defenderse de esas prácticas y discursos que, poco a poco, fueron apareciendo. En el capítulo que desarrollaremos a continuación, veremos la respuesta de estos sectores frente al desafío que los opositores construyeron progresivamente en el período estudiado. 5.- La derecha y la defensa del gobierno dictatorial. En este capítulo indagaremos sobre los adherentes de la derecha identificados con el gobierno de Pinochet. Según los antecedentes que hemos recabado, este sector político y social ocupó el espacio público para generar discursos de apoyo a la dictadura. Por esta razón, nos resulta necesario estudiar cómo se constituyó esa ocupación y, del mismo modo, los efectos que ello provocó en relación a la pugna política con la oposición y la resistencia. Para abordar estos asuntos nos hemos basado en fuentes periodísticas, fundamentalmente, El Mercurio, periódico que cubrió el desarrollo de las actividades públicas de los diversos sectores de la derecha chilena durante el período. Contrastaremos la información con la prensa opositora que relata, desde su perspectiva, estos hechos. Otro tipo de fuentes particularmente relevante aquí fue la legislación, especialmente la referida a las organizaciones del Estado involucradas en los apoyos políticos al régimen. En el análisis que haremos nos interesa destacar cinco dispositivos, el primero de los cuales se refiere a las referencias políticas de la derecha y los sujetos que la sustentan. El segundo está constituido por las giras y viajes de Pinochet, que tenían por fin acercar la figura del dictador a la de un presidente republicano, en cuanto práctica habitual entre los mandatarios hasta 1973. En tercer lugar presentamos los operativos cívico-militares, que consistían en intervenciones de ayuda social efectuadas por las Fuerzas Armadas y sectores civiles. En cuarto lugar, las manifestaciones; en este sentido analizamos las importantes citas plebiscitarias de 1978, 1980 y 1988, pero también algunas intervenciones específicas de apoyo al régimen; todo ello nos revela el carácter de las expresiones favorables al régimen. Finalmente, estudiamos los funerales y ceremonias en que se honró a uniformados y civiles caídos en actos de servicio, particularmente en la represión emprendida contra la resistencia. Tras el golpe de Estado hubo intervenciones muy potentes en el espacio público por parte de los adherentes a la dictadura. Reconocemos referencias y sujetos que devinieron importantes apoyos para el régimen: los sectores de derecha, las mujeres y los jóvenes de clase alta. Por tanto, en adelante, observaremos su desarrollo. 5.1.- Las referencias políticas de la derecha. El gobierno encabezado por Pinochet careció de un partido político o movimiento que lo respaldara en su gestión; además, el receso político obligó también a los sectores de derecha a no manifestarse políticamente. Una vez definido el proyecto ideológico que siguió la dictadura, ésta intentó constituir un apoyo que la conectara con la ciudadanía, pero la construcción de una identidad política fue un objetivo que tuvo serios problemas para concretarse. La identidad política del régimen dictatorial se movió entre cuerdas muy diferentes; destacaron particularmente las políticas tradicionales del reformismo económico neoliberal y el cesarismo militar encarnado en Pinochet (O'Donell y otros, 1994; Huneeus, 2000; Fontanals, 2012). Esta diversidad de definiciones ideológicas fue perfilando el carácter del gobierno y de la derecha chilena. Comenzaremos por identificar asuntos relativos a la articulación de grupos políticos de derecha. El debate de corrientes y sujetos diferenciados nos ayudará a comprender las políticas y prácticas que se nos presentan en los capítulos que continuarán. En el primer punto analizaremos el intento de constitución de un movimiento político de apoyo a Pinochet; en segundo lugar, el rol de los jóvenes en la referencia política del régimen y, para terminar, el papel de las mujeres en la generación de la identidad política dictatorial. A continuación revisaremos el movimiento cívico-militar, sus principales disputas político-ideológicas y la nueva identidad que la derecha buscó desarrollar, fundamental en el apoyo político y social al régimen de facto. 5.1.1.- El movimiento cívico-militar, intento de apoyo político a Pinochet. El movimiento cívico-militar fue un catalizador que demostró las disputas y diferencias al interior de los sectores de apoyo al régimen. En este apartado nos interesa señalar su origen y motivaciones, así como los conflictos que generó en los diversos grupos de la derecha. Los grupos en el gobierno se pueden remitir a tres corrientes: la primera fue el ex Partido Nacional, la derecha conservadora clásica, vinculado a la oligarquía agraria; la segunda representó la nueva derecha económica se estructuró en el gremialismo,1 1 El gremialismo está explicado con mayor detalle en el capítulo 2 de este texto. vinculándose a sectores ultra católicos; y la tercera fueron los sectores nacionalistas se radicaron a través de militares en cargos del ejecutivo, pero no se constituyeron en un grupo organizado hasta casi finalizado el período. La disolución de los partidos políticos, las agrupaciones y movimientos de carácter social y sindical, constituyó el receso político tras el golpe de Estado. 2 La argumentación evidencia el prohibicionismo de la dictadura: 2.- Que con el objeto indicado precedentemente, el artículo 7º transitorio del acta constitucional Nº 3 mantuvo la suspensión de la vigencia del artículo 9º de la Constitución Política de la República, a fin de que continuaran en receso todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político partidista no comprendidos en el decreto ley Nº 77 de 1973; […] // 3.- Que no obstante lo anterior, la experiencia ha evidenciado que la acción de tales partidos políticos u organizaciones en receso se ha continuado manifestando, con lo que se fomenta en el país la confrontación ideológico-partidista que con las normas dictadas precedentemente se procuró evitar; // 4.- Que lo expuesto hace indispensable con el fin de garantizar efectivamente la vigencia de los valores permanentes de la chilenidad, disponer la disolución de tales partidos o agrupaciones de carácter político (Diario Oficial, 12-3-1977: 1). Frente a lo anterior, y ya pasados más de tres años de la instalación dictatorial en La Moneda, quedó meridianamente claro que ésta no pretendía la recuperación democrática, por el contrario, su proyecto deseaba eliminar cualquier forma de organización que emitiera discursos diferentes al que emanaba del gobierno. Sin embargo, en la derecha se buscó articular voces políticas desde la civilidad, incluso para apoyar el proyecto pinochetista. 3 Pero la dictadura no cejó en su postura prohibicionista. El gobierno se declaraba en contra del activismo político, invocando el Decreto Ley de disolución de partidos políticos. 4 Las contradicciones entre quienes proponían la formación de una plataforma que reforzara el apoyo popular a la dictadura, y las posturas de prohibición de la actividad política se hicieron evidentes: El gobierno está atento para evitar que comience la acción del activismo político y para hacer cumplir las disposiciones legales sobre el receso político”, dijo ayer el director de Comunicación Social, Hugo Morales Courbis. // La Central Nacional de Informaciones realizó las investigaciones 2 3 Decreto ley Nº 1697 del 11de marzo de 1977. Un ejemplo de ello fue el artículo de Jorge Rogers: “Manera y modo de combatir el violentismo marxista sin exterminar la democracia” (El Mercurio, 22-1-1978: 31), allí atacaba firmemente al marxismo pidiendo la articulación de un movimiento que defendiera al régimen. El texto buscaba contravenir el decreto anterior, el ex parlamentario democristiano propuso una vía política cercana a la adoptada por Alemania Federal, en relación a la lucha contra las RAF. 4 Decreto Ley Nº 77, 18-10-1973 del caso y al no comprobar méritos suficientes fueron dejados en libertad. Es decir, nuestra justicia exige pruebas. Esas pruebas no existían pero como las fuerzas policiales llevan a cabo una acción preventiva, se les detuvo. El gobierno bajo ningún pretexto va a permitir que comience la acción del partidismo político (El Mercurio, 27-06-1978: 27). En septiembre de 1979 el grupo Nueva Democracia, vinculado al gremialismo, hizo una declaración política que postulaba el aperturismo político protegido. Reivindicaron el sufragio universal y los partidos políticos como medios de representación, remarcando el nexo entre la juventud que luchó contra la Unidad Popular con la que apoyaba a la dictadura. Sin duda fue un posicionamiento de la derecha política para enfrontarse al prohibicionismo de los grupos cercanos a la doctrina de seguridad interior del Estado. 5 En septiembre de 1980, el mismo Pinochet se decidió a impulsar un movimiento que defendiera su gobierno a través de posturas prohibicionistas y de nueva institucionalidad. Para ello, llamó a la formación de un movimiento cívico-militar que definió como una articulación que buscaba la participación ciudadana, desligándolo de la adjetivación política partidista: Sin embargo -añadió- (Pinochet) debo expresar que después de esta gesta heroica no hay vencedores ni vencidos por ello llamo nuevamente a la ciudadanía a unirse bajo el alero de este Gobierno”. Llamó así a todos los ciudadanos a incorporarse para entregar su esfuerzo en bien de Chile y a inscribirse a partir de hoy en la Municipalidad de su respectiva zona para formar parte del gran movimiento cívico-militar de Chile [...] (El Mercurio, 12-09-1980: A20). En una articulación muy confusa el movimiento cívico-militar se definió como un movimiento de trabajo cívico y no político. Pinochet llamó a inscribirse en los municipios para conformar el cuerpo del movimiento. Sobre éste no se detallaron objetivos ni estructuras de funcionamiento y, de hecho, cabe pensar que este llamado sólo fue una estrategia política de cara al plebiscito que debía refrendar la constitución elaborada por juristas afines al régimen. 6 En medio de un nuevo momento político marcado por la crisis económica y la emergencia de un movimiento social, el dictador se refirió nuevamente al carácter Estos grupos, básicamente militares, adscribieron el plan de normalización institucional definido en el discurso de Chacarillas (1977), El Mercurio hizo un recordatorio señalando que tal era el marco definido, pues proponía las bases de la democracia futura, echando por tierra el restablecimiento del marco institucional previo al golpe de Estado. 6 Aprobada la constitución volvió el interés por el movimiento cívico-militar. Federico Willoughby, dirigente del mismo, lo definió como una estructura: “...para integrase a los municipios a enriquecer la labor participativa de las organizaciones sociales” (El Mercurio 2-8-1981: D3). 5 ciudadano del movimiento cívico-militar. Aprovechó el IV congreso de alcaldes para comprometerlos con la participación ciudadana, pero reforzando el apoliticismo de sus planteamientos. Pinochet coincidía, por ahora, con las definiciones de la organización de Willoughby: En la primera parte de su intervención, tras hacer un recuento de los objetivos para convertir a las municipalidades en un entidades “democratizadas, participativas y técnicas”, dotándolas de los elementos humanos y materiales, el Jefe de Estado dijo que la acción comunal descansa sobre dos pilares, que son la participación y la comunicación, mientras que el instrumento guía es la planificación del desarrollo social y urbano. Añadió que el municipio es el mejor nexo entre la comunidad plena y el Estado “riguroso, ético y justo, servidor del alto destino de la patria (El Mercurio, 28-04-1982: C1). Por su parte, la derecha develó la molestia que generó la constitución del movimiento cívico-militar, enfatizando el intento de partido único de esa organización e invocando la legislación que impuso el receso político para detener su configuración. 7 Es oportuno constatar que se intentó desligar a los militares de la construcción política que deseaba Pinochet; esto se evidenció en julio de 1983 tras la salida de los militares a reprimir a las calles debido al alza de las protestas contra la dictadura, cuestión que estuvo tras esta decisión. El nuevo ministro del Interior, Montero Marx, se encargó de rediseñar el papel de los militares estudiando, desde su cartera, la estructura del movimiento pinochetista y lo articuló directamente en los municipios. 8 Hacia 1983 los sectores nacionalistas quedaron minimizados en el movimiento cívico-militar y casi sin apoyos en el gobierno. 9 La idea de Pinochet se institucionalizó y el proyecto político quedó en manos de los gremialistas. Willoughby señaló: [...] El Presidente llamó a la constitución del movimiento 11 de septiembre de 1980. Al día siguiente el Ministro del Interior de la época desvió la idea. El 31 de julio de 1981, el Ministro del Interior determinó que había que enfatizar el receso político porque en ese entonces había tomado cuerpo con bastante fuerza el movimiento cívico-militar. Y, en veinticuatro horas, se repartieron dos circulares Cabe señalar que esa opinión contraria había salido del Ministerio del interior, controlado por los gremialistas a través de Sergio Fernández (Álvarez y otros, 2008:141), al poco tiempo este personero fue reemplazado por el militar Enrique Montero Marx. 8 El acuerdo de los grupos políticos se fijó mediante la legislación que reformó las municipalidades, creando los consejos de desarrollo comunal (Coredes). 9 Las Fuerzas Armadas, en declaración pública, señalaron que el movimiento cívico-militar no surgió de ellas, contradiciendo abiertamente a Willoughby y refrendando las decisiones del Ministerio del Interior. Esto cerró aún más las puertas a los nacionalistas. 7 confidenciales -de las cuales yo tengo copia- enviadas por la Subsecretaría del Interior, en las que se daba instrucciones a intendentes y gobernadores para oponerse a la formación de cualquier movimiento de contrarios o partidarios del Gobierno. Y el director de Comunicación Social de esa fecha, en conferencia de prensa, pidió a la ciudadanía que denunciara, para que se pudieran tomar las medidas del caso, a quienes participaran de tales actividades. // -El 25 de mayo pasado el general Pinochet reiteró el llamado al Movimiento cívico-militar. // ¿Cree que ahora se hará realidad? // Solamente depende del Presidente de la República que este objetivo suyo y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile tenga éxito o fracase. En el recorrido que he hecho por las provincias estos días he visto que existe una gran fe en que el Presidente de la República va a poder vencer los escollos que anteriormente le impidieron desarrollar la idea (El Mercurio, 12-06-1983: D5). El régimen decidió terminar con el receso político, abriendo conversaciones con la oposición centrista, asediado por las protestas y el movimiento social popular en activa movilización. La decisión, compartida por la derecha gremialista y liberal, acabó definitivamente con el proyecto político del nacionalismo a través del movimiento cívicomilitar. Desde este momento, reconocemos la formación de partidos políticos de derecha que pretendieron representar al régimen dictatorial. 10 Pese a lo anterior, Pinochet buscó la unidad de la derecha de cara al proceso de transición. En septiembre de 1987, el dictador dio una definición a sus apoyos políticos llamando a la unidad de todos los partidarios de su régimen. Esa definición se representó en Renovación Nacional, por ese entonces, la agrupación que contenía a todas las corrientes de la derecha. 11 Más allá de la riqueza del debate político que se dejaba entrever en la derecha chilena, los grupos de carácter social fueron de vital importancia en la imagen pública que proyectó el pinochetismo. Precisamente, ahora veremos la arista de los apoyos ciudadanos a la dictadura, comenzando por los jóvenes, que se opusieron de manera abierta al movimiento social anti dictatorial. 5.1.2.- Los jóvenes como sustento a la dictadura. Los jóvenes, mayoritariamente los de clase alta, fueron una referencia clave para el gobierno. En este punto estudiaremos el desarrollo de sus organizaciones y su aporte a la Estos grupos fueron la Unión Demócrata Independiente (UDI) y los liberales conservadores de Renovación Nacional, ambos surgidos tras el receso político. En 1984 surgió un partido que recogió la herencia política del nacionalismo: Avanzada Nacional, cuyo referente fue el Movimiento de Acción Nacional (MAN). Todo ello hizo innecesario al movimiento cívico-militar. 11 Avanzada Nacional se marginó de esa unidad. En medio del proceso plebiscitario de 1988 apostó por la confrontación, mediante acciones performativas, como la realizada en el capitalino Parque Forestal, cuando personas disfrazadas de resistentes portaban un ataúd donde llevaban al “marxismo”. 10 identidad de la derecha política chilena. Hay una clara diferencia entre las organizaciones juveniles pinochetistas organizadas en la década de 1970 y la de 1980. En los setenta, fueron la Secretaría Nacional de la Juventud 12 y el Frente Juvenil de Unidad Nacional (FJUN). 13 Entrados los años ochenta vemos al FJUN incorporándose al proceso de convergencia política que vivió la derecha gremialista. Por su parte, en esa década, la Secretaría Nacional de la Juventud desarrolló una estrategia de contención social desde el gobierno. En líneas generales hemos constatado que en los años inmediatamente posteriores al golpe de Estado, grupos de jóvenes afines a la dictadura realizaron tareas de limpieza en diversos barrios, expresando de este modo su aporte al afán de reconstrucción, como llamó el gobierno dictatorial al desarrollo de este tipo de acciones. 14 Este discurso movilizó a parte de la ciudadanía a través de acciones en fechas determinadas, como las navidades y fiestas de fin de año o las fiestas patrias. La imagen de repudio al pasado se manifestó en acciones que borraron todo vestigio de politiquería: El principal esfuerzo privado para la limpieza es dirigido por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). Legiones de jóvenes salen todas las mañanas hacia todos los sectores de la ciudad, con brochas y tarros de cal [...] // Mercedes Echenique, 18 años: “Estamos pintando para borrar todos los vestigios de la politiquería. Y para celebrar que de nuevo Chile es un país libre (El Mercurio, 21-09-1973: 21). La eliminación física de todo vestigio material de la época allendista fue una prioridad para estos sectores. La “higienización” que se colige de estas actividades debe leerse en clave de limpieza ideológica, que descontamina el espacio público de la suciedad ideológica del período anterior. En noviembre de 1975 se efectuó un congreso estudiantil del FJUN en Padre Hurtado, Santiago. En ese encuentro se desarrollaron actividades formativas que apuntaban a generar actividades comunitarias de ayuda social, los participantes eran dirigentes de La Secretaría Nacional de la Juventud, se constituyó en el organismo público -dependiente de la Oficina de desarrollo y planificación nacional (Odeplan)- que representó a los jóvenes pinochetistas. Este ente gubernamental fue muy activo en el ciclo de protestas de los ochenta. 13 El gremialismo creó esta herramienta política dirigida a la juventud. Esta organización se constituyó desde las organizaciones estudiantiles, secundarias y/o universitarias. 14 La dictadura acusó abiertamente a la Unidad Popular por haber provocado un desastre administrativo, político y económico en el país justificando el golpe de Estado, según el discurso dictatorial; las editoriales de El Mercurio se hicieron eco de esa argumentación. 12 diversos niveles del mundo estudiantil vinculado a los sectores afines a la dictadura. De esta forma, se refrendó la labor política que este frente hizo en ese segmento de la juventud: Uno de los máximos dirigentes, el ex presidente de FEUC, Javier Leturia, explicó a “El Mercurio” que la entidad juvenil inicia ahora, con este seminario, una segunda etapa de su existencia, al establecer las bases y principios de su acción y conformar los planes de las actividades que se desarrollarán durante el próximo verano y, más tarde, durante todo el año 1976 [...] // Vicente Cordero, empleado particular y director de seminarios del Frente Juvenil de Unidad nacional indicó que en el caso específico de los estudiantes secundarios que concluyen hoy sus jornadas de tres días se ha analizado la marcha de la organización y han establecido los cauces por los que se canalizarán los programas previstos para el año venidero (El Mercurio, 16-11-1975: 33). El FJUN siguió muy de cerca el proceso de consulta que Pinochet convocó para 1978 y, en conjunto con otros sectores civiles que apoyaron el régimen, constituyeron un Frente Unido que buscó dar respaldo a la situación política que sacó de la Junta Militar al General Gustavo Leigh, de la Fuerza Aérea. En ese sentido, se hizo evidente el compromiso de esta organización gremialista con la posición de Pinochet. 15 Así las cosas, el secretario general de la organización, Juan Antonio Coloma, respaldó la idea de una nueva institucionalidad surgida del gobierno tras la resolución del conflicto intra militar. El alineamiento fue completo con la facción ganadora al interior del régimen, reconociendo la adscripción a la figura de Pinochet, reafirmado por el trabajo político con sectores estudiantiles. 16 Hacia 1980 la organización afinó aún más su rol político, entrando de lleno en la valoración de la agenda nacional. A través de la prensa entraron en temas relativos al nuevo rumbo del país, mediante el proceso de validación de la constitución y analizaron los cambios en el rol represivo del régimen, respaldando la acción de la CNI: “Miramos el momento actual con una mezcla paradojal de seria preocupación y de gran optimismo” expresaron en declaraciones a la prensa los dirigentes máximos del Frente Juvenil de Unidad Nacional: Juan Antonio Coloma, Coordinador Nacional; Andrés Chadwick, Secretario Ejecutivo y Jorge Claude Bourdel, Secretario General [...] // Consideramos, dijeron, que la gestión del general (R) Odlanier Mena fue decisiva para lograr esa ecuación de paz y seguridad, y por ello el país debe El rol político del FJUN quedó transparentado en las declaraciones elaboradas desde 1980. En abril de 1981, por ejemplo, salieron al paso de los dichos del cardenal Silva Henríquez, quien había calificado de totalitario al régimen militar en un medio de comunicación italiano. El FJUN tildó de ofensa las palabras de la autoridad episcopal (El Mercurio, 29-04-1981: C3). 16 El FJUN, durante el día de la juventud instituido por el régimen, coincidente con la batalla de La Concepción durante la Guerra del Pacífico, hizo una evaluación política de su desarrollo, remarcando el discurso patriótico. Pinochet se refirió a la fecha destacando la labor del FJUN. 15 estarle agradecido a él y al cambio de criterios y estilos que le imprimió a la CNI. En ese período, los hechos de violencia extremista o los excesos en su combate, fueron escasísimos y casi podría decirse que constituyeron la excepción que confirmaba la regla [...] (El Mercurio, 10-08-1980: C3). En relación a la Secretaría Nacional de la Juventud, que en sus primeros siete años de existencia se dedicó al trabajo asistencial y a actividades recreativas, tomó un nuevo giro llegado el año 1980. Particularmente, postergó las actividades recreativas en beneficio de una estrategia vinculada a la ayuda social en los barrios populares, detectando y canalizando problemas sociales vinculados a la juventud. 17 Todo ello en un rol más cercano a lo político, que hasta el momento había desempeñado con exclusividad el FJUN. Con esto queremos puntualizar que las tareas del FJUN fueron captadas por la Secretaría Nacional de la Juventud, en una apuesta por la institucionalidad refrendada tras la aprobación de la constitución de 1980. Aun así, estos cambios no significaron una disputa entre ambas organizaciones, pues ambas fueron controladas por el gremialismo. En julio de 1982, ad portas de un nuevo aniversario del FJUN, la organización minimizó el peso del nacionalismo en la política chilena y apostó abiertamente por el consenso. Esta opinión aperturista coincidió con la estrategia política de Jaime Guzmán, jefe del gremialismo: - ¿Está de acuerdo con la campaña antipolítica que se ha desarrollado en el país durante los últimos años? // Me parece inconveniente que los gobiernos hagan una exhortación antipolítica: por ese camino a la larga, se puede caer en excesos perjudiciales. En la medida que la gente siente poco aprecio por la cosa pública, los países pueden llegar a caer en cualquier aventura. En un comienzo me parece válida la actitud del gobierno pero hoy, por lo menos para la juventud, me parece un slogan gastado. // - ¿Encuentra conveniente que continúe el país en receso político aún ya iniciada la transición? // Soy partidario del receso político partidista. Creo conveniente que la ley orgánica de partidos políticos se dé al final de la transición (El Mercurio, 4-07-1982: D2). Por el contrario, en pocas ocasiones encontramos opinión política entre los personeros de la Secretaría Nacional de la Juventud, salvo en junio de 1983. Por entonces, y en pleno desarrollo del ciclo de protestas opositoras, el secretario, Patricio Melero, se pronunció en el marco del cierre de una campaña solidaria que recolectó ropa para ser 17 Esa definición quedó patentada a través de un congreso juvenil vecinal realizado en Santiago por la Secretaría Nacional de la Juventud. Con la asistencia de personeros de gobierno, se analizaron los principales problemas que aquejaban a la juventud, señalando que las conclusiones serían entregadas directamente a Pinochet. entregada en hogares de menores de la capital. 18 Por su parte, el FJUN también hizo puntualizaciones en torno a las protestas. El FJUN, lejos de la acción social, y desde su lugar de actor político, confrontó a la oposición con respecto a las protestas y movilizaciones, atacando directamente el derecho a la manifestación. En lo concreto condenó las convocatorias de la oposición por los efectos que éstas generaban, sin reparar en los excesos de la actuación policial. Otro sujeto relevante para el proyecto político del régimen fueron las mujeres, revisemos las referencias y dispositivos empleados en relación a este importante sector. 5.1.3.- Las mujeres articuladas en apoyo a la dictadura. Nos interesa relevar el rol de las mujeres que, mediante matrimonios con militares y civiles afectos a la dictadura, estaban ligadas al régimen. Ellas se fueron constituyendo en actores fundamentales de la escenificación más amable de las políticas dictatoriales: la acción social. Para ello utilizaron el espacio público tanto en actos cívicos como en acciones sociales, muy frecuentes en el período. Veremos ahora el carácter de estas agrupaciones. Institucionalmente se organizó la Secretaría Nacional de la Mujer, símil a la de la juventud y en la misma línea político-ideológica; la diferencia vino dada por el rol de la mujer del dictador, Lucía Hiriart, quien utilizó Cema Chile 19 como una organización funcional para desarrollar trabajo social y político, ligado al conservadurismo clásico de la derecha, ahora en colaboración con sectores militares (Godoy, 2001). Con el tiempo se creó una fuerte institucionalidad, reconfigurando una red de centros de madres para la ayuda social a mujeres. Cema Chile generó un discurso político y acción social que validaba las políticas definidas por el ejecutivo, matizando el rol meramente asistencialista que tuvo desde su creación. La figura de la primera dama fungía como símbolo conectivo entre la función social de Cema y el proyecto político que representaba su marido: En la ocasión se atacó duramente la destrucción provocada en las protestas, definieron la campaña como “la juventud construye”, oponiéndose a la imagen vandálica en torno a las protestas (El Mercurio, 17-06-1983: C7). 19 Cema Chile nació en 1957 en el gobierno de Carlos Ibáñez, presidida por su mujer -Graciela Letelier-, para asistir a mujeres pobres. La fundación continuó presidida por las esposas de los presidentes hasta 1990, cuando Lucía Hiriart cambió los estatutos (Decreto N° 199 de la subsecretaría de justicia del 1-02-1990) para dirigir la fundación, sin injerencia del Estado. 18 Los llamados organismos femeninos, dependían de la dirección de la Primera Dama pero administrativamente de la División de Organizaciones Sociales. Esta cumplía un rol básicamente comunicacional, en la medida que establecía un nexo entre las organizaciones comunitarias y las instituciones de gobierno, o más específicamente entre aquellas y Lucía Hiriart o Augusto Pinochet U. // El carácter de estas asociaciones es netamente asistencial. Las mujeres que las conforman actúan como voluntarias o socias, incorporándose a la sociedad mediante una labor de cooperación, nunca de intervención directa en los problemas sociales (Godoy, 2001: 125). Lucía Hiriart fue particularmente asidua en visitar estos centros, en diversas oportunidades y no tan sólo para fechas de aniversario o señaladas por el calendario patriótico, pues fueron incontables sus apariciones para entregar alimentos o ropa a los sectores sociales más vulnerables: Las que integramos Cema estamos muy orgullosas de estos tres años de labor que vamos a completar en unos días más. En estos años en que empezamos de cero, porque para nosotras era cero, dado que antes todo tenía un afán político. Nosotras nada queremos ver con política, nada tenemos de común con ella. Sólo nos preocupa ayudar a la mujer chilena a superarse y hemos comprobado que día a día ustedes se esfuerzan por alcanzarlo (El Mercurio, 22-10-1976: 29). Pero el discurso del apoliticismo no fue más que retórico, pues sí hubo intervenciones políticas de estos organismos que se llevaron a cabo, prioritariamente, en el edificio Diego Portales. 20 Si bien el rol de las mujeres fue un elemento clave entre los sectores en conflicto, obviamente no aparecieron en el discurso político de la derecha. 21 El discurso público dirigido a las mujeres fue de carácter más bien conservador, pasivo en lo político. 22 Aun así, Lucía Hiriart llamó a las mujeres a apoyar la opción Sí en la consulta nacional de 1978, interviniendo en el debate político aludiendo, por ejemplo, que en Chile se respetaban los derechos humanos, o que la familia había vuelto a constituirse como tal durante el gobierno de Pinochet: 20 21 Como vimos en el cuarto apartado del capítulo 3. Ejemplo de lo anterior es el de abril de 1977, cuando Rosa García Rivera recibió una medalla al mérito civil de Carabineros, por la defensa del retén Neltume, Valdivia, atacado por un comando del MIR el once de septiembre de 1973. La mujer, casada con un funcionario policial, defendió el recinto junto a la dotación (El Mercurio, 28-04-1977: 20). 22 Hacia 1977 ya se encontraba estructurada la organización femenina fundamental del régimen: Cema Chile. Respecto de ello, destacó la masividad y extensión de la misma, centrada en los cuidados de la familia, definiéndola en una corriente conservadora de participación de la mujer en la vida pública. La Primera Dama de la Nación, señora Lucía Hiriart, Hizo ayer un llamado a la mujer chilena para que participe en una actitud combativa en la próxima consulta nacional a efectuarse el 4 de enero. // “Este es el momento de recordar que el sector femenino fue el que dijo en otra época que si era necesario golpearía las puertas de los cuarteles y hoy la gente de esos cuarteles está a la cabeza de la actual administración y necesita el apoyo moral”. // La señora Hiriart de Pinochet añadió: “Hoy le diría a la mujer chilena que ésta es la oportunidad de demostrar que está consciente del progreso de Chile, que vivimos en un país donde los derechos humanos son respetados, donde nuestros hijos pueden desarrollar sus actividades normalmente y donde la familia ha vuelto a constituirse como tal (El Mercurio, 23-12-1977: 1). Pero volviendo a la organización Cema Chile, podemos definir sus características en relación a la despolitización que propuso el régimen, con el objetivo de referirse a toda institución social que desarrollara labores en ese ámbito. Hacia fines de la década, Cema priorizó su trabajo capacitador entre las mujeres jefas de familia, asociándola siempre a los roles de madre y esposa; por tanto esa capacitación no se enfocó al mundo laboral, sino al desarrollo de mayores habilidades para atender el hogar, 23 en convenio con diversos servicios del Estado y algunas organizaciones del mundo privado. 24 En diciembre de 1982, en el contexto del ciclo de protestas varias veces comentado aquí, Lucía Hiriart dio una entrevista en la cual reforzó la labor social del gobierno. En particular subrayó el papel de Cema como una herramienta en el combate contra la pobreza; remarcó el trabajo en capacitación, desarrollo y profundización de esa política; negó las acusaciones de la oposición relativas a la existencia de las ollas comunes y los desaparecidos. La opinión política fue permanente en Lucía Hiriart, asociada o no a Cema: - ¿No trata usted de intervenir, de algún modo en la dirección del país? ¿Ni siquiera consejos, opiniones, críticas? // Claro que una puede tener alguna opinión pero, la verdad es que en lo político no intervengo en lo absoluto. Mi cuota de responsabilidad en este Gobierno nada tiene de política. Sólo hago lo más hermoso, por suerte: ayudar al que necesita apoyo. Además, quienes piensan así, conocen muy poco a mi marido. // - Usted trabaja intensamente promoviendo el voluntariado femenino en labores de acción social. ¿De qué manera cree que esos desvelos suyos favorecen la acogida que recibe su marido en los sectores más desposeídos? // Luego de asegurar que “desde muy niña sufrí por los más desvalidos” y declararse partidaria de que a la mujer se le reconozca un papel muy importante en la sociedad, responde de plano: // Augusto no necesita de apoyos en el sentido que usted lo hace notar. La gente lo quiere por su actuar franco, cariñoso, por su interés en las personas y en sus problemas. Además, es muy carismático. No necesita de gran retórica para 23 Los talleres se centraron en la confección de ropa, se instalaron bazares para la compra de elementos domésticos y formación en los cuidados sanitarios y auto cuidado. Entre sus funciones estaba la administración de hogares de menores y ayudas a madres campesinas. 24 En diciembre de 1983 Lucía Hiriart inauguró una sede de Cema en el Cajón del Maipo, Santiago. El objetivo era el desarrollo de actividades para las “cemitas”. Esto denota el carácter sexista y conservador de la organización, vinculando a las niñas con los roles sociales de la cultura tradicional, referidos a labores del hogar familiar (El Mercurio, 9-12-1983: C3). convencer; convence por su personalidad íntegra, la cual es captada por el pueblo (El Mercurio, 1212-1982: D1). La Secretaría Nacional de la Mujer también tuvo que posicionarse políticamente frente a la arremetida del movimiento social. A través del simbolismo de la conmemoración patriótica se vinculó directamente a esas organizaciones sociales gubernamentales, generando un fuerte vínculo identitario entre ayuda social comunitaria y la política pública hacia la mujer. 25 Llama la atención que esta Secretaría definiera el rol ciudadano de las mujeres, más allá de su rol como jefas de hogar y madres propiciado por Cema. Creemos que estas acciones se generaron por una necesidad electoralista, diferenciándose del conservadurismo de Cema y Lucía Hiriart. 26 Pero Lucía Hiriart también realizó campaña a favor de la opción Sí en el plebiscito de octubre de 1988. 27 Esta actuación estaba en línea con su rol político durante la dictadura militar: La Primera Dama de la Nación, señora Lucía Hiriart de Pinochet, en la fotografía, pronuncia un discurso en el gimnasio municipal de La Pintana, donde recibió la adhesión de millares de mujeres de esa comuna que apoyan el “Si” y la obra del gobierno. Con anterioridad, la señora Lucía inauguró el Centro Abierto Juan Pablo II, que atiende a más de doscientos menores de entre dos y cinco años de la citada comuna (El Mercurio, 26-05-1988: C3). En base a lo señalado podemos comprender mejor las estrategias y formas que adquiere la manifestación política de derecha durante la dictadura. De esta forma desentrañamos los discursos que construyeron estos sectores en medio del período estudiado. Veamos entonces el segundo de los apartados relativa al desarrollo de los viajes y giras de Pinochet para comprender los efectos políticos que generaron las apariciones públicas del dictador. 5.2.- La figura de Pinochet en giras y viajes. María Isabel Covarrubias, secretaria en 1983, lo definió así y llama la atención que no haya hecho ninguna mención a Cema en la entrevista concedida (El Mercurio, 27-11-1983: D2). 26 La Secretaría Nacional de la Mujer preparó políticamente un contingente de siete mil mujeres en seminarios realizados a lo largo del país en enero de 1988. 27 Lucía Hiriart, reunida con mujeres por su cumpleaños, pidió la creación de un gran movimiento femenino de apoyo al régimen para el plebiscito de octubre de 1988, Los festejos fueron un mitin político, incluyendo la presencia de Pinochet (El Mercurio, 11-12-1987: A1). 25 El objetivo de tratar las giras y viajes de Pinochet durante la dictadura radica en la necesidad de conocer las formas e intenciones que hubo en las manifestaciones que se desarrollaron en ese contexto. Asimismo, también queremos indagar las motivaciones del poder dictatorial para realizar estas acciones, enmarcadas en el debate político que nos mantiene ocupados. Fuente fundamental para este punto lo constituye, una vez más, la prensa oficialista y opositora pero legalizada, junto a la clandestina. La figura de Pinochet en la presidencia se hizo indiscutible. El carácter cesarista del dictador es considerado excepcional en el ciclo de regímenes autoritarios de los años setenta en América Latina (Cavarozzi, 1989; O'Donell, 1989; Huneuus, 2000). El rol que asumió Pinochet entroncaba con la adscripción a la figura autoritaria que definió Portales para la conformación de la presidencia en el siglo XIX, cuestión que Pinochet rescató como antecedente para su propia armazón constitucional. En este apartado del quinto capítulo, analizaremos las visitas al exterior y los efectos en Chile de esos viajes de Pinochet. En segundo lugar analizaremos, con especial énfasis, los actos y ceremonias del calendario militar; en tercer término las citas plebiscitarias que produjeron campañas a favor de Pinochet; un cuarto aspecto son las visitas cuyo fin fue emitir declaraciones políticas; y, por último, las inauguraciones de obras y anuncios de políticas públicas realizadas en distintos momentos. Comencemos, entonces, por evaluar las visitas al extranjero que realizó el dictador durante su período. 5.2.1.- Viajes de Pinochet al exterior. Los viajes y visitas de Pinochet nos permiten observar las formas en que se estructuran las manifestaciones políticas. Comenzaremos por adentrarnos en las visitas relacionadas con la imagen internacional de Pinochet y, lo primero a destacar fue la escasez de visitas hechas por el dictador al exterior del país. La definición esencial en torno a este asunto se dio en el amplio rechazo que la figura emblemática del régimen militar despertó en la comunidad internacional, expresada en las continuas denuncias y vetos a Chile por parte de los organismos multilaterales. Durante los primeros meses del mandatario de facto, las visitas al extranjero, fundamentalmente en Sudamérica, fueron de poca relevancia; el efecto de rechazo al régimen provocó temor a los mandatarios de países vecinos, de las eventuales protestas y rechazos en su opinión pública, como lo demuestra la visita a Asunción del Paraguay en mayo de 1974: Aunque diferentes en su contexto, ambas reuniones fueron calificadas por el General Augusto Pinochet como “cordiales” y provechosas. Inevitablemente, sin embargo, las conversaciones con el Presidente Alfredo Stroessner, en el marco de la tradicional cordialidad paraguaya, fueron las más gratas para la comitiva chilena. El breve paso por Buenos Aires, donde los generales Pinochet y Perón conversaron en la base aérea de Morón, aprovechando una escala de regreso de Asunción, estuvo rodeado de fuertes medidas de seguridad. La razón es comprensible: aparte de las propias tensiones internas de Argentina, apenas pocos días antes se había detenido en Paraguay -proveniente de territorio argentino- un grupo de chilenos “sospechosos de proponerse crear dificultades” al Jefe del Gobierno chileno. Pese al hermetismo sobre el caso era obvio -a la luz de las informaciones que se dieron a conocer- que podría tratarse incluso de un atentado personal contra el General Pinochet (Ercilla, Nº 2025: 9). El rechazo internacional a Pinochet fue aún mayor cuando asistió al funeral del también dictador Francisco Franco, en noviembre de 1975. En aquella ocasión, el general fue recibido en el aeropuerto por el príncipe Juan Carlos. 28 El aislamiento del régimen fue, desde ese momento, absoluto. Pero el bochorno más importante fue en 1980 en un intento de visita oficial a Filipinas, donde fue invitado por Ferdinand Marcos, dictador de ese país. El viaje fue interrumpido sin explicación en pleno vuelo, causando gran impacto en Chile; entre las consecuencias inmediatas costó el cargo a Hernán Cubillos, Ministro de Relaciones Exteriores. Además, debido a que la oposición aprovechó la instancia para reforzar la idea de rechazo internacional que provocaba la figura de Pinochet, este hecho se transformó en una gran humillación internacional para el régimen. Producto del frustrado viaje se sucedieron episodios tensos dentro del régimen, entre ellos la aparición de panfletos contra Cubillos. Por su parte, la ruptura de relaciones diplomáticas con Filipinas quedó en evidencia en una masiva marcha que acompañó el retorno del dictador desde el aeropuerto hasta La Moneda. La oposición destacó los efectos del hecho: Su visita a Madrid se extendió por sólo tres días, pues los mandatarios de diversos países manifestaron su desagrado y Pinochet hubo de retirarse (Cavallo y otros, 2008: 127). 28 Después del desaire diplomático que culminó con la cancelación del viaje presidencial a Filipinas, quedan planteados importantes problemas de orden internacional y de orden interno. // Desde el punto de vista de las relaciones exteriores de Chile, el incidente torna dificultosa la apertura hacia el Pacífico, que aparecía como necesaria después que el propio gobierno militar cerró la natural apertura hada los países del Pacto Andino. Tampoco se divisan ahora otras alternativas viables para romper la situación de aislamiento internacional en que se encuentra el país. // Desde el punto de vista interno, la resolución de la crisis permitió desnudar en toda su crudeza un conflicto que la gran mayoría de los chilenos conocíamos sólo de manera inminente y parcial. Las facciones calificadas por la prensa como duros o renovadores, por un lado, y blandos o aperturistas, por otro, se han enfrentado en forma pública con acidez, mostrando sus particulares puntos de vista (Apsi, Nº 72: 5). La fallida visita de Pinochet a Filipinas develó los conflictos internos entre los adherentes al régimen. Desde ese momento el dictador no volvió a salir del país, clausurando de la proyección internacional de la dictadura. Sin embargo, una importante visita con carácter de Estado volvería a perfilar a Pinochet como mandatario en el concierto internacional, la del dictador brasileño Joâo Baptista Figueiredo. 29 El régimen necesitaba un resarcimiento de mayor calado frente a la fallida visita a Filipinas. La mención de este hecho en el presente apartado tiene lugar debido a que se escenificó en una manifestación de los partidarios del régimen: 30 Miles de personas, de todas las edades y condiciones, apostadas a lo largo de todo el trayecto desde el aeropuerto de Pudahuel hasta el Palacio Cousiño, tributaron ayer un entusiasta y calurosa bienvenida al Presidente del Brasil, Joao Baptista Figueiredo. // El ilustre mandatario visitante, a bordo de una limusina Mercedes Benz de color negro y acompañado el Presidente chileno, general Augusto Pinochet, fue ovacionado a lo largo de más de cincuenta cuadras por una multitud entusiasta que portaba banderas de ambos países. Arcos formados de enseñas patrias y cintas con los colores de las dos repúblicas dieron, asimismo, un marco impresionante a la bienvenido (El Mercurio, 9-101980: C1). La dictadura agasajó a Figueiredo con ceremonias oficiales, incluso se repitió la marcha de adherentes al régimen, quienes transitaron desde el aeropuerto hasta el centro capitalino. La breve visita no logró tener mayores consecuencias en el flanco interno, toda vez que la resistencia ocasionaba daños importantes, cuestión que acaparó el interés de los chilenos. A nivel internacional, la condena al régimen por las violaciones a los derechos humanos ya se había establecido con certeza, debido a la aparición de ejecutados y la comprobación de denuncias hechas desde de 1973. 29 30 Esta fue la única visita oficial de un mandatario en ejercicio durante el período. El aislamiento que sufrió el régimen intentó romperse con la visita de Figueiredo, quien fue presentado como un estadista que apoyaba a Pinochet, pero la dictadura brasileña estaba tocada de muerte, tras la derrota de los militares en 1985, ese apoyo se difuminó. Posteriormente, no hubo visitas de figuras políticas extranjeras ni salidas de Pinochet durante toda la década del ochenta. El progresivo desprestigio del régimen y la aparición de una resistencia activa, expresada en un movimiento social cada vez más organizado, hizo que la dictadura se cerrara y concentrara en la política interna. Ahora veremos el desarrollo de las visitas en Chile, particularmente frecuentes en las zonas conflictivas y en regiones fronterizas. 5.2.2.- Las visitas internas de carácter simbólico. Una de las características más relevantes de las visitas de Pinochet durante sus giras por el territorio nacional se relacionó con la participación en ceremonias simbólicas que reforzaron la identificación entre el discurso de la historia militar y el gobierno que él representaba. Esta característica se mantuvo durante todo el período y fue aprovechada para que el dictador realizara declaraciones políticas. Estas ocasiones sirvieron para escenificar el discurso nacional guerrerista, es decir, un discurso laudatorio de las hazañas militares como principal referencia de la nación; Pinochet, sobre todo en los primeros años de la dictadura, expresó ese discurso. Este tipo de referencias las encontramos, posteriormente, acotadas a fechas significativas del calendario de la historia oficial, como lo ocurrido en las ocasiones que relatamos a continuación. En agosto de 1974 Pinochet inauguró el Parque monumental O'Higgins de Chillán, la ciudad declaró hijo ilustre al dictador. En ésta visitó un ex campamento, redenominado como población, que había sido un antiguo bastión izquierdista: El Jefe de la Junta de Gobierno, en declaraciones a los periodistas, se refirió a la figura de O'Higgins en los siguientes términos: “Al conmemorar el 196º aniversario del natalicio del nacimiento del Padre de la Patria, cerca ya de dos siglos, sus nobles objetivos de una patria libre, de una patria sin influencias foráneas, independiente y sin tiranías extranjeras, vemos con justificado orgullo que estos preceptos en este primer año de Gobierno, gracias a la decidida acción de las FF.AA. y de Carabineros, herederos de la tradición patriótica chilena” (El Mercurio, 21-08-1974: 8). En octubre de 1984, Pinochet volvió a hacer manifestaciones políticas en medio de una ceremonia de marcado carácter histórico. Esta vez se presentó en una celebración de la batalla de Rancagua en esa misma ciudad. El dictador fue el centro de interés de la prensa, pues se mostró rodeado de adhesión popular (El Mercurio, 4-10-1984: A1). Una relación directa entre la ideología militarista de Pinochet y sus definiciones políticas se marcaron fuertemente a raíz del discurso de Chacarillas, 31 vemos como permanentemente se estableció la materialización de estos elementos en actos cívicos durante los viajes a regiones conflictivas. En 1986 Pinochet visitó Concepción con motivo de participar en la condecoración de 77 soldados del regimiento Chacabuco (El Sur, 10-07-1986: 3). La presencia del dictador en este acto nos permite subrayar la importancia que tuvo para el régimen el uso de la bandera dado que en él se juró al emblema patrio, identificado con las Fuerzas Armadas y con la figura de Pinochet. Éste volvió al mismo escenario en 1988 para encabezar el mismo acto, condecorando nuevamente a 77 soldados y personalidades de diversas actividades, prosiguiendo el tipo de ceremonia que inauguró en Chacarillas: Agregó que “detrás de esta juventud estamos también aquellos patriotas convencidos de que Chile necesita gente como usted, que realmente sabe ser chileno y como tal merece todo el apoyo de quienes estamos convencidos de lo que esto significa”. // Entre los 77 jóvenes distinguidos con la condecoración “Héroes de La Concepción” figuraron el cadete Carlos Carreño Rojas, hijo del comandante Carlos Carreño, que fuera secuestrado por extremistas pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez hace algunos meses; el joven mapuche José Paillao; el ajedrecista Iván Morovic; Juanita Lagos, joven que se opuso a la toma del Liceo San Miguel; los locutores Carmen Ibáñez y Eduardo Cruz; el automovilista Felipe Horta; los cantantes Álvaro Scaramelli, Miriam Hernández, Roberto Valdés, José Luis Arce y Mónica de Calixto, y los dirigentes juveniles de diversos partidos políticos (El Mercurio, 10-07-1988: C2). En junio de 1987 se celebraba el centenario de la toma del Morro de Arica, que en conjunto con el combate naval de Iquique, constituye uno de los hitos más significativos de la guerra del Pacífico para los chilenos. Ese día se denominó como el día de la Infantería para el calendario militar. En San Bernardo (Santiago), Pinochet conmemoró la fecha con un homenaje al Ejército, volviendo a asociar su figura con la historia política y militar de la nación. Cabe señalar la participación de sectores populares, entre ellos los camioneros, sector clave en el boicot al gobierno de Salvador Allende (Corvalán, 2012: 116). En octubre de 1988 Pinochet conmemoró la batalla de Rancagua en esa ciudad, esta vez en plena campaña electoral. La asociación entre la historia político-militar del país, la figura dictatorial y la campaña electoral viene a explicarnos que ya había una cultura ceremonial pinochetista que incluso se plasmó pocos días antes de la cita plebiscitaria. 31 Esta fecha del candelario militar, el 7 de julio, recordaba la batalla de La Concepción y, durante la dictadura, el discurso de Chacarillas, realizado en 1977 en un cerro santiaguino. Elementos específicos de ese discurso se explican en apartados sucesivos de este capítulo. Otra motivación para los viajes de Augusto Pinochet guardó relación con la campaña política en torno a las tres citas plebiscitarias que se produjeron durante el período dictatorial. Si bien estos eventos fueron muy diferentes entre sí, Pinochet, de una u otra manera, enfrentó de manera pública los debates en torno a cada uno de los acontecimientos electorales. Los siguientes párrafos nos acercan a este tema. 5.2.3.- Pinochet en campaña plebiscitaria. En los tres referéndums convocados por la dictadura, Pinochet tuvo un rol protagónico que veremos en este punto en el que nos centraremos, en particular, en los elementos políticos que comportaron la participación del dictador. Los tres referéndums que se realizaron durante el período fueron ocasiones para la expresión de los adherentes al régimen. La dictadura alentó directamente manifestaciones durante las consultas, no así para otro tipo de eventos públicos de los partidarios del régimen, coordinados por movimientos y partidos de derecha. La consulta nacional convocada para el 4 de enero de 1978 tuvo a Pinochet como único actor generando discurso político. Dos días antes de los comicios, el dictador no realizó ninguna aparición pública en torno a la elección; en diversos momentos manifestó no buscar apoyo personal, sino más bien ratificar la posición chilena frente al voto de la ONU, que denunció al régimen por las violaciones a los derechos humanos (Valdivia, 2001; Álvarez, Pinto y Valdivia, 2006). A pesar de lo señalado por Pinochet, él mismo realizó visitas a zonas pobres de Santiago en diciembre de 1977, por ejemplo en la población Bezanilla-Salinas y otras cuatro comunas capitalinas, donde se refirió expresamente a la consulta y pidió el apoyo para el voto afirmativo: En medio de aplausos y de voces que coreaban “si”, “si”, “si”, el Jefe del Estado dijo: “Yo los invito a que mediten, porque en estos momentos el país atraviesa por una situación internacional muy grave. A consecuencias de esto nos pueden quitar la sal y el agua”. // Hablando con énfasis añadió: “Por eso les he pedido que se pronuncien en un si por Chile. Un si por Chile no es otra cosa que un si para enfrentar a un agresor externo para conservar nuestra soberanía. No estamos hablando de problemas políticos, porque si eso fuera la intención habríamos convocado a un plebiscito. // El general Pinochet recorrió durante más de cuatro horas las poblaciones, que estaban engalanadas con banderas. Acompañado de su esposa, señora Lucía Hiriart, y del Ministro del Interior, general de división Raúl Benavides, el mandatario fue saludado cálidamente por hombres, mujeres y niños (El Mercurio, 30-12-1977: 1). Contrariamente a lo ocurrido en la consulta nacional de 1978, Pinochet hizo un recorrido por el país para buscar el apoyo político en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, con el objetivo de ratificar el texto constitucional hecho para reestructurar completamente la institucionalidad del Estado chileno. 32 Hacia fines de agosto Pinochet continuó con una extensa gira por el sur del país, solicitando el apoyo popular de cara a la consulta de septiembre de aquel año. En esta gira Pinochet hizo alusión al proceso de transición que se abriría a partir de la promulgación de la nueva carta fundamental, afirmación cuestionada por la oposición: En ese sentido es que la propuesta constitucional entregada por el Consejo de Estado a la Junta de Gobierno es insuficiente, porque refleja sólo la opinión de sectores de apoyo al gobierno, no garantiza una mínima estabilidad. Aparece más como una contención de procesos históricos que el cauce institucional por el que se va a desarrollar la vida nacional en los próximos decenios. // Específicamente, el prolongado período de transición y la amplitud de poderes del Ejecutivo en este lapso, dilatan el enfrentamiento de un problema urgente: el tránsito de la situación actual a una diferente que tenga inequívoco signo democrático. Asimismo, un plebiscito en las actuales circunstancias sería una formalidad que no trascendería a los actuales gobernantes (Apsi, Nº 78, 1980: 1). En virtud del plebiscito de 1988, que dirimía la continuidad de la dictadura o el inicio de un proceso de transición, Pinochet se presentó como candidato de la continuidad. La primera vez en que hizo referencia a ello fue durante la visita a ciudades del norte, específicamente en El Salvador, (Atacama). Ahí hizo declaraciones en defensa de las reglas constitucionales y de la obra de su gobierno y, al mismo tiempo, fustigando a la oposición. Un elemento diferente y notorio fue la aparición pública de Pinochet en traje de civil. La presencia del Pinochet civil reforzó la idea del candidato único y la certeza del proceso anunciado por él mismo y refrendado por la constitución de 1980. 33 La oposición se mostró decidida en su rechazo al plan dictatorial. De esta manera observamos una recepción muy diferente a la campaña que el dictador emprendió de cara al plebiscito de 1988, que pretendía otorgarle ocho años más de mandato. Pero esta última campaña fue más compleja para el dictador. Esta vez, en la comuna de Cerro Navia, la comitiva pinochetista fue atacada por opositores. En ese momento El general comenzó su periplo por la nortina ciudad de Copiapó, visitó el sur y terminó convocando actos públicos en la costa del centro del país (El Mercurio, 5-09-1980: A1). 33 En agosto de 1988 Pinochet se concentró en la campaña política. Destacan las constantes visitas a sectores populares de la capital. La prensa oficialista lo mostró en diálogo con mujeres pobladoras, electorado al que se dirigió acompañado de Lucía Hiriart como referente. 32 Pinochet participaba en un encuentro con mujeres. Los incidentes provocaron severos daños y Pinochet debió salir con mucha dificultad del sector, acompañado de un nutrido aparato de seguridad: El paso de la comitiva presidencial, el domingo 11 de septiembre, su llegada rauda -acelerador a fondo- por un camino de tierra, y su partida no menos veloz, esquivando barricadas y una lluvia de piedras, fueron un espectáculo asombroso para los vecinos de la comuna de Cerro Navia, poco acostumbrados al ajetreo de las visitas oficiales. // Pinochet no permaneció mucho tiempo en la zona. El vuelo rasante de los helicópteros alteró los nervios de la gente. La presencia de carabineros, que usó gran cantidad de gases lacrimógenos, guanacos, zorrillos y perdigones; la actitud desafiante de civiles armados y la violenta reacción de los pobladores generaron un clima de guerra que no estaba dentro de sus expectativas. Entonces decidió partir. Sus escoltas le abrieron camino a punta de metralletas. El cortejo oficial dejó a su paso una gran cantidad de heridos y una sensación de impotencia e ira. La represión, sin embargo, no terminó allí. // Desde muy temprano ese día hubo una intensa actividad en el gimnasio modelo de Cerro Navia, símbolo local de la modernidad y del esfuerzo alcaldicio, ubicado en la calle Mapocho a la altura del ocho mil 500. En el frontis del edificio se desplegó un gran sí y un retrato del presidente. Esa tarde la municipalidad había invitado a los pobladores de la comuna a tomar una once con helados. Prácticamente nadie sabía que Pinochet encabezaría la velada (Apsi, Nº 270: 15). A fines de septiembre, en la fase final de campaña, Pinochet visitó Concepción, zona del carbón y bastión de la izquierda chilena. En la capital penquista 34 hizo referencia al modelo económico fundado por la dictadura, anunciando su profundización a través de la privatización de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar). En Lota se produjeron incidentes que terminaron con siete detenidos y, en la vecina Coronel, se realizaron manifestaciones opositoras ante el paso de la comitiva oficialista (El Sur, 29-09-1988: 1). Pero hubo otro tipo de viajes, los que guardaron relación con la intención de declarar políticamente en un escenario que significara el mensaje, instancias en las cuales se publicitaban las decisiones que el régimen adoptó. Revisemos cómo se desarrollaron estas acciones del gobierno dictatorial. 5.2.4.- Las giras de intención política. Una vez iniciada la dictadura se impuso el afán de reconocer la figura de Pinochet como Jefe de Estado y, con este objetivo, se desarrollaron gran cantidad de giras por el país con clara intención política. Las declaraciones políticas en las visitas desarrolladas tuvieron enorme importancia, El término se refiere al gentilicio de la población de Concepción, fundada el 5 de octubre de 1550, inicialmente en la localidad de Penco. Es el segundo núcleo urbano del país. 34 pues se utilizaron las salidas para contestar a la oposición y sorprender a la derecha política, dejando en segundo plano las inauguraciones y anuncios de políticas públicas, propias del devenir de los regímenes democráticos. Ya en febrero de 1974 se produjo la visita de Pinochet a los territorios del norte del país. Si bien no se informó en los medios de comunicación acerca de la realización de reuniones masivas, Pinochet visitó el norte en función de reconocer e imponer su figura como el jefe de Estado y gobernante. En la comitiva estuvo Fernando Léniz, Ministro de Economía y figura del proceso de reconstrucción nacional (El Mercurio, 21-02-1974: 13). 35 Al inicio del régimen, a nuestro entender, Pinochet evidenció una necesidad de información pues, al parecer, desconfiaba del aparato asesor, porque tal vez aún no se consolidaba en el gobierno: Una sorpresiva visita a humildes y atrasadas poblaciones de sectores altos de este puerto y Viña del Mar hizo durante el curso del día de ayer el Presidente de la Junta de Gobierno, general Augusto Pinochet Ugarte [...] // El general Pinochet visitó primeramente la populosa población Puertas Negras, ubicada en Playa Ancha, y por un espacio de una hora la recorrió y muy particularmente dialogó con los pobladores. // Destacó en el Mandatario su modalidad de escuchar atentamente lo que se le planteaba, dando lugar a que los voceros de los pobladores se extendieran en detalles sobre sus más graves problemas. // La llegada del general Pinochet prácticamente revolucionó al conjunto habitacional y una muchedumbre lo aplaudía y lo seguía a todos lados (El Mercurio, 2-06-1974: 35). A partir de 1976 Pinochet se esforzó en mostrar una postura de líder, realizó opiniones políticas con mayor asiduidad durante sus giras por el país para inaugurar obras públicas, pronunciar mítines, etc. Todo ello tendía a afirmar su figura como máximo líder del régimen. Alrededor de 1980, las visitas del dictador adquirieron un cariz político fundamental, en función de la consolidación del modelo político y económico del régimen. En mayo de ese año, particularmente en la inauguración del hospital de Arauco, Concepción, Pinochet se refirió a los planteamientos que fundarían el nuevo Estado: Enfatizó que dentro de las modernizaciones anunciadas por él, en su mensaje presidencial del año pasado, “vamos enfrentando los más importantes aspectos de la vida nacional: educación, salud, agricultura, trabajo, previsión y reforma administrativa”. // Todo esto nos lleva, dijo, a una nueva 35 Pinochet visitó Concepción en mayo del mismo año y esta vez sí se dirigió a los penquistas. En la ocasión también habló Fernando Léniz. En los discursos se destacó el rol de las mujeres, estudiantes y trabajadores en torno al proceso de reconstrucción. Pinochet recibió homenajes del municipio, cuestión que se repitió en cada viaje del dictador (El Sur, 8-05-1974: 1). forma de vida, en la cual cada chileno será constructor de su propio destino, en un país que avanza con fe hacia la consolidación de una nueva institucionalidad (El Mercurio, 24-05-1980: C1). En términos políticos contingentes, el movimiento cívico-militar que Pinochet deseaba crear para dar soporte político a su gestión, se vio escenificado en una visita al norte. 36 Esta mixtura entre opiniones políticas y acciones de gobierno fue habitual en las giras del dictador y siguieron produciéndose en asuntos tan relevantes como las protestas. En Copiapó, Pinochet realizó declaraciones muy duras en medio de las movilizaciones opositoras. Esta vez no evitó referirse a ellas, ni tampoco dejó que figuras de segundo rango lo hicieran. 37 Pero un punto de inflexión en este asunto fue una incómoda situación vivida por Pinochet en la austral Punta Arenas, Magallanes. En febrero de 1984 y en el marco de una visita oficial al territorio, cientos de jóvenes opositores se manifestaron en plena plaza de armas de la ciudad. El dictador culpó directamente a los sacerdotes católicos de la acción en su contra, ya que los manifestantes se apostaron en la catedral. Dieciséis personas fueron detenidas en el que se denominó “Puntarenazo”, la primera muestra pública de repudio al dictador de manera frontal y organizada: El Intendente Regional subrogante Gral. Alejandro Medina L., anuncia por la prensa local el programa de la visita presidencial a Magallanes, la cual estaba programada para los días 24 al 29 de febrero. Este mismo día, los integrantes del Comité Organizador de los Cabildos, resuelve definitivamente el calendario de Cabildos a efectuarse en Punta Arenas, mediante la coordinación con los pobladores, los estudiantes universitarios, los gremios de trabajadores, los partidos políticos opositores y algunos colegios profesionales (Rodríguez, 2012: 2). Con respecto a la manifestación opositora antecedida por los cabildos, esta consistió en el lanzamiento de panfletos, acompañados de gritos contra la figura del general. La principal molestia se generó porque Pinochet se vio abordado inesperadamente mientras pasaba revista a la unidad militar que le rendía honores, vulnerando completamente la seguridad de la comitiva y escenificando la molestia de una importante parte de la ciudadanía en torno a su gobierno. A tanto llegó la indignación de Pinochet que se siguieron Desde la salitrera Pedro de Valdivia, Antofagasta, se refirió a la necesidad de crear ese instrumento y utilizar las municipalidades para su desarrollo (El Mercurio, 27-05-1983: A1). 37 En Copiapó militares, mujeres pinochetistas y grupos afines al régimen crearon el contexto ideal para las declaraciones del general (El Mercurio, 6-06-1983: A1). 36 acciones legales y persecución política hacia los protagonistas de la manifestación magallánica (Solidaridad, Nº 53: 6). 38 Nuevamente en Concepción, 39 estando en Santa Juana, aprovechó la visita para posicionarse políticamente y plantear el posible derrotero del proceso político chileno, en el que se veía como el candidato natural para dirigir el proceso más allá de 1988 (Otano, 2006). La sorpresa de la declaración fue más importante para la Junta de gobierno y la derecha que para la oposición, pues sinceró los planes del dictador para su perpetuación en el gobierno: Pinochet dijo que ‘La constitución fijó 16 años, siendo los ocho primeros para normar; es decir, para dictar leyes, reglamentos que la complementen y, los ocho que continúan, son para aplicar esas leyes en forma real’ Insistió Pinochet que ‘nosotros no vamos a entregar el gobierno por puro gusto” (Análisis Nº 149, 1986:5). El dictador aprovechó la lejanía de un pequeño pueblo de provincia para sorprender a opositores y oficialistas. Pinochet trabajaba políticamente en función de sus propios objetivos, desconfiando de las maniobras de La Moneda y los partidos de derecha. A continuación nos adentraremos en las visitas que tuvieron ese carácter como centralidad del evento, buscando especificidades en el uso del espacio público y la manifestación. 5.2.5. Las visitas como acción de gobierno. Una forma que adquirieron las visitas y giras por el país, tuvieron que ver con relevar las obras de su gobierno. Las políticas públicas e inauguraciones no fueron un objetivo en sí mismo, ni aun menos pretendieron reforzar estrategias de desarrollo que el gobierno quisiera implementar. El régimen era profundamente político, pese a negarlo reiteradamente, y sus inauguraciones en las regiones del país venían a generar discurso público a favor de la figura omnipresente de Pinochet y sus políticas. En estas fueron Un año después, Pinochet volvió a Punta Arenas. Esta vez se instaló con su gabinete por ocho días, con una agenda que explicaba los logros del gobierno. Evidentemente, en esta ocasión fue recibido solamente por adherentes. En definitiva, la manifestación descolocó a Pinochet, justo cuando las protestas decrecían en el país (El Mercurio, 3-03-1985: A1). 39 Pinochet visitó diversos barrios de la ciudad, los más activos en las últimas protestas. En esta oportunidad hizo alusión al caos provocado en las movilizaciones señalando que su gobierno representaba el orden, único camino a la democracia (El Sur, 9-07-1986: 1). 38 significativas las acciones relativas a la industria nacional y la colonización, Efectivamente, una de las cuestiones que más preocupó a Pinochet y sus gobiernos fue la situación de la industria nacional, amenazada por la drástica baja de los salarios y los problemas políticos y sociales que eso pudiera acarrear. 40 Es por ello que Pinochet lideró la marcha del ejecutivo a través de medidas polémicas. En agosto del mismo año, y en visita a la cuenca carbonífera del sur del país, decidió disminuir los costos de producción de la empresa. Junto con ello, anunció medidas para amortizar el estancamiento productivo de la zona: Medidas para disminuir el stock de 550 mil toneladas de carbón, que incluyen un feriado colectivo para 15 mil trabajadores de esa actividad, la incentivación del consumo y la adopción de disposiciones para solucionar problemas de los sectores agrícola e industrial, sin profundizar sobre esto, anunció ayer aquí, el Presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte, al finalizar una gira de cuatro días por las provincias de Ñuble, Bio y Concepción [...] // Recordó también que el año 1948 tuvo oportunidad de conocer la zona del carbón, ubicada en las provincias de Concepción y Arauco y que, al volver a ella, 35 años más tarde, había comprobado que allí el progreso era mínimo. “Fue eso lo que me llevó a disponer un plan especial de viviendas para los trabajadores del carbón, que lamentablemente tuvo tropiezos por incumplimiento de las empresas encargadas de llevarlo a cabo. Pero en este viaje he podido ver que en Coronel los trabajos de construcción de una nueva población avanzan con toda normalidad (El Mercurio, 23-08-1977: 1). Cuando volvió a la zona, en mayo de 1980, fue mucho más directo, pues anunció la negociación colectiva para la Empresa Nacional del Carbón, aplicando el nuevo código laboral recién proclamado ese año. En un lenguaje mucho más agresivo, se refirió al agotamiento de los yacimientos y que, por lo tanto, el gobierno no invertiría más en la industria. Por otra parte, en octubre de 1982 el dictador realizó una visita a campamentos irregulares de diversas comunas capitalinas. Según señala la prensa, producto de las órdenes directas de Pinochet, en la comuna de San Miguel (Santiago), se realizó un proceso de erradicación por el cual los pobladores fueron trasladados a viviendas sociales de otro sector de la misma comuna. En plena crisis económica recesiva, Pinochet se mostró cercano a los grupos más vulnerables, cuestión que una vez desatadas las protestas nacionales, no volvería a ocurrir: 40 A inicios de diciembre de 1975 visitó Talcahuano, Concepción, para calmar a los trabajadores de la siderúrgica Huachipato, volviendo inmediatamente a Santiago. En esta ocasión anunció que no habrían despidos, pero lo sueldos se vieron severamente afectados. La mayoría de estos sectores manifestaron haber sido sorprendidos por la llegada del Mandatario y que el hecho trastocó todo su día. “Hasta me olvidé de hacer el almuerzo y mandar a los niños al colegio en la tarde” señaló Elba Rodríguez. // Los resultados de la visita presidencial podían apreciarse ayer en el ambiente existente en los campamentos y poblaciones de esas tres comunas. Todos comentaban aun los detalles del recorrido de Pinochet y expresaban su esperanza por ver resueltos sus problemas con futuras medidas [...] // Manuel Caliboro, de Lo Hermida, precisó que “no lo había visto nunca. Es una persona muy agradable y simpática. La impresión que se tiene al verlo por televisión es distinta. Estuvo en mi casa y me dijo que en el futuro las cosas van a mejorar (El Mercurio, 17-10-1982: A12). Vinculado a lo anterior se encuentra la política colonizadora, esta consistió en la entrega de sitios urbanos y rurales, pero que a la vista de los años no significó un poblamiento importante del territorio. De aquello se desprende el nulo apoyo estatal para la instalación de las personas en una zona compleja geográfica y económicamente. Este elemento nos hace pensar que el proyecto declarado por el régimen como el más acariciado por Pinochet no se condijo con las pobres políticas implementadas para su concreción. Una de las obsesiones del mandatario de facto fue la construcción de la carretera austral que intentaba adentrarse en la difícil geografía patagónica. En febrero de 1983 Pinochet visitó oficialmente esa zona, para anunciar un plan de colonización del territorio y la contratación de mano de obra para la construcción de la vía bajo supervisión militar. 41 A fines del convulso 1986, marcado por el atentado en septiembre contra el dictador, Pinochet apareció viajando por ciudades como Iquique o Valparaíso, siempre rodeado de un contingente de seguridad numeroso. Ya no se le vio en contactos cercanos con sus adeptos, tal como enseñan las imágenes de la década del setenta. Ya en el último tramo de la dictadura, no hubo mayores viajes que tuvieran por propósito relevar la figura de Pinochet mediante inauguraciones y acciones sociales. El homenaje definitivo a Pinochet se dio en la misma provincia del ataque de septiembre de ese año: Cien mil firmas de ciudadanos adherentes a su gestión, contenidas en seis de esos volúmenes, recibió ayer el Presidente de la República, general Augusto Pinochet, durante una masiva ceremonia de homenaje que le rindió la provincia de Maipo, con motivo de conmemorarse el centenario de la Escuela de Infantería. // Los tomos con las firmas entregadas al Primer Mandatario por representantes del denominado “Comité de los 12”, organización cívica de la comuna de San Bernardo, que participó activamente en la preparación del homenaje. // El multitudinario acto, realizado en la Plaza de Armas de San Bernardo, se prolongó durante más de tres horas, y congregó a decenas de miles de personas que testimoniaron con su presencia y participación en un desfile cívicoLa obra fue financiada con créditos del BID dada la costosa inversión que significó (El Mercurio, 21-021983: A1). 41 militar, su respaldo a su gestión de Gobierno (El Mercurio, 6-06-1987: A1). Pero hubo formas de intervención de los grupos de la derecha, diríamos “social”, como los operativos cívico-militares. Ahora veremos las características de este dispositivo, generado desde las políticas dictatoriales para desplegar su proyecto en el espacio público. 5.3.- Los operativos cívico-militares. En este tercer apartado analizaremos las acciones denominadas operativos cívicomilitares, que se dieron casi en la totalidad del período estudiado, aminorando su ocurrencia hacia fines de la dictadura. Entraremos en una práctica social y política del régimen que se ha estudiado muy poco, por lo tanto no tenemos mayor información bibliográfica. Y, por lo que se refiere a las fuentes, las utilizadas prioritariamente aquí son las publicaciones periódicas. El análisis que desarrollaremos pasará primero por explicar qué fueron esos operativos, a través de las políticas sociales del régimen y sus adherentes. Proseguiremos con el estudio de la participación de las organizaciones civiles involucradas en estas acciones, particularmente las de jóvenes y mujeres. En tercer lugar, revisamos el rol de los municipios y otros funcionarios en este dispositivo; en cuarto lugar analizamos el papel de los militares y policías; Comencemos, entonces, por definir el concepto de operativos cívico-militares. 5.3.1.- Origen y conceptualización de los operativos cívico-militares. Este dispositivo de intervención social y político no se encuentra definido en la bibliografía y por ello es necesario dar una definición de los mismos para, posteriormente, caracterizar su uso y evolución. Los operativos cívico-militares fueron acciones destinadas a subsanar diferentes deficiencias en los barrios más pobres de las ciudades y sectores rurales del país. 42 Estas acciones consistieron en desplazar un contingente militar que, junto con organizaciones 42 Alberto Cardemil, subsecretario del Interior, explicó los operativos cívico-militares jurídica y políticamente, desmintiendo el afán político en los operativos, a través de la instrumentalización de las municipalidades, cuestión que fue denunciada a la Contraloría General de la República e hizo que la autoridad saliera a aclararlo (El Mercurio, 24-09-1987: C3). civiles, intervinieron los barrios por un corto período, generalmente un día o dos, realizando actividades de ayuda social: cortes de pelo, revisiones médicas, reparación de averías en las casas de los pobladores o atender a los animales de compañía, entre otras acciones. Las diversas ramas de las Fuerzas Armadas participaron de esta forma de intervención de espacios y cuerpos ciudadanos. También lo hizo el contingente de carabineros, quienes fueron protagonistas de los operativos, pues se encontraban en alianza con los sectores sociales y organizaciones comprometidos políticamente con el régimen. La dictadura redefinió la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, para atacar los problemas sociales más urgentes. Este organismo se propuso objetivos altísimos en sus primeras declaraciones, como erradicar la pobreza extrema del país gracias a la cooperación cívica y la colaboración de la empresa privada: El mayor Henríquez expresó que las operaciones se planifican semanalmente, cada lunes, ocasión en la que se reúnen, bajo la dirección del Coronel Brucher, un representante del Colegio de Arquitectos, otro de Ingenieros Agrónomos, de la Dirección de Asistencia Social, de las municipalidades, de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos, del Ministerio de la Vivienda, un delegado de los campamentos, un delegado de las escuelas de los campamentos y un representante de la Secretaría General de la Mujer. // Explicó el mayor Henríquez que la labor que se lleva a cabo sólo es efectiva en relación con el grado de colaboración que se recibe de las organizaciones privadas o públicas. // Actualmente cooperan en forma intensa y directa la Dirinco, sus Almacenes Reguladores Enado, Gasco, Copec, ECA, Soleche y, últimamente, Avicosán. // Otras organizaciones como los Almacenes Almac, por ejemplo, también ofrecieron cooperar, pero todavía no se ha materializado el ofrecimiento (El Mercurio, 25-11-1973: 45). Esta instancia gubernamental definió un discurso claramente político para llevar a cabo su acción: declaró su absoluta prescindencia de proselitismo en las acciones que llevaría a efecto. Por esta razón, en un primer momento se dedicó específicamente a entregar alimentos. En relación a ello, recordemos que una de las críticas más fuertes contra la administración Allende fue la escasez de alimentos; el nuevo régimen se esmeró en solucionar rápidamente el tema de abastecimiento de los mercados (Power, 2008: 209-214). En los primeros años de la dictadura, el discurso de reconstrucción nacional utilizó a los militares y policías como los sujetos fundamentales de la acción política y social; en lo sucesivo se llamó a los civiles para integrar el dispositivo de intervenciones que comportaron los operativos cívico-militares: Hombres abriendo canales en las comunas de Santiago o mujeres empaquetando alimentos en La Granja son algunos de los efectos de la Campaña Nacional Social puesta en marcha por el Gobierno. Siete Ministerios (Interior, Defensa, Economía, Hacienda, Vivienda, Salud y Educación) junto con la Secretaría General de Gobierno, la Oficina de Planificación Nacional, Intendencias, Gobernaciones y Municipalidades enfrentan la tarea de movilizar el país. Para el ministro del Interior, general de división César Raúl Benavides, en el operativo intervienen desde el Presidente de la República hasta los organismos de base que son las alcaldías de las 286 comunas existentes. // El martes 10 se reunieron en Santiago 200 delegados: Intendentes, gobernadores y alcaldes de la capital y Valparaíso y numerosos funcionarios del Estado para estudiar los alcances del Plan. Este se originó en un oficio -12 de mayo- del Presidente de la República al ministro del Interior para que en 72 horas se coordinara un programa destinado a “aliviar la situación de los más desposeídos, en especial la de los niños y las madres de familia (Ercilla, Nº 2081: 9). Los operativos cívico-militares tomaron un carácter relevante en el contexto de los intentos de constitución del movimiento cívico-militar, engranaje político destinado a dar soporte al régimen de Pinochet. Con lo anterior observamos que el entramado de fuerzas militares y de orden ejercitó un discurso que había estado muy lejano a la derecha y que, por lo mismo, el gremialismo incorporó fuertemente a su acción política. Del mismo modo, el voluntariado femenino y los grupos de jóvenes tuvieron un rol importante en estas acciones, pues generaron un vínculo firme entre gobierno dictatorial y organizaciones cívicas, observable en las diversas ceremonias que organizó la dictadura, toda vez que esos grupos participaron vivamente en cada uno de los eventos. Los inicios de la dictadura probaron diferentes formas de intervención que desembocaron, hacia mediados de la década del setenta, en el dispositivo que conoceremos como operativos cívico-militares. Elemento clave en esa búsqueda fueron los jóvenes, por lo tanto comenzaremos por analizar la participación de estos en el marco definido. 5.3.2.- Las agrupaciones juveniles en los operativos cívico-militares. Los operativos cívico-militares emprendidos por agrupaciones juveniles variaron en su motivación; en ellas convivían las acciones producto de emergencias o la genuina ayuda a carenciados con la generación de discurso político a través de la intervención en espacios públicos. Recién iniciada la dictadura estos dos elementos aparecen concatenados. 43 Los estudiantes de la Universidad Católica, cuna del gremialismo, también articularon formas de ocupación del espacio poblacional a través de la ayuda social. En octubre del mismo año se ocuparon de la población Nueva Independencia en Santiago, en 43 En 1974 los estudiantes y el municipio actuaron conjuntamente en el deprimido Zanjón de La Aguada, Santiago. El ataque a la Unidad Popular fue constante en las declaraciones, culpándola del crónico problema de hacinamiento. El operativo se desarrolló bajo la vigilancia del gobierno, pero sin la presencia de militares (El Mercurio, 26-07-1974: 38). los mismos ámbitos de trabajo que los descritos anteriormente; la diferencia se produjo en el financiamiento, el cual fue entregado por parte de privados y con muy poca ayuda de organismos públicos (El Mercurio, 20-10-1975: 17). Hacia 1977, el FJUN se convirtió en un nuevo actor de la derecha política, incidiendo también en la ayuda social del gobierno. Desde este momento, la organización política juvenil y los estudiantes universitarios compartieron el protagonismo en estas acciones. Respecto a lo anterior, la actividad desarrollada en julio de 1979 por la Fecech, organización estudiantil de la Universidad de Chile, realizó un operativo en el campamento Nuevo Amanecer de la capital. 44 La atención que tradicionalmente realizaban los universitarios en los sectores carenciados, esta vez se canalizó por la municipalidad de La Granja. Esta actividad, puntual por lo demás, se puede asociar a la celebración del día de la juventud, llevado a cabo en Chacarillas nuevamente y de fuerte carga política: Los trabajos a realizar por los estudiantes universitarios comienzan hoy y abarcarán las tareas de atención médico-dental, estudios demográficos y habitacionales con la aplicación de los instrumentos respectivos; asesoría legal; capacitación profesional; construcción de un complejo avícola-pecuario e instalación de servicios elementales (agua, luz), obras viales y urbanización total del sector (El Mercurio, 8-07-1979: D4). Se produjo una relación directa entre la juventud derechista, los operativos cívicos y la fecha en que se celebró la batalla de La Concepción, a la sazón el día de la juventud y el juramento a la bandera. Estos elementos hicieron de estas fechas un momento predilecto para la realización de operativos por parte de las agrupaciones juveniles adeptas al régimen. Por otra parte, la Secretaría Nacional de la Juventud apareció hacia 1983 para enfrentar el ciclo de protestas a través de los planes de acción social. En los meses de junio y julio de 1983 la Secretaría coordinó acciones en diversos barrios periféricos de Santiago. En estas ocasiones la institución destacó el aporte de la juventud al país, oponiendo directamente esta idea a la destrucción que provocaban las protestas, según el discurso derechista: 44 Los estudiantes de la Universidad de Chile realizaron un convenio con la municipalidad de San Miguel, Santiago, para colaborar con atenciones médicas a los pobladores. Esta vez no observamos militares ni otras instituciones implicadas, los estudiantes reforzaron directamente su colaboración con el ente encargado de la acción social (El Mercurio, 12-04-1983: C2). El Secretario Nacional de la Juventud, Patricio Melero, anunció la realización ayer de un vasto “Plan de Acción Nacional” que se extenderá entre el 15 de junio y el 18 de julio, y cuyo slogan será “En los momentos difíciles, la Juventud Construye”. “En él participarán los jóvenes, que sin posponer su legítimo derecho a discrepar, no quieren ser instrumentalizados por una protesta que consideramos inconducente e irresponsable”, señaló Melero [...] // El sábado 25 de junio, los jóvenes realizarán visitas a los hogares de ancianos y de menores; el sábado 2 de julio se dedicaran al hermoseamiento de plazas y jardines de la Región Metropolitana; entre el 9 y el 12 de julio se procederá a la construcción y restauración de multicanchas; y entre el 12 y el 18 de julio se realizarán exposiciones de los trabajos efectuados, en los Talleres Laborales de la Secretaría, en Pudahuel, La Florida, Renca, La Granja y Conchalí (El Mercurio, 12-06-1983: C3). La Secretaría hizo colaboraciones de este tipo en ocasiones de emergencia, como por ejemplo en 1984, cuando la crecida de un río dejó miles de damnificados en Lampa y otras zonas de Santiago. Esta vez no hay participación de funcionarios públicos ni militares en las tareas (El Mercurio, 8-06-1984: C9). En septiembre de ese año, los estudiantes de la casa de estudios estatal generaron ayuda social en la población Carol Urzúa de Puente Alto, Santiago. Las atenciones médicas se realizaron sólo por estudiantes. Lo que llama la atención de esta actividad es que se realizara en un barrio designado con el nombre de una de las principales bajas de la dictadura a manos de la resistencia, el Intendente de Santiago (El Mercurio, 30-09-1984: C5). Como podemos observar, los grupos de jóvenes, representados por organismos públicos o universitarios, utilizaron el operativo cívico-militar como forma de apoyo público al régimen. Conviene destacar que el conjunto de acciones representaron un apoyo relevante, aunque poco cercano a los militares y de intenciones más difusas a los de éstos y los municipios, principales protagonistas de esta forma de intervención en el espacio público. Pero hay otro sujeto que intervino en estas prácticas: las mujeres. A continuación indagaremos acerca del rol de ellas en los operativos, específicamente en relación a Cema Chile, voluntariado y organismos públicos. 5.3.3.- Las mujeres y su acción en los operativos cívico-militares. Los Centros de madres (Cema) y la Secretaría Nacional de la Mujer organizaron operativos cívicos con un fuerte despliegue mediático para aportar al proyecto pinochetista. Al principio de la dictadura, estas intervenciones representaron una forma de relación entre la ciudadanía y el Estado, marcada por el paternalismo y la presencia vigilante de las Fuerzas Armadas; en este contexto, las organizaciones de mujeres pinochetistas fueron muy eficientes. 45 Algunos de los mecanismos de acción social de las mujeres pinochetistas refieren su carácter asistencialista. 46 Las acciones de Cema en los operativos fueron realizadas muy de la mano con el Ejército, contrariamente a lo sucedido con los grupos de jóvenes. Una ocasión que destaca tiene lugar en mayo de 1976, en Lo Valledor Norte (Santiago), donde se realizó una masiva atención médica dental, organizada por la institución femenina en conjunto con dentistas militares. Esta acción también ocurrió en un carro móvil adaptado para los efectos (El Mercurio, 18-05-1976: 17). Por aquellos años aparecieron otras organizaciones de mujeres que colaboraron en acciones de ayuda social, que sin el protagonismo de Cema Chile, también ocuparon espacios públicos en los barrios marginales para colaborar en estas actividades. Veamos algunas de ellas. La Cruz Roja, que si bien fue una institución independiente al régimen, colaboró en diversos operativos organizados por éste. Precisamente, destacó en julio de 1976 por la ayuda que llevó a seis comunas de Santiago. A través de los relatos de voluntarias en la prensa, se advierte la gran crisis alimentaria y social que, por esos años, sufría el país. La Cruz Roja chilena colaboró desde el asistencialismo en barrios marginales, pero también en su ámbito de acción más propio, la salud e higiene de la población: Funcionarias de la Cruz Roja han entrado en contacto con las distintas municipalidades con el objeto de conocer las necesidades reales de los pobladores de las distintas unidades habitacionales marginales. La entrega de la ayuda se hará auxiliando primero a los más necesitados, de acuerdo a un detenido estudio de prioridades. // El próximo martes se efectuará una reunión a fin de programar la entrega de lo recolectado a las poblaciones (El Mercurio, 3-07-1976: 23). Ya en los años ochenta, los operativos cívico-militares en los que participaron mujeres organizadas fueron las acciones de Cema y muy por debajo, la Secretaría Nacional de la Mujer. Esta década fue mucho más convulsa que la anterior, por lo cual, las En julio de 1974 Cema ejecutó un operativo en la población Isabel Riquelme de Santiago, utilizando los medios de organismos públicos para combatir la crudeza del invierno, relevando el socorro hacia las mujeres en su rol de madres (El Mercurio, 27-07-1974: 25). 46 La Secretaría Nacional de la Mujer ejerció una de sus primeras acciones sociales en febrero de 1975. En esa ocasión regaló cuadernos, lápices, libros y ropa a alumnos de escuelas carenciadas. Es notorio el tinte de campaña solidaria, propio de los primeros años dictatoriales, marcados por el discurso de reconstrucción nacional (El Mercurio, 21-02-1975: 17). 45 intervenciones femeninas fueron muy valoradas por el poder político y militar. Cema realizó una colaboración con Carabineros para celebrar un nuevo aniversario de la institución, que cristalizó en un operativo desarrollado en abril de 1980 en La Granja, Santiago. Con esto se fue afianzando una relación de cooperación entre organizaciones de mujeres y carabineros, en el contexto de la acción social paternalista que el régimen privilegió: Un operativo cívico-militar realizó la Dirección de Instrucción y el Instituto Superior de Carabineros, en la comuna de La Granja, por celebrase el 53º aniversario de la institución. Con la colaboración de CEMA Chile se llevó a la población atención médico-dental, social, jurídica y veterinaria […] // Al mismo tiempo CEMA Chile instaló un bazar de ropa, donde la gente pudo comprar algunos artículos a precios módicos. Por ejemplo una polera para un niño de 15 años costaba $ 15 y un pantalón $ 10 (El Mercurio, 20-04-1980: C7). De aquí en adelante observamos una serie de operativos que aumentaban cuando se acercaba la fecha de aniversario del golpe de Estado. En esos eventos es frecuente visualizar a las organizaciones del voluntariado trabajando con militares y policías en acciones sociales, fundamentalmente médicas y jurídicas. Así ocurre también en zonas rurales, como Molina, Maule, cuando contingentes de carabineros, municipio y voluntariado femenino se hicieron cargo de un operativo de salud (El Mercurio, 2-09-1983: C9). La labor de asistencia tuvo puntos que guardaron relación con la imagen de la mujer del dictador, como en agosto de 1986 cuando la prensa publicó la entrega de uniformes escolares en Quinta Normal, Santiago. En esta ocasión se hizo especial énfasis en que la iniciativa nacía de Lucía Hiriart, en el marco de un nuevo aniversario del once de septiembre (El Mercurio, 23-08-1986: C7). Ya en los últimos meses de la dictadura, el entramado de instituciones femeninas se confirmaba. Podemos estimar la tipología de los sujetos que intervino en los espacios poblacionales carenciados, ejerciendo la presencia del régimen dictatorial en los sectores que se preveían como enemigos políticos de la estructura gubernamental. Es así como vemos a carabineros y las damas israelíes prestando atención médica y dental en un colegio de Lo Prado, Santiago (El Mercurio, 10-07-1988: C4). Los municipios prestaron fuerte apoyo en la generación de las distintas acciones y, en contadas ocasiones, diversos organismos de la administración (ministerios, secretarías, etc.) realizaron algún operativo. Como tercer elemento de este análisis, buscaremos cómo los funcionarios de Estado y municipios desarrollaron acciones de intervención social. 5.3.4.- El rol de los funcionarios públicos en los operativos cívico-militares. Los funcionarios del Estado participaron en los operativos desde el rol propio que les cupo en el desarrollo de las políticas sociales del gobierno, ahora revisaremos la evaluación de estos sujetos a través de este dispositivo. Digamos que el involucramiento de los funcionarios públicos vino dada por las directrices del gobierno y, en ningún caso hemos encontrado un posicionamiento de esos funcionarios, en cuanto tales, en los operativos en que participaron. Fue en junio de 1975 cuando se involucró a la administración municipal en los operativos de ayuda social, 47 a través de una campaña organizada desde el gobierno y con la aprobación de Pinochet: En la reunión del 10 de junio el Gobierno entregó pautas concretas del objetivo de la campaña. Se sostuvo que en el empleo mínimo se pretende la contratación de más de 40 mil cesantes. En este plan el gobierno consideró las pequeñas deficiencias de la primera etapa (marzo) en la cual sólo se inscribieron 19 mil personas para obtener un ingreso de 86 mil 400 escudos. En la actualidad corregidas esta deficiencias y teniendo presente que el ingreso alcanza a 150 mil escudos, y que se pueden inscribir hombres y mujeres, y sean o no trabajadores calificados “estamos optimistas que alcanzaremos la cifra proyectada”. // -Y esta es un parte de la campaña en la cual los alcaldes tienen la mayor responsabilidad- precisa el general Benavides-. Ellos son los que califican la prioridad de los inscritos. // Pero no sólo allí debe operar la iniciativa de los alcaldes. También en la organización y aprovechamiento de los organismos de base: juntas de vecinos, clubes, instituciones voluntarias y sectores empresariales. Después que el Gobierno anunció la campaña, surgieron ofrecimientos de los gremios y entidades patronales (Ercilla, Nº 2081: 9-10). Es a través de esta campaña que la idea de reconstrucción y aporte de los privados tuvo influencia en los primeros años de la política social de la dictadura, incorporándose a los municipios en acciones sociales; en adelante, estos participarían frecuentemente en los operativos cívico militares. En los dos años siguientes las campañas de ayuda social, dirigidas desde La Moneda, tendrían características similares, aunque relevando el trabajo de los jóvenes, el voluntariado y los militares, dejando a los municipios en un segundo plano en una labor de coordinación territorial. Las campañas anunciadas desde el gobierno como tales, devinieron 47 Esta campaña, dirigida por el Ministro del Interior, General de Ejército Raúl Benavides, se presentó en cadena nacional de radio y televisión, convocando a los alcaldes para ejecutarla. en planes de ayuda social desde 1978, generándose una relación directa entre municipios, sujetos y organizaciones participantes de los operativos sociales. 48 Ya en los años ochenta, diferentes comunas santiaguinas fueron visitadas por operativos cívico-militares. Desde ese momento reconocemos el formato definitivo del operativo cívico-militar en relación a la administración municipal, ente coordinador de los sujetos y las organizaciones descritas, disponiendo su infraestructura para el desarrollo de las acciones: Unos mil operativos sociales en todo el país que beneficiarán directa y directamente a más de la mitad de la población chilena, unos 5 millones de personas, es la estimación que tiene el gobierno como marco para celebrar el sexto aniversario del gobierno militar. // El director de organizaciones civiles, coronel Sergio Badiola, en declaraciones a “El Mercurio”, enfatizó que todas estas acciones cívicas de ayuda a los grupos de menores recursos responden al esfuerzo mancomunado de los sectores público, privado y comunitario y Fuerzas Armadas. Destacó que estos aportes han sido óptimos, lo cual ayuda grandemente a desarrollar el espíritu solidario, en que no todo tiene que hacerlo el gobierno”. // Precisó el coronel Badiola que este año, al igual que los tres anteriores, el gobierno ha querido darle un “giro de profundo contenido social” a la celebración del 11 de septiembre, en vez de realizar concentraciones o actos masivos “que nada dejan, salvo los dividendos políticos para quienes los promueven (El Mercurio, 11-09-1979: D4). En plena crisis recesiva, los operativos cívico-militares aumentaron, destacando los desarrollados en la capital en los meses de agosto y septiembre. Fueron las municipalidades los organismos más activos en atender la demanda de campamentos y barrios carenciados en los que arreciaba la falta de alimentos y recursos de todo tipo (El Mercurio, 27-08-1982: C1). La observación de los eventos realizados por los ayuntamientos nos permite concluir que éstos utilizaron progresivamente estos dispositivos como forma de acción social y celebración política. También en el ámbito de las celebraciones con motivo del golpe de Estado, otra administración, en ese caso la intendencia regional metropolitana, surgió como un ente organizador de primer nivel. Fue desde la intendencia que coordinaron los diversos operativos por las comunas más populosas de la capital. El intendente Carol Urzúa, apareció frecuentemente durante los operativos junto a los pobladores: El Intendente Metropolitano, general Carol Urzúa, respondió personalmente a las inquietudes de los 48 Los municipios santiaguinos realizaron operativos cívico-militares para celebrar el once de septiembre, esta vez la intendencia regional coordinó a los municipios, dando un golpe mediático en torno a los alcances de la ayuda social territorial (El Mercurio, 1-08-1980: C5). pobladores de Renca, durante un operativo cívico militar que en esa comuna se realizará durante una semana. Esta madre, jefa de hogar, (fotografía) le consulta sobre las posibilidades de ingresar al POJH. Simultáneamente, en otras 18 comunas de Santiago se están realizando operativos similares (El Mercurio, 28-08-1983: C1). El papel de ayuntamientos y de la intendencia hizo que fueran los ediles los protagonistas fundamentales en este período, desplazando a los militares en operativos organizados y ejecutados por las municipalidades. Esta nueva estrategia se condijo con el acuartelamiento de los militares en medio de las protestas, pues la fuerza castrense no se encontraba operativa para la ayuda social. Los operativos cívico-militares fueron una respuesta contra las protestas, aunque sin el protagonismo de los uniformados. Por otra parte, los sectores conflictivos de la capital fueron escenario de estas intervenciones, atendiendo a miles de personas. Sin duda, la intervención buscó frenar los avances que realizaba el movimiento popular de resistencia a la dictadura. En barrios como los de San Miguel, Santiago, sectores de ese movimiento evaluaban los operativos negativamente: Las políticas asistenciales seguidas hasta ahora -anota el profesional- no implican desarrollo; son meros parches con que se tapan las lacras sociales. El gasto social, agrega, ha sido un Mejoral para una fuerte jaqueca, porque no ha habido inversión sostenida sobre el mal que ocasiona el dolor de cabeza". // Poco aportan al desarrollo esos despliegues cívico-militares que se hacen presentes en las poblaciones para cortarle el pelo a los jóvenes y niños (Solidaridad, Nº 212: 21). Finalizando el período los operativos van desapareciendo, sustituidos por la agenda política de la transición. Los municipios urbanos centraron su acción social en las tareas propias de sus competencias. 49 Los funcionarios fueron protagonistas involuntarios de políticas organizadas por el municipio, la intendencia o los ministerios. Su compromiso no tuvo el carácter marcadamente político de las acciones que protagonizaron jóvenes y mujeres. Ello no obsta a que el compromiso institucional de las municipalidades no fuera importante, muy al contrario, estas organizaciones se alinearon íntegramente con las disposiciones del gobierno central. Entre los protagonistas de estas intervenciones, militares y policías estuvieron en 49 A modo de ejemplo, en Cerro Navia, Santiago, se organizó una fiesta navideña con masiva entrega de regalos (El Mercurio, 8-12-1987: A1). primera línea. A continuación veremos las especificidades de sus actuaciones y cómo se involucraron en esta política de control social. 5.3.5.- Militares y policías en los operativos cívico-militares. Los actores fundamentales de estas actuaciones fueron los militares y policías por lo que, a partir de su actuación en esos operativos buscamos explicar el rol de las Fuerzas Armadas en la política diseñada por la dictadura. Podemos distinguir dos etapas claramente definidas en torno a los operativos cívicomilitares, la primera, hasta 1980, fuertemente planificada por el régimen y una segunda, que tuvo un sentido más propagandístico, cuando los militares fueron utilizados en las intervenciones bajo la dirección de organismos del Estado u organizaciones colaboradoras. Recién iniciado el régimen vemos la ayuda a pobladores por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con el fin de resolver la escasez de bienes en el mercado. Así, se reabrieron las postas médicas y se tomó conocimiento por parte de los militares de las reales condiciones de vida en los sectores periféricos. La prensa informó de las visitas de las nuevas autoridades, que incluyeron campamentos de fuerte presencia izquierdista: El general Bonilla, como en los otros campamentos visitados, citó a los dirigentes con el objeto de elaborar un memorándum destinado a entregárselo a las autoridades correspondientes para la más pronta solución a sus problemas. // Al retirarse de este último campamento, en las últimas horas de la tarde, manifestó que calificaba de “muy provechosa” la visita, y que continuaría con esta actividad en los próximos días y también se realizarían visitas a poblaciones fabriles y a empresas de distinto tipo industrial. “Hay muchos problemas sin resolver. Pero hay otros que son solucionables con poco esfuerzo. Lo que más me ha satisfecho, sin embargo, es la actitud de los pobladores, el deseo de superarse que tienen y el anhelo de cooperar con las autoridades (El Mercurio, 21-09-1973: 21). Estas acciones y muchas otras por todo el país, muestran el gran despliegue en la organización y ejecución de operativos cívico-militares por parte de las Fuerzas Armadas. Ello nos indica que, tras el golpe de Estado, los militares fueron muy activos en la política de intervención del régimen de facto. La ejecución de operativos cívico-militares se hizo coincidir directamente con la celebración del golpe de Estado, 50 cuestión que se repitió en los años sucesivos y hasta la 50 En septiembre de 1977 se destacaron una serie de operativos cívico-militares. La Fach realizó un operativo para 3500 personas en el campamento Los Troncos de Ochagavía, Santiago, el operativo más grande que hemos registrado (El Mercurio, 11-09-1977: 35). emergencia de las protestas nacionales, cuando el usos de este dispositivo estratégico fue transformado para adaptarse a las nuevas circunstancias políticas. A ocho años del golpe de Estado ya se hallaba instalada una manera clásica de realizar los operativos, que contaban con la colaboración de organizaciones femeninas, municipios y Fuerzas Armadas para realizar acciones sociales: En el campamento “Arturo Prat”, comuna de La Florida se realizó ayer un programa de acción social en beneficio de 440 familias. Participaron funcionarios municipales y personal de la Escuela de Suboficiales de Carabineros. La labor incluye servicio dental, peluquería y vacunaciones, reparaciones varias y electrificación, reparto de ropas y mercaderías y, como se aprecia en el grabado, arreglos de ocho calles y pasajes, a cargo de la campaña estuvo el capitán de Carabineros Luis Quintana, quien además, contó con la colaboración de las juntas de vecinos, Servicio Nacional de Salud, Secretaría Nacional de la Mujer, Fundación de Ayuda a la Comunidad, CEMA-Chile, Cruz Roja y otros organismos comunitarios (El Mercurio, 19-06-1981: C2). Entre los cambios que se produjeron en la nueva coyuntura marcada por las protestas populares, cabe destacar el rol de Carabineros en los operativos. Su participación fue cada vez mayor, siendo evidente la baja en las intervenciones de los militares. 51 Unido a ello podemos observar que los operativos cívico-militares aumentaron su frecuencia en zonas urbanas. 52 Nosotros creemos que fue utilizado para vigilar barrios conflictivos. Entrada la década, estos procedimientos se encontraban plenamente naturalizados; cada rama de las Fuerzas Armadas y de Carabineros desarrollaba sus propias acciones, generando una política propia en relación a las intervenciones. Durante estos años la policía uniformada realizó diferentes acciones propias en puntos de la región metropolitana, con recursos de la institución y sin colaboraciones de otras instancias civiles ni militares. 53 Las diversas ramas militares y la policía fueron particularmente activas en coordinar este tipo de acciones; lo hicieron de forma masiva en las comunas del gran Santiago. En esta segunda etapa el vínculo de los militares entre los operativos sociales y la represión fue muy evidente: El Ejército no se restó del todo, a pesar de la muerte del intendente Carol Urzúa, Mayor General del Ejército, la Escuela Militar decidió continuar con su acción en Melipilla, Santiago. Este gesto fue más bien un síntoma de normalidad política (El Mercurio, 1-09-1983: C3). 52 Como en el barrio La Pincoya de Santiago, muy activo en las protestas del ciclo de movilizaciones (El Mercurio, 5-09-1983: C1). 53 En agosto de 1986 carabineros hizo balance de sus operativos resaltando la cantidad de personas beneficiadas. Por su parte, el Ejército realizó acciones sociales celebrando un nuevo aniversario del golpe de Estado en conjunto con los organismos de voluntariado. 51 En la madrugada del 13, alrededor de diez u once hombres asaltaron la vivienda del dirigente José Manuel Maturana, quien alcanzó a huir semidesnudo hacia unos potreros. Su mujer fue violada y todos los enseres del hogar destruidos (recuadro). // El 14 de febrero se realizó un operativo cívicomilitar. Los uniformados atendieron a mujeres, hombres y niños, cortándoles el pelo, revisando sus dentaduras e hicieron chequeos médicos […] // Días antes circularon profusamente panfletos que decían: “Campamento Monseñor Francisco Fresno. Poblador: Con resultados concretos les decimos que vamos avanzando con la verdad. Después de la reunión con el Sr. Intendente nos conseguimos para empezar 168 POJH con los que se pudieron financiar 168 familias de nuestro campamento. Por esto y por la solución de nuestras viviendas apoya a nuestra directiva que defiende los derechos del poblador y que es reconocida por las autoridades. Firmado, Directiva Comité de Pobladores Independientes (Solidaridad, Nº 196: 15). Cuando la situación política se decantó por la transición pactada, los operativos se mantuvieron con mayor participación civil. Hacia mediados de ese año se intensificaron estas acciones en Santiago por orden de la intendencia. Los operativos continúan realizándose en escuelas y colegios, tomando un carácter filantrópico en desmedro de la acción militar original. Los últimos años de la dictadura continuaron viendo el desarrollo de operativos cívico-militares, aunque sin la frecuencia que tuvieron en el primer lustro de los ochenta. 54 Y, entrando al último año de la administración dictatorial fueron contados los operativos cívico-militares. En última instancia, observamos la estrecha relación existente entre los aniversarios militares y policiales y las ejecuciones de operativos de ayuda social, particularmente frecuente en la fuerza de Carabineros. Así mismo, la presentación en los medios de comunicación ayudó a configurar esa cara más política. Pero las manifestaciones de carácter abiertamente político no se dieron en estos operativos, debido a que existieron concentraciones, actos y ceremonias que expresaron este aspecto de la adhesión al régimen pinochetista. A continuación, analizaremos esas manifestaciones. 5.4.- Manifestaciones públicas de los partidarios del régimen. De la mano de las publicaciones de la prensa y las imágenes de algunos En 1987 los operativos de militares se redujeron a la ayuda para damnificados por tempestades invernales y a las consabidas conmemoraciones del golpe de Estado. 54 documentales realizaremos el análisis de las acciones que planificaron y ejecutaron los adherentes a la dictadura, poniendo especial atención en el acento político de ellas. Es importante destacar este punto, un tanto difuminado por la historiografía que no ha elaborado suficientes trabajos sobre la participación política en el espacio público de los partidarios del régimen. Conviene señalar al respecto, que el régimen se manifestó públicamente a través de demostraciones callejeras provocadas por motivos de política exterior e interior (Huneeus, 2005). Este subcapítulo se estructura en función del tipo de manifestaciones que hemos pesquisado. Éstas fueron las orientadas a festividades y ceremonias que interesaba relevar, pero también las correspondientes a aniversarios del golpe de Estado, el segundo punto de este capítulo. Otra de las motivaciones para manifestarse fueron las sanciones internacionales y problemas políticos internos que tuvo el régimen, así como también las consultas y plebiscitos que la dictadura convocó en diversos momentos. 5.4.1. Ceremonias civiles a favor del régimen. Los actos cívicos convocados por el régimen nos ayudan a comprender el calado de los apoyos civiles a la dictadura, esta vez, desde una perspectiva abiertamente política. Recién iniciado el gobierno, las primeras manifestaciones políticas identificaron a dos sujetos protagónicos en los apoyos civiles a la dictadura: los jóvenes y las mujeres. Estos actos fueron significativos en los primeros años del régimen, desapareciendo hacia la década de los ochenta. En diciembre de 1973 fueron convocados tres mil estudiantes de todo el país a una ceremonia en el edificio Diego Portales, la intención fue premiarlos por haber obtenido las mejores calificaciones de sus promociones, incluyendo a los alumnos de las escuelas matrices de las ramas de las Fuerzas Armadas. 55 Una acción política similar se efectuó en abril de 1974 cuando fueron convocadas más de dos mil mujeres al edificio Diego Portales para ser arengadas, esta vez por parte de Pinochet, en torno a las labores de reconstrucción y su participación en esas tareas a favor de la dictadura: 55 El general Leigh, jefe de la Fuerza Aérea, dirigió el discurso a los jóvenes, justificando el golpe de Estado y llamando a tener fe en el gobierno y el país (El Mercurio, 15-12-1973: 3). El general Augusto Pinochet habla a las 2.700 mujeres representantes de los diversos sectores del país. Junto con destacar la participación de la mujer en la vida nacional, el Presidente de la Junta de Gobierno les hizo un llamado para que vuelvan a enfrentar con valor el futuro (El Mercurio, 25-041974: 1). Especial mención merece, en esta línea, el Discurso de Chacarillas de 1977, pronunciado por Augusto Pinochet, cuando el dictador fue rodeado por miles de antorchas, lo que otorgó un aura fascista al evento. Aprovechando la fecha condecoró a 77 jóvenes leales a su régimen. Lo trascedente de todo esto, fue que el discurso contenía el diseño de la “normalización institucional” propuesto por la dictadura. Resulta clara la disputa entre los grupos afines a la dictadura, notoria gracias a sus expresiones a través de las manifestaciones que elaboraron para escenificar sus diferencias. Sin lugar a dudas, la decisión de Pinochet, concretada en Chacarillas, definió el cesarismo de los años dictatoriales: El ánimo festivo del gremialismo contrastaba con la desilusión que provocó Chacarillas en los nacionalistas. Lo medular para ellos (el papel de los partidos y “freno al obstruccionismo de la demagogia”) quedó en el aire. // Otro disgustado fue Leigh, quien se mostró sorprendido con Chacarillas. Estaba en la Décima Región cuando se hizo el anuncio y declaró que la Junta aún estaba analizando sus alcances. Además le habían molestado dos cosas: que la condecoración Orden Luis Cruz Martínez, que él había creado, se usara para eso, y que se hubiera obligado a asistir al acto a cadetes de las cuatro ramas (Cavallo, Sepúlveda y Salazar, 2008:192). Este acto público definió una decisión clara en el gobierno por la tendencia economicista pro neoliberal, dejando de lado a la corriente nacionalista tradicional; aunque ambas convivieron durante los primeros años de la dictadura. Pocas veces se vio este tipo de escenificaciones de la política, con el devenir de los años, el espacio público no presenció manifestaciones oficialistas, salvo en contadas ocasiones, más bien fue la oposición la que se fue apoderando del espacio público. Dentro del mismo sentido, otros actos públicos a favor del régimen se realizaron durante la dictadura, si bien no tuvieron la relevancia de los ya señalados, hubo intentos de relevar ideas significativas para la dictadura, muchas de ellas dirigidas a sujetos y grupos sociales específicos. Por ejemplo, la tradicional fiesta del primero de mayo se mantuvo durante el período. Sobre ésta llama la atención que, para su primer aniversario tras el golpe de Estado, Pinochet asistió a una celebración de pequeño formato, donde expuso los cambios tendientes a despolitizar los sindicatos (El Mercurio, 3-05-1974: 3). 56 Posteriormente sólo encontraremos ceremonias oficiales en el Diego Portales donde se repiten los discursos de chilenización de la fiesta, buscando evadir el concepto clasista de este aniversario. Las invitaciones a trabajadores y organizaciones femeninas afines fueron habituales y tuvieron muy poco impacto en los medios de comunicación. Pese a los aprontes de la movilización anti gubernamental, los aniversarios del golpe de Estado fueron los actos públicos más importantes para el régimen y sus adherentes. Ahora veremos cómo se desarrollaron esas manifestaciones y la evolución que tuvo la fecha en términos de convocatoria e impacto político en función del debate político en Chile. 5.4.2.- Las manifestaciones en torno al aniversario del golpe de Estado. Cada once de septiembre fue una ocasión para volver a la calle, haciendo del espacio público un lugar para el discurso político. Esta fecha fue convirtiéndose en el centro de la disputa, en la medida en que los grupos oficialistas dejaban el espacio público y la oposición volvía a la calle. Un punto significativo se da en el cambio de década. Después de 1980 las celebraciones del once de septiembre se resignaron a ceremonias oficiales, tanto civiles como militares; la calle fue abandonada por los partidarios del régimen. Así, la oposición comenzó a apropiarse del espacio público de manera creciente y la fecha pasó a significar el horror de la dictadura. Sin embargo, los primeros aniversarios del golpe de Estado fueron de absoluta celebración callejera. 57 En ese sentido podemos afirmar que el oficialismo ocupó el espacio público sin contrapesos durante toda la década del setenta, aunque esto fue mermando, especialmente debido a los problemas internacionales de la dictadura y al itinerario de renovación institucional que ella misma fue decidiendo. El once de septiembre de 1974 fue 56 La intervención de 1975 contempló la participación de las mujeres de Cema, quienes, reunidas en el edificio Diego Portales, celebraron el “Día del Trabajo”, cambiando su antigua denominación de “Día del Trabajador”. Este cambio no obedeció a ninguna norma legal, pero la prensa se refiere así a la fiesta obrera en el período dictatorial. 57 La Secretaría de la Juventud se hizo parte de la organización de las actividades, así como también la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc). Los jóvenes fueron los primeros y más entusiastas adherentes a las celebraciones del golpe de Estado. sintomático en este aspecto: Desde distintos sectores de la ciudadanía surgió el clamor para celebrar con un acto masivo el primer aniversario del pronunciamiento militar, que se conmemora el próximo 11 de septiembre. Estudiantes universitarios, secundarios, dueñas de casa, agrupadas en el Poder Femenino, trabajadores, profesionales y numerosas personas, han demostrado su sentir a través de misivas enviadas a las autoridades y también por medio de cartas dirigidas diariamente a los medios informativos [...] // La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica manifestó también su pública adhesión a los actos conmemorativos del 11 de septiembre dirigida al general Benavides. En la misiva señalan que FEUC “desea responder con una masiva presencia juvenil en la calles a la campaña del comunismo internacional”. Exalta esta entidad estudiantil que FEUC se convirtió durante el régimen marxista “en la vanguardia de la batalla libertaria llegando a ser la Universidad Católica un símbolo material y moral de la resistencia del gremialismo chileno (El Mercurio, 25-08-1974: 44). Las celebraciones se transformaron en un hito de gran importancia, por la diversidad de sujetos que asistieron, pues también participaron trabajadores públicos, profesionales, comerciantes y campesinos, aunque su acción se constata por declaraciones nominales de la prensa. Aun así, el régimen obtuvo gran legitimidad de la masiva concurrencia a los actos centrales. 58 Un ejemplo de ello fue el acto desarrollado en el Parque Bustamante de Santiago, en septiembre de 1974; la masiva convocatoria demostró que el activo social del régimen fue muy importante en sus primeros años, fraguados en la movilización contra el gobierno de Salvador Allende. La manifestación señalaba la celebración del “Día de la liberación”, 59 denominación que no prosperó con los años: La concentración de Santiago tuvo eco en todo el país. En ciudades y pueblos se organizaron actos semejantes. En las calles los desfiles incluyeron camiones adornados con banderas y guirnaldas; jóvenes disfrazados y agrupaciones gremiales y de pobladores. Durante el día, además, en las calles céntricas se lanzó serpentina y challa desde los edificios públicos y oficinas privadas. Lo mismo ocurrió en la Avenida Providencia. La ciudad se vio embanderada casi en la totalidad de las residencias. Y al anochecer -como final de la concentración- hubo un despliegue de fuegos artificiales en la Plaza Baquedano (Ercilla, Nº 2042: 10). Un cambio significativo ocurrió para el once de septiembre de 1977, no hubo festejos ni grandes concentraciones: la Junta Militar se encerró en los actos institucionales, particularmente la cuenta pública del Diego Portales, donde condecoró a dos personeros del Las mujeres fueron protagonistas en su rol de madres defensoras del orden tradicional. El centro de madres “Estrella de oro” de la villa Santa Carolina, Santiago, organizó una semana de actividades y participó en la marcha por el centro capitalino (El Mercurio, 4-09-1974: 21). 59 El acto contó con la presencia de los miembros de la Junta Militar y consistió en diversos números folklóricos, propios del discurso nacionalista de los primeros años del régimen. 58 régimen y contó con saludos de organizaciones de jóvenes, mujeres y gremios. Fue ese año de 1977 cuando los actos del once de septiembre incorporaron elementos más sociales como las escuelas o la entrega de poblaciones. Ello considerando el llamado a la consulta nacional que hizo el régimen para contestar al voto en contra de la ONU por las violaciones a los derechos humanos en Chile, consulta que se realizó en enero de 1978: El Presidente Augusto Pinochet pondrá en su Mensaje de hoy al país, al cumplirse el cuarto aniversario del pronunciamiento militar, un fuerte énfasis en la necesidad de continuar impulsando prioritariamente los planes de desarrollo social diseñados por el Gobierno para favorecer a los chilenos de más escasos recursos [...] // El Jefe de Estado hablará a las 11 horas, en una solemne ceremonia que se efectuará en el Salón de Plenarias del Edificio Diego Portales, ante los miembros de la Junta de Gobierno, almirante José T. Merino; general del aire Gustavo Leigh y Director de Carabineros César Mendoza, diplomáticos, altas autoridades civiles, eclesiásticas y militares y delegaciones laborales (El Mercurio, 11-09-1977: 1). En ese contexto político, la dictadura anuló las conmemoraciones públicas en honor al golpe de Estado, acotándolas a la misa de la Escuela Militar, la cuenta pública del gobierno y actos menores con presentaciones folklóricas de escolares ajenas al centro de la capital. Un punto de inflexión aún mayor en torno a estos actos lo encontramos en 1980, una vez promulgada la nueva constitución, cuestión que hizo reforzar el orden institucional. Las ceremonias se centraron en definir que la época de la reconstrucción había terminado, fundando la era modernizadora del régimen. Para ello no era necesario tener a la gente en las calles. 60 Al año siguiente las manifestaciones tuvieron un carácter sectorizado en las comunas, mediante actos pequeños sin presencia de autoridades de mayor rango que los alcaldes. Destacaron los encuentros recreativos para estudiantes y la entrega de obras sociales en diversos municipios del país. Los escolares y las obras sociales fueron la tónica en la que se diluyó progresivamente la politicidad de la celebración del once de septiembre; también las fiestas patrias y el día de la juventud demostraron que el régimen despotenció su propia gesta para 60 En 1980 sólo se produjo un homenaje a los familiares de los soldados muertos en septiembre de 1973. Sin lugar a dudas, los esfuerzos para aprobar el plebiscito, convocado para ese año, hizo que se suspendieran las manifestaciones públicas, demostrando que éstas eran controladas desde La Moneda (El Mercurio, 13-091980: C1). favorecer el carácter institucional del proceso: Tres mil estudiantes básicos, pertenecientes a la Primera Zona Escolar de Santiago, presentaron ayer un colorido espectáculo en la Plaza de la Constitución para rendir un homenaje a los héroes nacionales. Vestidos con trajes tradicionales de la zona norte del país, los pequeños exaltaron los valores del patriotismo y la paz representando escenas de la gesta de La Concepción. El libreto del espectáculo, de 45 minutos de duración, fue escrito por el profesor Juan Umaña, quien explicitó que se trató de resaltar la figura de los 77 soldados que murieron en la batalla de La Concepción y, al mismo tiempo, llevar un mensaje de paz. El homenaje fue realizado con motivo de la proximidad de las Fiestas Patrias y el noveno aniversario del pronunciamiento militar [...] (El Mercurio, 9-09-1982: A1). Los grupos que apoyaron a la dictadura generaron manifestaciones callejeras en función de los momentos más conflictivos del régimen, ya sea por problemas internacionales o por los golpes internos que asestó la resistencia armada a través de las protestas, veamos las características del punto. 5.4.3.- Manifestaciones de apoyo al régimen en situaciones de conflicto. El régimen dictatorial enfrentó las condenas de la comunidad internacional en reiteradas ocasiones y desde el inicio, los sectores adeptos a la Junta Militar reaccionaron públicamente. Es sabido que los adherentes al régimen salieron en defensa del mismo cada vez que fueron convocados por éste. Fue así que se fortaleció progresivamente una identidad política que se construyó a partir de las definiciones de Pinochet como líder indiscutido de esos sectores. A fines de 1974 y ante las denuncias hechas en las Naciones Unidas por las lesiones a la dignidad de Chile, la FEUC junto a otras entidades, llamó a movilizarse. Reconociendo al comunismo como el articulador de estas condenas internacionales, los grupos afines al régimen hicieron los llamados y declaraciones, e intentaron organizar mítines para denunciar una campaña contra el gobierno digitada, según ellos, desde la Unión Soviética y Cuba. 61 Pero el primer desafío internacional importante llegó en diciembre de 1977, al conocerse la resolución negativa de la ONU para el gobierno. En esta ocasión el FJUN 61 La dictadura mantuvo silencio, referido especialmente a las manifestaciones públicas y no dio curso a los llamados de grupos de jóvenes, mujeres y gremios (El Mercurio, 17-11-1974: 44). En enero de 1976 ya no pudo mantener ese silencio y celebró una ceremonia de respaldo al régimen en la Escuela Militar, rechazando la censura internacional por las violaciones a los derechos humanos (El Mercurio, 28-01-1976: 1). realizó una manifestación en el centro de Santiago, en repudio a la mencionada resolución (El Mercurio, 31-12-1977: 37). Llegados a la década de los ochenta la resistencia armada provocó manifestaciones de repudio, la reactivación de la violencia política activó a los adherentes de Pinochet. Un ejemplo de ello ocurrió tras la muerte de Carol Urzúa a manos del MIR, 62 en el mismo lugar del atentado fue quemada una bandera de ese grupo por parte de jóvenes universitarios afines a régimen: A la hora indicada, en la referida esquina se reunieron jóvenes procedentes de diversas facultades y Universidades que se identificaron, respectivamente, como simpatizantes republicanos, nacionalistas y de derecha. La manifestación se inició con la lectura de una declaración pública en la que se condena el atentado de que fueran víctimas el general Urzúa y sus escoltas. “Creemos -decía el documento- que el terrorismo es una lacra para la sociedad y debe combatirse con todo el peso de la ley, marginándolo definitivamente, y permitir de esta forma un sistema democrático sin la injerencia del partido comunista ateo e inmoral que atenta contra la Nación (El Mercurio, 7-09-1983: A1). Este hecho se produjo en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado. Como tal, se desarrolló una manifestación de respaldo a Pinochet que se realizó en el centro de la capital. Ahora bien, la manifestación esta vez se encontró con incidentes debido al repudio de grupos opositores que disputaban el espacio público referencial de la política: el centro de Santiago. En ese sentido, un hecho relevante se produjo durante la visita del senador norteamericano Edward Kennedy. La sección de pobladores del gremialismo llegó hasta el aeropuerto de Santiago, para repudiar la visita del parlamentario demócrata, quien se reuniría con personeros de la oposición centrista. Esto nos demuestra que la derecha gremialista se encontraba completamente activa en la ocupación política del espacio público: Llegaron a Pudahuel cargados con huevos, tomates, piedras y palos para evitar que la comitiva oficial de la embajada norteamericana que fue a buscar al senador Kennedy pudiera regresar a Santiago. Ese objetivo fue expresamente manifestados por los líderes operativos de la violenta acción de la UDI: Pablo Longueira, con un altoparlante en la mano, y un joven moreno, con pinta de mormón criollo, que llamaba a bloquear el camino desde un Fiat 600 rojo […] // Todo el sector estaba lleno de carabineros, algunos con rifles lanza-gases pero en tal actitud de colaboración con los 62 La figura de Urzúa fue especialmente honrada por los adeptos al régimen, los pinochetistas intentaron hacer de Urzúa un mártir. A un año de su muerte grupos de jóvenes se apostaron durante la noche para homenajearlo, en el mismo lugar donde fue ultimado. En este acto participaron familiares y miembros del Ejército (El Mercurio, 2-09-1984: C3). manifestantes que estos se paseaban despreocupadamente en torno a ellos. Lo anterior queda comprobado si se constata que después que apedrearon el auto de Máximo Pacheco, dejando herido a Jaime Castillo; después de revolcar por el suelo a golpes y patadas a dos reporteros gráficos por tomar fotos del apedreo anterior, y que lanzaron huevos y tomates al auto del embajador de EE.UU., carabineros no arrestó a nadie, no pegó un solo lumazo “disuasivo” y el Huáscar sirvió sólo de telón de fondo, sin entrar jamás en funciones […] // Hasta el cierre de esta edición, Longueira y Chadwick aún no habían sido puestos a disposición de la justicia por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, como es normal que ocurra cuando los dirigentes de Oposición hacen declaraciones similares con referencia a los llamados a Protesta. Y en Pudahuel se dijeron cosas increíbles: “Haremos de Chile un gran paredón, para matar marxistas por montón”; “Gloria, Gloria al Soberano”; “A Fresno me lo paso por el… (lo mismo a Valdés, Kennedy y los Derechos Humanos)” (Análisis, Nº 126: 4-5). Por otra parte, en agosto de 1986 se produjo una manifestación improvisada frente a La Moneda debido al hallazgo de un numeroso arsenal del FPMR en el norte del país. Esto hizo encender las alarmas en el gobierno y los grupos políticos afines. Los jóvenes y mujeres, protagonistas de las masivas concentraciones de los primeros años del régimen se agolparon en el patio de Los Cañones pidiendo la autorización para una gran concentración de apoyo a Pinochet en el once de septiembre venidero. 63 En las mismas condiciones, y con los sujetos históricos protagónicos desde 1973, la manifestación fue masiva y de carácter reactivo a la amenaza en que se veía envuelto Pinochet. De esta forma, la manifestación política respondía a un contexto donde la calle y la agenda política eran manejadas y dirigidas por la oposición. Una última manifestación que nos interesa relevar en el registro dictatorial tuvo relación con otra disputa de representación, esta vez en torno a la figura del papa Juan Pablo II. 64 El que la manifestación fuese con invitación remarcó la idea de apropiación de la visita papal por parte de la dictadura. La adhesión de los manifestantes estuvo plenamente organizada y planificada con la intención de acercar la figura del pontífice a los sujetos más identificados con el régimen: Los invitados corren ahí por parte del gobierno: llegan cinco mil. Estrictas medidas de seguridad, en los alrededores de la plaza Constitución, le impiden aproximarse a cualesquiera que no está entre los elegidos. Para éstos, el gobierno ha dispuesto diversos instructivos. Como: “Sacar pañuelos blancos La manifestación se realizó por el atentado que tuvo lugar días antes del aniversario del golpe de Estado. En la ocasión, Pinochet anunció medidas antiterroristas vía plebiscito, pero el itinerario de la transición ya estaba definido y éste nunca se realizó. 64 El hecho corresponde a la salida al balcón de Pinochet junto al Papa, acto que desplazó del centro al conflicto político interno, colocando allí al diferendo limítrofe con Argentina en las islas australes; la figura del pontífice ayudó en la resolución del conflicto fronterizo. 63 cuando llegue Su Santidad”. O: “Pidamos que se asome. Gritemos con todas nuestras fuerzas los siguientes estribillos: “mensajero de la paz, te queremos saludar” y “asómate al balcón para dar la bendición...” // Cantando Río, río y Si vas para Chile, los allí presentes ven cumplirse sus deseos: apenas llega. Pinochet conduce con resolución al pontífice hasta el balcón y obtiene la foto que sus relacionadores públicos soñaban: ambos sonriendo en el balcón [...] (Apsi, Nº 196: 10, 12). Separaremos las manifestaciones que hemos visto hasta ahora, relativas a las acciones y el devenir del conflicto político, de las que presentaremos a continuación, enmarcadas en las consultas y plebiscitos que convocó la dictadura. Estas últimas las consideramos específicamente con el objetivo de analizar las intencionalidades que hubo tras estas acciones en el espacio público y marcar su importancia para el desarrollo político del proceso. 5.4.4.- Los plebiscitos, oportunidades de manifestación para el régimen. Las citas plebiscitarias en torno a materias de institucionalización fueron momentos en que se impulsó la manifestación pública por parte de la dictadura, siempre vigiladas cuidadosamente por el gobierno. Las consultas y plebiscitos nos ayudan a establecer que el compromiso de los adherentes al régimen fue evidente, pues las agrupaciones que había configurado la derecha fueron funcionales a las necesidades que la dictadura tuvo en el marco del conflicto político para demostrar la legitimidad de sus determinaciones, a través del uso y ocupación del espacio público. La década del setenta se correspondió con manifestaciones masivas de apoyo al régimen. Éstas se van diluyendo hacia los años ochenta, cuando el movimiento social logró posicionarse y disputar el espacio público. Por decisión de la dictadura y porque la resistencia de izquierda comenzaba a re-articularse, la derecha perdió las calles, cediendo una oportunidad para la oposición. La primera consulta se realizó el miércoles 4 de enero de 1978, sin campañas ni registros electorales. 65 Conocidos los abrumadores resultados a favor de Pinochet, las celebraciones por el triunfo de la consulta se extendieron por todo el país. Los adherentes al régimen se manifestaron con caravanas de automóviles y concentraciones en las plazas de 65 En diciembre de 1977 se produjeron apoyos espontáneos en las afueras de la casa de Pinochet. Estas manifestaciones se dieron por el llamado a consulta nacional, que buscaba contestar a la ONU por su resolución en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura (El Mercurio, 2312-1977: 41). las capitales regionales: Su júbilo por el triunfo de la posición de gobierno en la consulta nacional, expresaron los chilenos a todo nivel, al conocerse el resultado de la votación efectuada el miércoles. // En cada una de las ciudades los chilenos salieron a las calles portando carteles y banderas, al tiempo que los automovilistas hacían sonar las bocinas en las calles [...] // Dueñas de casa, jóvenes, representantes de organismos gremiales y juntas de vecinos salieron de sus casas en La Serena para expresar su alegría por los resultados de la Consulta Nacional. // Los serenenses se dirigieron hasta la Intendencia, donde escucharon la palabra de la primera autoridad regional, teniente coronel Luis Patricio Serra y del alcalde Eugenio Munizaga, quienes destacaron el significado del triunfo (El Mercurio, 6-01-1978: 26). Los adherentes a la dictadura mostraban su apoyo en el espacio público, pero siempre en función de las necesidades políticas del régimen. Lo anterior quedó claro en la siguiente cita plebiscitaria, que reforzó el camino institucional del régimen militar. Veamos ahora cómo se dio este fenómeno en 1980. El 11 de septiembre de 1980, en torno a la aprobación de la constitución, se realizó una manifestación a favor del régimen. Pinochet habló ante una masiva concurrencia que se apostó en el edificio Diego Portales, la sede de gobierno desde el golpe de Estado. La multitud destacaba el hecho de contar con un nuevo y muy diferente marco constitucional para el país: Tras los gritos de la multitud que se congregó frente al edificio sede de gobierno y que pedían que Frei fuese expulsado del país (recientemente, Frei había declarado a una revista colombiana que le parecía importante poder vivir en Chile, “estar dentro… porque es la única manera de hacer algo por mi país”), el Jefe del Estado, general Augusto Pinochet, hizo un amplio llamado: “…Debo expresar que después de esta gesta heroica no hay vencedores ni vencidos y por ello llamo nuevamente a la ciudadanía a unirse bajo el alero de este gobierno (Hoy, Nº 165: 12). Estas manifestaciones se acompañaron de símbolos que reforzaban la identificación del régimen con sus partidarios. Particularmente, en ella se interpretó el himno nacional y se portaron antorchas. Ese septiembre fue la cima en la etapa más política del golpismo; luego Pinochet entró a La Moneda investido como Presidente de la República, cuestión que sucedió en marzo de 1981, fecha de entrada en vigencia de la constitución. 66 El desfile estuvo protagonizado por un interesante y numeroso grupo que reunió a Nuevas manifestaciones tuvieron lugar en marzo de 1981, esta vez en el nuevo escenario del poder dictatorial: La Moneda. Pinochet asumió el período presidencial que marcaba la nueva constitución con un desfile cívico-militar realizado en la Alameda (Solidaridad, Nº 111: 4). 66 los históricos sujetos de soporte político para el régimen pinochetista, entre los que destacaron: una nutrida delegación de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de orden; las mujeres a través de las organizaciones de ayuda a la comunidad, donde destacaba la delegación de Cema Chile; los estudiantes, representando al estamento juvenil; y, finalmente, cientos de huasos que constituían la referencia nacional tradicional a la que la dictadura refirió permanentemente en su discurso político. En agosto de 1988 una nueva concentración se dio en el contexto del plebiscito que definió la no continuidad de Pinochet en el gobierno. En esa oportunidad, se contemplaba la realización de una campaña electoral, registros electorales y actividad de partidos políticos. Por lo tanto los partidarios de Pinochet se concentraron rápidamente en la contienda plebiscitaria, dejando de lado las formas tradicionales de manifestación dictatorial: Luego de la ceremonia realizada en el Edificio Diego Portales, el Jefe de Estado se dirigió al Palacio de La Moneda. A las 18.25 horas apareció por uno de los balcones que da al Patio de Los Naranjos y saludó a los funcionarios en medio de aplausos. // Mientras en las afueras se había congregado gran cantidad de público, que llegó al lugar a partir de los 15.30 horas. Los manifestantes portaban pancartas con el rostro de Pinochet; de los partidos UDI por el “Sí”, Avanzada Nacional y Renovación Nacional; del movimiento “Patria y Libertad”, de la Secretaría Nacional de la Juventud y de algunas comunas de la capital. // A las 18.30 horas el Jefe de Estado salió a uno de los balcones que dan a la Plaza de la Constitución y fue recibido con una fuerte ovación, con gritos de “¡Y no cayó!” y encendiéndole antorchas. Al mismo tiempo, desde el techo del edificio del Ministerio de Economía se arrojó papel picado (El Mercurio, 31-08-1988: A10). Un último apartado que nos interesa abordar es el relativo a los funerales de los agentes de la dictadura. De hecho, mediante las ceremonias mortuorias se manifestó opinión y adhesión al régimen que, evidentemente, nos interesa considerar. A continuación veremos los pormenores de este tipo de manifestaciones, muy numerosas sobre todo durante los años ochenta. 5.5.- Los funerales de carabineros y agentes de la dictadura. En este último punto abordaremos los actos funerarios de carabineros y agentes de la dictadura. Los eventos aquí relatados guardan relación con los funerales y homenajes que se rindió a los agentes de la dictadura que resultaron muertos en el marco de la violencia política vivida en el país desde la década de los setenta; esto incluye a los civiles que se vieron envueltos en acciones de violencia política. En relación a ello, el objetivo de este apartado es recabar información para entender las formas del discurso político en torno a este asunto, entre los grupos que prestaron apoyo al régimen militar. A través de la prensa encontramos gran cantidad de información acerca de estos hechos, que especialmente afectaron a la policía uniformada, pero que no fueron indiferentes para otros agentes de seguridad del Estado. Tanto los medios escritos de carácter oficialista como los opositores y clandestinos nos proporcionaron información acerca de los funerales y actos de homenaje. Organizamos los datos y los sucesos en tres aspectos que nos parecen fundamentales: primero revisaremos los actos mortuorios referidos a los policías; posteriormente analizaremos cómo evolucionaron estos hechos en torno a los militares, incluyendo a los agentes de las policías secretas; y, por último, repasaremos los funerales de los civiles que adhirieron al régimen, tanto las figuras políticamente influyentes como a los dirigentes vecinales. 5.5.1.- Funerales de funcionarios policiales. En este primer punto nos haremos cargo de los actos mortuorios producto de la violencia política, relevando los que tuvieron mayor impacto político y mediático. La mayoría de los casos estudiados pertenecían a Carabineros, porque fueron los más expuestos al devenir de las protestas y acciones de violencia política efectuados en el país. Estos fueron de mayor frecuencia en la década del ochenta, aunque los hubo también antes. En muy contadas ocasiones hubo detectives, miembros de la policía de Investigaciones, que se vieron envueltos en acciones de la resistencia armada y enfrentamientos. En febrero de 1976 tuvo lugar el primer funeral de un policía muerto, hecho acaecido en el paradero catorce de Vicuña Mackena, La Florida, Santiago. En la ocasión falleció el sargento Tulio Pereira, quien colaboraba con la DINA; aunque no fue el primer carabinero muerto en el período, sí fue aquél en que su muerte fue publicitada desde el punto de vista político. Todos los actos de homenaje se realizaron en dependencias policiales: El suboficial Pereira tenía 42 años de edad y había egresado en 1962 de la Escuela “Fabriciano González”. Actualmente, según informó la Dirección de Carabineros, estaba destinado a comisiones transitorias, razón por la cual acudió al operativo del paradero 14 de Vicuña Mackenna. // Durante todo el día de ayer los restos del sargento Tulio Pereira fueron velados en una capilla ardiente ubicada en el gimnasio de la Escuela de Suboficiales “Fabriciano González”. Una guardia de honor formaba junto a los restos del policía (El Mercurio, 26-02-1976: 17). El primer funeral significativo de un policía acaeció a fines de abril de 1980, cuando se produjo el ataque a la Llama de la Libertad en el cerro Santa Lucía de Santiago, resultando muerto el cabo de carabineros Heriberto Novoa. En el funeral se transmitió la amenaza de la resistencia como un problema real. Para contestar a ello, los actos funerarios fueron mediáticamente potentes. El cuerpo fue trasladado a Concepción, ciudad natal del policía; allí se hizo una misa en la catedral de la ciudad, que fue presidida por el arzobispo Manuel Sánchez, y por el director de la institución, César Mendoza: Miles de penquistas, que formaron por las calles por las que pasó el cortejo, rindieron homenaje al carabinero mártir Heriberto Novoa Escobar, asesinado por elementos extremistas en el cerro Santa Lucía, de Santiago y cuyos restos fueron inhumados el miércoles en el mausoleo de la institución a la que perteneció, en el Cementerio General de Concepción [...] // En el camposanto, los restos fueron despedidos en representación del Director de Carabineros, general César Mendoza, por el Jefe de la Prefectura Central de Santiago, coronel Omar Fuenzalida Tobar; a nombre de sus jefes y oficiales lo hizo el Comisario de la Primera Comisaría de Santiago, mayor Héctor González Contreras; por sus compañeros de la promoción de 1979 del Curso de Instrucción, carabinero José Rivera Rojas; y un dirigente de la Secretaría de la Juventud (El Mercurio, 2-05-1980: C13). Pero la mayor parte de las muertes y funerales de los policías se dieron en el marco de las jornadas de protesta nacional y en actividades de la resistencia, que se acrecentaron con la aparición del FPMR a fines de 1983. Revisemos ahora situaciones de este tipo ocurridas en esta parte del período. Los casos de este período se definieron y caracterizaron por actos funerarios que mantuvieron un tono y dinámica similar en lo político, es decir, con gran compromiso de las instituciones y sus altos cargos en la elaboración de discursos laudatorios, patrióticos y anti izquierdistas; todo ello continuaría sucediendo en los años ochenta. Ejemplo de lo anterior fue, a fines de 1983, la muerte por acribillamiento del cabo primero Héctor Fuentealba en Maipú, Santiago, marcando una alza sostenida de eventos similares, esto en medio de las protestas nacionales, cuando se hicieron comunes los funerales de carabineros con la presencia de las más altas autoridades policiales y políticas. Los velorios se caracterizaron por la fuerte presencia de policías, dejando en un segundo plano a la familia: El Director General de Carabineros, General César Mendoza, manifestó la muerte del cabo primero Héctor Fuentealba Asencio, asesinado el sábado por extremistas “es el resultado de una campaña muy bien organizada y extraordinariamente bien concertada que viene desde el exterior”. // La declaración fue formulada por el integrante de la Junta de Gobierno al término de la ceremonia en la que se despidieron los restos mortales de la nueva víctima de la policía uniformada [...] // El oficial manifestó que “ante tanta violencia, tanto crimen, tanto afán destructivo, nos negamos a creer que los terroristas sean chilenos. Porque el hombre de esta tierra jamás se definió por asesinar a sus compatriotas. Si nada justifica en el mudo la muerte de un solo ser, existe aún menos justificación quien cumple la honrosa misión de proteger la vida y el derecho de sus conciudadanos”. (El Mercurio, 8-11-1983: A1). En el funeral se recalcó la primera línea de contención que representaba la policía uniformada, siendo éste un elemento que revela que la iniciativa dirigida por la resistencia armada agotó las respuestas del régimen. Un elemento diferenciador en este aspecto lo dieron los funerales de los suboficiales. En febrero de 1986 el sargento Luis Rival resultó muerto por el alcance de una bomba, su funeral reflejó la conmoción de los adherentes al régimen y a diferencia de los carabineros de baja graduación. 67 El rol de las autoridades políticas y policiales fue protagónico y el discurso político frontal y condenatorio, dejando en un segundo plano a los familiares en las ceremonias: Al velorio efectuado en la Escuela de Suboficiales, en calle Rodrigo de Araya Nº 2061, concurrió el integrante de la Junta de Gobierno y General Director de Carabineros Rodolfo Stange; el Ministro del Interior subrogante, vicealmirante Patricio Carvajal; y los altos mandos de la institución. // Al término del velatorio, el Ministro del Interior subrogante, vicealmirante Patricio Carvajal, planteó que actos extremistas como el que provocó la muerte del sargento Rival Valdés debe importar a todo el país. Dijo que constituyen un actuar violento y destructivo que no sirve a ningún fin positivo (El Mercurio, 13-02-1986: C1). Vemos entonces que la diferencia en la graduación de los policías muertos generó actos funerarios de muy diverso tipo. En el caso de los carabineros de baja graduación hubo un discurso que apeló al daño social de la violencia; en cambio para el caso de la muerte del oficial, se destacó el efecto político de la acción de violencia. A continuación repasaremos algunos hechos importantes en relación al grupo de militares, donde incluiremos los funerales de agentes de las policías secretas de la dictadura. En abril de 1986 murió el carabinero Miguel Vásquez en San Bernardo, Santiago, producto de una emboscada. En contraposición al funeral de Luis Rival, los deudos aparecieron portando el féretro junto a las autoridades policiales. En el discurso se apelaba a la pérdida familiar, las opiniones políticas quedaron fuera del funeral. 67 5.5.2.- Funerales de militares y agentes represores. Sin duda los militares fueron las figuras más significativas del régimen, quienes mejor representaban la imagen pública de la dictadura, en ese sentido, los homenajes y funerales en torno a los miembros de las Fuerzas Armadas fueron siempre significativos en lo político, revisemos sus características. Los funerales asociados a este asunto fueron momentos para la expresión política de ideas. Esto fue especialmente notorio en las ocasiones en que importantes militares y autoridades políticas vertieron opiniones acerca de militares asesinados de alto rango. 68 Por el contrario, cuando la subversión atacó a militares represores, a inicios de los años ochenta, fueron rápidamente olvidados por el pinochetismo. Los homenajes funerarios más importantes a un militar fueron los de Oscar Bonilla, 69 quien murió en marzo de 1975, a partir de allí fue objeto de sucesivos homenajes, 70 incluyendo nombramientos de avenidas y poblaciones en diversas ciudades. En marzo de 1977 se realizó una romería a la tumba del general, una de las pocas veces en que se efectuó un acto de ese tipo: […] La muerte lo sorprendió en uno de los aparatos en que viajan constantemente los hombres de Gobierno, incluyendo al propio Presidente Pinochet. La causa del accidente está siendo investigada. Pudo ser falla técnica o algún tipo de circunstancia humana de los pilotos (mayor Roberto Valladares y capitán Danilo Vicencio), los mismos que condujeron al Jefe de Estado en su reciente gira por el norte. // La suerte que el general Pinochet previó un día para sí, recayó en el hombre que debía reemplazarlo. // El miércoles 5, el Presidente despidió a su camarada de arma de infantería y también al amigo. Sus familias mantenían relaciones entre sí, desde que ambos generales sirvieran al mismo tiempo en los mismos lugares. La amistad se forjó especialmente en Iquique, ciudad natal de Bonilla y adoptiva de Pinochet. // Cuarenta y ocho horas después de los impresionantes funerales –en que llamó la atención el temple de la viuda Mery Menchaca de Bonilla- se nombraba nuevo Ministro de Defensa al general Herman Brady […] (Ercilla, Nº 2067: 11). Pero las acciones de la resistencia armadas provocaron otro tipo de honras fúnebres, Los primeros homenajes tuvieron lugar en septiembre de 1974, a través de una misa de homenaje a los militares caídos en 1973. Este homenaje vinculó al Ejército con la referencia fundacional del régimen: el golpe de Estado. Este acto se repitió año tras año, aunque prescindiendo de la iglesia, devenida en opositora a la dictadura. 69 El General de Ejército Oscar Bonilla tuvo un importante rol en los primeros años del régimen, fue Ministro de Interior y de Defensa. 70 Para el sexto aniversario de la muerte de Bonilla, se realizó una romería al cementerio de Santiago. Los adherentes al régimen tomaron la figura de Bonilla como uno de sus referentes, tal como pasó con importantes figuras atacadas por la resistencia (El Mercurio, 4-03-1981: C3). 68 mucho más políticos en sus discursos, revisemos el nuevo carácter de los homenajes a militares. En este período los funerales contaron con el homenaje de los sectores civiles cercanos a Pinochet, quienes se plegaron a los honores; el dictador también fue parte de los actos. 71 En julio de 1980 se produjo la muerte y el consiguiente funeral del Teniente Coronel de Ejército Roger Vergara, quien cayó a manos del MIR. Los discursos de personeros del Ejército fueron profundamente políticos, obviando su rol de director de la escuela de inteligencia del Ejército. Por otra parte, los medios opositores repararon en las represalias que provocó este hecho: Por eso me extenderé en ellos, corriendo el riesgo de perder la unidad de estas líneas. En primer lugar, ocurrió el asesinato del teniente coronel Roger Vergara Campos (Q.E.P.D.), seguido de varias declaraciones de rechazo, entre las cuales una del Arzobispado. Algunos detenidos fueron calificados inmediatamente de "extremistas", "marxistas" y "asesinos" o que poseían un arsenal de armas soviéticas, panfletos, etc. cosa hasta ahora no comprobada. Pero hubo también declaraciones de duro lenguaje de autoridades invitando a la delación, cosa muy peligrosa, porque puede ser un llamado a la arbitrariedad y a la violencia, y no a la serenidad, dejando la investigación a quien compete. (Mucho habría que decir, por lo demás, de la dudosa moralidad de una delación sin mayores precisiones). Inmediatamente aparecieron dos panfletos y un folletín donde se atacaba entre otras personas e instituciones de Iglesia, a esta Vicaría de la Solidaridad con un lenguaje y orientación que, para cualquiera que crea vivir en el Espíritu de Cristo, se aprecia como proveniente de un mal espíritu. Uno de los panfletos incluso recogía las apreciaciones de una autoridad de gobierno que se refirió a los grupos y personas que amparan asesinos sueltos y protegen el extremismo. Los tribunales conocen como esta Vicaría defiende derechos humanos y legales conculcados, a petición de personas cuyo derecho a solicitarlo está garantizado no sólo por la Constitución, sino más profundamente por el espíritu de respeto que la civilización ha ido adquiriendo con los siglos de cristianismo. El gobierno mismo, a través de DINACOS tuvo que detener esta nueva campaña contra la Iglesia (Solidaridad, Nº 97: 3). Las descripciones del sepelio y las reacciones políticas fueron profusas en la prensa. A pesar de la ausencia de Pinochet, múltiples personeros del gobierno asistieron a los homenajes. También se describió el apoyo popular demostrado en las calles por la gente que se ubicó al paso del cortejo. Al contrario de ese tipo de homenajes públicos, los efectivos directamente parte de las agencias represivas recibieron un trato muy diferente. La misa y funeral del agente de la CNI, suboficial en retiro del Ejército Carlos Tapia no contó con homenajes, discursos ni presencia de altos cargos, tan sólo se describió la acción mirista que ultimó al agente: 71 Un antecedente, en relación a los funerales de represores, lo encontramos en abril de 1979, cuando murió el Teniente Luis Carevic al desactivar un artefacto explosivo. En esa ocasión hubo muestras de apoyo popular en las calles (El Mercurio, 25-04-1979: A1). A las 11 horas de la mañana de ayer se efectuaron en el Cementerio General, los funerales del suboficial en retiro del Ejército y auxiliar administrativo de la CNI Carlos Humberto Tapia, de 60 años, casado, padre de seis hijos. // El funcionario fue ultimado a tiros por cinco miembros de un comando extremista, cuando salía de su domicilio ubicado en calle Ancoa 5085, en la comuna de San Miguel. // Las exequias del militar en retiro se realizaron luego de una misa en la Vicaría General Castrense y a ella asistieron delegaciones de las Fuerzas Armadas (El Mercurio, 9-07-1981: C8). En septiembre de 1983 el MIR atacó al régimen en la figura del intendente de Santiago, el Mayor General de Ejército Carol Urzúa, los funerales remarcaron la conmoción generada entre los partidarios del régimen dictatorial. En la misa fúnebre sí estuvo Pinochet, quien incluso cargó el féretro aunque no emitió opiniones políticas, las que si realizaron otros miembros del Ejército. Pero el acento de la prensa y el régimen estuvo en los honores que le prodigó la ciudadanía, pues el cargo de intendente generaba gran contacto con los sectores populares. Como destacó la crónica: homenajes de floristas al paso del cortejo, personas con pañuelos blancos en las calles y discursos improvisados en el cementerio dieron el tono popular y político al funeral: Al pasar del cortejo por las calles millares de personas procedentes de las diferentes comunas y poblaciones del Gran Santiago que se agolparon principalmente en el sector Mapocho, Avenida La Paz y la plazoleta del camposanto, rindieron un emocionado y postrer homenaje a la máxima autoridad metropolitana, muchos de ellos portando modestos ramilletes de flores y sin poder contener sus lágrimas. // El cortejo debió aminorar su marcha y detenerse en el sector de la Pérgola de las Flores, donde las carrozas que contenían las urnas de las tres víctimas del atentado fueron cubiertas de pétalos de rosas y donde una multitud de personas, especialmente de condición modesta, testimonió su reconocimiento y gratitud a la labor social desarrollada por el extinto a favor de las gentes de más escasos recursos (El Mercurio, 1-09-1983: A1). La repetición de estos actos de homenaje hizo permanente la figura extinta, refrescando el discurso contrario a la subversión; es un funeral perenne que fija en la memoria el hecho y las circunstancias que el discurso político dictatorial otorgó a los militares de alto rango. Un hecho significativo que refrenda la idea expuesta guarda relación con el atentado a Pinochet. Los funerales de los cinco escoltas del dictador que resultaron muertos tras el atentado del FPMR en el Cajón del Maipo, Santiago, resaltaron el carácter político del homenaje. 72 La baja gradación de los escoltas y la ausencia de un rol político decisivo los dejó fuera de los homenajes perennes como sí ocurrió con Bonilla y Urzúa. Pero un aspecto de gran interés es conocer cómo se vivió entre las filas del régimen las muertes y consecuentes actos funerarios de los civiles afines a la dictadura. En las líneas que siguen revisaremos algunos de estos hechos, que aunque pocos, fueron de gran relevancia mediática y política. 5.5.3.- Funerales de civiles adherentes a la dictadura. En relación a las honras fúnebres de civiles adherentes al régimen encontramos dos tipos de funerales claramente diferentes: uno dado por las figuras de importante influencia política; 73 otro, ligado a la violencia política referida a dirigentes vecinales adherentes al gremialismo. Ambos tipos de funerales provocaron opinión política, las figuras relevantes fueron honradas por su rol en las instituciones del Estado; mientras que los dirigentes vecinales fueron relevados por su adhesión al proyecto gremialista. Exequias y actos funerarios de gran significado para el régimen fueron los que se relacionan con los dirigentes vecinales. El paulatino crecimiento de las ideas ligadas al gremialismo en las poblaciones, se dio en medio de la aparición de líderes locales fuertemente ligados a las políticas represivas de la dictadura, cuestión que los transformó en blanco de la resistencia. A inicios de noviembre de 1983 fue asesinado el dirigente Pedro Sobarzo, de la población José María Caro, un histórico reducto de la izquierda santiaguina. Por primera vez fue atacado un dirigente ligado al gobierno y esto fue aprovechado mediáticamente. El sepelio se realizó con la asistencia del alcalde designado de La Cisterna. Por otra parte, surgieron pobladores que relataron las amenazas de las que eran parte por su cercanía a la dictadura: Se recurrió a las viudas y familiares para expresar el repudio a la oposición. Para ello se entregaron condecoraciones póstumas en la Escuela Militar. Sin embargo, los escoltas no tuvieron mayor trascendencia fuera de esa ceremonia (El Mercurio, 10-09-1985: C5). 73 Un hecho que revela la adhesión a las figuras civiles de la derecha pinochetista fue el funeral el alcalde designado de Santiago, Patricio Mekis, muerto en enero de 1979 a causa de un accidente en su casa de veraneo. El fallecimiento generó una despedida popular que reunió a miles de personas en el cementerio general. Mekis había sido militante del Partido Nacional, razón por la cual políticos de derecha realizaron discursos (El Mercurio, 30-01-1979: A1). 72 El homicidio fue perpetrado el martes, cerca de las 20.30 horas y los autores se identificaron como pertenecientes de la Secretaría Nacional de la Mujer […] // La banda de guerra de la población José de San Martín precedió el cortejo fúnebre, en tanto que sus amigos, familiares y colegas dirigentes daban muestras de pesar que les embargaba el desaparecimiento del dirigente. // El alcalde de La Cisterna, Rafael Ordenes, manifestó su pésame a la familia y en una breve alocución destacó las virtudes que distinguieron a Pedro Sobarzo en el desempeño de sus funciones como destacado dirigente (El Mercurio, 5-11-1983: C5). En el funeral y en nombre de Pinochet, habló el alcalde de La Cisterna, (Santiago), destacando los servicios prestados por Sobarzo en su función de dirigente vecinal. En la ocasión asistieron organizaciones deportivas y sociales del barrio al que representaba, quienes condenaron fuertemente el hecho. Pero el evento más significativo, en lo que respecta a personeros civiles, vino en abril de 1986, cuando murió Simón Yévenes, dirigente poblacional y uno de los pilares en la intervención que el gremialismo hizo en el ámbito poblacional de Santiago. Con el tiempo, la figura de Yévenes devino en un símbolo del gremialismo político y que persiste hasta el día de hoy. Los funerales dan cuenta de la importancia de su figura. Seis alcaldes de la Región Metropolitana, ministros del gobierno dictatorial y una gran cantidad de militantes de la UDI estuvieron en el cementerio general. Los homenajes fueron pródigos y similares a los que se rindieron a policías y militares: oficios religiosos, floristas y discursos de importantes personeros de gobierno; sin duda la UDI lograba penetrar en los sectores populares y Yévenes representó el espíritu de la formación en esa tarea: Jaime Guzmán, quien estuvo acompañado de Pablo Longueira, Luis Cordeo y los dirigentes poblacionales de la UDI, Santiago Acosta, Alfredo Galdames y René López, señaló que junto con “asociarnos emocionadamente al dolor que aflige a sus familiares, creemos que el mejor homenaje que podemos rendir a Simón Yévenes es asegurar que su sangre no ha sido derramada en vano. // Guzmán Errázuriz declaró que con este crimen el PC pretende amedrentar a la UDI. “Interpretando el sentir de todos sus integrantes –enfatizó- respondo a esas amenazas totalitarias, asegurando que la UDI no se atemorizará jamás frente a la violencia y reafirmando el compromiso de nuestro movimiento de continuar disputándole palmo a palmo las poblaciones al comunismo (El Mercurio, 4-04-1986: C2). La resistencia armada justificó estas acciones en el entendido de la penetración política e ideológica en los sectores populares por parte de la derecha dictatorial, argumentando el rol represivo de los dirigentes vecinales afines al régimen de Pinochet. Más que nunca observamos que los espacios barriales se transformaron en lugares de disputa para representar políticamente a los diferentes bandos en pugna. A inicios de septiembre del mismo año, murió el ex presidente Jorge Alessandri Rodríguez, una de las figuras más importantes de la derecha política tradicional. Alessandri dejó estipulado que en su funeral no deseaba ni oradores ni ceremonias, por tanto el uso político del evento mortuorio se vio reducido a las notas periodísticas y las crónicas en torno a su carrera política. 74 *************** En este capítulo hemos caracterizado las formas en que los adherentes al régimen manifestaron sus posiciones políticas en el espacio público, refiriendo a sus prácticas y la opinión que generaron en torno a los opositores a la dictadura. Es clara la planificación de las intervenciones en el espacio público y la constitución de sujetos sociales en torno al proyecto dictatorial, remozando a la derecha política tradicional. Las organizaciones de mujeres y las juveniles terminaron alineándose directamente a las políticas definidas por los grupos políticos, particularmente fuerte en el caso del gremialismo. La derecha tuvo en estas organizaciones, y en los partidos políticos, la oportunidad de estructurar sus apoyos ciudadanos, cuestión que observamos en el monolítico apoyo a la dictadura cuando esto fue decidido por los mandos militares del régimen o por los líderes de la derecha. En ese sentido, el dominio sobre el territorio se concretó en virtud del calendario nacional guerrerista, de amplio uso en las ceremonias a las que asistió el dictador durante el período; así como en las manifestaciones políticas, -especialmente los aniversarios del golpe de Estado- escenificaciones que devinieron en acciones de apoyo popular a las decisiones del régimen. Como hemos visto, los operativos cívico-militares funcionaron como un dispositivo de intervención eficaz en el espacio público de la periferia desde donde se articulaba el movimiento social y la resistencia política. Por otra parte, las exequias y homenajes se constituyeron en una herramienta de opinión política; el discurso develó la caracterización 74 Las exequias tuvieron a Pinochet como parte del cortejo. Alessandri recibió homenajes de las instituciones del Estado y también de organizaciones opositoras (El Mercurio, 2-09-1986: C2). Alessandri formó parte de la comisión redactora de la constitución de 1980, aunque discrepó con el carácter que ésta finalmente tomó. del enemigo político y alentó la construcción de una imagen de los opositores. En el capítulo que presentamos a continuación veremos la otra cara de la moneda: el movimiento social y la resistencia política a la dictadura. Estudiaremos cómo se fue constituyendo, y los mecanismos y estrategias que se utilizaron para debatir en el conflicto político; cuestión particularmente evidente en la década del ochenta. 6.- La construcción del movimiento político y social de resistencia. En este capítulo analizaremos cómo se constituyó el movimiento político y social, opositor al proyecto dictatorial, en el espacio público y, para ello, utilizaremos prioritariamente la prensa oficialista, opositora y clandestina. Este capítulo se estructura en cinco apartados, en el primero de los cuales abordaremos el carácter de las manifestaciones y protestas que se desarrollaron por parte de los grupos opositores; en segundo lugar, analizaremos los desórdenes callejeros y la violencia urbana generada en los enfrentamientos entre resistentes y la policía; en tercer lugar, revisaremos el ciclo de protestas nacionales de 1983- 1986; en cuarto lugar, nos detendremos en el papel de las jornadas de trabajos comunitarios de los estudiantes opositores; y, por último, reflexionaremos sobre el desarrollo de los funerales como instancia de opinión política para los grupos resistentes y opositores. Sin embargo, previamente haremos un acercamiento al movimiento social y político que nos ocupa, pues consideramos necesario identificar sus características históricas para conocer algunos elementos importantes en su desarrollo. A inicios de la década del ochenta surgieron organismos públicos de tendencia radical que reactivaron el movimiento masivo opuesto a la dictadura. 1 Los organismos de tipo sindical, poblacional, de género y de derechos humanos fundamentaron sus argumentos en la ilegitimidad del régimen, concepción que los llevó a transversalizar su trabajo entre organizaciones. Los temas vinculados a la situación social de los pobladores de las grandes ciudades estaban en las causas de la movilización social, también en el uso de la violencia política. En torno a estos problemas surgen múltiples organizaciones que estructuraron las demandas del mundo poblacional. 2 Por otra parte, en relación a los sectores salud y educación, los intereses de la resistencia se centraron fuertemente en el desmantelamiento de las políticas sociales que Los grupos de mayor desarrollo fueron el Comité de Defensa de Derechos del Pueblo (CODEPU), la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el Comité de Defensa de Derechos de la Mujer (CODEM), y la Coordinadora de Agrupaciones Poblacionales (COAPO). 2 La prensa mirista (El Rebelde, AIR) relata algunos sucesos de tomas de terrenos para el período, además del surgimiento de “ollas comunes”. Estos hechos fueron parte de los efectos de la nueva economía neoliberal, mediada por esta cara política provocada por los conflictos. 1 realizó el régimen. Ésta fue una de las consignas que se estimó más relevantes para impulsar movilizaciones y actos de protesta. 3 A modo de ejemplo, una marca del movimiento de pobladores fue la olla común: acción colectiva popular destinada a subsanar el problema del hambre en los barrios. La olla común definió formas de relaciones de trabajo democráticas y asamblearias, auto gestionadas en cuanto a su materialización. Fue una manifestación política en el espacio público, reuniendo a los vecinos y vecinas en el mismo espacio que ocuparon residencialmente. 4 En relación a ese marco es que muchas de las acciones de violencia fueron parte de las protestas, dadas por la situación económica y social del país. Por ello, después de años, surgieron lazos de comunicación entre la izquierda radical y los primeros atisbos del movimiento social anti dictatorial, comunicación que, creemos, se produjo como consecuencia del hecho que la oposición identificó claramente a sus adversarios: la dictadura y las reformas neoliberales. 5 Dados estos elementos, revisemos ahora cómo la historiografía y los estudios sociales han ido construyendo, desde esta experiencia social y política, ciertas teorizaciones en torno al movimiento social chileno. Con ello podremos mirar el fenómeno desde la amplitud de su complejidad. El movimiento social popular se recreó en una nueva manera de luchar contra el desafío impuesto por la dictadura, de hecho: “Durante el proceso de reinstauración del poder de la gran fiera corrió la sangre y, luego de algunos años, hubo lucha; lucha que asumió fuerza social antropológica, utilizando el pueblo primitivo instrumentos de piedra y utensilios primarios de la cocina casera…” (Illanes, 1994: 224). Con ello, se ha construido un concepto para explicar el fenómeno colectivo en La resistencia tuvo en la defensa del Estado desarrollista un elemento que la acercó a la construcción histórica del movimiento social popular en Chile. Esto se explica por el diálogo que ese movimiento había logrado fundar con ese Estado durante el siglo XX (Moulian, 2002). 4 Más allá del conflicto social que por sí mismas evidenciaron, nos interesa la manera en que se instalaron en parroquias o casas particulares, a veces en la calle, pero nunca en sedes vecinales, pues éstas se encontraban ocupadas por dirigentes designados. 5 Guillaudot y Mouterde (1998) establecen como tesis la centralidad de los cambios estructurales que vivió el país para comprender la emergencia de los movimientos sociales. El nuevo modelo económico chileno consideró el cambio en la estructura productiva del país, priorizando las exportaciones de materias primas, minimizando sujetos históricos como el proletario industrial y minero; por otra parte, privilegió el sector financiero, haciendo de la banca el guardián de la economía frente a la crisis de 1982. 3 Chile, no sólo para el período estudiado, sino para comprender las anomalías que se han producido históricamente cada vez que los diversos colectivos han constituido un poder. A esto se le ha llamado “movimiento social popular” y corresponde a una forma de entender a los sujetos en movimiento para auto constituirse en ciudadanos. 6 En consideración a la idea de movimiento y en base a esa experiencia popular en la historia de Chile, es que definimos el concepto de movimiento social del período, desde la historiografía: “En el caso específico de los actores populares, se supone también que esta “movilización” se enmarca en una realidad que las más de las veces se aparece como problemática, a menudo decididamente adversa” (Pinto, 1994: 215). Es necesario aclarar que este agenciamiento sociohistórico fue el que constituyó la base de las jornadas de protesta que situaron al movimiento social anti dictatorial, cruzado por su carácter popular y, al mismo tiempo, centrado en dos dimensiones: la pobreza y las relaciones opresivas ejercidas sobre las clases populares por los agentes radicados en el Estado. Ahora quisiéramos reflexionar sobre algunos elementos que pusieron al movimiento social y político opositor en el centro de la preocupación de los grupos políticos oficialistas. En primer lugar, el movimiento social aceptó la idea de resistencia en cuanto ello lo acercaba a la construcción de la lucha política de carácter popular. Se debe entender que ese movimiento había logrado desarrollar un diálogo con el Estado desarrollista del siglo veinte. La regresión en lo social, producto de la instalación neoliberal que -a modo de síntesis- afectó la redistribución del ingreso en favor del empresariado y el capital financiero. 7 El abandono de los centros comunitarios reveló la destrucción de la vida social. Las sedes de juntas de vecinos y centros culturales fueron cerradas al ser acusadas de actividad política, los espacios públicos conquistados por el movimiento social en las décadas precedentes se desarticularon sin que necesariamente se ocuparan por grupos afines al régimen: En la obra de Gabriel Salazar (2006, 2012) y de otros historiadores de esa generación, vemos el desarrollo de modelos explicativos del llamado “movimiento social popular”. Con ello queda claro la importancia dada al movimiento en sus expresiones más fulgurantes, como el ciclo de protestas que auguró el fin de la dictadura. 7 La salud pública, en particular, sufrió de graves faltas de atenciones médicas, El Mercurio responsabilizó a la burocracia por estos problemas, pero ciertamente el gasto público en salud disminuyó drásticamente en ese período. (Ffrench-Davis, 2008; Salazar, 2012). 6 Escasa utilización de los centros comunitarios de advierte a lo largo de todo el país. Dichos locales, de acuerdo con la Ordenanza General de Construcciones se establecen con el propósito de que sirvan de sede para juntas vecinales, centros de madres, clubes deportivos y, en general, todas aquellas actividades que contribuyeron a elevar el nivel de vida de los pobladores. // La principal dificultad, según pudo comprobar “El Mercurio”, es que muchas de esas instalaciones, utilizadas por juntas de vecinos que se dedicaban más a tareas políticas que de progreso de la comunidad, paulatinamente fueron reasignadas para otras labores, al tiempo que las organizaciones vecinales dejaron de funcionar (El Mercurio, 22-06-1979: C4). Entonces, la resistencia al régimen se elaboró desde la necesidad política de los grupos perseguidos, pero tomó sentido cuando su discurso entroncó con los sectores sociales más afectados por la crisis política y económica de inicios de los ochenta. En segundo lugar, la constitución de un movimiento por los derechos humanos perfiló una crítica moral desde lo político y articuló las luchas de los movimientos sociales. El debate fundado alrededor de esta temática, en las más variadas instituciones del Estado y de la sociedad, hizo de los derechos humanos una centralidad en la lucha por la recuperación de la democracia: Desde luego, no todos los chilenos aceptaban esas justificaciones militares ni consideraban que el golpe hubiera salvado la nación. La mayor parte de la minoría disidente veía el levantamiento como la destrucción de sus sueños socialistas o como una ruptura con las tradiciones democráticas de Chile, y la feroz represión resultante como una violación criminal de los derechos humanos, pero temían divulgar su disenso y carecían de una manera concreta de hacerlo dentro de Chile. Fueron los desesperados familiares de las víctimas de esa represión política, con la ayuda de la Iglesia Católica, quienes comenzaron poco a poco a articular una memoria alternativa y disidente y a encontrar el modo de proyectarla en los espacios públicos a través de medios creativos y no tradicionales: se encadenaron para ello al edificio del Congreso, bordaron las historias de sus seres queridos en arpilleras y se lanzaron a realizar protestas callejeras en las que levantaban las fotografías de los desaparecidos con la inquietante pregunta “¿Dónde están? (Winn, 2007: 14-15). El debate acerca de las violaciones a los derechos humanos centró gran parte de las preocupaciones de la más variada gama de organizaciones políticas y sociales de oposición. En este sentido, los casos emblemáticos de la represión dictaminaron el itinerario que siguió la protesta callejera y definió las características identitarias del colectivo que participó de las manifestaciones. En tercer lugar, el papel desarrollado por el factor político. El movimiento social, definido ampliamente, nos ayuda a recrear políticamente el período, para llegar a interpretar las características y conflictos presentes a fines del siglo veinte. Asistimos a la aparición de un conjunto diverso de ideas en la oposición. Vinculado a esta cuestión, El Mercurio reconoció dos tipos diferentes de oposición en Chile: una pacífica y democrática, y otra violenta y marxista. Es interesante relevar las posibilidades de liberalización política que se abrieron a partir del ciclo de protestas nacionales, como señaló el editorial: Las corrientes democráticas de oposición, en efecto, han ido definiendo cada vez más su preferencia por el consenso político como el crisol del que esperan ver surgir el futuro institucional a que aspiran. Su repudio a la violencia ha sido reiterado y manifiesto. // Sin embargo, durante el curso de la semana se pudo apreciar que en los hechos ambas fuerzas pueden llegar a estar mancomunadas en la acción, cuando los opositores democráticos deciden incursionar en el terreno de las manifestaciones callejeras, en el cual se mueve expertamente el marxismo (El Mercurio, 19-12-1982: 3). En el marco de las protestas masivas, la oposición centrista se separó discursivamente de la más radical, acusándola de perturbar sus actos. Dirigentes de la Alianza Democrática señalaron que el Partido Comunista y el MIR usaban los actos para imponer sus estrategias políticas. 8 Se debe destacar el rol protagónico que tuvieron los partidos políticos en ese proceso, como observamos a partir de esa coyuntura. 9 El sello vendría dado por el cierre de la etapa movilizadora por parte de la oposición centrista. 10 En 1986 el sociólogo José Joaquín Brunner se pronunció sobre el fracaso de la estrategia de movilización: Las manifestaciones de protesta masiva, 11 que tuvieron una expresión intensa durante los años 1982 a 1986, bajo la forma de una “movilización social”, mostraron la disposición de sectores sociales importantes por expresar activamente su rechazo al régimen y a sus políticas. Luego esas manifestaciones, que habían sido canalizadas por partidos y organizaciones sociales, decayeron hasta casi desaparecer, seguramente como producto de su ineficacia en la obtención de resultados, su agotamiento expresivo y de los cambios introducidos por los partidos en sus estrategias (Brunner, 1987:12-13). Luego de marcar los tres nudos argumentales que acompañarán el análisis de los siguientes subcapítulos, desarrollaremos las reflexiones en los apartados que mencionamos al inicio, comenzando por las manifestaciones y protestas urbanas que visibilizaron la oposición al régimen. Luis Bossay y Ramón Silva Ulloa expresaron esta idea en El Mercurio del 7-10-1983: A1. Por su parte, en la prensa opositora, la revista Análisis Nº 66: 9 y ss. ahondó en las diferencias partidarias en torno a la movilización. 9 En abril de 1984 el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), convocantes de las protestas, valoró la autorización para realizar manifestaciones, en el entendido del concepto de liberalización política, reuniéndose tanto con la Alianza Democrática (AD) como con el Movimiento Democrático Popular (MDP). 10 Esta tesis derivaba de la convicción que la derrota del régimen pasaba por su cooptación en lo económico y político, es decir, administrar mejor el modelo que dejó la dictadura a cambio de garantizar la “paz social”; o sea, controlar la violencia política (Brunner, 1987). 11 Subrayado en el original. 8 6.1.- Los sujetos colectivos en las manifestaciones políticas. Las manifestaciones políticas, devenidas en protestas urbanas, fueron la cara del movimiento social opositor; a través de ellas se expresaron una diversidad de sujetos que intervinieron políticamente el espacio público. En este punto pretendemos conocer las acciones que denominamos manifestaciones políticas y cómo se presentan públicamente como protestas urbanas. En este apartado organizamos los datos en función de cinco sujetos colectivos protagonistas de las manifestaciones políticas que nos interesan. Primero consideramos los organismos de defensa de derechos humanos; en segundo término las actuaciones de los trabajadores y sindicatos; posteriormente analizamos el rol de las mujeres y sus agrupaciones; en cuarto lugar, revisamos el trabajo de los estudiantes universitarios en las manifestaciones; y por último, repasamos las acciones de los partidos políticos. Antes de comenzar, queremos hacer una salvedad acerca de los pobladores. 12 Debido a que su participación se circunscribió al ciclo de protestas, hemos decidido excluir este grupo en el análisis. Si bien es un elemento importante para el proceso general, estos grupos se subsumieron en las identidades que presentamos a continuación, apareciendo como identidad propia solamente al fragor de las protestas masivas. 6.1.1.- El activismo por los derechos humanos. El movimiento por la defensa de los derechos humanos se desarrolló desde bien iniciada la dictadura. En su búsqueda de respuestas, el movimiento encontró su identidad resistente compartiendo contenidos, significados y acciones con otros movimientos. Las intervenciones y experiencias acumuladas durante la primera década dictatorial develan los participantes, el espacio y el repertorio de las movilizaciones del activismo por los derechos humanos. Cabe señalar que la emergencia del ciclo de protestas diluyó las convocatorias de estas agrupaciones, visibilizando al enemigo común: Pinochet y su régimen político. Pero ese trabajo precoz del activismo vino de la mano de la Iglesia Católica, en Se denomina pobladores a los habitantes de las zonas carenciadas de las urbes chilenas. Este sujeto social se constituyó mediante sucesivas migraciones campo-ciudad (Garcés, 2002). 12 diciembre de 1975, cuando un grupo de personas entregó su apoyo público al cardenal Silva Henríquez a las afueras de la catedral. 13 La adhesión a la postura anti dictatorial del cardenal se manifestó en la calle: La misa terminó con la bendición del Cardenal a todos los asistentes y desde ese momento comenzaron de nuevo los aplausos al Cardenal y se agregaron gritos que eran acompañados con el palmotear de manos “Libertad total, viva el Cardenal”, consigna que fue voceada especialmente por alguna juventud asistente al templo, con protestas de numerosos fieles que exclamaban: “Esto no puede ser” [...] // Carabineros que se hallaban apostados en el sector de la Plaza de Armas dispersaron a los manifestantes. El incidente ocurrió poco antes de las 14 horas, vale decir, después de terminada la ceremonia en la iglesia, que duró justamente hora y media (El Mercurio, 9-12-1975: 8). Hacia fines de la década la forma de manifestación por violaciones a los derechos humanos se instaló en el país. Acudiendo a la denuncia y a los métodos de la no violencia activa, el movimiento de resistencia a la dictadura tuvo uno de sus referentes más claros en estas agrupaciones y su actividad de denuncia. Esta rama del movimiento social se activó fuertemente en torno a ciertos casos que desnudaron la responsabilidad militar en los hechos denunciados por las agrupaciones y la Iglesia Católica. 14 El activismo por los derechos humanos tuvo una visibilización significativa en diciembre de 1978, cuando un grupo importante se movilizó para manifestarse en torno al caso Lonquén. En la plaza Libertad de Santiago se reunieron familiares para denunciar el hallazgo de cadáveres en una mina de cal cercana a la capital; por primera vez cabía la posibilidad que los detenidos desaparecidos estuvieran muertos. 15 La movilización más relevante se produjo en septiembre de 1979, cuando se realizó la primera huelga de hambre a raíz del caso. La Iglesia se vio involucrada cuando sus templos fueron escenario de esas huelgas de hambre. El cariz político en las manifestaciones dadas por el caso Lonquén estuvo en el centro de la discusión. 16 Debido a Desde ese momento se realizaron múltiples manifestaciones denunciando las desapariciones; por ejemplo, cuando el nuevo embajador de Estados Unidos entregó sus cartas credenciales, ocasión en que fueron detenidas cuarenta personas de las agrupaciones de derechos humanos, (El Mercurio, 18-11-1977: 27). 14 Las acciones de la Iglesia Católica cuajaron en el Simposium Internacional por los Derechos Humanos, realizado en septiembre de 1978, inaugurado por el cardenal Silva Henríquez. Éste se caracterizó por realizar una crítica al gobierno de facto. 15 En marzo de 1979 ex parlamentarios de partidos opositores promovieron una manifestación en torno al caso Lonquén, pese al receso político. 16 Ese cariz político se encarnó en los actos de solidaridad en torno a las huelgas de hambre en las parroquias San Cayetano, San Roque, Jesús Maestro, en la Recoleta Franciscana y en la embajada de Dinamarca. 13 ello el cardenal admitió que este elemento estaba en las huelgas de hambre y que la Iglesia intervenía por razones humanitarias. El carácter político de las manifestaciones molestó a la dictadura que intentó desligarlas de su origen, esto es, las violaciones a los derechos humanos: El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Henríquez, reconoció ayer que en la huelga de hambre en los templos católicos hay un factor político además del humano. // Agregó, sin embargo, el prelado que la presión política no es el mejor medio para obtener ayuda y que la Iglesia actúa en este caso por factores humanitarios. // El Cardenal Silva respondió consultas luego de leer una declaración que resume acuerdos del Consejo de Presbíteros de la Arquidiócesis de Santiago, en relación a la situación de los parientes de los detenidos-desaparecidos y a la entrega de los cadáveres de los muertos de Lonquén” (El Mercurio, 7-09-1979: C1). Los mítines y actos desarrollados durante los días de las huelgas de hambre conformaron una red solidaria de estudiantes, pobladores y campesinos en torno a los derechos humanos. Las huelgas de hambre acabaron cuando la corte marcial decidió entregar los cuerpos a sus familias. La movilización de los activistas por los derechos humanos entró en una fase organizativa y de contenido político definido. En los primeros años de la década de los ochenta las manifestaciones por los desaparecidos, además de las expulsiones, relegaciones y exilios son las que movilizaron a estos grupos para manifestarse. 17 En julio de 1980 los carabineros impidieron un homenaje a los desaparecidos en el cerro San Cristóbal con el argumento que se transgredía la seguridad interior del Estado: Cerca de 200 familiares de detenidos desaparecidos participaron en un acto litúrgico que se realizó en la capilla del cerro San Cristóbal. El acto fue organizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en conmemoración al aniversario de la publicación de las listas de 119 detenidos-desaparecidos en el diario brasileño O'Dia y la revista argentina Lea. // Cuando los familiares de los detenidos-desaparecidos comenzaron a juntarse a los pies del cerro y subir en peregrinación, fue detenida Violeta Reyes y otras ocho personas, quienes fueron liberadas pocas horas después. La señora Reyes, también fue dejada al día subsiguiente en libertad. Llevaba una placa en la que se pide a la Virgen se sepa el destino de los 119 detenidos desaparecidos (Solidaridad, Nº 97:2). Desde 1978 podemos observar un claro aumento de las manifestaciones contra el régimen, alentadas por la denegación de los permisos para reunirse, así como por la minimización de la importancia de los eventos en la prensa. En agosto de 1981 cuatro abogados opositores fueron expulsados del país, motivando una manifestación estudiantil en el palacio de tribunales (El Mercurio, 13-08-1981: C3). 17 Los estudiantes añadieron un elemento más al argumentario del movimiento por los derechos humanos: los apremios ilegítimos contra los detenidos en las manifestaciones. Este asunto y la tortura fueron de gran interés en la década del ochenta, incorporándose al repertorio de las protestas nacionales, sumado a los casos emblemáticos de violencia represiva. El escenario utilizado18 y la conformación de un discurso a favor de la democracia y el Estado de derecho fueron característicos de agrupaciones como la asamblea de la civilidad, parte del movimiento de derechos humanos, cercana a los partidos políticos opositores centristas: ¿Dónde están los cuerpos de los fusilados? ¿Yace aquí la justicia?”. Las leyendas estaban escritas en la tapa de un ataúd simbólico, que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos dejó en la puerta de los Tribunales de Justicia el pasado miércoles 25. En su interior fueron depositados los certificados de defunción de los 76 ejecutados en la zona norte en 1973, cuya investigación de muerte fue sobreseída al aplicarse la ley de amnistía a la comitiva del general (R) Arellano Stark, señalada como la responsable de los fusilamientos. El ataúd permaneció casi media hora en la puerta del Palacio de Justicia, llamando la atención de las decenas de transeúntes y abogados que transitaban por el lugar (Análisis, Nº 149: 22). La forma de manifestación de estos activistas se desarrolló en los patrones definidos por las acciones descritas. Estas acciones mostraban una forma tradicional de protesta, de uso frecuente por parte de los familiares directos de represaliados políticos. Otros actores de importancia en la articulación de manifestaciones políticas fueron el sindicalismo y las agrupaciones de trabajadores. A continuación reflexionaremos sobre los aspectos más significativos de uno y de las otras. 6.1.2.- Las acciones de los sindicalistas. Las acciones del sindicalismo estuvieron marcadas por la influencia neoliberal, la que se hizo notar fuertemente en la reestructuración de las relaciones entre los empresarios, el Estado y los trabajadores. Se creó el nuevo Plan Laboral del gobierno, 19 restringiendo los derechos laborales a los absolutamente básicos y dando el control al empresariado. 20 En julio de 1986 hubo una nueva manifestación en tribunales, esta vez de carácter simbólica, denunciando el rol complaciente del poder judicial en materia de derechos humanos. 19 El plan estuvo a cargo del economista José Piñera, por ello se le conoció como “Plan Piñera”. 20 A modo de ejemplo, la negociación colectiva excluyó las tareas de “organizar, dirigir y administrar la empresa”. Artículo 12 del Código del Trabajo de 1979. 18 La respuesta del mundo sindical se fraguó desde una incipiente movilización, y, aunque ésta no fue masiva ni fuerte por esos años, se logró configurar movilizaciones específicas de ciertos sectores que comenzaron a aglutinarse en torno a sus intereses, por lo demás, opuestos al régimen. 21 El entramado de agrupaciones sindicales tuvo gran relevancia para la resistencia. En las huelgas y el rechazo al “Plan Piñera” se articularon acciones de violencia miliciana para reforzar las movilizaciones laborales que tomaron cuerpo en la medida que avanzaban los años del período: El grito: “¡Chile, escucha, PANAL está en la lucha!” y “¡Pan, trabajo, justicia y libertad!” resonó en las calles del centro de Santiago. Eran las voces de centenares de obreros textiles de PANAL y PROMATEX en huelga, que coreaban esta y otras consignas repudiando el Plan Laboral de la dictadura y desafiando la represión policial. // La UNIDAD antidictatorial se forja luchando y la unidad en esa forma se está gestando en el seno de las masas. La clase obrera como siempre da el ejemplo. Los obreros de textil PROMATEX unieron su huelga a la de PANAL –que se puso a la vanguardia del sector textil-, y juntos llevaron adelante el conflicto. Los trabajadores de otras empresas también se les unieron, formándose así el Comando Coordinador de Trabajadores (CCT) que agrupa a PANAL, PROMATEX, Lanera chilena, Metaltex, TEC, Profarma y MADECO. El objetivo del CCT es agrupar al mayor número de trabajadores del país para enfrentar al Plan Laboral y a los grandes empresarios 22 (El Rebelde, Nº 168, 1980:4). La constitución de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) dio cuenta de una lenta labor de reconstrucción de la organización de trabajadores desde las bases. A esta organización le correspondió enfrentar el encarcelamiento y represión a la vez que vio nacer las grandes movilizaciones anti dictatoriales. A fines de abril de 1978 El Mercurio detallaba las organizaciones que pidieron autorización para celebrar el primero de mayo. 23 A través de esta fallida conmemoración los sindicatos comenzaron a activarse en defensa de los derechos laborales. En 1979 volvió a solicitarse autorización para celebrar el día del trabajador en el mismo lugar. Esta vez la convocatoria fue realizada por nuevas agrupaciones. 24 El avance en la organización se El 7 de enero de 1977 se creó la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) ante la imposibilidad de refundar la Central Única de Trabajadores (CUT). 22 Guillaudat y Mouterde (1998) señalan que ésta fue la primera huelga que volcó a sus trabajadores fuera del recinto de la empresa, provocando la solidaridad de múltiples sectores. 23 El acto incluía treinta y un sindicatos en la plaza Aguirre Cerda de Santiago. La autorización se denegó por que las organizaciones eran, al parecer, controladas por el Partido Comunista. 24 Entre ellas: Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNTRACH), la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH) y el grupo de los diez. 21 demostraba en la unidad del sindicalismo opositor y el carácter abiertamente político de la convocatoria: Mientras en la sede de gobierno, sectores gremiales adictos al régimen son “invitados” a escuchar sólo mínimas concesiones, el 1º de mayo de 1979 vuelve a reafirmar, en las calles, el principio de auténtica unidad que ya se demostró en 1978. // El año pasado se formó una Comisión Coordinadora para la conmemoración del 1º de mayo en Chile. Esta vez esta coordinación es afianzada con la incorporación de nuevos grupos (CEPCH) -Confederación de Empleados Particulares de Chile- y con una etapa previa que la constituyó la gestión de la propia Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNTRACH), que en marzo planteó también la urgente necesidad de una coordinación de las fuerzas que aparecían como opositoras al régimen militar (Análisis, Nº 13: 31). Las manifestaciones de ambos años se realizaron igualmente, finalizando en disturbios e incidentes. Ello muestra que la manifestación sindical fue empujada a otras formas de movilización más cercanas a las que proponía la resistencia de izquierda al régimen, es decir provocando disturbios y violencia urbana para visibilizar el conflicto. Las movilizaciones del sindicalismo opositor no se detendrían pese a la medida del gobierno dictatorial; prueba de ello es que, desde inicios de la década, los trabajadores organizados fueron fundamentales en las convocatorias a las protestas nacionales: Incidentes aislados se registraron ayer en distintos puntos del país y de esta capital, al conmemorarse el Día del Trabajo. A raíz de estos hechos, fueron detenidas 20 personas en Concepción, 2 en Viña del Mar y unas 100 en Santiago. // En la capital unas 100 personas resultaron detenidas después del acto con que la auto determinada Coordinadora Nacional Sindical celebró ayer el Día Internacional del Trabajo, en el local del Sindicato Nº 1 Algodón de la Industria Textil Sumar, ubicado en Vicuña Mackenna 1785. // Las detenciones se produjeron cuando los manifestantes se dirigían hacia el norte por la señalada arteria, gritando consignas, y no acataron la orden de disolverse. Frente a la sede sindical se produjo una agresión a pedradas a personal policial de resguardo ubicado en la vereda opuesta (El Mercurio, 2-05-1982: C3). No obstante los trabajadores fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos; 25 sus formas de movilización y los temas que los impulsaron a disputar el espacio público, mediante protestas y manifestaciones, se ligaron a cuestiones laborales, significando el primero de mayo como su principal referencia identitaria. En los años ochenta, el primero de mayo fue una fecha clave en la convocatoria de las protestas nacionales, por tanto el sentido de la conmemoración se revistió de 25 El asesinato del dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, marcó el primero de mayo de 1982. Las romerías y monolitos ubicados en el lugar de su muerte se mezclaron con manifestaciones que la dictadura no se atrevió a prohibir. reivindicación política contra la dictadura. De esta manera, la fiesta de los trabajadores devino en reivindicación política asumida por todos los sectores e identidades políticas, sociales y culturales que se reunían en torno al movimiento anti dictatorial. 26 En el contexto de la cercana campaña al plebiscito de octubre, los grupos de izquierda se enfrentaron a la dirección democristiana del sindicalismo opositor, evidenciando diferencias insoslayables entre ambos sectores. 27 La diferencia de fondo se expresaba, por parte de los sindicalistas de centro, en la derrota estratégica de la izquierda radical: De esta jibarización implacablemente planificada ha resurgido un movimiento sindical que, asumiendo colectivamente errores como la pérdida de autonomía respecto de los partidos políticos, la sobre ideologización, la exacerbación de las posturas confrontacionales y una fiebre estatalizadora, fue capaz de movilizar a diversos sectores en sucesivas protestas nacionales contra la dictadura. // Según Hernol Flores, Secretario General de la Central Democrática de Trabajadores (CDT), las citadas debilidades impidieron al movimiento obrero oponerse al golpe porque “muchos de los trabajadores no sentían suya la democracia; el monopolio del poder lo tenían los partidos políticos y la organización sindical, como los demás cuerpos intermedios de la sociedad, estaban sometidos a aquellos”. // El agotamiento del tipo de movilización social de los años 83-86 y el estancamiento consecutivo al descubrimiento de los arsenales del FPMR y el frustrado atentado a Pinochet, puso en evidencia desacuerdos internos graves del movimiento social y de éste con la oposición política, así como la ausencia de una estrategia común para el término de la dictadura y la transición democrática (Cauce, Nº 156: 7). El movimiento de mujeres y feministas participó activamente en la articulación del movimiento social opositor. Ahora relataremos algunos hechos que nos explican esa relación. 6.1.3.- Las acciones de mujeres y feministas. El movimiento social de mujeres y feministas había despuntado en el país en las décadas precedentes al golpe de Estado. Aunque de manera lenta, las conquistas en el plano de los derechos de la mujer fueron sostenidos y sus discursos cada vez más oídos. La dictadura significó un retroceso en términos del debate social y cultural que se había abierto en el siglo XX respecto a las discusiones acerca de estas reivindicaciones. Entre las 26 En febrero de 1984 se efectuó un acto de homenaje a la CUT en su trigésimo primer aniversario y su presidente fundador, Clotario Blest, estuvo presente. Dirigentes democristianos como Manuel Bustos y Rodolfo Seguel no participaron, alegando que era divisorio para la unidad del movimiento sindical (El Mercurio, 23-02-1984: C3). 27 Prueba de ello fueron los desórdenes de mayo de 1988, cuando el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) organizó la fecha en la comuna santiaguina de San Miguel. agrupaciones más activas estuvieron la Agrupación de Mujeres de Chile (Mudechi) el Movimiento pro emancipación de la mujer (MEMCh) y Mujeres por la Vida. 28 El movimiento de mujeres no fue ajeno al conflicto político, las manifestaciones protagonizadas por las mujeres fueron un aporte fundamental para fortalecer la diversidad del movimiento social opositor; al mismo tiempo, instalaron sus reivindicaciones al calor de las protestas y acciones de denuncia. El movimiento por los derechos de la mujer se conformó como otra identidad en el movimiento de resistencia. 29 La disposición del repertorio agregó múltiples formas de lucha contra la dictadura como la que se describe para ese año y que se observan para los ocho de marzo siguientes: La dictadura, previendo la importancia que adquirirían estos actos, prohibió toda manifestación el día 8 de marzo, aduciendo que la Secretaría Nacional de la Mujer instituyó el día 2 de diciembre como Día Nacional de la Mujer Chilena, desconociendo de esta manera una vez más las luchas históricas de las trabajadores, negándoles a éstas su existencia “legal”. // De tal manera que todas las movilizaciones del 8 de marzo adquirieron carácter de ilegales abiertas [...] // Mientras esta acción se llevaba a cabo, alrededor de las 16 horas del día 8, a esa misma hora miles de personas se movilizaban hacia el estadio Santa Laura. Debido a que carabineros controló todas las calles cercanas al estadio, se realizaron varios mítines relámpagos a lo largo de la Avenida Independencia, donde se coreaban consignas de la resistencia y hablaron representantes femeninas de partidos y organizaciones populares. Asimismo, en el centro, centenares de personas se reagruparon en la Plaza de Armas. Ante la represión de refugiaron en la Catedral, desde donde siguieron coreando consignas y procedieron a cubrirse los rostros, como una forma efectiva de combatir sin ser identificado por el enemigo (El Rebelde, Nº 147: 7-8). Las conmemoraciones del ocho de marzo continuaron realizándose durante la década de los ochenta, constituyéndose como una fecha de reivindicación opositora, donde participaron progresivamente los otros actores del movimiento anti dictatorial. El día internacional de la mujer había entrado en las fechas de conmemoración resistente, pero ahora también utilizaba un repertorio que fue propio del ciclo de protestas nacionales. 30 Pero las mujeres también fueron activas en otros momentos vinculados a Estas organizaciones fueron fundamentales en la movilización de las mujeres y el feminismo chileno contra la dictadura. En el ámbito intelectual los liderazgos de Olga Poblete y Elena Caffarenna; así como los trabajos de Teresa Valdés (1987, 1989) y Julieta Kirkwood (2010) dan cuenta de ello; esos Trabajos se ejecutaron en el Centro de Estudios de la Mujer (CEM). 29 La Secretaría Nacional de la Mujer rechazó la organización del acto y destacó la existencia del día dos de diciembre como celebración de “la mujer chilena”, celebración instituida por la dictadura que no prosperó más allá de las ceremonias oficiales. 30 En marzo de 1986, tras una marcha en el Parque Forestal, hubo detenidos y heridos en una manifestación en el frontis de la Biblioteca Nacional (El Mercurio, 8-03-1986: C2). 28 violaciones a los derechos humanos, sociales y políticos. 31 Más allá de los incidentes, las acciones de las agrupaciones de mujeres incluyeron formas pacíficas de sabotaje, como el efectuado en junio de 1986: Las dueñas de casa que concurrieron el sábado 7 al Almac de Apoquindo con Manquehue, al Jumbo de Bilbao y al Unimarc de Providencia con Tobalaba tuvieron un día de compras distinto. En medio de la rutina de las compras en el supermercado, presenciaron cómo grupos organizados de mujeres llenaban carros con Fanta, Drive y Café Monterrey y le ponían encima carteles con una leyenda: “No me compre financio la mentira de los noticieros de TV. Por la demanda de Chile”. Los estantes con los productos señalados, eran sellados con papel engomado y con más carteles alusivos [...] // Entretanto, a la salida del Almac llegó un radio patrullas de carabineros que detuvo a un grupo de personas, entre ellas al dirigente estudiantil Andrés Rengifo. Las mujeres rodearon al vehículo policial, intentando impedir la detención. Carmen Frei se sentó en el capó del auto. No obstante, cuatro personas fueron llevadas desde (sic) la comisaría de Las Tranqueras donde permanecieron detenidas durante dos horas” (Análisis, Nº 147: 12). Pero el día internacional de la mujer siguió siendo la conmemoración que escenificó las diferencias en el movimiento de mujeres. Por una parte hubo discursos centrados en las demandas sociales y políticas por los derechos de la mujer. 32 En otro sentido, se configuró una visión política, más centrada en la movilización y la crítica al régimen. Ambas debatieron y convivieron en el movimiento de mujeres: 33 Los preparativos para el 8 de marzo son siempre difíciles, pero éste año han sido especialmente reñidos. La convocatoria unitaria está suscrita por 44 organizaciones sociales, sindicales, gremiales y reivindicacionistas de la mujer chilena. Pero no todas participan. // Muchas mujeres del Movimiento por el Socialismo, del Colectivo Feminista La Morada", del Partido Radical (Silva Cimma), de la Democracia Cristiana y de la Federación de Mujeres del Partido Socialista de Núñez no se suman a la celebración porque discrepan con los contenidos de ésta. Argumentan que en este 8 de marzo el acento está puesto en las estrategias partidistas ante el plebiscito y no en las demandas específicas de género, “como debiera ser". Las convocantes -pertenecientes al MEMCH- no niegan esta percepción; sostienen que “las alternativas del no o de Ia abstención han cruzado los contenidos de esta celebración, pero no por ello se ha renunciado a las reivindicaciones propias de la mujer". Raquel Díaz, miembro del ejecutivo de esta organización, dice: “Nuestra pelea pasa por la conquista de la democracia, pero no se detiene con ella… la lucha femenina es de largo aliento" (Apsi, Nº 242: 15). En el movimiento de mujeres se observan las diferencias políticas que la oposición Así ocurrió en diciembre de 1985, cuando una manifestación en la Plaza de Armas de Santiago acabó con nueve detenidas. En la ocasión mujeres de partidos políticos solidarizaban con las demandas de los educadores (El Mercurio, 27-12-1985: C2). 32 Por ejemplo organizaciones centristas como Mujeres por la vida. En marzo de 1987 realizaron en el sindicato de la Compañía de Teléfonos de Chile Sin incidentes y acompañadas por delegaciones internacionales. 33 En 1988, en un nuevo ocho de marzo, se produjeron incidentes y detenidos en Santiago. Las manifestaciones incluyeron acciones de arte y acciones por los derechos humanos. 31 generó a partir de estrategias diversas que cada sector -el centrista y el izquierdista- adoptó. Esas diferencias no mermaron el interés por destacar las reivindicaciones propias del movimiento de mujeres, creemos que obedeció al momento político trascendental que representó el plebiscito de 1988. Las convocatorias de 1988, dadas en el marco de la conmemoración del ocho de marzo, estuvieron cruzadas por el partidismo político. Los grupos de oposición se adhirieron a los llamados de uno u otro sector. Los grupos centristas contaron con el apoyo de las “mujeres por el NO”, plebiscitando el contenido de la fecha. Por otra parte, los sectores políticos izquierdistas estuvieron en las calles tras el llamado de agrupaciones feministas. Los estudiantes universitarios y secundarios emergieron como protagonistas durante los años ochenta, elaborando manifestaciones políticas que reflejaron la fuerza del movimiento social y político contra la dictadura. Ahora veremos hechos relacionados con sus formas de manifestación. 6.1.4.- Los estudiantes interviniendo en las manifestaciones. Los estudiantes fueron, junto a los trabajadores, actores esenciales del movimiento social durante el siglo XX. Durante la dictadura de Pinochet tuvieron un rol de la mayor importancia en la articulación de manifestaciones políticas y protestas urbanos; las acciones emprendidas por este grupo se centraron en huelgas y tomas de recintos educacionales. Los paros y tomas de colegios y universidades se constituyeron en parte del repertorio de movilizaciones, siendo un elemento claramente distintivo de este movimiento. 34 Entre los estudiantes podemos ver, progresivamente, una fuerte politización en sus manifestaciones, contribuyendo al proceso de movilización general contra la dictadura militar. La toma universitaria en dictadura tuvo como característica el cuestionamiento permanente a la institucionalidad universitaria; es decir, además de las reivindicaciones tradicionales, se criticaron las estructuras del gobierno universitario. Cabe recordar que los espacios que ocupaban las universidades en Chile gozaban de Estos mecanismos de presión consistieron en la toma de algún local universitario, generalmente facultades o escuelas, impidiendo el funcionamiento normal mientras se resolvía el conflicto y sus reivindicaciones. 34 autonomía 35 por tanto, la estrategia de la toma de espacios universitarios apeló constantemente a ese argumento. Entrada la dictadura, la ocupación de espacios públicos académicos partió de la reivindicación social para devenir protesta política; en este sentido vemos que hubo una estrategia de resistencia, tanto en el ámbito propio de la universidad como en las actividades lúdicas como fiestas y representaciones artísticas de fuerte identidad anti dictatorial. Esta estrategia fue vista como una amenaza por los dirigentes de derecha: -¿Su temor es que se desate la politiquería especialmente aquí, en la Universidad de Concepción? // “Si, porque aquí, especialmente, se nota que existen grupos de izquierda. No muchos, pero digamos que los llamados grupos culturales son, en el fondo, grupos políticos. Son personas de la misma ideología que se reúnen a hacer folklore- protesta, que van a la Parroquia Universitaria, que están contra el Gobierno, contra el sistema. Si a estos grupos nosotros pudimos detenerlos cuando estábamos dentro del Centro de Estudiantes, creo que ahora llegó el momento en que van a poder legalizarse. Primero, asociándose entre sí y, luego, cuando ya estén reconocidos, van a tratar de hacer una asociación en una Facultad cualquiera y van a tratar de pedir una votación en masa para ganar esa Facultad [...] (El Mercurio, 24-05-1981: D5). El elemento crítico, que se expresa en el intento de construir la universidad paralela vino a añadir el descontento con el sistema de educación superior. La manifestación política que representaban estas tomas -de uso frecuente hasta el día de hoy-, revela la importancia que se le daba al espacio académico, físicamente, como el lugar donde se piensa y crea, dándole el carácter de batalla ideológica entre el poder y el movimiento resistente. Los estudiantes entendieron claramente la importancia de instalar el conflicto político en su propio espacio, por lo demás, un espacio público que siempre estuvo expuesto a la manifestación política, universidades, liceos y colegios volvieron a ser el escenario de protestas, siempre entre la demanda política y la reivindicación gremial. En 1982 la crisis recesiva se hacía notar en Chile con mucha fuerza. Ligado a ello las protestas y manifestaciones callejeras se hicieron más frecuentes y subieron en el grado de violencia, los estudiantes se hicieron cargo de esas movilizaciones de manera protagónica: 35 Esto era parte del discurso argumentativo movilizador pero, en la práctica, la autonomía de las universidades se vio tocada de muerte a través de la Ley General de Universidades, publicada en el Diario Oficial el 16-02-1981 mediante el Decreto Fuerza de Ley Nº 5. Recientemente algunas unidades académicas de las Universidades de Chile, Católica de Chile y Católica de Valparaíso fueron centro de enfrentamientos entre núcleos antagónicos, de protestas contra el gobierno y la magistratura y de ausencia concertada a clases. Tales hechos, aunque de consecuencia mínima si se considera que los alumnos de las corporaciones son más de 100 mil en todo Chile, han provocado cierto efecto en la opinión pública. A su vez, altos personeros del Ministerio del Interior han sido enfáticos en asegurar que se tomarán todas las providencias del caso para sancionar a los responsables de la agitación, lo cual puede ocurrir aplicando medidas disciplinarias previstas en los estatutos del alumnado, como otras más drásticas que la autoridad dispone para hacer respetar el orden público (El Mercurio, 8-0-1982: A3). Uno de los blancos a los que apuntó la opinión de la prensa oficialista fue el sector estudiantil; vemos como, un año antes de comenzar el ciclo de protestas, se realizó una fuerte criminalización a quienes promovían movilizaciones en las universidades. Los estudiantes respondieron a estas acusaciones con más radicalidad y regularidad en sus manifestaciones. 36 Ese proceso llevó a una creciente politización de los espacios universitarios, cuestión que contribuyó al desarrollo de discusiones y elaboración de herramientas para enfrentar el último período de la dictadura. El punto de ese proceso cúlmine se vivió en la FECH: Ni los más optimistas opositores pensaron que la marea democratizadora de presentaría con tanta fuerza en los claustros de La Universidad de Chile. Algunos incluso, temieron que el Frente Universitario (MUN-PN) pudiera amagar el triunfo de la lista conformada por la Democracia Cristiana Universitaria (DCU) el MDP y el Bloque Socialista. // A continuación de la DC y la izquierda se ubicó la derecha tradicional representado por el Frente Universitario. Gran parte de sus integrantes han mantenido una posición cada vez más distante del régimen. Exigen también la salida de los rectores delegados y una mayor democratización en las casas de estudios superiores (Cauce, N° 29: 36-37) Esta elección significó el retorno de una de las organizaciones sociales más importantes de la historia social de Chile. Los estudiantes universitarios recompusieron sus estructuras a lo largo del país y, terminado el ciclo movilizatorio, en torno a 1986, todas las universidades del país contaban con fuertes federaciones y centros de estudiantes. La vuelta a la política de las organizaciones estudiantiles universitarias fue acompañada por el fortalecimiento de las manifestaciones políticas de los estudiantes secundarios. De manera gradual fueron agregándose las paralizaciones y tomas de liceos, la 36 Hacia fines de 1984 la demanda por la democratización de las universidades marcó fuertemente las movilizaciones estudiantiles; tras largos meses de paralización, se logró elegir los centros de estudiantes y federaciones. más significativa se dio en 1985: Hoy a los 19 años, Patricio Rivera y Víctor Osorio son miembros del ejecutivo del Comité proFESES, organismo donde participan representantes de más de 200 de los aproximadamente 500 establecimientos de Enseñanza Media de la Región Metropolitana y que adquirió resonancia a raíz de la reciente “toma” del Liceo A-12 de Providencia. // En su conversación con ANALISIS los dos jóvenes admitieron su militancia política. El primero en la Juventud Demócrata Cristiana y el segundo en la Izquierda Cristiana “Es lógico –dicen- que los estudiantes nos inclinemos por una tendencia política. Es legítimo. Está dentro del derecho a pensar” (Análisis, N° 100: 12). La toma se instaló en los colegios secundarios de forma más tardía, pero sustentada en experiencias organizativas importantes. Los estudiantes secundarios participaron en las movilizaciones contra la dictadura apropiándose de sus espacios más cotidianos, al ser menores de edad, la policía se vio compelida a moderar sus acciones represivas, pese a ello no se respetaron los derechos fundamentales de estos estudiantes. Durante y después del receso político, los partidos se esforzaron en el ejercicio de representación del movimiento social, surgiendo el debate entre los dos sectores que reconocemos: centristas y radicales. Repasemos ahora las características y diferencias en este sentido. 6.1.5.- Partidos políticos y manifestaciones. Llegada la década de los ochenta los partidos políticos optaron por la manifestación pública, saliendo de la característica clandestinidad de la década anterior. A través de diversos mecanismos intentaron romper con el receso político impuesto por el régimen y, con el tiempo, confluyeron en las protestas nacionales, junto a todos los movimientos sociales opositores. Las agrupaciones partidarias acudieron a sus figuras más representativas para mostrarse en el espacio público, así evidenciaron su identidad, imposibilitadas de expresarse directamente con sus banderas. 37 Esta manifestación en Isla Negra (Valparaíso) da cuenta de ello: Un grupo de aproximadamente 300 personas, en su mayoría jóvenes, comenzó a reunirse en la playa 37 En julio de 1979 la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) celebró el aniversario del nacimiento Pablo Neruda, como un acto de reivindicación política por parte de diversos partidos de izquierda: comunistas, socialistas y miristas, entre otros (El Mercurio, 24-09-1979: C3). desde las 10 horas. Luego, leyeron poemas y cantaron canciones de Neruda. Asimismo, pusieron algunos lienzos alusivos a la celebración. // Transcurrida aproximadamente una hora llegó carabineros, los que procedieron a ordenar que se desalojara el lugar. Los participantes se alejaron gritando vivas al poeta y algunas consignas como “Compañero Pablo Neruda, presenta ahora y siempre” [...] // Personeros de la policía uniformada señalaron que todos los años, en esta fecha, se intentan realizar actos similares “con fines netamente proselitistas” dijeron (El Mercurio, 21-071981: C1). Entre los sectores democristianos hubo una tendencia similar. 38 La acción revelaba que los partidos políticos no se adecuaban al nuevo momento político del país o lo hacían desde la denuncia por la imposibilidad de ejercer los derechos políticos. A inicios de 1982 el Partido Comunista asumió mayores riesgos y organizó una manifestación por el aniversario de la agrupación en el Parque O'Higgins de Santiago. Manifestaciones similares se registraron en diversas ciudades del país y todas consistieron en la reunión y gritos contra la dictadura. Tras la actividad fueron detenidas trece personas en Santiago: Los manifestantes, cerca de un centenar, se congregaron en los alrededores del paseo capitalino para conmemorar los 60 años de la colectividad política. Allí gritaron consignas políticas en contra del Gobierno y lanzaron discursos grabados de dirigentes de ese partido en el exilio y en la clandestinidad [...] // Los manifestantes fueron disueltos por carabineros de la Prefectura de Fuerzas Especiales, en tanto que funcionarios de la Central Nacional de Informaciones concurrieron minutos más tarde para sacar desde los árboles algunas grabadoras que en un momento se pensó podría tratarse de artefactos explosivos” (El Mercurio, 19-01-1982: C2). Las manifestaciones utilizaron el mitin relámpago para generar la protesta. Este mecanismo fue elegido tanto por los movimientos de derechos humanos como por los partidos políticos para instalarse en el espacio público e intervenir en el mismo, aunque fuera por pocos minutos. 39 Pero las manifestaciones significativas fueron las grandes concentraciones. En determinadas coyunturas como la de 1983, la Alianza Democrática decidió suspender un acto para no entorpecer el diálogo con el gobierno, 40 pues éste permitiría una apertura política que beneficiaría a los partidos, recuperando de algunos derechos políticos, como el Más de cincuenta jóvenes fueron detenidos en las inmediaciones de la casa del ex presidente democristiano Eduardo Frei Montalva (El Mercurio, 28-11-1979: C2). 39 En febrero de 1983 una acción similar resultó con cuatro jóvenes mujeres detenidas en el centro de Concepción (El Sur, 12-02-1983: 4). 40 El acto se programó el día cuatro de septiembre de 1983, aniversario del triunfo de la Unidad Popular, en el Parque O'Higgins. 38 retorno de algunos exiliados: La AD por su parte, que mal podía desistirse de una protesta que nació antes que ella, que emerge del pueblo y no depende de convocatorias más o menos, pareció comprender rápidamente los límites del diálogo y se anticipó a reconocer que este fracasará si el Gobierno no le pone fechas y plazos muy breves a la transición a la democracia y que ésta pasa por un cambio drástico y profundo de la actual situación, incluido el reemplazo de sus máximas autoridades [...] // El eje central de la AD, el partido demócrata cristiano vio reforzada sus filas en las últimas semanas con la llegada de sus más prominentes exiliados. Las masivas recepciones a Andrés Zaldívar, Jaime Castillo y Renán Fuentealba no sólo movilizaron a los militantes de esa colectividad. Los tres indudablemente aportarán además al debate político la rica experiencia que traen del exilio, un hecho que quedó demostrado en las primeras declaraciones de Zaldívar (Análisis, Nº 64: 5-6). Estas intervenciones públicas, mediadas por el proceso que aligeró el receso político, volvieron a poner a los partidos políticos en el centro del debate. El movimiento social intentó ser representado por estas voces y fue en esa coyuntura que las diferencias partidarias emergieron nuevamente. 41 Los discursos marcaron la distancia con los partidos centristas que apostaron por la liberalización política, dejando a la izquierda con un programa de máximos, como la asamblea constituyente o la derogación del plan laboral. Los partidos políticos se encontraban en completa actividad hacia 1986, reforzando la ruta trazada para la transición, definida a raíz del éxito de las protestas nacionales. La ilegalización del MDP y la fuerza de la oposición centrista hicieron que, entrados los últimos años del régimen, la representación política del movimiento social se volcara en los partidos agrupados en la AD. 42 Una de las formas en que esa representación se hizo clara fue la propuesta del comité por elecciones libres, el cual se encontraba en plena actividad; las juventudes y partidos políticos organizaban consultas en diversos barrios y ciudades del país. 43 La visita del papa Juan Pablo II, contó con la colaboración activa de los partidos políticos en los encuentros programadas por la Iglesia Católica. En Santiago y Concepción el carácter político de los encuentros fue evidente, pidiendo a la autoridad eclesiástica su intervención en el conflicto político: Prueba de ello fue la asamblea pública en el teatro Caupolicán, realizada por el izquierdista MDP (El Mercurio, 6-02-1984: C3). 42 El momento refundacional de los partidos se acompañó de la visita del senador estadounidense Edward Kennedy, quien se reunió con destacados dirigentes opositores del centro político (El Mercurio, 16-01-1986: A1). 43 En la zona sur de Santiago la policía reprimió duramente estas acciones, llegando a detener más de doscientos cincuenta personas (El Mercurio, 1-11-1987: C1). 41 El Papa no sabía realmente, lo que ocurría en Chile, No en su exacta dimensión. // La emoción con que escuchó los testimonios de los protagonistas de esta historia de más de trece años de dictadura militar, en los dos primeros actos masivos a que asistió -con los pobladores y con los jóvenes-, fue reveladora. // Tanto que en el primer encuentro, cuando Luisa Riveros -saliéndose del discurso entregado antes a los periodistas- terminó con voz quebrada su apretada síntesis de sufrimientos de los sectores más humildes y mayoritarios del país, la llamó a su lado para darle su bendición. Contó Luisa más tarde que cuando se acercó a su lado, le pidió una vez más: “Santo Padre, el pueblo de Chile se está desangrando. Hay mucho, demasiado sufrimiento”. Y él, poniéndole su mano en la cabeza, le respondió: “Muy valeroso su discurso, señora. Y la felicitó” (Cauce, Nº 102: 42). Podemos señalar entonces que, para entonces, la politización del movimiento social era evidente, aprovechando todas las instancias posibles para denunciar a la dictadura. Los partidos políticos utilizaron esta plataforma, en un momento de plena madurez de su trabajo entre las bases del pueblo chileno. La izquierda se había reconvertido desde el MDP a Izquierda Unida y convocó su propio acto en torno al plebiscito, pese a que no todos sus grupos estaban de acuerdo en seguir el itinerario político pinochetista. 44 Sin embargo, la cultura de la manifestación cambió radicalmente en Chile, creemos que las formas violentas de expresión se instituyeron para entender la relación entre los sectores sociales organizados en la oposición y el Estado que emergió por y desde la dictadura. Por otra parte, el movimiento social opositor se reunió en la diversidad de demandas y argumentos que focalizaron en la dictadura su objetivo fundamental. Ello conllevó diferencias políticas que se representaron en mecanismos muy identificables, mediados por el eventual uso de la violencia. Veamos este elemento esencial para nuestro análisis. 6.2.- Los desórdenes callejeros y la violencia urbana. Los incidentes callejeros en los espacios públicos se presentaron a finales de la década de los setenta y, en nuestra opinión, se fueron radicalizando, tornándose progresivamente violentos como consecuencia de la intolerancia del Estado dictatorial para aceptar la disidencia. En este apartado realizaremos un análisis del fenómeno recién señalado, tomando en La masiva concentración en el Parque La Bandera (Santiago) comprobó la fuerza social que aún concurría a sus convocatorias, así como las referencias discursivas, fieles al allendismo. 44 cuenta los actores que protagonizaron los incidentes. A partir de allí, ahondaremos en las características de los desórdenes callejeros ocurridos durante la dictadura. Primero estudiaremos los mítines y sus derivaciones como manifestación política del espacio público. En segundo lugar analizaremos la propaganda armada como generadora de incidentes en el espacio urbano, refiriendo algunos de los hechos más significativos en torno a ello. Después revisaremos las barricadas, cortes de calles y de suministro de energía, propios de los desmanes que buscamos caracterizar y entender en el marco del conflicto político y social que vivió el país por ese entonces. Las protestas alcanzaron su punto máximo entre 1983 y 1984. 45 Los incidentes callejeros que tuvieron lugar en este período revistieron una gran peligrosidad durante la dictadura, de hecho muchas personas fueron heridas y algunas muertas sólo por manifestarse en el espacio público. Nuestro argumento en relación a estos desórdenes se funda en lo que denominamos violencia de baja intensidad, la que se hizo sentir en diferentes momentos y lugares, siendo una actividad permanente de los grupos más politizados. Esta violencia se naturalizó con el paso de los años, hasta hacerse parte de la movilización popular hacia fines de la dictadura. Ahora entraremos en la primera de las formas que hemos encontrado como parte de los incidentes callejeros: los mítines y su derivación en el transcurso del período estudiado. 6.2.1.- Los mítines, forma inicial de protesta. Los mítines fueron la primera forma de manifestación de disidencia al régimen dictatorial. Estos mecanismos representaron los desórdenes propios del conflicto político vivido en Chile. Una de las primeras modalidades fueron los mítines relámpago, encuentros planificadas por grupos opositores, que se disolvían rápidamente tras efectuar una denuncia en el espacio público. Una vez aparecidas las protestas nacionales, los mítines relámpago fueron superados rápidamente como mecanismo de movilización. Ello no significa que esos El texto de De la Maza y Garcés (1985) hace una exhaustiva revisión de las jornadas de protesta de estos años, los más activos en la ocupación violenta del espacio público. José Wenstein (1988) centra su estudio en la identidad juvenil poblacional para explicar el desarrollo histórico y las causalidades de las protestas nacionales. Gabriel Salazar (1990) elabora un análisis del proceso desde las matrices socio-históricas. Consideramos a estos autores como el inicio de nuestras reflexiones, dado que estos trabajos son pioneros en este ámbito. 45 mítines relámpago desaparecieran durante las jornadas de protesta nacional, más bien, fueron agregados al repertorio de movilizaciones. Fueron numerosos los mítines relámpago que se produjeron a fines de la década de 1970 y por diversos motivos (violaciones derechos humanos, día del trabajo, día internacional de la mujer, etc.). Un primer ejemplo del mecanismo se produjo en 1977, cuando se efectuó un mitin en el Paseo Ahumada que terminó con diez detenidos. Éste tuvo lugar a raíz del llamado a consulta nacional realizado por Pinochet, el cual tenía por fin contestar la resolución contraria al gobierno debido a las violaciones a los derechos humanos. La violencia policial se evidenció en las detenciones, que incluyeron reporteros y dejaron múltiples heridos por contusiones: Diez personas fueron detenidas ayer por provocar desórdenes en el Paseo Ahumada al llegar a calle Huérfanos. Entre ellas figuraron periodistas que cumplían su deber profesional. Todas fueron dejadas en libertad luego de comprobar sus respectivos domicilios. // Las personas que estuvieron algunas horas detenidas en la Primera Comisaría de Carabineros son: Claudio Fuenzalida Bunster, dibujante de 35 años de edad; […] Miguel Garay Martínez, reportero gráfico de la revista “Qué Pasa”, 21 años; Miguel Garuz Jiménez, 24 años, soltero; Raúl Salamanca Jorquera, 53 años, abogado de La Serena y Carmen Ximena Rojo Urrutia (El Mercurio, 28-12-1977: 33). El mitin relámpago fue una acción característica de las agrupaciones de derechos humanos. Cabe destacar que la mayoría de estas acciones fueron protagonizadas por mujeres, grupo significativo de las movilizaciones por la defensa de los derechos humanos. 46 Mítines relámpago se produjeron también el día del trabajador de 1979 resultó en múltiples desórdenes en distintos puntos de la capital, cerca de trescientos detenidos, a quienes se aplicó la ley de seguridad interior del Estado. 47 El día internacional de la mujer de 1980 también implicó mítines relámpago: más de cincuenta detenidos, la mayoría mujeres, fue el resultado de la primera conmemoración de un ocho de marzo con movilizaciones en la calle. 48 En función de la lucha de pobladores sin casa, se tomaron terrenos en la periferia En 1979 vemos ciertas variaciones en el mecanismo, como la acción de encadenamiento a las rejas del edificio del ex congreso nacional, que resultó con más de sesenta detenidos, luego de protagonizar un mitin relámpago en el simbólico edificio (El Mercurio, 19-04-1979: C4). 47 Hubo a lo menos cuatro mítines relámpago en la misma fecha 48 La prensa señaló que la fecha fue acordada en la URSS, refiriéndola a la órbita comunista, y por lo tanto, contraria a la ideología del régimen (El Mercurio, 9-03-1980: C1). 46 santiaguina. En esta ocasión un nuevo mitin relámpago se usó como mecanismo movilizador en apoyo a los pobladores, fundamentales en el desarrollo de las protestas nacionales: La situación de más de 200 familias que, irrumpiendo el “orden y tranquilidad” de la madrugada de un 22 de julio, procedieron a ocupar terrenos fiscales -destinados a la recreación, enfatizaron las autoridades- en el paradero 28 de Santa Rosa (población La Bandera), continúa sin más variación que el aumento progresivo de las enfermedades infecciosas y el gesto y la palabra cada vez más agria de quienes soportaban hace cinco meses una angustia que se proyecta insostenible. // Cansados ya de sobrevivir en pequeñas piezas de modestas viviendas de parientes y amigos algo más afortunados y donde debían pernoctar con sus mujeres e hijos hasta que el dueño de casa así lo dispusiese, se organizaron y decidieron, tras 2 años y nueve meses de tramitación estéril, tomarse los terrenos pertenecientes al Estado. Antonio Gutiérrez fue uno de los 70 hombres apresados y posteriormente fichados por las fuerzas policiales que procedió a desalojarlos esa misma noche. La represión “persuasiva” cobró su primer saldo: tres mujeres abortaron como consecuencia de los golpes recibidos (Análisis, Nº 30: 19). Ya en 1981 los mítines relámpagos y las posteriores detenciones seguían haciéndose comunes en la movilización opositora. Podemos notar que, llegados a este punto, se efectuaron acciones de este tipo fuera de las fechas ya constituidas como eclosiones de la resistencia y coincidentes con las conmemoraciones como el primero de mayo o el ocho de marzo. Sin embargo, esas fechas siguieron presentando fuerte actividad en relación a los mítines relámpago y posteriores desórdenes. Como hemos visto, el mecanismo fue profusamente utilizado durante los años previos al ciclo de protestas; los más diversos sujetos sociales identificados con la oposición al régimen utilizaron este mecanismo del repertorio del movimiento social. Paralelamente a esa situación, en Concepción y Santiago hubo detenciones por manifestaciones. El mitin relámpago todavía era un mecanismo importante en el centro cívico y comercial de las ciudades. En agosto de 1981 volvieron a reproducirse incidentes de este tipo, esta vez con la aparición de bombas lacrimógenas y disparos para disolver a los manifestantes: Tras un día tenso -donde los tribunales fueron centro permanente de actividad- a las 5 de la tarde la capital se empezó a paralizar. Con su Toque de Queda el gobierno logró lo que no habían logrado los trabajadores: el paro total. A las 7 el centro estaba desierto, el comercio cerrado y no había locomoción. Otro tanto ocurría en Concepción, donde durante todo el día no cesó la actividad callejera de protesta pacífica con concentraciones en el centro (Análisis, Nº 60: 15). Creemos que el mitin relámpago fue cediendo su lugar de privilegio en las movilizaciones debido al mayor número de participantes en las protestas, además del aprendizaje que significó el lidiar constantemente con la acción represora de la policía, todo ello generó formas más arriesgadas de lucha y organización callejera. La excepción vino por parte del movimiento por los derechos humanos que continuó utilizándolo. 49 Durante los últimos años del régimen, los mítines organizados en el centro de las ciudades enfrentaron una cruenta represión policial, las acciones resistentes fueron atacadas incluso en los mítines pacíficos convocados para denunciar a la dictadura. 50 Estos hechos se replicaron durante la década, en Valdivia hubo heridos tras una manifestación contra la municipalización: Un estudiante y un oficial de carabineros resultaron heridos durante violentos incidentes que se produjeron antenoche en el sector céntrico de esta ciudad, cuando fuerzas policiales procedieron a disolver una manifestación protagonizada por estudiantes de universitarios (sic) y de enseñanza media, que culminó con tres detenidos. // Durante los hechos, el comisario de Valdivia mayor Pedro Alcayaga Zúñiga fue atacado por un manifestante que por medio de un objeto contundente, al parecer una botella, golpeó al oficial en el rostro, provocándole una contusión nasal y un corte en la ceja derecha que obligó a su atención en el Servicio de Urgencia del Hospital Kennedy, donde se le aplicó puntos de sutura en la región afectada. // Un joven de 15 años de edad, identificado como Samuel Oliva Ortiz, alumno de segundo año en el Liceo Comercial de esta ciudad, fue herido de bala en un muslo. Los disparos, de acuerdo a versiones de testigos, los habría realizado un carabinero fuera de servicio, que primeramente intentó quitar una barricada que los manifestantes habían colocado en calle Arauco (El Mercurio, 26-04-1986: C2). La propaganda armada fue otra manera de intervenir el espacio público con un claro sentido político que, si bien no fue tan habitual como el mitin, causó gran impacto. A continuación analizaremos los sucesos relacionados con la propaganda armada protagonizada por grupos milicianos. 6.2.2.- Acciones de propaganda armada. Las acciones de propaganda armada fueron intervenciones en el espacio público por parte de grupos armados de la resistencia política. Estas acciones tuvieron un formato común y su aparición sorpresiva obedeció a diversas motivaciones. Estas acciones consistieron en la ocupación de espacios públicos, básicamente en barricadas, cortes de En octubre de 1984 el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo se manifestó intempestivamente en el frontis de los tribunales capitalinos y en la Catedral de Concepción. 50 Los mítines y desórdenes no produjeron resultados de muerte, pero causaron graves daños. Como en septiembre de 1987, cuando frente al Teatro Municipal de Santiago, una bala en la cabeza hirió a María Paz Santibáñez, una estudiante de la Universidad de Chile. 49 calles y toma de buses, a través de grupos de milicianos que portaban armas de fuego. Estas acciones se realizaron en diversidad de manifestaciones o durante las jornadas de protesta nacional. La propaganda armada fue constante desde 1978, alentada por la reactivación de las milicias miristas, entre otros grupos de menor actividad. Desde 1983 las acciones de propaganda armada se agregaron al ciclo de movilizaciones. El gran cataclismo que significaron las protestas nacionales contó con este tipo de acciones, ya bastante ensayadas por los grupos subversivos. Las fuentes consultadas nos permiten señalar que las acciones de propaganda armada se produjeron, prioritariamente, por reivindicaciones relativos al trabajo, las manifestaciones del ciclo de protestas y los funerales de activistas y militantes. La toma de autobuses fue una acción de propaganda armada muy constante durante estos años, causando sorpresa entre la población civil, pues el transporte público era de vital importancia para la cotidianeidad de las ciudades chilenas de la época. El primer asalto a un bus de la empresa Madeco lo registramos en marzo de 1979, en Santiago. La acción de propaganda armada del MIR guardaba relación con la denuncia del sistema económico y político que se instalaba en el país en ese momento: De esta forma la Resistencia Popular iniciaba nuevas formas de Propaganda Armada, los destacamentos de vanguardia vinculaban la acción armada a los intereses concretos de los trabajadores de Madeco. La acción de propaganda armada permitió denunciar, además, la superexplotación patronal en la industria, los despidos a goteras (de 1380 obreros hoy sólo quedan 560) los bajos salarios, los sapos e informantes que paga la empresa y la persecución abierta contra los sindicatos. // La acción de comando cumplió plenamente sus objetivos, demostrando en la práctica que es posible realizar acciones de Propaganda Armada que permitan romper el cerco informativo de la dictadura y denunciar la superexplotación laboral. Todo esto cuando la represión moviliza masivamente a los esbirros del régimen, tratando de detener el avance de la Resistencia Popular (El Rebelde Nº 147, 1979:15, 16). Por lo anterior, podemos colegir que al MIR le interesaba sobremanera la reestructuración de las organizaciones sindicales, sobre todo si consideramos la fuerte impronta que éstas tenían sobre el movimiento social en su conjunto. El formato de propaganda armada ya se exhibía claramente. Si ahondamos en ello, a partir del año 1979 se sucedieron acciones de corte propagandístico por parte de las Milicias de la Resistencia Popular. Si bien las motivaciones continuaron siendo las mismas, los métodos se refinaron y masificaron. Los cortes de calle se produjeron en las noches y en los barrios populares, mientras que los secuestros de microbuses fueron escogidos como procedimiento favorito para la propaganda armada. Entre las motivaciones para la propaganda armada estuvo la reivindicación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. 51 El aniversario número catorce del MIR trajo la muerte de Federico Álvarez Santibáñez, quien falleció tras ser sorprendido haciendo propaganda en el centro de Santiago. Éste fue herido al huir, lo cual le valió padecer seis días de torturas por parte de la CNI, muriendo finalmente en la Posta Central: El 21 de agosto de 1979 falleció el profesor Federico Renato ÁLVAREZ SANTIBÁÑEZ, 52 militante del MIR. Había sido detenido el 14 de agosto en Santiago por funcionarios de Carabineros en circunstancias, según se señaló, que se preparaba para colocar un artefacto explosivo. Otras versiones, de efectivos que participaron en la detención, indican simplemente que se encontraba lanzando panfletos. // Posteriormente se hacen cargo de su detención funcionarios de la CNI. El 20 de agosto fue conducido por éstos a declarar ante la 3ª Fiscalía Militar. Abogados que se encontraban presentes en ese recinto pudieron apreciar las muy malas condiciones físicas en las que se encontraba. De ahí fue conducido a la enfermería de la Penitenciaría, no accediéndose a llevarlo a un hospital. Al día siguiente falleció en la Posta Central donde había sido llevado de urgencia. Al ingresar se le diagnosticó contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 1011). En el caso de la actividad sindical también se produjeron hechos de propaganda armada ligados a la resistencia. En diciembre de 1980 Santiago presenció una acción en Avenida Valdovinos con Ramírez, consistente en la toma de un bus de la Compañía Tecnoindustrial. En la ocasión se colocó un lienzo de apoyo a la huelga de la fábrica Panal: 53 Una barricada con corte de tránsito, quema de neumáticos, repartición de volantes, colocación de lienzos y un mitin en un bus de trabajadores de la Industria Compañía Tecno Industrial (CTI), efectuó el comando “Juan Olivares” de las Milicias, el 4 de diciembre a las 18 horas, en la intersección de las calles La Feria y Carlos Valdovinos (ex San Joaquín). // La acción miliciana, recibida por (sic) entusiasmo por los transeúntes y habitantes del populoso sector, se realizó a escasa distancia de la Tenencia de Carabineros Carlos Valdovinos (ex San Joaquín), sin que éstos se atrevieran a intervenir. Los primeros en llegar al lugar después de la acción, fueron los bomberos. Luego se hicieron presentes los efectivos de la CNI, en más de 40 vehículos, en su mayoría taxis colectivos de diferentes líneas. El oficial a cargo de la CNI recriminó a la cajera de la panadería del sector y al dueño de una ferretería, por no haber dado aviso telefónico de la acción, quienes le respondieron que no se metían en nada. “Lo que ocurre que a todos Uds. les gusta que pasen estas cosas”, gritó el enfurecido capitán de la CNI, que luego llamó la atención al oficial de Carabineros a En abril de 1979 un comando del MIR de la ciudad de Santiago, denominado Diana Aron, llevó a cabo la toma del casino de la Editorial Gabriela Mistral. El nombre de este grupo honraba a una detenida desaparecida del MIR. muchos grupos milicianos utilizaron nombres de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos para sus acciones. 52 Negritas y mayúsculas en el original. 53 Recordemos que la huelga de Panal fue una de las primeras huelgas de importancia en esta etapa de la dictadura y junto a la aparición de la CNS conformaron hitos de la reestructuración del trabajo político sindical en el país. 51 cargo de la Tenencia por no haber intervenido. “Non tenemos condiciones para enfrentarnos a milicianos”, fue la respuesta del oficial de Carabineros (AIR, 1-01-1981: 3). Acercándonos al período álgido de las protestas, en las grandes ciudades se desarrollaron como método de denuncia contra las políticas económicas del régimen. Los secuestros de microbuses vivieron un proceso de radicalización en las formas. Varios de estos hechos concluyeron con la quema de los vehículos. Los objetivos de estas acciones fueron la realización de agitación y propaganda en contra del régimen. Las barricadas incendiarias fueron de uso constante en la década de los ochenta, hasta el término del régimen de Augusto Pinochet. Por otra parte, el reporte nos deja ver el uso frecuente de molotovs y miguelitos, 54 relevando la baja intensidad de la violencia política por parte de los grupos resistentes de ese momento. Así, las fechas históricas se van llenando de contenido en el devenir de las acciones que movilizaron políticamente a los grupos con un proyecto y una estrategia. Es el caso de quienes, desde las milicias de resistencia, provocaron a la sociedad y enfrentaron al poder político y militar, utilizando la propaganda armada como mecanismo privilegiado de movilización. Una vez el ciclo de movilizaciones comenzó a decaer, las acciones de este tipo se difuminaron Todavía con los ecos de las protestas, resurgió momentáneamente esta estrategia, ahora en un contexto diferente, marcado por la existencia de partidos organizados que buscaban una negociación con el régimen. 55 La prensa opositora remarcó las consecuencias de la acción mirista: En general las casas allanadas fueron de familias que han sido víctimas de la represión: exiliados, relegados detenidos, familiares de presos políticos y dirigentes de organizaciones de derechos humanos. Una de ellas, Sonia San Martín M, es miembro de la Coordinadora de Agrupaciones Poblacionales (COAPO), recibió la visita de alrededor de 50 personas entre Carabineros y civiles encapuchados. Llegaron derechamente preguntando por armas. Destruyeron paredes, closets y diversos enseres. Leyeron minuciosamente cartas personales, especialmente de familiares en el exilio y nuevamente preguntaron sobre su participación en el acto del 14 de junio, ocasión en que, presuntamente, el MIR realizó una acción de propaganda armada. Al retirarse descubrieron una agenda personal de un hijo estudiante y copiaron todas las direcciones y números telefónicos (Cauce, Nº 115: 42-43). 54 Artefactos metálicos hechos con clavos doblados, su objetivo era reventar los neumáticos de los vehículos de la policía y automovilistas. 55 En julio de 1987, una importante acción de propaganda armada fue realizada por el MIR en la población Santa Olga (Santiago). Sin lugar a dudas la oposición centrista buscaba hacer una lectura lejana a la efectividad de estas acciones, explicándolas desde las represalias que implicaba para los ciudadanos y el entorpecimiento de la negociación. Pero la propaganda armada tuvo gran relevancia durante la dictadura y permitió generar una voz antagónica a la verdad oficial. Más allá de la efectividad de sus métodos, definió la identidad de los sectores radicalizados de la política chilena, cuestión que fue denostada por algunos y olvidada por la mayoría. Un tercer elemento, emparentado con la propaganda armada, característico de los desórdenes callejeros fueron las barricadas y los cortes de energía. A continuación estudiaremos los eventos relativos a esta tipología. 6.2.3.- Las barricadas, un uso político del espacio público. Las barricadas y cortes de energía eléctrica fueron una estrategia común de manifestación urbana identificada con los sectores de la izquierda más radical. Los apagones, a través de los cadenazos, 56 fueron un símbolo de las protestas chilenas de los ochenta; esta forma de alteración del orden buscó interrumpir el suministro eléctrico para alterar la normalidad de la vida cotidiana en la sociedad. Las barricadas y cortes de energía fueron parte de un repertorio de movilización que involucró a diversidad de actores y que se naturalizó en el período de las jornadas de protesta nacional, persistiendo más allá de ellas. Los desórdenes callejeros se caracterizaron por estas acciones y formaron parte del ambiente social y político de fines de la dictadura. Estas acciones fueron de habitual ocurrencia en la década de los ochenta, especialmente durante las convocatorias a protestas de la oposición. 57 La capacidad que habían alcanzado los grupos resistentes les posibilitó ejecutar las barricadas; en ellas encontraron la forma de adherir a la convocatoria a la protesta nacional, pero desde su propia identidad política, mediada por la violencia de baja intensidad. 58 A partir de ese momento los barrios periféricos de Santiago, Valparaíso y Concepción vieron aumentar el uso de las barricadas y los cortes nocturnos de suministro Se refiere así a la acción de lanzar cadenas o alambres metálicos al tendido eléctrico para provocar su colapso y el posterior corte del suministro energético. 57 En diciembre de 1982 ocurrieron incidentes y barricadas en el centro de Concepción, esta vez y durante la noche, hubo cortes de electricidad en grandes zonas de la ciudad, las que fueron acompañadas de fogatas en algunos barrios (El Sur, 17-12-1982: 4). 58 En Santiago, los cortes de energía eléctrica fueron de uso habitual. En julio de 1983 se registraron más de doscientos cortes de energía. 56 eléctrico. Así ocurrió en barrios como La Victoria, La Bandera o San Gregorio, en septiembre de 1983. Las estrategias del régimen para contestar las manifestaciones incluyeron la difusión de rumores que buscaban producir temor entre los pobladores: Las denuncias sobre posibles ataques se recibieron de las poblaciones Santa Olga, Santa Adriana, San Gregorio y Villa O'Higgins. Allí se lanzaron panfletos y carabineros informó a sus habitantes que serían atacados y sus casas quemadas por pobladores de otros lugares. // La Victoria, una de !as poblaciones acusada de promover estos ataques, declaró a través de sus organizaciones populares, comunidades cristianas y su párroco, Pierre Dubois, que "no propiciamos la violencia para la reconquista de nuestros derechos y menos la violencia contra nuestros hermanos y compañeros ... Les aseguramos, a todos los que han sido afectados por estos rumores, nuestra total solidaridad y apoyo en la búsqueda de caminos eficaces para la construcción de la paz y la justicia” (Solidaridad, Nº 163: 19). Pero es importante caracterizar estos desórdenes con mayor especificidad. Las acciones contra el tendido eléctrico fueron tan habituales como incontrolables; además, esta forma de protesta y sabotaje fue de uso exclusivo de las grandes ciudades. En este sentido conviene señalar que tal práctica terminó por naturalizarse como una forma de protesta que el gobierno dictatorial, evidentemente, condenó. En agosto y septiembre de 1985 se produjeron barricadas y cortes de calles en las cercanías de las casas de estudios, en universidades de Santiago y Concepción. El protagonismo de los estudiantes universitarios encontró mayor realce debido a las paralizaciones por reivindicaciones propias de su sector. 59 Por ese entonces en el marco del conflicto educacional generado por la dictadura, grupos de estudiantes universitarios y secundarios pedían la renuncia del ministro de Educación. Sergio Gaete: Con la nueva fuerza que recibieron en la última semana, los estudiantes se sienten con más fuerza como para, incluso, hacer más exigencias. “Este momento de represión, marca una situación en que se advierte, más que nunca, que los emplazamientos no deben venir desde la derecha hacia la oposición, sino todo lo contrario”, dijo un dirigente. “Tras el Acuerdo Nacional estamos en un momento de definiciones cruciales, y esa derecha debe aclarar si su objetivo es efectivamente acelerar una salida a la democracia o hacer entrar a la oposición en un juego de inmovilidad e incoherencia. La movilización social, señores, no se va a detener (Apsi, Nº 163: 8). Los hechos de este tipo fueron combatidos férreamente por la policía, a estas alturas 59 En octubre de 1985 las barricadas de estudiantes en La Alameda, centro de la capital, evidenciaban la masividad de las acciones de violencia urbana. militarizada, para intervenir las poblaciones y grupos estudiantiles. 60 Una vez que el ciclo de protestas se encontraba en baja, seguían produciéndose barricadas y cortes de energía. 61 El ejercicio movilizatorio ya no reportaba la masividad de los años precedentes, pero seguía ocurriendo. Finalizando el período, en marzo de 1988, hubo una extraña combinación de formas movilizatorias y de intervención política del espacio público. 62 Los grupos actuaban convocados por las causas propias del movimiento, pero utilizando sus habituales mecanismos de movilización. Éstos, además de aprovechar la inauguración del año judicial, lanzaron octavillas por un nuevo ocho de marzo, día internacional de la mujer: El gobierno tuvo miedo y no autorizó la concentración y marcha de las mujeres por el centro de Santiago, pero igual se conmemoró el Día Internacional de la Mujer... y en la calle. // De gran importancia fue el no acatar la imposición represiva pues esta movilización prolonga las jornadas de lucha de los primeros meses del año y estimulará las próximas en las que se arremeterá con muchas ganas a la tiranía. // Ya en los días anteriores al 8 de marzo se vislumbró el ánimo combativo de las mujeres y el espíritu solidario de los hombres. Prácticamente no quedó lugar en Santiago al margen de los actos previos. En ellos, juntos con recordar la fecha histórica, las mujeres agregaron sus propias demandas. Fue así que algunas se juntaron “Por la vida”, otras por las “Reivindicaciones populares”. También llamaron a “Luchar por tus hijos, mañana será tarde”, en contra de la municipalización de la educación y la salud (hubo compañía de profesores, sindicalistas y trabajadores del PEM de la zona) (El Rebelde, Nº 249: 5). Este “enjambre” de repertorio movilizador pudo obedecer, en nuestra opinión, al carácter plebiscitario del año 1988 y, por lo tanto, a la necesidad de todos los grupos de interés por visibilizar sus demandas, desde su propia identidad, la que incluyó los mecanismos de movilización que les fueron propios durante la dictadura. Como una marea incontenible, estas formas de movilización se expresaron en el ciclo de protestas nacionales, un estallido de rabia social contra el régimen cívico militar. Ahora entraremos en el análisis pormenorizado de los tres años que cambiaron el desarrollo del conflicto político. En julio de 1986 se produjeron barricadas y enfrentamientos en Conchalí (Santiago) contra los procesos de municipalización de centros educativos. Una bala disparada por carabineros mató a una joven, Guadalupe Chamorro, asesora del hogar (El Mercurio, 20-06-1986: C8). 61 En Concepción estos sucesos resultaron con seis detenidos, luego de provocar importantes cortes de suministro (El Sur, 3-05-1987: 5). 62 Fogatas y barricadas fueron instaladas en las calles cercanas al ex congreso nacional. Al mismo tiempo un grupo de activistas de los derechos humanos se encadenaba en el edificio. 60 6.3.- El ciclo de protestas nacionales. A continuación analizaremos el período desarrollado entre 1983 y 1986, correspondiente al ciclo de protestas nacionales. Indagaremos acerca de los mecanismos que se reconocen como parte de este ciclo, entre los que se cuentan algunos ya señalados en los apartados precedentes. Por su parte, en este período destacaron, de manera exclusiva, los incendios intencionales de microbuses y el saqueo a locales comerciales. Luego, profundizaremos en el análisis de las diversas jornadas, sus actores y eventos más significativos, intercalando las reflexiones que, para el proceso, nos parecen importantes. En medio del cúmulo de hechos represivos, destacaremos los elementos que hicieron mayor sentido al movimiento social en su perspectiva política. Comencemos definiendo el período y las ideas que se han generado en torno al ciclo de protestas nacionales. 6.3.1.- La definición del ciclo de protestas. Definimos las protestas de los ochenta como un ciclo (Salazar, 2012), porque consideramos las quince convocatorias hechas por agrupaciones sindicales, sociales y políticas en un período delimitado de tiempo. Los objetivos y definiciones que se argumentaron a favor de estos llamados fueron acotados y referidos al identificar un movimiento opositor al régimen de facto. La juventud poblacional expresó esa idea de manera clara a través de su relación con el régimen: Otra forma que adquiere esta situación límite es el desamparo ante los intentos de manipulación del Gobierno. Para el régimen imperante, la juventud poblacional no ha sido merecedora de una política juvenil nacional. La Secretaria Nacional de la Juventud se inserta en las poblacionales a través de organismos juveniles que sólo buscan la adhesión ideológica y si ésta no se da, el joven pierde su alero. Como señala una muchacha de Lo Hermida “para el desfile del 9 de septiembre los dirigentes de la Secretaria de la Juventud nos dijeron que debíamos asistir al acto y que si no lo hacíamos, dejaríamos de recibir el apoyo de ellos, el que consistía en un local para reunirnos, un preuniversitario gratis y otro tipo de ayuda material (Cauce, Nº 1, 1983:13). Si reparamos en los eventos que caracterizaron estas manifestaciones podemos percatarnos de su masividad, pero también de los usos que tuvo el espacio público, principalmente, por parte de los sujetos intervinientes en las protestas: activistas de derechos humanos, estudiantes, trabajadores, mujeres y pobladores en general. Todos ellos coincidieron en que sus estrategias debían posicionarse en lugares públicos para visibilizar su mensaje. Las protestas nacionales vinieron precedidas de una constante actividad sectorial de los sujetos protagonistas de las manifestaciones (De la Maza y Garcés, 1985; Garretón, 1987). Las convocatorias fueron generadas por todos ellos, asumiendo el rol histórico y la cultura política chilena, siempre aliada a los partidos políticos. Respecto a los paros nacionales de este ciclo: La primera protesta tuvo lugar el 11 de mayo de 1983, convocada por la Coordinadora Nacional Sindical y la Confederación de Trabajadores del Cobre. La identidad de los convocantes oculta tanto como informa. Esas organizaciones operacionalizaban el consenso político alcanzado por los partidos. Como es bien sabido, existía un control político-partidario de las cúpulas de las organizaciones sindicales. De modo tal que la convocatoria de esta protesta fue primero decidida en el nivel partidario y después implementada en el nivel sindical. Lo que aportó el movimiento sindical, en este caso la Confederación de Trabajadores del Cobre, fue un liderazgo apropiado, con carisma, fuerza, capacidad de convocatoria y también con coraje para asumir el rol protagónico (Moulian: 2002: 272). Ahora bien, la confluencia de sectores que sobrepasaron la identidad trabajadora en las manifestaciones vino dada por el nuevo contexto político que la dictadura representó. 63 Es en ese plano que se relevaron los alcances políticos que tuvo este ciclo para el proceso de liberalización política vivido a mediados de los ochenta. Las protestas actuaron como un catalizador que expresó la necesidad de acuerdos para preservar el cambio estructural propuesto por la dictadura. Las convocatorias fueron efectuadas, con el pasar de los eventos, por actores muy diversos, entre los que se cuentan agrupaciones sindicales y los conglomerados políticos.64 Todos ellos se hicieron parte de la organización de las protestas nacionales, protagonizando la negociación en torno al conflicto: […] El Ministro del Interior se reunió en tres oportunidades con algunos políticos del PDC y de derecha pertenecientes al organismo convocante de las protestas, el PRODEN, y aceptó participar en un diálogo con los dirigentes de la Alianza Democrática, el que fue dificultado por los dirigentes opositores, que planteaba la necesidad de la renuncia de Pinochet, algo inaceptable para Jarpa. // Los encuentros con los dirigentes de la Alianza Democrática fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación, incluidos los partidarios de Gobierno, que querían mostrar el nuevo 63 A saber, un verdadero cambio ideológico en el Estado expresado por la constitución política de 1980 y las nuevas políticas públicas definidas por el neoliberalismo y la doctrina de seguridad interior del Estado. 64 Ya fuera la Alianza Democrática (AD), el Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional (PRODEN) o el Movimiento Democrático Popular (MDP). espíritu del régimen. Pese a que el “diálogo” no produjo resultados, tuvo un importante efecto en el sentido de fortalecer la visibilidad de los dirigentes opositores. Reconocidos como legítimos interlocutores de la autoridad. La Alianza Democrática pudo realizar un acto de masas en el parque O’Higgins, demostrando una considerable capacidad de movilización, reuniendo aproximadamente 300.000 personas (Huneeus. 2005: 521-522). Los mecanismos y estrategias que se estructuraron en el ciclo estudiado no distaron de los definidos para las manifestaciones y los desórdenes callejeros, es más, el ciclo los reunió y potenció, generando su masividad. Por lo tanto, el repertorio se definió con claridad en espacios temporales y geográficos muy identificables. Conviene señalar que fue el activismo sindicalista el que convocó las protestas, haciendo honor a su rol protagónico en el movimiento social del siglo XX. Es así que la manifestación, a través de mítines y marchas, centró cada una de las convocatorias de este ciclo. Ante la imposibilidad legal de cumplir con los llamados a paralizaciones generales, fue ésta la forma institucional de manifestar el mensaje de los llamados que los organizadores produjeron La respuesta de la dictadura vino a través de la represión a las manifestaciones. El endurecimiento del toque de queda y los estados de excepción permitieron que la cifra de muertos y heridos se elevara de manera crítica. 65 La interrupción de la normalidad social, dada por el tránsito y la productividad laboral y académica, configuró un objetivo específico para los llamados a protesta nacional. Esos objetivos estuvieron mediados por el interés partidario que condujo las protestas desde una clara estrategia política: […] Por otro lado, es necesario ordenar el conjunto de formas de enfrentamiento con el Régimen protestas nacionales, huelgas de pagos a bancos, financieras y servicios públicos, boicots de diferente tipo, tomas de viviendas deshabitadas y otras- en la perspectiva de generar un gran y exitoso Paro Nacional indefinido, que ponga en jaque definitivamente a la dictadura. De hecho, movilizaciones desestabilizantes y Paro Nacional son los elementos indivisibles de la acumulación de fuerzas para el derrocamiento de Pinochet. Hacia ese objetivo debe avanzarse sistemática y persistentemente, generando fuerza popular, debidamente organizada y conducida políticamente de manera adecuada (Unidad y Lucha, Nº 69: 2). Pero más allá del discurso político, nos interesa reconocer el período en sus formas de movilización. Durante las grandes protestas nacionales el saqueo fue la forma más clara Llegando a ciento ochenta y siete los fallecidos, según la Vicaría de la solidaridad. La cifra podría variar según las distintas agrupaciones de derechos humanos (Garcés, 2011). 65 de ocupación violenta del espacio público, así como también del rechazo que provocó la política económica del régimen pinochetista. Podríamos señalar que el saqueo fue una estrategia de sobrevivencia, si se quiere, muy cercana a lo delictual. Pero, por otra parte, es un acto de rechazo al cuestionado modelo económico que se implantó; nosotros pensamos que fue una respuesta a la idea de orden político y social propuesto por la dictadura. Las protestas y sus características definirían el tipo de relación que continuaron teniendo las manifestaciones en Chile. Revisemos el desarrollo histórico de este ciclo para comprender los fundamentos de estas reflexiones. 6.3.2.- El desarrollo histórico del ciclo de protestas. Los hechos históricos que fueron parte del ciclo de protestas nos ayuda a comprender, luego de haber repasado los elementos constitutivos del movimiento social opositor y de sus formas de resistencia, las características del punto de inflexión del régimen dictatorial. La radicalidad del movimiento social hizo posible el desarrollo de protestas masivas que involucraron a diversos sectores populares. 66 El convocante principal de las primeras jornadas de protesta fue el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) que agrupó y sumó a diversos sindicatos opositores. 67 Los disturbios en la periferia de Santiago fueron de gran calado. 68 Las convocatorias hechas por partidos políticos, organizaciones sociales y comandos organizados, resultaron en disturbios, consolidando el repertorio de movilización. 69 Si bien los sindicatos no participaron, es notorio que los actores protagonistas de los eventos de violencia urbana respondieron no al convocante, si no al mensaje y, en el trasfondo, a los métodos utilizados: En 1983, luego de un duro primero de mayo, se produjo la convocatoria de la CNS y de los trabajadores del cobre (CTC), ambos grupos llevaron a cabo la primera protesta nacional. 67 En junio del mismo año se produjo el segundo llamado a protesta nacional. 68 El Mercurio realizó por primera vez un reportaje al vandalismo, demostrando que los efectos de la protesta habían asentado el conflicto. La quema de locales de Cema Chile y la Secretaría Nacional de la Juventud, además de los saqueos, reflejaron las motivaciones de la protesta. Por una parte el aspecto político que radicaba en las instalaciones de la fundación de Lucía Hiriart; y, por otra parte, las razones económicas, que llevó a apoderarse violentamente de mercaderías inalcanzables producto de la crisis recesiva. (El Mercurio, 19-06-1983: D2). 69 En agosto la protesta fue convocada por la Alianza Democrática (AD) y el CNT. Los primeros convocaron para el día once, mientras la izquierda lo hizo para el once y doce. Los incidentes y daños millonarios se sumaron en Santiago y en regiones. (El Mercurio, 13-08-1983: C3). 66 La fisonomía de la Protesta cambió a partir de las 17 horas, en que la movilización colectiva comenzó a retirarse y el comercio cerró sus puertas. // Hacia los barrios residenciales, en general, se observó un acatamiento del toque de queda, al no circular vehículos. Sin embargo, a las 20 horas en punto se inició un intenso "caceroleo" que se prolongó aproximadamente una hora. En algunos casos, el entusiasmo llevó el ritmo de las ollas vacías hasta cerca de las 23 horas. // En diversos sectores populares el panorama fue distinto. Junto con el toque de cacerolas, la gente salió a las calles, organizó fogatas y manifestó en grupos prontos a escapar apenas aparecen uniformados (Solidaridad, Nº 159: 19). Los pobladores de la capital no sólo protagonizaron protestas de carácter masivo y radical, también repelieron al cuerpo de carabineros para evitar detenciones o allanamientos a las viviendas. El ojo de los actores políticos estuvo atento a lo que pasaba en los sectores periféricos. Los hechos de violencia urbana que comportaron las protestas incluyeron saqueos a supermercados y locales comerciales, particularmente importantes en Pudahuel (Santiago). Los saqueos fueron presentados en la prensa como actos vandálicos y de delincuencia, olvidando que las protestas coincidieron con la peor crisis social del siglo veinte: En la comuna de Pudahuel una turba de alrededor de cien personas asaltó, robó e incendió la ferretería de propiedad de Segundo Germán Astudillo, ubicada en Salvador Gutiérrez 6970. // El hecho ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada de ayer, informándose que los antisociales, luego de destrozar las cortinas metálicas del establecimiento comercial, penetraron en él y lo saquearon, robando diversas herramientas, mercaderías y otras especies que aún no son avaluadas. // Antes de huir los sujetos rociaron el local con bencina y le prendieron fuego, consumiéndose totalmente. Personal de la Tenencia Roosvelt, de Carabineros, y otras unidades iniciaron las investigaciones para ubicar a los autores de las acciones vandálicas (El Mercurio, 11-09-1983: C9). El servicio de transporte público se vio fuertemente perturbado por las protestas nacionales. En estas ocasiones las quemas de autobuses eran frecuentes, afectando duramente a los empresarios, usuarios y trabajadores del sistema. En esta oportunidad se impidió el acceso a los autobuses de Villa Francia (Santiago) mediante pedradas. Debido a la acción mencionada, y a la negativa de los conductores a exponerse a la violencia urbana generada en los barrios periféricos, se suspendió el servicio. 70 Las víctimas en las jornadas de protestas añadieron una cuota de dramatismo que la 70 En Concepción miles de personas participaron de la convocatoria en el centro de la ciudad. La locomoción colectiva disminuyó ostensiblemente producto del temor que provocó el incendio de un microbús en Barrio Norte. (El Sur, 10-09-1983: 1). prensa no pudo obviar. 71 Los sujetos colectivos más activos en las movilizaciones comenzaron a contar con víctimas sucesivas y que las impregnaba de la vigencia de la represión, que no era sólo una terrible memoria de los años posteriores al golpe de Estado. La dictadura comenzaba a reaccionar en torno a la nueva realidad construida por la movilización. Sergio Onofre Jarpa, Ministro del Interior, anunció un nuevo estatuto para los partidos políticos, negociado con la oposición centrista. 72 Lo anterior no es extraño si observamos que la convocatoria de octubre de 1985 produjo disturbios e incidentes similares a las protestas anteriores, haciendo temer que el malestar social fuese canalizado por el sector radicalizado: Mientras los jóvenes realizaban su concentración, la AD hacia los preparativos para las cuatro marchas que convergerían en la Alameda con Brasil. Todo estaba planificado para cuatro columnas Pan, Trabajo, Justicia y Libertad- que saldrían desde distintos puntos para converger al lugar antes señalado. La notificación enviada al Ministerio del Interior se dio por no recibida por la Intendencia, pese a que se le envió copia. La Intendencia no dio autorización para las marchas ni para la concentración en Alameda con Brasil, sugiriendo como lugar alternativo el Parque O'Higgins. La Alianza manifestó su rechazo suspendiendo el acto y señalando que estudiarían nuevas formas de "resistencia pacífica". // Frente a este vació, el Comando Unitario Democrático (CUD), organismo creado recientemente, que agrupa a varias organizaciones sociales, entre ellas el PRODEN, tomó el mando. Y en un tiempo record -menos de 24 horas- organizó una concentración, la más grande realizada en los últimos 10 años. Según cifras estimativas, el número de manifestantes fluctuó entre las 70 y 100 mil personas. Muchos de ellos se acercaban a los periodistas para decirles: "Por favor, ponga que a mi no me obligaron a venir (Solidaridad, Nº 165: 18). La gravedad y alarma pública se graficó en la reacción de instituciones civiles, las protestas provocaron un toque de alarma significativo, estremeciendo la vida cotidiana con inusual radicalidad, considerando el control férreo del espacio público al que hacía referencia la dictadura. 73 Un cambio significativo se produjo a fines de marzo de 1984, 74 las reacciones políticas del gobierno, agrupaciones gremiales y sectores políticos oficialistas hicieron una dura crítica a la convocatoria, atizadas por el desborde social y político que significó, En medio de incidentes en Concepción, Carlos Iturra resultó asesinado por un disparo hecho desde un automóvil sin identificación (El Sur, 10-09-1983: 1). 72 La negociación acabó ilegalizando al MDP (El Mercurio, 1-02-1985: A1) y ratificando a la AD como referente de la oposición para pactar la liberalización política. 73 Podemos citar la negativa del cuerpo de bomberos por asistir incendios producidos durante las jornadas de protesta (El Mercurio, 17-10-1983: C1). Por otra parte, los seguros para microbuses sufrieron alzas, debiéndose contratar seguros contra actividades subversivas, ya sea para las protestas o para ataques con explosivos (El Mercurio, 10-09-1984: C2). 74 La octava jornada de protesta nacional fue convocada por múltiples organizaciones, la mayoría de ellas sindicatos opositores. 71 generando un desafío potente al régimen. Por su parte, los grupos opositores acabaron por deslindar claramente sus posiciones: Sin embargo, a pesar de que el Gobierno no echó mano del recurso a las tropas (sic), los medios políticos consultados por APSI coinciden en evaluar la conducta gubernamental como de endurecimiento: mencionan la dictación del Estado de Emergencia, el toque de queda, la represión ejercida durante la protesta y la censura y restricciones impuestas a la prensa. Medidas que, al parecer, habrían sido adoptadas como una forma de apaciguar los ánimos más radicalmente duros, a la vez que se daba margen a una gestión más política para evitar la actual situación se devolviera un borrón y cuenta nueva a costa del conjunto de la disidencia. Es decir, se estaría en el eterno tira y afloja entre dureza y apertura, mientras el general Pinochet espera y observa (Apsi, Nº 140: 2). Cabe destacar que la AD reconoció la disminución de los efectos de la protesta, cuestión que no se condijo con los daños y disturbios provocados. Sin duda la situación de violencia urbana comenzó a incomodar a los partidos tradicionales del centro político que buscaron, decididamente, el espacio de negociación política con el régimen. 75 El año 1984 consolidó el repertorio de movilizaciones, actores y espacios intervenidos. Evidentemente, el desgaste de ambos sectores en conflicto fue importante. En ese agotamiento se hizo más lúcida la posibilidad de negociación. Un intento de moderación se dio en abril de 1985, cuando la Iglesia y organismos de derechos humanos convocar a una movilización llamada “Jornada por la vida”, pero los incidentes se produjeron igualmente. La sorpresa vino desde Temuco, una capital de fuerte presencia derechista: El acto programado para las 12 horas, sólo comenzó 25 minutos después. La situación para el Capitán General, seguramente era difícil. Se encontró con una ciudad convulsionada. Los estudiantes realizaban barricadas, en diferentes sectores se tomaron los recintos universitarios y enfrentaron a las fuerzas del orden. La policía empleó elementos disuasivos para terminar con las manifestaciones. Dos helicópteros sobrevolaron los recintos universitarios, mientras por efectos de los gases lacrimógenos, el ambiente se hacía insoportable en el sector residencial alto de Avenida Alemania. // La policía no logró ningún efecto. Los focos de protesta de fueron diversificando. // Los disidentes apostados en la plaza principal, sede de la concentración oficial, fueron repelidos por Carabineros. Algunos fueron detenidos. // Tibios aplausos saludaron a Pinochet y a su comitiva. Hubo más silbatinas, mientras se pudo. // Mientras hablaba Pinochet, el clima de tensión crecía sólo a dos cuadras de la plaza Pinto. Las fuerzas policiales en un intento desesperado repelieron con una inusitada violencia a los manifestantes, quienes levantaron barricada, volcaron automóviles y atacaron a las fuerzas represivas (Análisis, Nº 140: 8). 75 La décima jornada fue organizada por el Comando Nacional de Protesta, que agrupó a al CNT y los bloques políticos opositores. Nuevamente la respuesta fue masiva y radical, imponiéndose un toque de queda en el país tras sucesos de gravedad en los centros urbanos. Completando un ciclo de tres años ininterrumpidos de esta forma de manifestación política, las protestas nacionales comenzaron a menguar. 76 El año 1986 estuvo marcado por hechos de violencia política mayor, conducidos por el FPMR, dejando a las protestas como un antecedente de ese paso dado por el comunismo radicalizado en la acción armada. 77 Luego de estas protestas en ciclo, quedaron efectos duraderos y un rol definitivo en el proceso de liberalización política. Este elemento está detrás del término del ciclo de protestas nacionales, aunque sus consecuencias repercutieron más allá del proceso político coyuntural. Instalados en los últimos años del régimen, nuevas formas de incidir en el espacio público y en la actividad social y política emergieron con fuerza, una de ellas fueron las jornadas y trabajos comunitarios de los universitarios, cuestión que revisaremos a continuación. 6.4.- Las jornadas de trabajos comunitarios de los universitarios. En este subcapítulo queremos analizar el rol de un mecanismo de intervención política y social que fue utilizado preferentemente por los estudiantes universitarios: las jornadas de trabajos comunitarios. La realización de estas jornadas se realizó casi siempre en verano. Sobre estos trabajos comunitarios, buscamos conocer y estudiar los objetivos y organización en el marco del conflicto político del período. Si bien las referencias bibliográficas son escasas, hay información relevante en la prensa, especialmente importante en las revistas de la oposición y en Solidaridad, esta última perteneciente a la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica. Las fuentes nos entregan datos acerca de los trabajos vinculados a la derecha gremialista, a la izquierda y al centro opositor, por tanto relataremos elementos de estas articulaciones políticas. En este sentido, nos proponemos indagar en dos aspectos: por una parte y en primer lugar, en las acciones sociales desarrolladas por los estudiantes adeptos a la dictadura. En un segundo Finalizando el cicló, la dictadura reaccionó fuertemente contra la toma de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, focalizando en los estudiantes la impotencia ante la imparable movilización de los grupos opositores. (El Mercurio, 5-09-1985: C2). 77 El asesinato del estudiante Ronald Wood y los apagones provocados por el FPMR fueron los hechos más relevantes de la jornada. Sin embargo, la pérdida de masividad deslavó la radicalidad de las acciones que se restringieron a los grupos estudiantiles y poblacionales. 76 momento analizaremos los trabajos comunitarios de los estudiantes opositores; la razón de este abordaje es la necesidad de comparar estilos y estrategias, cuestión que nos ayuda a configurar el rol de los grupos estudiantiles del movimiento social opositor. Las jornadas de trabajos comunitarios, llamados también voluntarios, consistieron en eventos de ayuda social a sectores apartados de las grandes ciudades, preferentemente rurales. Si bien se contemplaron actividades culturales y de recreación también se desarrollaron, puntualmente, actividades de formación política y de educación ciudadana. Las jornadas de los universitarios, de aquellos contrarios a la dictadura, fue una estrategia de uso político que tuvo entre sus objetivos la crítica a la situación social del país. Los trabajos fueron diversos y siempre en conexión con las necesidades de los grupos sociales más vulnerables; esta característica se dio en los trabajos tanto de oficialistas como de opositores. La disputa por los sectores empobrecidos es un elemento, pero también y en ambos casos, la acción está referida a toda la sociedad, en tanto elaboración de discurso político desde la acción social y referida a una identidad política particular. Comencemos por analizar los trabajos comunitarios de la década del setenta, dominados por los estudiantes oficialistas. 6.4.1.- Los trabajos voluntarios de estudiantes oficialistas. Los trabajos voluntarios de estudiantes de derecha fueron particularmente importantes en la década del setenta. Cuando las federaciones y centros de estudiantes se reorganizaron y fueron controladas por sectores opositores, la incidencia de los oficialistas quedó reducida a mínimos, destacando en particular la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), controlada por el gremialismo durante casi todo el período. El inicio de las tareas asistenciales de los estudiantes oficialistas tuvo un claro cometido político, tanto en el diagnóstico como en su proyecto: 78 Los estudiantes venían prestando su concurso personal en labores voluntarias, pero debe reconocerse que en la mayoría de los casos obedeciendo a criterios de conveniencia política, cuando no de franca En diciembre de 1973 la editorial de El Mercurio hizo una acusación sobre el trabajo político de los trabajos comunitarios en la época de la Unidad Popular, particularmente los realizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). Por su parte, estimaba que el trabajo de la Secretaría Nacional de la Juventud sólo se centraba en las tareas de reconstrucción nacional. 78 concientización de campesinos y pobladores. Durante el régimen de la ex Unidad Popular, la Fech y otros organismos controlados por el comunismo realizaron en todo el territorio labores de activismo que dejaron en discutible pie la iniciativa […] // La Secretaría Nacional de la Juventud está destinada a cumplir una valiosa tarea para cooperar a la reconstrucción nacional. Ciertamente los jóvenes no pueden marginarse de imperiosas necesidades de bien común. Al crearse esta repartición, quedó constancia que el Gobierno aspira a encauzar en términos positivos y eficaces la creatividad de los muchachos. En época de vacaciones y, aún en períodos escolares, la juventud chilena, deseosa de participar en la configuración de una sociedad nueva donde la fraternidad sea característica básica, tiene tareas muy claras que cumplir (El Mercurio, 17-12-1973: 2). Los trabajos comunitarios fueron –durante los años setenta- siempre de carácter estival, en el período de vacaciones de los universitarios. Sin embargo, estas actividades de jóvenes pinochetistas no prosperaron más allá de esa década. 79 Estas agrupaciones realizaron, durante la década de los setenta, encuentros veraniegos que tuvieron características comunes, pues tanto la Secretaría como el Frente Juvenil de Unidad Nacional se centraron en la formación de los jóvenes, básicamente estudiantes secundarios, para que colaborasen en las tareas de reconstrucción nacional: 80 Para intercambiar experiencias, desarrollar una personalidad integral y capacitarse en el rol que les cabe frente a la familia y al país, viajaron ayer a Lampa 1.000 jóvenes integrantes del Campamento Nacional Juvenil organizado por la Secretaría Nacional de la Juventud y el Frente Juvenil de Unidad Nacional. // “Los jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 14 y los 25 años, permanecerán durante 5 días desarrollando actividades artístico-culturales y deportivas, entre las que cabe destacar: clases de natación, atletismo, juegos de integración, competencias, charlas, fogatas. Cada unidad, compuesta por 100 jóvenes, debatirá diversos temas para luego, en una reunión general del campamento, sacar las conclusiones y adoptar las líneas a seguir en las actividades futuras”, señaló Nelson Pizarro, dirigente de la Secretaría de la Juventud (El Mercurio, 24-02-1976: 17). La inclinación ideológica en los contenidos de esta intervención social revela el nuevo momento de los trabajos comunitarios: la importantica de la familia nuclear conservadora y la valoración del nacionalismo destacaron en estos encuentros. Estas definiciones son bastantes claras en los primeros veranos después de instalada la dictadura. En 1978 la dictadura decidió reorganizar la participación estudiantil en las universidades. En la Universidad de Chile creó la Fecech para reemplazar a la anterior y politizada Fech. Bajo ese nuevo paraguas se desarrollaron trabajos comunitarios. En septiembre del mismo año, la actividad política en la Universidad Católica terminó en Los trabajos realizados en Los Vilos (Coquimbo) utilizaron los mismos mecanismos de ayuda social anteriores al golpe de Estado, pero esta vez la orientación ideológica cambió radicalmente (El Mercurio, 1702-1974: 19). 80 Hubo encuentros veraniegos de 1976 en Lampa (Santiago), 1977 en Panguipulli (Valdivia) y 1979 en San Fabián de Alico (Ñuble). 79 golpes tras ser leída una proclama en torno a la situación política de Nicaragua. 81 Cuando se produjo el cambio de década, ya en los ochenta, notamos claramente el carácter asistencialista que tomaron los trabajos voluntarios, los universitarios se acercaron a las comunidades sin mayores pretensiones políticas. 82 Algunos de ellos se permitieron referir el alto desempleo existente en la zona: Dos mil quinientas atenciones médicas; más de tres mil extracciones molares; aproximadamente quinientos menores alfabetizados; la construcción de diez plazas de juegos infantiles; charlas sobre la ley indígena, subsidio forestal y línea de crédito al pequeño agricultor, y varios proyectos de remodelación son hasta ahora el resultado de los trabajos de verano de los estudiantes de la Universidad de Chile en la Novena Región, especialmente en la comuna de Traiguén y sus alrededores. // Las jóvenes asistentes sociales Yusi Hirmas y Rosana González dijeron a “El Mercurio” que han colaborado en un estudio nacional de estratificación social. Este análisis, que se ha realizado a base de encuestas, señaló que esta localidad registra una tasa alta de pobreza extrema. Ambas fueron solicitadas especialmente por la comuna de Lumaco, para hacer esta gestión. // Coincidieron en indicar que el resultado había sido más revelador que en Traiguén, ya que existía un problema de cesantía que bordeaba el 80 por ciento (El Mercurio, 31-01-1980: C1). La Araucanía también conformaba un territorio poco incorporado a la nación, esta acción también identificó una zona “lejana” y que definía graves problemas sociales. Los estudiantes no pudieron obviar las fuertes tasas de pobreza, pero lo circunscribieron a esa lejanía y a la necesidad de ayudar a las comunidades de esa región en particular. Pero debemos anotar un cambio sustancial dependiendo de los actores involucrados, y es la relativa a la participación del gremialismo; cuando este organizó y desarrolló las actividades, el cariz político ideológico fue evidente. 83 La política entró fuertemente junto con la nueva década y allí las federaciones utilizaron este dispositivo de acción social para definir sus posiciones: 84 Verdaderos ventarrones democráticos recorrieron la Universidad de Chile durante la última quincena. 81 Hacia 1978 observamos articulaciones opositores como la descrita, pero la organización estudiantil, en este caso la FEUC, siguió en manos del oficialismo (El Mercurio, 7-09-1978: C7). 82 En 1980 ciento cincuenta estudiantes de la Universidad de Chile, organizados por la Fecech, participaron de trabajos en zonas de la Araucanía, incluyendo comunidades mapuches. 83 En el invierno de 1983 los estudiantes de la Feuc, controlada por el gremialismo, asistieron a comunidades mapuches de Curarrehue (Araucanía). Construyeron una capilla, además repararon viviendas y caminos. También hubo acciones de formación, como el pase de videos, que complementó el discurso activado en los trabajos (El Mercurio, 24-07-1983: C12). 84 En junio de 1984 la oficialista Fecech se disolvió, debido a la pérdida el apoyo estudiantil en la Universidad de Chile. La rectoría acabó cediendo y, al igual como en la Universidad de Concepción, declaró la libertad de afiliación, abriendo la reconstitución de las históricas federaciones estudiantiles, la Fech y la Fec respectivamente. Además de la reelección de una directiva opositora, en el Centro de Alumnos de Derecho -que ganó la lista democrática unitaria encabezada por Carlos Saffirio, Ángel Dumper y Jaime Ulloa- se vivió otro comicio clave: el de la Escuela de Ingeniería. Este trajo “cola” y de las grandes. // Allí las fuerzas gobiernistas perdieron -por 42.2 contra 54.8 por ciento- el Centro de Alumnos paralelo que aún mantenían. Este daba al oficialismo ventaja de votos ponderados al interior del Consejo Fecech. Por ello, al conocerse el triunfo de la lista opositora –integrada también por la DC y la izquierda, que llevaron como candidato a presidente a Ricardo Herrera-, la oficialista Fecech, decidió auto disolverse (Análisis, Nº 84: 26). Antes de concluir referiremos un último evento. Hacia fines de la década de los ochenta, el gremialismo universitario vuelve a activar los trabajos comunitarios, a nuestro juicio, debido al año electoral que definiría el futuro del régimen militar. El gremialismo de la Universidad Católica organizó tareas de ayuda social en Lonquimay (Araucanía), que no reconoció como políticas: El consejero de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Rodrigo Paz, informó ayer sobre las actividades de la FEUC junto al Comando de Estudiantes por el “No” realizarán durante los denominados “Trabajos de Invierno” de este año. // Paz acotó que las acciones no estarán enfocadas a la labor social como en años anteriores, sino al apoyo y difusión de la alternativa del “No” en el próximo plebiscito, por implicar su triunfo “el inicio de la solución de muchos problemas” […] // Al ser consultado si en estos trabajos se perdió el sentido primigenio de ayuda social, Rodrigo paz respondió que “se mantiene el sentido dado, desde la reforma universitaria, que es el acercar a los sectores estudiantiles a todo tipo de gente y en lo posible ayudarla” [...] // Por su parte el movimiento gremial de la U. Católica informó que, como parte de sus actividades de acción social, ha organizado “Trabajos de Invierno” en la comuna Lonquimay de la IX región (El Mercurio, 22-07-1988: C7). Esta cita nos señala que, debido a estos conflictos al interior de las universidades, la derecha se fue debilitando o, mejor dicho, la izquierda y el centro político comenzaron a reestructurarse, ocupando el rol que históricamente habían tenido. Ahora revisaremos cómo se vitalizaron esos sectores en función de los trabajos comunitarios, en adelante organizados oficialmente por federaciones y centros de estudiantes opositores. 6.4.2.- Los trabajos comunitarios de estudiantes opositores. Las articulaciones entre estudiantes y organizaciones por los derechos sociales estuvieron en el origen de experiencias auto gestionadas de solidaridad. De esta manera, los trabajos voluntarios se convirtieron en una experiencia que identificó a los estudiantes opositores al régimen con la ética del trabajo social, añadida a la crítica política a la dictadura. Las acciones de trabajos comunitarios recomenzaron desde inicios de la década de los ochenta: 85 Señores pasajeros, somos estudiantes universitarios y estamos en una campaña de recolección de fondos para financiar los trabajos de verano de 1983. No contamos con la ayuda de las autoridades y es por ello que solicitamos vuestro apoyo, a pesar de estar conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país. Pero eso mismo, hace más necesario que lleguemos hasta el sur, para entregar nuestro aporte a mineros, campesinos y al pueblo mapuche. // De micro en micro, por la calles, casa por casa, con esas frases, más recitales, bonos de cooperación, etc., se fue consiguiendo lentamente el dinero necesario para que alrededor de mil estudiantes universitarios y algunos de enseñanza media pudieran viajar a la quinta, octava y novena región a realizar los trabajos de verano de 1983, patrocinados por la CODEJU (Comisión de derechos Juveniles) (Solidaridad, Nº 150. 1983:18). La dictadura comenzó a reprimir estas actividades considerando la actuación decidida de las federaciones en el movimiento social opositor, asistiendo a cada una de las convocatorias a protesta nacional. 86 Uno de los jóvenes participantes en esa jornada resultó muerto en terribles circunstancias. 87 La represión no fue habitual en estas intervenciones estudiantiles; sin embargo, la muerte de este joven acrecentó la decisión opositora del movimiento estudiantil, acercando estos dispositivos al repertorio de movilización contra la dictadura. Creemos que estos eventos de terrorismo de Estado contribuyeron a la radicalización de los estudiantes. En enero de 1986 un reportaje de El Mercurio interpretó las diferencias y aspectos caracterizadores en cada tipo de trabajo de verano. Para esta fecha este era un espacio de disputa que tanto la derecha como la izquierda y la oposición de centro utilizaban para ejercer influencia sobre los estudiantes, más allá de los beneficios sociales que, eventualmente, hacían llegar a los sectores que visitaban, generalmente sectores rurales: Este año, centenares de jóvenes universitarios pondrán lo indispensable en sus mochilas y partirán en tren rumbo a los lugares más pobres de nuestro país. Son varios grupos con un solo enunciado: “Servir a la comunidad”. Sin embargo, pese al fin común de labor social que todos buscan con estos trabajos, los estudiantes se dividen en grupos en los cuales subyacen distintas posturas ideológicas. Las opciones en este sentido son varias, ya que cada organización tiene un sello propio para este tipo La Fech, organizada clandestinamente durante esos años, preparó trabajos comunitarios desde 1983, asistieron a Cañete (Arauco) y a Copiapó (Atacama) en el verano de 1984. 86 En 1985 el campamento de trabajos de verano de la Fech, en San Felipe (Valparaíso) fue suspendido, deteniendo a más de doscientas personas (El Mercurio, 9-02-1985: C3). 87 Patricio Manzano falleció mientras estuvo detenido en un recinto policial de Santiago, a donde había sido trasladado. El estudiante padecía epilepsia y, a pesar de las atenciones de sus compañeros, murió de un paro cardiaco mientras era trasladado a la Posta Central. 85 de actividades…Las federaciones de Santiago, FEUC; FECH y FEUSACH –todas de tendencia DCMDP- viajarán a la zona mapuche y coordinarán su labor bajo las líneas del CONFECH. El movimiento gremial de la Universidad Católica continuará su línea de trabajo iniciada cuando estaba en la FEUC. En la Universidad de Chile, el Frente Universitario, de tendencia centro-derecha, impulsaría su propia iniciativa, marginándose de los trabajos de la FECH. La Juventud Universitaria de la Unión Nacional también se sumará a este tipo de actividad estudiantil, buscando una mayor “integración” entre sus miembros […] // Más allá de la prioridad de la labor social que estos grupos esperan de los trabajos de verano, están los matices ideológicos que indudablemente influyen en la elección que los universitarios hagan. Y aunque las organizaciones recalcan que “no habrá proselitismo”, cada organismo persigue en mayor o menor grado ganar el apoyo de los estudiantes a sus postulados de acción (El Mercurio, 12-01-1986: D4). La criminalización se presentó como argumento del régimen para descalificar estas intervenciones del movimiento estudiantil.88 La persecución a estas formas de intervención social y política estaban muy vigiladas por el régimen, la dictadura era consciente de la peligrosidad de las acciones de formación y agitación que comportaban los trabajos comunitarios. Acercándonos al final del período dictatorial vemos algunos cambios en la estrategia de los trabajos comunitarios estudiantiles, estos trabajos comenzaron a realizarse en zonas periféricas de la capital. 89 La discusión al interior de las organizaciones revela el carácter de las tareas de politización que cumplían estas actividades estudiantiles: Un grupo de estudiantes opinaba que por el número de voluntarios, aproximadamente cien, poco considerando que el año anterior a Temuco fueron más de trescientos, era mejor cubrir las poblaciones más populosas, es decir, Lo Hermida y La Bandera. Otros, insistían que estaba primando un criterio político y no cuantitativo. La población que sería suspendida, había sido propuesta por la Juventud Demócrata Cristiana. // Arman mucho “atao” (problema) nos dijo Víctor Osorio, dirigente de la FESES. Nosotros tenemos todo cortado. El lunes nos vamos a Temuco y hasta los buses están listos […] // El asunto fue resuelto en la Asamblea. Se leyó una lista de los participantes que daba un total de 131 voluntarios. // “Más de los que esperábamos” -dijo Jaime Quintana. // Con la milagrosa cifra ya no había problemas para repartirse entre las tres poblaciones. Más aún si consideraban 38 estudiantes argentinos y 18 uruguayos que, como otros años, viajaban a trabajar con ellos […] (Cauce, Nº 93: 44). Efectivamente, los universitarios acusados de llevar a cabo actividades políticas, a través de los trabajos voluntarios de verano en Santiago, realizaron una importante labor de En febrero fueron apresados veintiún jóvenes de un campamento de verano en Lautaro (Araucanía), acusados de entrenamiento guerrillero por la CNI (El Mercurio, 28-02-1986: C1). Los estudiantes de la Universidad de Concepción y de la Universidad del Bio Bio desafiaron las prohibiciones de la Intendencia Regional anunciando sus trabajos de verano. Por mandato de la Intendencia se allanó el local de una comunidad protestante en Coronel (Concepción) donde se reunieron los estudiantes, luego de chequeadas sus identidades, se suspendieron las actividades (El Sur, 13-01-1987: 4). 89 En 1987 la Fech cerró sus actividades en la periferia santiaguina con una cuenta pública. 88 difusión en torno a la necesidad de la recuperación democrática. Si bien el proselitismo fue una cuestión negada por los estudiantes, la labor de debate político sí existió, pues consideraban que era una necesidad romper con la desinformación del gobierno. El punto más interesante se da en que, a nuestro juicio, el mensaje político calaba más hondamente entre los estudiantes que en los pobladores; esto sucedió, a nuestro entender, por la disputa interna que se generó en los trabajos voluntarios y que politizaba a los jóvenes más que al objeto de estas labores sociales: pobladores, mapuches y campesinos, entre los más habituales. Las acciones de este tipo fueron reconocidas por la oposición en función de ese elemento formativo: Pero, sin duda, el suceso que dejó bien en claro que las autoridades no iban a permitir ningún margen de libertad a la actividad universitaria, fue la detención de 55 jóvenes que se disponían a iniciar una romería en la playa sur de las Rocas de Santo Domingo, lugar donde fue encontrado en 1986 el cadáver del estudiante de la USACH, Mario Martínez. La prepotencia e innecesaria violencia de que hizo gala la fuerza pública sólo pareció aumentar la determinación de los jóvenes, que actualmente se encuentran en la zona sur del país, desarrollando la última etapa de los trabajos que se han denominado "Carbón 88". // Evidentemente, los trabajos voluntarios han adquirido este año una dimensión distinta de la que poseyera en ocasiones anteriores. Constituyen, en buena parte, una tribuna válida, desde la cual un sector importante de la juventud chilena, como es el estudiantado, ha articulado un discurso coherente acerca del futuro de la realidad nacional, con toda la fuerza que suele caracterizarla. Una fuerza que da que pensar (Cauce, Nº 145: 45). La Confech, al hacer la evaluación de las jornadas de verano, destacó el rol de incentivo que cumplieron los estudiantes en torno a la inscripción de la población en los registros electorales para participar en el plebiscito de octubre. Estas últimas acciones definieron el rol político que las instancias estudiantiles estivales tomaron el último año de mandato dictatorial en Chile. Sin duda los trabajos voluntarios habían adquirido un carácter de argumento político contra la dictadura en los últimos años de la década; las acciones del régimen para impedir su ejecución así lo demuestran. En el quinto capítulo ya analizamos los funerales de los agentes de la dictadura. En el mismo sentido, ahora analizaremos los funerales de los opositores y resistentes como una forma de entender la expresión de la identidad política que se generó en un período en que, especialmente estos sectores, no pudieron participar del debate político y social debido a las restricciones que impuso el régimen. 6.5.- Los funerales, expresión de identidad política. En este último subapartado buscamos reflexionar acerca de los actos funerarios y homenajes mortuorios que, tanto para el régimen como para la oposición, tuvieron gran importancia política. Analizaremos cinco aspectos presentes en los homenajes funerarios que coinciden con diversos sujetos sociales colectivos. En primer término estudiaremos los funerales en relación a las figuras relevantes de la oposición; en segundo lugar analizaremos los más significativos casos de derechos humanos que se expresaron a través de funerales y romerías; en tercer lugar, los muertos en el ciclo de protestas también tuvieron funerales relevantes políticamente; en cuarto lugar indagaremos en relación a los militantes de agrupaciones y partidos políticos en relación a estos eventos; por último, revisaremos los funerales de militantes sociales, es decir, parte de agrupaciones sociales, fundamentalmente estudiantiles y sindicales. Al andar los años, los sucesivos casos de violaciones a los derechos humanos y la represión contra la lucha del movimiento social popular dieron un perfil inusual a los actos funerarios, muchas veces estos acabaron en desórdenes en la década de los ochenta. Los incidentes fueron característicos en los casos en que los fallecidos cayeron muertos en medio de las jornadas de protesta o víctimas del terrorismo de Estado. Estos incidentes son de especial interés para analizar los sucesos. Otro elemento presente en nuestro enfoque dice relación con los homenajes y romerías. Estos actos fueron de particular ocurrencia en la década del setenta. Sucediéndose los años dictatoriales nos convencemos de la masividad de estas acciones que, teniendo el mismo objetivo de protesta política, dio cuenta del peso que la violación a los derechos humanos había asumido en el movimiento social opositor. Los once de septiembre se constituyeron -desde 1983- en una romería recordatoria por todos los caídos producto del golpe de Estado. Ese año se realizó un acto colectivo que tuvo al cementerio general de Santiago como un escenario que, al pasar del tiempo, se instaló como una acción de repudio que llega hasta más allá del fin de la dictadura. La violencia y los desórdenes públicos fueron permanentes en estas ocasiones: El día 11, décimo aniversario del Pronunciamiento Militar y de la muerte del ex Presidente Allende, numerosos manifestantes acudieron a los cementerios a rendir su homenaje a los caídos en 1973. Los actos más importantes se realizaron en el Cementerio Católico donde se ofició una misa por el alma de las víctimas; mientras en el Cementerio General tenía lugar una romería al Patio 29, lugar donde existen numerosas tumbas N.N. que se sostiene corresponderían a muertos en septiembre de 1973. En ese mismo lugar el Colegio Médico rindió homenaje a 21 miembros que murieron a raíz del golpe militar. Este acto fue encabezado por el doctor Juan Luis González, presidente del Colegio Médico de Chile. Asimismo, un acto recordatorio tuvo lugar en la tumba del ex Presidente Allende en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar. En estos actos hubo personas detenidas y lesionadas por la fuerza policial. // AI cierre de esta edición el gobierno anunciaba que tomaría medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos incidentes (Solidaridad, Nº 43: 18). Recién iniciada la dictadura, las víctimas del terrorismo de Estado no pudieron ser sepultadas de manera pública. Sin ceremonias, funerales ni cortejos, los ejecutados políticos fueron sepultados en la más completa privacidad y sólo con la presencia de sus familiares más cercanos. Distinto fue el caso de las personalidades connotadas, que sí tuvieron funerales, aunque acotados y sencillos. Revisemos entonces este primer tipo de funerales durante la dictadura. 6.5.1.- Los funerales de figuras políticas relevantes. La oposición política refirió a sus más importantes figuras políticas como el símbolo de su identidad, en los funerales, romerías y homenajes. Esto sirvió para expresar su disidencia, y fue especialmente relevante en los años setenta, cuando el receso político fue férreo. Salvador Allende, Pablo Neruda, Carlos Prats, José Tohá y Eduardo Frei, reunieron las características para definir esa expresión de identidad política. Los homenajes a personalidades fueron importantes momentos de expresión política en los años setenta; sin embargo, en la década de los ochenta pasaron a un plano secundario, dejando a otros actos funerarios la politicidad de sus significados. Las múltiples víctimas de la represión política en los años ochenta hicieron más urgente su denuncia, las romerías de las personalidades políticas se relegaron a su recordación. La única excepción a esta idea fueron los actos de homenaje a Salvador Allende, que repasamos a continuación. Salvador Allende, la personalidad más importante fallecida en este período, fue homenajeado en múltiples reuniones de militantes de izquierda, tanto en sus cumpleaños como en los aniversarios de su muerte. Muchos de estos homenajes produjeron incidentes y enfrentamientos con la policía: […] y agregó que en homenaje a Salvador Allende "la Izquierda Unida reitera su compromiso y su promesa de hacer de este mes de septiembre una jornada de movilización en que, junto a las reivindicaciones políticas incorporaremos las reivindicaciones sociales, para culminar el 7 de octubre con una huelga nacional que paralice el país" […] // Finalizado el acto, se efectuó una marcha hacia el centro de la ciudad que a esas horas -el mediodía- estaba lleno de público. Carabineros tomó por lo menos veinticuatro detenidos, pese a lo cual se realizó una manifestación relámpago en un paseo peatonal del centro viñamarino (Análisis, Nº 192: 23). Las romerías y homenajes se extendieron a la familia del mandatario socialista.90 Las ceremonias vinculadas al allendismo estuvieron plenas de símbolos políticos socialistas. En el cementerio y las iglesias, más allá de los rayados, cánticos y lienzos con consignas, se revivió la estética y las definiciones del período de la Unidad Popular, arropadas por la sacralidad de un acto de honras a la personalidad de un ex Presidente de la República. Los homenajes a Allende fueron continuamente un acto de reivindicación y elaboración de discurso político. Constatamos que para 1988, quince años después de la muerte del Presidente, su figura estaba presente. En esta ocasión el acto de homenaje se asoció directamente a la cita plebiscitaria de octubre, como lo demuestra el discurso de Baltra; Allende continuaba en la arena política desde su recuerdo permanente. 91 Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 1971, fue también una figura relevante en la izquierda chilena. 92 Tras su muerte, días después del golpe de Estado, fue enterrado rodeado de soldados y de sus cercanos. 93 La indignación de los comunistas quedó expuesta en la forma en que se produjeron las exequias, manipuladas por la dictadura: La viuda de Neruda, señora Matilde Urrutia, avisó del traslado en una publicación con caracteres destacados en un matutino de esta capital el día de ayer. El aviso resaltaba que la medida fue 90 En mayo de 1988 se produjo el funeral de Laura Allende, ex diputada y hermana del ex presidente, madre del líder del MIR, Andrés Pascal Allende. Laura Allende se suicidó en mayo de 1981 en La Habana (Cuba). El homenaje mortuorio se realizó en Chile con masiva concurrencia en la Recoleta Franciscana de Santiago (El Mercurio, 29-05-1988: C4). 91 En junio del mismo año, se realizó el último homenaje a Salvador Allende del período, hubo discursos políticos a cargo de Mireya Baltra y multiplicidad de lienzos y banderas. Esta vez, si bien hubo una marcha posterior al acto político frente a la tumba del ex presidente, no se produjeron incidentes (El Mercurio, 26-061988: C5). 92 Pablo Neruda tuvo una activa participación política por su militancia en el Partido Comunista, fue senador entre 1945 y 1949, antes de acabar su período fue exiliado por el gobierno de González Videla. Fue pre candidato presidencial, cediendo finalmente ante Salvador Allende, a quien apoyó en la campaña presidencial de 1970 y en el gobierno de la Unidad Popular. 93 En noviembre de 1973 el colegio de periodistas realizó un homenaje al premio nobel, hubo un recital poético y palabras en torno a la obra del escritor. En mayo de 1974 el cuerpo de Neruda fue trasladado al cementerio general sin el consentimiento de la viuda, Matilde Urrutia. adoptada “por motivos ajenos a nuestra voluntad” […] // Agregó que durante la conversación que sostuvo conmigo expresó que la urna permanecería sólo corto tiempo en el nicho porque pensaba trasladarla posteriormente a Isla Negra, en donde reside la señora Matilde”. // “La viuda, precisó el funcionario, canceló 46.300 escudos por el nicho, que puede ocupar por cinco años, más dos mil escudos por el trabajo de exhumación” (El Mercurio, 10-05-1974: 23). Este tipo de maniobras se repitió con otras figuras emblemáticas de la izquierda, generando la idea de ignominia sobre buena parte de la ciudadanía identificada con ese sector político. Ese deshonor se representaba concretamente en gestos de desprecio a las honras funerarias, signo del reconocimiento a las personalidades públicas del país. Con ello se marcó el que existieran chilenos de distintas categorías según su pensamiento político. 94 En esa misma línea se produjo el funeral del último Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats y su mujer, Sofía Cuthbert. La ceremonia contó con una cantidad importante de personas en el cortejo, quienes en completo silencio despidieron los féretros cubiertos solamente con la bandera chilena. 95 En las notas de prensa se destacó que Prats había escrito sus memorias, las cuales no fueron publicadas hasta 1985. 96 En el acto figuraron políticos democristianos y algunos militares que asistieron a título personal: En silencio, los asistentes a los funerales –unas trescientas personas- siguieron a los dos ataúdes. A ambos lados se ubicaron los hermanos del extinto. Luego lo hicieron los padres del general, señora Hilda González y señor Carlos Prats. El cortejo continuaba con las hijas del matrimonio asesinado, familiares, amigos y compañeros de curso militar. // Asistieron a las exequias, entre otras personas, los generales (R) Emilio Cheyre, Guillermo Pickering, los ex senadores Renán Fuentealba, Patricio Aylwin y Andrés Zaldívar, la ex diputado Silvia Alessandri y otros amigos de la familia (El Mercurio, 5-10-1974: 25). Las honras fúnebres de estas figuras destacan por el silencio, por la imposibilidad de elaborar ideas públicamente, demostrando el imperio del miedo sobre la ciudadanía, cuestión que se hace más notoria si consideramos la importancia cultural y política de las personalidades mencionadas. 94 Recién en septiembre de 1978, cuando se cumplió el quinto aniversario de la muerte del poeta, se realizó una romería al cementerio. La Sociedad de Escritores de Chile (Sech) encabezó el homenaje en que se corearon consignas que incluyeron vivas al Partido Comunista y el canto del himno de la Internacional Comunista, además de leer y distribuir el poema “No hay olvido”, de autoría de Neruda (El Mercurio, 24-091978: D2). 95 Ambos habían muerto en un atentado en Buenos Aires (Argentina), perpetrado por la DINA, en octubre de 1974. Los cuerpos fueron depositados en el mausoleo de amigos de las víctimas, pues el Ejército no estuvo dispuesto a homenajear al general, señalando la clara postura de expulsión de las filas militares del general constitucionalista. 96 La celebraron misas y ceremonias en función de esta figura, mantuvo el interés por la acción represiva de la que fue objeto (El Mercurio, 30-09-1984: C7). Pero iniciándose los años ochenta las romerías se tornaron masivas y sirvieron como lugar y momento para denunciar al régimen. El primer evento de estas características y que generó represión sucedió en marzo de 1981, durante una romería en homenaje al ex ministro de Allende, José Tohá, 97 fue disuelta por la policía. Un funeral de carácter significativo se produjo a raíz de la muerte del principal referente de la Democracia Cristiana; el año 1982 se inició con la polémica muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva: 98 Antes de su sepultación, la cureña se detuvo. Llegaba el momento de la despedida. Un escenario, como muchos que tuvo a Frei como orador principal, fue levantado. Tomás Reyes, en nombre del partido democratacristiano, expresó que "el mensaje de Frei, identificado con el de la Democracia Cristiana, tiene plena vigencia para el futuro de nuestra Patria" […] // AI regreso de la muchedumbre se produjeron algunos incidentes con Carabineros. Treinta y tres personas fueron detenidas. Dos periodistas recibieron maltrato físico. // Entre los detenidos figuró un sacerdote italiano, Alfonso Flor Larcher quien, según una declaración del Arzobispado fue "violentamente detenido y conducido a bastonazos y culatazos a un vehículo policial". Continúa la declaración señalando que una vez en el vehículo "fue golpeado simultáneamente en ambos oídos, al tiempo que recibía nuevos y brutales golpes". AI hacer mención a su calidad de sacerdote, el maltrato se acentuó "aplicándosele corriente eléctrica en una pierna y teniendo que soportar todo tipo de insultos a su persona y a las autoridades de la Iglesia (Solidaridad, Nº 127: 3). Al funeral quisieron asistir políticos democristianos exiliados, a quienes se impidió descender del avión, dando un cariz polémico al funeral. En las calles el homenaje popular fue masivo y el féretro fue custodiado por numerosos contingentes policiales. En el cementerio hubo manifestaciones con consignas y letreros a favor del ex mandatario y contra el régimen dictatorial. La década mostraba una oposición recompuesta y una mano menos dura del régimen, lo que permite comprender la posibilidad de manifestación del movimiento social y sectores políticos que recuperaban la voz en el espacio público. Volvemos a llamar la atención sobre el hecho de que esto ocurriera en el solemne homenaje funerario y en el formato de la romería. Otros funerales de importancia política tienen relación con los casos de violaciones El Ministro del Interior de Salvador Allende sufría de desnutrición al momento de ser asesinado por estrangulamiento el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar de Santiago, luego de ser trasladado desde el campo de Isla Dawson (Magallanes) (Escalante, 2013: 43-47). 98 Los funerales fueron masivos y la ceremonia oficial se realizó en la Catedral Metropolitana presidida por el cardenal Silva Henríquez. Esta última contó con la presencia de Pinochet, familiares, personeros de gobierno, cuerpo diplomático y delegaciones extranjeras. 97 a los derechos humanos. Los llamados casos emblemáticos lo fueron en cuanto causaron gran conmoción en la ciudadanía, de allí es que sus funerales, romerías y homenajes generaron alta participación. A continuación revisaremos los hechos más relevantes en relación a este aspecto. 6.5.2.- El acto funerario en casos de violaciones a los derechos humanos. Los casos emblemáticos de violación a derechos humanos destacaron por hacer de la ocupación del espacio público una estrategia de primer nivel para exponer los horrores de la dictadura. Los funerales, en origen actos de homenaje, se transformaron en manifestaciones políticas. Estos actos, que se habían dado ya a fines de la década de los setenta, en los ochenta fueron constantes. El primer hecho significativo en relación a este aspecto ocurrió en noviembre de 1978, cuando se descubrió el caso Lonquén, 99 Este caso inició el debate público acerca de las violaciones a los derechos humanos, pues fueron los primeros cuerpos desaparecidos que pudieron identificarse como ejecutados políticos, por lo tanto, los funerales fueron parte de la polémica: Concluido el análisis del Instituto Médico Legal, el fiscal militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos de Sergio Maureira Lillo y sepultar los demás en Isla de Maipo. Las osamentas fueron sacadas por la puerta posterior del Instituto, mientras los familiares esperaban su entrega. Un entierro fugaz y anónimo en una fosa común cerró el episodio. // En verdad ese final quería el gobierno. En el gabinete se había discutido el alcance del caso y se temía que pasara a convertirse en un estandarte contra el régimen. Se creía que tanto el funeral como el sepulcro podrían ser usados para mantener viva la llama de la vendetta y que las ceremonias podían prestarse a desbordes emocionales de la opinión pública (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 2008: 302). El régimen se vio superado comunicacionalmente, sin poder hacer más que intentar cubrir los hechos. 100 El régimen se negó a entregar los restos de los campesinos para realizar sus funerales, plenamente consciente del significado político de ese hecho en términos de generar la conmemoración del horror dictatorial. Del mismo modo, los hornos fueron destruidos en marzo de 1980, al constatarse que se había constituido en un lugar de Este caso consistió en campesinos, que habían formado parte de la campaña de la reforma agraria de la Unidad Popular, que fueron quemados en hornos de cal. 100 En el verano de 1979 se realizó una romería al lugar donde fueron asesinados los quince campesinos. Clotario Blest, histórico dirigente sindical, hizo uso de la palabra homenajeando a las víctimas con flores y una placa recordatoria (El Mercurio, 29-02-1979: C3). 99 peregrinaje permanente de familiares y público que solidarizó con el hecho. Los más humildes de entre las víctimas de la dictadura, los campesinos, habían denunciado con sus propios cuerpos, la existencia real de los detenidos desaparecidos. 101 El activismo por los derechos humanos redobló sus denuncias y las masivas ceremonias funerarias fueron prueba de ello. Pero en los años ochenta se acentuaron estas situaciones. El sindicalismo sufrió un duro golpe en febrero de 1982, cuando se produjo el asesinato del dirigente de la Anef, Tucapel Jiménez. 102 Por otra parte, la presencia de un ex miembro de la Junta militar denotó la importancia política que se le dio al homenaje, revelando el desgaste de la dictadura: Asimismo estuvo el ex Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, general (R) Gustavo Leigh, y ex ministros de estado, tales como Juan Hamilton, Domingo Santa María y Máximo Pacheco. // En su homilía, el Obispo Auxiliar de Santiago, monseñor Jorge Hourton, expresó que la Iglesia al celebrar honras fúnebres en su Catedral para un “prestigiosos y antiguo” dirigente sindical “quiere poner de relieve el valor moral y evidente dignidad en causa de los trabajadores, de las organizaciones sindicales auténticamente representativas y cuyos dirigentes luchas, sufren y mueren por sus compañeros (El Mercurio, 28-02-1982: C2). El ciclo de protestas utilizó desde el primer momento los funerales y romerías a sitios de asesinatos, como en el caso ya citado de Tucapel Jiménez, 103 para expresar su opinión política en relación a las violaciones flagrantes a los derechos humanos y, de paso, exigir la democratización del país. En esa línea uno de los funerales más masivos sucedió en septiembre de 1984, cuando en medio de las protestas nacionales murió, por una bala de carabineros, el sacerdote francés André Jarland en La Victoria (Santiago), provocando una gran conmoción. La ceremonia se realizó en la Catedral Metropolitana y en ella la participación 101 En 1979 el juez Martínez logró encontrar los restos mortales de diecinueve campesinos de San Rosendo y Laja (Concepción); convirtiéndose en ejecutados políticos. En noviembre de ese año se realizaron los funerales, desde la iglesia San José de Concepción. Un cortejo de más de quince cuadras salió rumbo a Laja para despedirlos (El Sur, 28-11-1979:1). 102 Durante el cortejo aparecieron lienzos exigiendo justicia y coreándose consignas contra el régimen. Jiménez era el líder sindical más connotado del país, había logrado una mayor unidad entre los diversos sindicatos opositores. Los homenajes a Jiménez se constituyeron en una fecha significativa para la oposición durante los años venideros. 103 Posteriormente se levantó un monolito en su honor en Lampa (Santiago), el que fue instalado en el trigésimo noveno aniversario de la Anef. En febrero de 1983 se descubrió un busto recordatorio en el cementerio general de Santiago (El Mercurio, 26-02-1983: C3). de los pobladores fue protagónica: La plaza estaba desbordada por la muchedumbre. En medio de una lluvia de papel picado que caía desde los céntricos edificios, la gruesa columna se abría paso dificultosamente para llegar hasta las puertas de la Catedral. No había espacio, no había respiro. Todos querían entrar y decir adiós por última vez al "hermano André". Cantando, orando, riendo o Ilorando. No importaba la forma. Solamente la intención, traslucida en cada rostro, de saludar a la vida desde la misma muerte. // En un momento, las largas horas de caminata y el cansancio parecían desvanecerse. Con la cruz en alto, cargada desde la parroquia de La Victoria por un muchacho, "de esos que el padre André quiso tanto", los pobladores llegaron hasta el templo "en paz". Desmintiendo con su actitud respetuosa todas las acusaciones que los señalaban como "provocadores o violentistas" (Solidaridad, Nº185: 19). El asesinato de Jarland distanció aún más a la Iglesia católica respecto al gobierno de Pinochet. Pero lo significativo en términos de movilización fue la aparición de los pobladores como un sujeto con voz propia en torno al conflicto, toda vez que el sacerdote francés destacó por la opción por los pobres. Cada funeral y romería, los homenajes y signos materiales de recordación sumaban y representaban en el espacio público a las identidades de los sujetos movilizados, los definió como un actor con discurso propio y reconoció en un solo cuerpo a todos ellos, definidos por su oposición tajante al régimen cívico-militar. Todos estos actos reforzaron ese proceso que condujo a la construcción del movimiento social anti dictatorial. En abril de 1985 el degollamiento de tres profesionales comunistas generó funerales masivos. El crimen ocurrió en una zona rural de Quilicura (Santiago), tras ser secuestrados en los días previos por carabineros. Los homenajes se repitieron durante los años siguientes, a veces también con resultados de incidentes y desórdenes. 104 Un hecho significativo, que desencadenó el día del joven combatiente -veintinueve de marzo-, ocurrió en una jornada que convocó a la izquierda radical durante la dictadura y que ha perdurado en el tiempo. 105 Es uno de los actos de memoria que más ha persistido, identificando a la izquierda radical como una de las ramas vitales sobre las que se cimentó José Manuel Parada fue velado al costado de la Catedral, mientras que Manuel Guerrero en la sede de Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech). Ambos fueron sepultados tras una ceremonia en el cementerio general cubiertos por la bandera del Partido Comunista. Nattino fue cremado y lanzadas sus cenizas en una zona cordillerana tras una ceremonia religiosa en la parroquia italiana (El Mercurio, 5-081985: C3). 105 Los hermanos Eduardo y Rafael Vergara fueron asesinados en Villa Francia (Santiago), muy cerca de su casa en 1985. Los jóvenes eran militantes del MIR, fueron heridos y luego asesinados dejándolos sin auxilio en la vía pública. Los funerales se realizaron en completa calma, pero acompañados de una nutrida delegación de pobladores y banderas del MIR. 104 la resistencia a la dictadura y el movimiento opositor organizado en la década de los ochenta. La revista de la Vicaría relevó el compromiso social y político de la familia: Nuestros hijos -agrega la carta de Luisa Toledo y Manuel Vergara, funcionario de la Vicaría de la Zona Sur de Santiago-, eligieron el camino más difícil, el de la solidaridad comprometida con nuestro pueblo. Solidaridad que los llevó a dejarlo todo, a no tener nada, ni bienes materiales, ni seguridades, ni comodidades. Tan grande fue su amor por los demás, tan grande su deseo de una sociedad sin poderosos, sin privilegiados, que ofrecieron su vida misma, su preciosa vida por conseguirlo". // Después de cuatro horas de caminata, desde la Parroquia "Jesús Obrero" al Cementerio General, los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo fueron sepultados en dicho camposanto, sin que durante el trayecto se produjeran incidentes (Solidaridad, Nº 199: 2). Los sucesivos hechos represivos fueron generando repudio y movilización; los funerales se convertían en verdaderos mítines políticos que reclamaban el término de la dictadura, cosa que fue particularmente notorio en un par de situaciones devenidas en emblemáticas por diversas razones y a las que vamos a referirnos. La inmolación de Sebastián Acevedo 106 devino en un funeral de grandes proporciones. Realizado en la parroquia de Villa Mora en Coronel, la concurrencia gritaba consignas que fueron combatidas con bombas lacrimógenas por parte de carabineros, creándose serios incidentes al interior de la iglesia y sus cercanías. Su hija Nadia dijo en el cementerio: “No saben ustedes la emoción que siento. Mi padre dio la vida por dos de sus hijos, y Augusto Pinochet lo trató de loco. Claro, estaba loco de dolor, de desesperación” (Vega, 1999: 453). Ya con el funeral de Carrasco 107 el uso político de los funerales se naturalizó como forma de alegar contra la dictadura. La última etapa del régimen se combatió desde lugares tan poco ortodoxos como los cementerios, en esos lugares se expresó el discurso y la discusión de los grupos opositores, desde los lugares de la muerte, que la dictadura había provocado, se luchaba para recuperar la vida en democracia: Carabineros indicó que diez personas fueron detenidas por provocar desórdenes, entre ellos el periodista Alejandro Guillier. Previa comprobación de domicilios, quedaron todos en libertad. // La familia del profesional asesinado había solicitado que durante el funeral se mantuviera el debido Ocurrida en noviembre en la Plaza Independencia de Concepción, conmocionó de tal manera a la comunidad, que hizo público y notorio el problema de la tortura y el trabajo represivo de la CNI, logrando abrir el debate a raíz de la detención de dos de sus hijos: Candelaria y Galo, militantes comunistas. 107 En septiembre de 1986 el periodista José Carrasco, destacado dirigente del MIR y activo miembro de la resistencia a la dictadura, fue secuestrado y asesinado. Este acto fue una venganza al fallido atentado a Pinochet por parte del FPMR. El funeral tuvo como resultado la detención de diez personas. 106 respeto, lo cual no fue cumplido por grupos que enarbolaron banderas del proscrito MIR, y de las Juventudes Comunistas, quienes en el cementerio siguieron gritando consignas políticas (El Mercurio, 11-09-1986: C2). El asesinato del periodista generó un rechazo absoluto, dentro y fuera del país, y los homenajes a Carrasco tuvieron continuidad como consecuencia de la falta de libertad de expresión que impuso la dictadura. En la actualidad, una calle santiaguina lleva su nombre en señal de memoria así como el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. El movimiento social opositor había generado su propio calendario de eventos de memoria y reivindicación, cuestión que se suma a los eventos del ciclo de protesta, que revisaremos en seguida. 6.5.3.- Los funerales en medio del ciclo de protestas. El ciclo de protestas fue lamentablemente prolífico en relación a muertes y asesinatos. La algidez del conflicto hizo que las víctimas de la represión representaran la rabia contra las políticas del régimen, lo que se expresó en los funerales. En este aspecto incluimos a víctimas civiles que no necesariamente estaban vinculadas a agrupaciones sociales y políticas, como son los casos de algunos eventos analizados. Las víctimas se constataron como un elemento del conflicto político, cuestión que se evidenció en los funerales, de ello la prensa oficialista se hizo parte para elaborar un discurso fuertemente anti movilizaciones. En uno de los casos, el del menor Víctor Rodríguez Celis, la familia de la víctima declaró que no compartía las manifestaciones políticas que se realizaron durante el funeral: Una vez dentro del camposanto, jóvenes compañeros de Rodríguez Celis, ataviados con atuendos deportivos, hicieron una cadena en torno al féretro. // Paralelamente y cuando ya no se contaba con escolta policial, otros grupos de jóvenes comenzaron a gritar consignas políticas en contra del Gobierno, al mismo tiempo que lanzaban panfletos y entonaban el Himno Nacional […] // Sin embargo, al finalizar la prédica, continuaron los gritos y la madre del menor fallecido, Carmen Celis, debió increpar a un manifestante que pretendía colocar varios panfletos sobre el ataúd de su hijo. // La mujer, que sufrió un colapso nervioso, al término del sepelio aclaró que los manifestantes “no tienen nada que ver con nosotros. Ellos se metieron en el funeral y utilizaron a mi hijo para sus fines”. // La madre del menor muerto condenó la actitud de los extraños manifestando que “cometieron una imprudencia increíble (El Mercurio, 14-05-1983: C9). Los estudiantes universitarios fueron un sector muy afectado, dado el carácter protagónico que tuvieron durante las protestas. Ese protagonismo y el apoyo popular se expresaron en los funerales, constituyendo oportunidades de movilización política. La represión que se vivió en Concepción 108 tras los funerales de un estudiante universitario: Acerca de los hechos ocurridos anteayer en los cuales, además de un joven herido a bala, hubo otros confusos, dijo que a los cientos de manifestantes que volvían del Cementerio General -donde habían concurrido al sepelio de Cauplicán Inostroza Lamas- se les dio la oportunidad de disolverse en casi gran parte de la Avenida Prat. // “Sin embargo portando lienzos, gritando consignas políticas y ocupando prácticamente toda la calzada, intentando ingresar al centro por Maipú. Algunos vehículos particulares y de locomoción colectiva sufrieron las quebraduras de vidrios producto de piedras y otros objetos lanzados por los manifestantes. Al encontrarse con un bus de Carabineros le lanzaron una lluvia de piedras y ahí fue necesario intervenir, con el uso de disuasivos químicos y de bastones, porque había una agresión. No se empleó armas de fuego” (El Sur, 30-03-1984: 3). Las detenciones y desórdenes en los funerales de las personas que murieron en medio de las protestas fueron una constante. Nosotros observamos que la actuación policial en estos eventos generó una cultura de la represión que, ante el menor indicio de protesta política, respondió con violencia desmedida. 109 Los sepelios se acompañaron de expresiones políticas por parte de jóvenes pobladores. Sin duda estos últimos fueron las principales víctimas de violencia represiva del ciclo de protestas nacionales: En el Cementerio General donde se registraron hondas escenas de dolor, sus restos fueron despedidos nuevamente por el citado párroco y, antes que una representante de los comités de base de la Comisión de Derechos Humanos pronunciara una alocución destacando la actuación de Roy (sic) Berenguer en las labores sociales de su comunidad, jóvenes no identificados gritaron consignas políticas, retirándose poco después sin que se registraran incidentes (El Mercurio, 8-09-1985: C5). El caso de este fotógrafo demuestra el grado de politización de los funerales, pues la víctima no era militante de ninguna organización política. Su muerte se produjo en medio del despliegue policial en el barrio, tras producirse su muerte en el marco de la protesta, el funeral se convirtió inmediatamente en una oportunidad de declarar políticamente contra la dictadura. El once de septiembre se fue consolidando como una fecha de enfrentamientos Durante la octava jornada de protesta, en marzo de 1984, cayó abatido en la Universidad de Concepción Caupolicán Inostroza, estudiante de ingeniería mecánica. Su muerte fue causada por un disparo dirigido desde un automóvil en movimiento. 109 En mayo de 1984, durante los funerales del niño Pedro Mariqueo, se detuvo a veintiún pobladores, quienes habían llegado en una marcha hasta el cementerio general para participar del entierro del menor. La policía generó dispositivos para reprimir dichas acciones. 108 importantes, y el cementerio general fue uno de los escenarios más significativos. Posterior a las romerías y los discursos políticos, los disturbios entre manifestantes y carabineros se hacían habituales en esta conmemoración. 110 Los disturbios incluían lanza aguas y bombas lacrimógenas, de uso constante por las fuerzas policiales en estas situaciones: Después de celebrada la misa fúnebre, sus compañeros del Instituto Profesional de Santiago, familiares y vecinos, quisieron acompañar al carro mortuorio a pie por calle Cumming hasta el Cementerio General. Fuerzas especiales impidió el cortejo y arrojó gran cantidad de bombas lacrimógenas, sin el más mínimo respeto por los deudos. // En el Cementerio ocurrió otro tanto. Esta vez, junto a la acción de las bombas, entró en funciones el carro lanza agua, que destrozó los vidrios del camposanto y viviendas aledañas. Hubo varios detenidos y los periodistas que cubrían la noticia, fueron violentamente reprimidos para que no registraran el hecho en sus cámaras fotográficas (Cauce, Nº 77: 44). Los funerales y ceremonias reflejaron cómo este ciclo convulso también se vació en estos eventos. Los grupos en conflicto aprovecharon cada pequeño espacio para manifestarse, razón por la cual la represión hubo de extender su acción a lugares que no contempló. Ejemplo de ello es el denominado caso Quemados, la quema de dos jóvenes en Santiago, uno de ellos Rodrigo Rojas 111 producido hacia el final del período. Si bien esto ocurrió en el contexto de una protesta nacional, la significación y calado del hecho lo transformó en un símbolo de la violencia represiva de la dictadura: 112 El martes 8 el caso ya había adquirido características impactantes, sacudiendo a la opinión pública nacional e internacional, y mientras se velaban los restos de Rodrigo se anunciaban sus funerales para el día siguiente (miércoles 9). Ese mismo martes, un alto oficial de Carabineros visitó a Verónica Denegri -madre de Rodrigo- y le dijo: // -Queremos que sepa que Carabineros no tuvo participación en la muerte de su hijo. Además, sepa usted que no tenemos ninguna intención de intervenir mañana en los funerales de su hijo. // Esta última promesa, claro, no se cumplió. Carabineros intervino con gran videncia al día siguiente, cuando se realizaba el funeral, al que asistieron distintas personalidades y embajadores. El propio Departamento de Estado norteamericano -que emitió cuatro declaraciones en ocho días sobre el caso- repudió “la injustificada actuación de la policía chilena durante el entierro de Rodrigo Rojas” (Apsi, Nº 183: 11). Un tercer elemento en este análisis guarda relación con los militantes de partidos y organizaciones opositoras. A continuación repasaremos los funerales y ceremonias En ese contexto ocurrió el funeral de Ronald Wood, estudiante asesinado en esa protesta. En la ocasión, la columna de manifestantes fue impedida de entrar al cementerio. 111 Este acto provocó un llamado masivo al funeral de Rodrigo Rojas, joven reportero de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI). 112 A la salida del cortejo, desde la sede de la Comisión de Derechos Humanos, la policía dispersó a los concurrentes con lanza aguas y bombas lacrimógenas. Se produjeron violentos disturbios en diversos puntos del recorrido, incluyendo ataques al mausoleo Pinochet Hiriart. 110 mortuorias que desarrollaron en torno a estos sujetos y los debates que suscitaron. 6.5.4.- Los actos fúnebres de los militantes opositores. Estos funerales estuvieron marcados por un alto grado de politicidad. Las ceremonias de los militantes de las organizaciones sociales y partidarias en lucha contra el régimen centraron el discurso de las mismas. Se aprovecharon los funerales para desplegar argumentos y denuncias, conectándose con el movimiento social de manera pública. Podemos comparar las características de los funerales de militantes políticos contrastados con los funerales relacionados a militantes sociales, es decir, personas que participaron de grupos que fueron muy activos en la construcción de la oposición movilizada por el régimen militar. En ese sentido, los funerales de pobladores fueron mucho más diversos y masivos en su convocatoria que los funerales de militantes políticos, en los que se apeló a la narrativa de izquierda, centrada en sus proyectos políticos. Ello es evidente en el funeral de Miguel Cabrera, uno de los guerrilleros de Neltume, 113 efectuado en completo silencio. Éste sólo estuvo acompañado por personal de salud y fuerza policiales y de seguridad. Sepultado en Valdivia, el cuerpo fue dejado en un patio común, junto a sus compañeros sin ninguna muestra de recordación: Sin que se hubiese comunicado públicamente ni permitirse el reconocimiento del cadáver por sus familiares, fue sepultado ayer a las 12.15 horas, en el Cementerio General de esta ciudad, el cuerpo del jefe del grupo de guerrilleros que opera en el complejo maderero Panguipulli, Miguel Cabrera Fernández. // Las exequias secretas se efectuaron con el sólo acompañamiento del personal de seguridad, Servicio Nacional de Salud y “El Mercurio” como único observador [...] // En rápida maniobra cuatro empleados del recinto rodearon el féretro con un grueso cordel y lo portaron en vilo unos ocho metros, depositándolo inmediatamente en la fosa. Con igual rapidez lo cubrieron de tierra. No fue colocada ninguna flor, en contraste con las tumbas de sus otros cuatro ex dirigidos, que exhiben cruces de color blanco con inscripciones negras y ofrendas frescas (El Mercurio, 21-101981: C6). Dados los datos anteriores, podría pensarse que la reactivación mirista fue sólo una articulación paramilitar que no tuvo mayor correlato en las organizaciones sociales; sin embargo, en los años siguientes, vemos que los funerales de los miristas caídos en las actividades de la resistencia lograron un apoyo popular importante. 113 En septiembre de 1981 los funerales de los miristas caídos en las montañas de Neltume (Valdivia) fueron ocultados por las fuerzas militares, quienes limitaron la asistencia a las familias directas de los cuerpos identificados. Dos de los cuatro cuerpos fueron trasladados a la misma localidad, otro fue sepultado en Santiago y el último en Valdivia. Los funerales de Mauricio Maigret 114 tuvieron una carga política de importancia. Los textos más significativos fueron hechos por un dirigente poblacional del MIR y las milicias de resistencia, que reivindicaron el asalto al cuartel policial. Jóvenes con sus rostros cubiertos estuvieron presentes en el homenaje y la presencia de las juventudes comunistas fue aplaudida: Sus restos fueron sepultados pasado el mediodía de ayer, en una tumba familiar del Cementerio General. Cerca de un centenar de personas, en su mayor parte jóvenes que cubrían parte de sus rostros con trapos de color negro, vocearon en forma permanente consignas subversivas identificatorias del Movimiento de Izquierda Revolucionario, así como ataques contra el Gobierno y sus autoridades. En el interior del camposanto fueron repartidas banderas rojinegras del MIR, en tanto que fue desplegada una pancarta de grandes dimensiones con la leyenda “Compañero Mauricio, hasta la victoria siempre” [...] // Hicieron uso de la palabra tres oradores -del Comando de Pobladores y del MIR- que reiteraron los ataques contra el Gobierno y las fuerzas de Orden y Seguridad (El Mercurio, 1-04-1984: C7). Sin duda, la inserción social de los milicianos y el carácter de baja intensidad de la violencia hicieron posible funerales con carga política. A los militantes profesionalizados en las acciones de violencia política de alta intensidad, como los guerrilleros de Neltume o Lucía Vergara, 115 no se les concedió la posibilidad de referir sus acciones como ejemplo de lucha, demasiado peligrosas políticamente para la dictadura. Las militancias políticas aparecieron como consecuencia de la dificultad para expresar opinión en los eventos de homenajes mortuorios. Aunque parezca contradictorio, los asesinatos de los cuadros políticos de izquierda fueron menos convocantes que las de los ciudadanos caídos en las protestas, 116 con la salvedad de los casos emblemáticos aquí recogidos. Los pobladores se constituyeron en un sujeto clave en las protestas y el movimiento social opositor, arropados por la falta de vivienda y las políticas sociales neoliberales del régimen. En el sepelio de Juan Aguirre 117 los disturbios a la salida del cementerio fueron Militante abatido en un asalto a la comisaría Teniente Merino de Pudahuel (Santiago). Maigret era parte de las milicias de resistencia y poblador de un barrio cercano a la comisaría. 115 Ejecutada en la calle Fuenteovejuna en una operación de exterminio a los militantes de la fuerza central del MIR, quienes habían ultimado días antes al Intendente de Santiago, Carol Urzúa. Los funerales se efectuaron privadamente, sólo con la asistencia de su familia. 116 Ello ocurrió durante los funerales de Arnoldo Flores, militante del Partido Comunista, muerto durante protestas en Santiago. Los incidentes en el cementerio se registraron al interior del recinto, siendo detenidas cinco personas (El Mercurio, 14-06-1984: C1). 117 Los pobladores atacaron un cuartel de la CNI, por que el fallecido había sido secuestrado por esos agentes. Al paso del cortejo fúnebre, lanzaron una ráfaga de tiros al aire. 114 graves; aun así la masiva concurrencia logró sepultar al poblador asesinado: En el camposanto, una multitud calculada en alrededor de 3.000 personas, en su mayoría pobladores y estudiantes, dieron la despedida a Juan Antonio. En la entrada principal del Cementerio, la multitud entonó con sus brazos en alto el himno patrio para recibir el ataúd con los restos de Juan Antonio Aguirre. Ante la tumba Nº 637 del Patio Los Retamos, el féretro difícilmente pudo llegar hasta su lugar definitivo. Entre forcejeos, empujones y consignas, demasiadas personas se agolparon alrededor de la tumba para ver cómo se desarrollaba la sepultación. Mientras la familia demostraba, en silencio, su dolor (Solidaridad, Nº 188: 23). La violencia utilizada por las fuerzas policiales contra los actos funerarios revelaba que los límites de la confrontación se corrieron hasta extremos intolerables para el movimiento social, en los cuales no sólo se incluía la violencia contra los asistentes, sino también contra los cuerpos fenecidos de los opositores. Si bien en el caso de otros asesinados no se produjeron disturbios de consideración, las consignas políticas, lienzos y homenajes estuvieron presentes, así como una gran cantidad de jóvenes encapuchados. Este elemento de ocultamiento fue habitual en las jornadas de protesta y apareció también en estos funerales de marcado carácter político. Particularmente masivo fue el funeral de Ignacio Valenzuela, 118 cuyo féretro fue cubierto por una bandera de la agrupación. Los incidentes durante el cortejo y en el cementerio revelaron el grado de indignación hacia la policía y la CNI: Cientos de personas, entre los que se contaban dirigentes políticos, poblacionales, universitarios y de organizaciones gremiales asistieron a una breve liturgia en la Parroquia Universitaria y posteriormente concurrieron al camposanto, donde el cortejo era esperado con decenas de personas que batían palmas y gritaban “justicia, justicia, queremos justicia”. // El féretro que estaba cubierto por dos banderas, una chilena y otra con el fusil y la sigla FPMR del Frente Manuel Rodríguez, fue trasladado a turnos por dirigentes políticos y universitarios. // En el trayecto hacia la galería 69 donde quedó sepultado Valenzuela, los asistentes cantaron el himno de la internacional comunista y gritaron consignas contra el gobierno y la CNI. En los muros, jóvenes que cubrían sus rostros con pañuelos rayaron con leyendas como “no es hora de llorar, sino de luchar. Mir” y “ni perdón, ni olvido. JS (El Mercurio, 19-06-1987: C5). También los eventos en torno a los funerales nos revelan la evolución de las políticas de represión de la dictadura, en cuanto el movimiento se hizo más fuerte y constante en sus movilizaciones y aprovechó las oportunidades que construyó con el paso de los años. De igual manera los aparatos represivos extendieron a los actos funerarios su 118 Este funeral se dio en el marco de la Operación Albania o Matanza de Corpus Christi, que acabó con la vida de doce militantes del FMPR en de junio de 1987, accionar violento, generando más argumentos para el movimiento social contra el régimen. *************** Cerrando este capítulo, hemos caracterizado el movimiento social y los mecanismos que contribuyeron a su constitución, siguiendo la estrategia de ocupación del espacio público a través de la diversidad de mecanismos que hemos particularizado. En el período dictatorial la manifestación política adquirió nuevos componentes, dados por el carácter de negación que tuvo. Así, el espacio público se resignificó como un ejercicio de reivindicación, en ello fue fundamental el trabajo de los estudiantes como parte integrante del ethos colectivo del movimiento anti dictatorial. Ligado a ello se observa en las protestas la cultura del “incidente”, el cual constituye parte del repertorio de las grandes protestas de 1983-1986. Éste prácticamente consistía en considerar que no hay protesta sin desmanes ni encapuchados. Los incidentes, progresivamente, fueron peligrosamente frecuentes y generaron una forma habitual de relacionarse con y en el espacio público, al punto de agredirlo por significarlo como parte del orden dictatorial. De igual manera, las fuentes muestran una gran diversidad de ocasiones y motivaciones que potenciaron los episodios de desórdenes e incidentes urbanos, así como también la confluencia de los distintos sujetos sociales que aceptaron y utilizaron estos mecanismos: activistas de derechos humanos, pobladores, estudiantes, trabajadores y mujeres, aunque en grados y preferencias destacadas. Finalmente, reconocemos diferencias en la utilización de los distintos tipos de intervención; aunque fueron utilizados los mismos mecanismos de uso del espacio público: desórdenes, trabajos comunitarios o funerales, las maneras de enfrentarlos estuvieron mediados por la fuerza acumulada en sus organizaciones, frecuentemente mayor durante los años ochenta. Un elemento que cruzó el conflicto político chileno fue el de la violencia política de izquierda, por lo que a continuación revisaremos los asuntos más relevantes en relación a ello. 7.- La violencia política de izquierda. En este séptimo capítulo abordaremos el fenómeno de la violencia política acometida por los diversos grupos de la izquierda radical. Estudiamos esta cuestión porque fue la expresión más visible de descontento con la dictadura militar en el espacio público. Por otra parte, las formas que adquirió la violencia política de izquierda guarda relación con la influencia o recepción que tuvo esta estrategia en el movimiento social opositor, cómo incursionó en sus debates políticos y su eventual intervención en el desarrollo del movimiento. Estos elementos buscan que nuestro estudio entre en el centro de la discusión acerca de la manera de transitar a la democracia, cuestión de mucha importancia a fines de los años ochenta; estos objetivos articulan este capítulo que se desarrolla en tres subcapítulos. Si bien las formas de violencia política de izquierda tuvieron múltiples manifestaciones durante este período, la organización de la información aportada por nuestras fuentes y la elaboración correspondiente ha sido agrupada en tres apartados. En el primer subcapítulo exploraremos los asesinatos de los dirigentes y afines a la dictadura; posteriormente trataremos las bombas e incendios intencionales que provocaron conmoción pública, y que, como rechazo aquéllos intervino el espacio público; el último apartado analiza los sabotajes y atentados contra la economía del régimen. Las fuentes primarias utilizadas prioritariamente son la prensa clandestina y oficialista; no es sorprendente que la información encontrada en la prensa opositora ha sido de menor importancia, prensa más dedicada a relatar los sucesos emanados desde el movimiento social. Fuentes constituidas por documentos partidarios -del MIR y el FPMRtambién han sido de gran interés para recabar datos acerca de este fenómeno, así como los informes de las comisiones Rettig y Valech. Por último el periodismo de investigación y los testimonio relatados en libros y artículos también nos han sido útiles en la recolección de información. Ahora bien, quisiéramos comenzar analizando dos elementos que nos parecen básicos para profundizar en este capítulo. Primero reuniremos antecedentes acerca de la idea de violencia política que se tuvo durante el período, especialmente sobre el rol que esta estrategia tuvo en el conflicto político vivido en Chile. Después, caracterizaremos a los autores de esa violencia política, entendiendo sus argumentos expresados en las acciones que relataremos posteriormente. Veamos, entonces, cómo se ha comprendido el fenómeno de la violencia política en dictadura, sus variantes y opiniones divergentes en torno a ello. En la presente investigación surgió el fenómeno de la violencia política contra objetivos claramente representativos del sistema político y social imperante. 1 Lo que no está suficientemente aclarado es si la violencia política organizada tuvo influencia en las decisiones que llevaron el proceso por las diversas vías que se presentaron en el conflicto. En ese sentido es fundamental acotar las características y los pasos dados en la lucha contra la dictadura, es decir, cómo se recibieron los actos de violencia política entre la dirigencia política y las organizaciones sociales encargadas de conducir el proceso: Pero resulta, asimismo, indispensable que el Gobierno y la ciudadanía prosigan sus actividades normales con la más completa serenidad. Se diría que el mayor imperativo de un momento como éste consiste en no satisfacer el propósito de los asesinos, que no es otro que inspirar nerviosismo, reacciones violentas o alteraciones en la marcha del país. Hay que confiar en que el terrorismo será exterminado, porque es inadmisible que una minoría fanática ponga en riesgo vidas inocentes o infiera daños graves a la nación. Hay que confiar, además y sobre todo, en que el terrorismo se desanime al observar el escaso efecto que tienen sus acciones sobre la decisión de un pueblo de encaminarse hacia el progreso, la justicia y la paz (El Mercurio, 16-07-1980: A3). Esta información nos permite introducir una primera idea. La violencia fue usada como mediación política y, en este sentido, representó un mecanismo anómalo de negociación política. La lucha política por buscar una salida al “terrorismo” formó parte del debate político dirigencial en el Chile dictatorial. Surgieron entonces diferencias en cuanto al proyecto que generaría mayor éxito para democratizar el país. En definitiva, fue en los sectores populares donde se centró la participación de la resistencia, a través de múltiples actos de violencia de baja intensidad ligados a las movilizaciones sociales; en ese contexto se articuló una forma de protesta radicalizada, que convocaba al posicionamiento político de los actores anti pinochetistas: Señalamos que con este accionar las Milicias de la Resistencia Popular apoyan militarmente las manifestaciones de repudio masivo a la dictadura, las marchas, mitines y ollas comunes. Acciones que van demostrando que el pueblo ya ha tomado la firme decisión de no tolerar más el hambre, la cesantía y la opresión a las que han sido sometidos por el criminal y corrupto régimen militar 1 Estudios sociológicos señalan que en el caso chileno los actos de violencia son en un 75% de expresión política organizada (Martínez, Tironi y Weinstein, 1990: 28). encabezado por Pinochet (El Rebelde, Nº 192, 1982:11). 2 La izquierda radical había diseñado ya desde hacía tiempo una forma de encarar estos desafíos. A través de la movilización social fuertemente politizada y convocante, en función de una lucha agudizada por el propio régimen de facto, se apostó por la derrota del régimen. Para entender mejor el fenómeno estimamos que se pueden establecer dos tipos de violencia política; una primera forma fue la violencia política de alta intensidad, ejercida preferentemente por la Fuerza Central del MIR y el FPMR, la que se puede definir por el resultado de muerte, producto de la actividad guerrillera. Esto se verifica tanto para los ataques a las personas como para los falsos enfrentamientos, aunque también se puede observar en los asaltos bancarios; ambos tuvieron siempre alto impacto público, incluyendo sus efectos negativos: Lo cierto es que el MIR asumió hace mucho tiempo ese “costo político” y, por el contrario, ha hecho intentos de subir a su carro a sectores disidentes. La novedad justamente radicaría en que sectores de la oposición, que hasta ahora habían evitado enfrentamientos frontales con el régimen, estarían decididos a asumir el camino de la acción de masas […] // Para sectores oficiales, esta nueva característica de la violencia quedó clara en seguida, y el miedo cundió entre los partidarios del modelo económico, al darse cuenta que una escalada organizada y sistemática contra objetivos netamente económicos, como el caso de la Renault, sin involucrar muertes de personas, podría descalabrar y obstaculizar seriamente el desarrollo de dicho modelo, e incluso obtener las simpatías de parte de la población [...] (Apsi, Nº 87: 2). Un segundo tipo de violencia política es la de baja intensidad, desarrollada generalmente por las Milicias de Resistencia Popular (MRP) y las Milicias Rodriguistas (MR). Si bien es mucho más llamativa que la anterior, prácticamente no dejó resultado de muerte. Por otra parte, este tipo de violencia fructificó en las experiencias de lucha social y preparación de cuadros milicianos para las estructuras partidarias; por tanto, el que fuera de baja intensidad no significa, ni con mucho, que haya sido menos importante: 3 La magnitud del problema cobra un nuevo viso de urgencia cuando el Cuerpo de Bomberos, institución cuyas tradiciones de voluntariado y sacrificio enorgullecen al país, ha debido declarar que “no expondrán sus vidas por la violencia callejera”, a raíz de que tres de sus voluntarios fueron Esta declaración se dio en el desarrollo de acciones de violencia para apoyar las marchas del hambre, efectuadas a fines de 1982, esta corresponde a una realizada en Viña del Mar. 3 Estas acciones fueron creciendo con el devenir de los años. A partir de 1978 se manifestó en acciones de resistencia callejera; esta violencia de baja intensidad evidenció el descontento. 2 heridos por violentistas en una comuna que ha adquirido notoriedad por la acción destructora de grupos bien organizados. Esto, tomando pie en las convocatorias a realizar jornadas de protestas estás desatando continuas oleadas de vandalismo, cuyas consecuencias sufren, en primer lugar, los mismos pobladores (El Mercurio, 19-10-1983: A3). Un segundo aspecto de importancia guarda relación con los sujetos protagonistas de esta estrategia. Las estructuras partidarias de izquierda como las milicias resistentes articularon a estos sujetos, veamos su desarrollo y particularidades más significativas. Los milicianos tuvieron una preparación militar y política que se basó en diversas variedades de lucha urbana. 4 Considerando que las milicias hicieron como una de sus premisas fundamentales conseguir el apoyo social, se organizaron tareas como el apertrechamiento y el reclutamiento en el barrio o lugar de trabajo o estudio. Por otra parte, se definieron diversos tipos de milicias, diferenciadas por su función en torno a las acciones resistentes. 5 Toda la instrucción estaba cruzada por una moral de ineludible mención; se repetía la necesidad de la disciplina, la conciencia política, la lealtad al grupo y la consecuencia. Las milicias contaban con un código de honor que resumía estos aspectos. Todo ello marcaba un cariz heroico y generaba una mística que empujaba a la identificación del grupo: Himno de las Milicias Rodriguistas // […] Con la urgencia de su dignidad // al Frente Patriótico M.R. Ven // a conquistar con él // la vida, el pan, la paz // con el FP descubre la unidad // y al que divide hoy la historia enterrará // a las MR únete // porque esta vez la patria va a vencer [...] (Barricada, Nº 2: 3). Tema fundamental de los grupos milicianos era el de la clandestinidad, tanto de la pertenencia de sus miembros como de su acción específica. El miliciano podía participar de movilizaciones de reivindicación social o política, pero debía participar como un manifestante más; no debía hacerlo si se sospechaba que era reconocido por otros como parte de la resistencia. 6 No se permitía a los milicianos la realización de actos de violencia política en el desarrollo de estas actividades públicas del movimiento social. La instrucción incluyó tácticas para el territorio específico, uso de explosivos y desarrollo físico de los milicianos, entre otros elementos. 5 Existieron milicias de información, de sanidad, de agitación y propaganda, de transporte y de seguridad. Estas milicias de apoyo posibilitaron que distintas personas participaran de las actividades, comenzando a configurar un movimiento en torno a esa resistencia. 6 Dentro de ello está la creación de brigadas que protegían las movilizaciones de los sectores donde operaban las milicias. Esto consideraba desplegar personas que cuidaran los espacios de reunión, las movilizaciones y las marchas. 4 Las tareas más frecuentes y mejor desarrolladas por estos grupos fueron las actividades de agitación y propaganda. 7 Este ámbito se encontraba justificado por la falta de pluralismo de los medios de comunicación masiva. Para la resistencia era necesario hacer conocer sus planteamientos frente a la situación política del país y divulgar sus acciones. Fueron diversos los tipos de acciones; entre ellas, se dieron los amedrentamientos a informantes de las agencias de seguridad del Estado, daño a la propiedad 8 e inclusive el ajusticiamiento, que hemos podido comprobar en pocos casos. Concebida como guerra sicológica, las acciones de este tipo iban destinadas a crear intranquilidad en el enemigo político. 9 El área de mayor relevancia para el régimen, por el impacto que tenía en su discurso, era la de los sabotajes a diversos focos del aparato productivo y a la red de infraestructura del país. 10 La dictadura resintió cualquier acción de violencia, reforzó la diferencia entre los proyectos y, desde el hecho del daño material, se desprestigió al oponente. 11 Para las milicias era importante mostrar un país, Chile, inseguro e intranquilo, donde el proyecto del régimen de facto estaba cuestionado por el amplio rechazo del pueblo: 12 Contaba una militante de la Resistencia Popular que tuvo la oportunidad de salir del país, que al volver a Chile se había encontrado con un país diferente. En resumen, un país movilizado contra la dictadura donde se percibe la presencia de importantes sectores sociales que desarrollan una lucha antidictatorial, junto a los partidos populares y revolucionarios. Seguir la trayectoria de esos sucesos que marcan el empuje del movimiento de masas en 1982 es una tarea que sumió un grupo de reporteros de la AIR y que se presenta a continuación […] // La masividad de las movilizaciones y la energía para enfrentar la represión, donde el pueblo ha comenzado a apoyarse en las Brigadas de Dentro de las más recurridas estuvo el uso del panfleto y el rayado de muros. Se utilizaron lienzos, bombas parlantes y particularmente barricadas con mítines relámpago. Se debe agregar que existía un boletín de las Milicias de Autodefensa, El Miliciano. 8 Aspectos de este ítem fueron la recolección de armas por el desarme de agentes de seguridad y de particulares; además de la expropiación de recursos para el trabajo de los milicianos, financiando mimeógrafos, dinero, medicinas y materiales para la lucha callejera. 9 En esta tipología vemos las amenazas telefónicas, cartas anónimas, rayados y panfletos. 10 Acciones como el asalto a camiones repartidores fueron actos de sabotajes frecuentes, aprovechados para hacer agitación política. En coyunturas como huelgas, ollas comunes, protestas o tomas también se recurrió a estas acciones. 11 Los medios de comunicación vinculados al régimen intervinieron en la denominación de estos sujetos, surgieron los conceptos de extremista, terrorista y subversivo para nombrarlos, haciéndolos visibles en el debate político del momento. 12 En este aspecto fueron relevantes los cortes de energía, la interrupción de las vías por miguelitos, bombas falsas, destrucción de propiedad fiscal y toma de microbuses. 7 Autodefensa, delinean una fisonomía distinta de los combates del pueblo y muestran que el miedo y la vacilación van quedando atrás” (AIR, 01-1983: 1). Vistos los elementos centrales que constituyeron las acciones de los sujetos resistentes, podemos hacer algunas reflexiones en torno a la estrategia desarrollada por la subversión mediante la violencia política. En este sentido, sabemos que se privilegiaron las acciones agitativas en las movilizaciones y sectores populares, sin considerar la construcción de un proyecto propio. 13 Bajo esa modalidad se perdía influencia rápidamente entre los sectores agitados por los grupos resistentes, entregando la representatividad ganada a quienes, desde la política tradicional, se manifestaban abiertamente contrarios a la dictadura: Mientras tanto, no se puede dejar que el enemigo se reponga. Para ello no se les puede dar descanso y al Paro del 2 y 3 de julio pasados deben seguir las manifestaciones de rechazo de todos los sectores, la realización más acabada de la próxima protesta nacional, en camino hacia la sublevación del pueblo combatiente. Una gran oportunidad se presenta en torno a manifestar activamente la solidaridad con todos y cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Asamblea de la Civilidad que con singular coraje hacen efectiva la “desobediencia civil”. // Porque la caída de Pinochet será obra de todos los patriotas libres, y no solamente de unos pocos, la batalla es en todos los frentes y empleando todos los modos de operar (El Rodriguista, Nº 17: 8). A pesar de lo dicho, la resistencia constituyó un eslabón estratégico dentro de la política de la izquierda radical. Heredando gran parte de la experiencia y las corrientes ideológicas de su tiempo, esta izquierda se inscribió como reserva moral contra la política del terror generada por el régimen de facto; acudiendo a una ética del rigor y el orden estricto de la organización. Las organizaciones milicianas estuvieron en y con el movimiento popular, en poblaciones y universidades, fundamentalmente en las ciudades. Se desarrollaron desde la lógica de grupos cerrados e influían en organizaciones públicas y, desde ahí, se hacían conocidas las posturas de las agrupaciones de izquierda para el conjunto de la población: El pliego de la CNS, que costó la cárcel a sus dirigentes, -prosigue el manifiesto del MIR- es por ejemplo una buena base para ampliar esa plataforma de lucha social y política contra el régimen. Pero esta vez ese pliego debe ser llevado a la discusión en el seno de las masas y no quedar al nivel de las superestructuras sindicales y políticas […] // El MIR llamó también a que los partidos de 13 Con matices, esta estrategia estuvo presente en todos los partidos de la izquierda radical y se mantuvo hasta llegado el momento de la transición. A partir de ese momento las aguas se abrirían, excluyendo a los sectores representados por el MIR y el FPMR, entre otros. izquierda se unan para trazar los objetivos políticos de la lucha del pueblo. “Llamamos a impulsar movilizaciones, marchas, mítines relámpago, barricadas callejeras, ocupaciones de locales y diversas formas de lucha por localidades que indiquen la capacidad de lucha del pueblo chileno y de su clase proletaria” (AIR, 05-1981: 5). Visto el fenómeno en sus características esenciales, reflexionemos ahora sobre las articulaciones específicas de la violencia política y el movimiento social. Comenzaremos por estudiar los asesinatos de los agentes de la dictadura, una de las formas de violencia política más impactante del período. 7.1.- Los asesinatos de agentes de la dictadura. Una de las formas de violencia política con mayor impacto, por los efectos que provocó, guarda relación con los asesinatos de agentes de la dictadura, fueran miembros de las Fuerzas Armadas, fueran colaboradores civiles del entramado dictatorial. En este subcapítulo estudiaremos las acciones referidas a este mecanismo de violencia política desarrollada en Chile durante el régimen militar. El objetivo que perseguimos, a través del estudio de estos hechos de violencia política, es comprender los efectos que estos tuvieron en los diversos protagonistas del conflicto político, en la dictadura, el movimiento social y en las organizaciones de izquierda que los impulsaron. En ese mismo sentido, también caracterizaremos los asesinatos a los agentes de la dictadura para visualizar el alcance del fenómeno que estamos tratando. Las fuentes básicas utilizadas son la prensa, básicamente El Mercurio, además de la prensa clandestina y los informes de los partidos resistentes que emprendieron estas acciones, entre ellas AIR, El Rebelde y alguna prensa rodriguista. Los documentos partidarios nos entregaron algunos datos relevantes, y aunque ideologizados, como es obvio, igualmente nos han sido útiles. Tras definir algunas ideas sobre la cuestión, analizaremos primero cómo se dio el fenómeno entre los miembros de las Fuerzas Armadas; segundo, las acciones que afectaron a los agentes de los organismos represivos; en tercer lugar, los actos de violencia política sobre miembros del poder judicial; en cuarto lugar, cómo se vieron afectadas las policías en este particular y, finalmente, los asesinatos de civiles afines a la dictadura: referidos mayormente a políticos, dirigentes sociales y empresarios. Los agentes de la dictadura encargados de la represión se diseminaron por las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y también, tal vez principalmente, por los organismos encargados específicamente de perseguir a la oposición y resguardar la seguridad interior de Estado, tal como lo marcaba esa doctrina seguida por el régimen para estos efectos. Estos agentes de la dictadura fueron blanco del ataque de las organizaciones políticas que apostaron por la vía armada durante los años del régimen militar. Estos ataques significaron gran parte del devenir de esas organizaciones, pues consideraron el ensañamiento contra ellas mismas por parte de los organismos represivos. Los ataques a las personas fueron llamados ajusticiamientos por estas organizaciones; 14 recibieron ese nombre porque se atacó a responsables directos del empleo de métodos atentatorios contra los derechos humanos y los responsables políticos de los mismos. Dentro de esta categoría consideraremos los actos de violencia política con resultado de muerte, independientemente de si las acciones tuvieron como objetivo la eliminación de las personas o si estas fueron causadas por la oposición que miembros de las fuerzas de seguridad y represión hicieron en el marco de las acciones de violencia de la subversión. Hubo ocasiones en que los ataques no causaron la muerte; sin embargo, los hemos incluido igualmente dado que su finalidad es parte de nuestro interés investigativo. Estos actos de violencia no fueron masivos aunque provocaron gran conmoción pública, dado el momento en que se produjeron, es decir, acompañados de múltiples asaltos a bancos, enfrentamientos entre fuerzas de las organizaciones resistentes y agentes del gobierno, bombas en diversos puntos y acciones propias de las protestas nacionales: La Comisión ha examinado y calificado de violación de derechos humanos numerosos casos de muertes cometidas por particulares por motivos o bajo pretextos políticos. // Tales hechos han sido clasificados, además, como actos terroristas, si se trata de atentados contra víctimas indiscriminadas, como ser la colocación de explosivos en un lugar frecuentado por el público o el derribamiento deliberado de cables de alta tensión con la intención de (o sin importar que) mueran electrocutados vecinos o transeúntes. Se ha calificado también como actos terroristas los ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro, en contra de agentes del Estado (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 21). La Fuerza Central del MIR y el FPMR. El Movimiento Juvenil Lautaro actúa en este ámbito sólo para el final del período. 14 La verdad oficial en Chile estableció la ocurrencia de estos actos, vinculándolos al conflicto político. Hemos anunciado que este primer aspecto se refiere a los asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas, repasaremos los eventos que configuran acciones de violencia política sobre estos sujetos. 7.1.1.- Asesinatos a miembros de las Fuerzas Armadas. Los ataques a miembros de las Fuerzas Armadas fueron escasos pero aquellos que se produjeron estuvieron claramente dirigidos a terciar en el debate político. La mayor incidencia se produjo a partir de la aparición de la Fuerza Central del MIR, en torno a 1980. Los casos vuelven a hacerse notorios cuando el FPMR decidió aumentar su actividad con vista al año decisivo: 1986. El punto que marcó el inicio de estas acciones ocurrió a mediados del año 1980, cuando se produjo el hecho más resonante hasta ese momento por parte de la Fuerza Central del MIR – el teniente Coronel de Ejército, Roger Vergara Campos fue emboscado cuando su automóvil pasaba por Manuel Montt con Puyehue, en la comuna de Providencia (Santiago)- despertando la incesante búsqueda de la CNI para aniquilar a estos militantes. Esta acción ponía en entredicho la efectividad de la CNI en función de la seguridad del Estado, situación molesta que ya generaba roces y movimientos en el gobierno. 15 El episodio marcó el debut de las actividades paramilitares de la Fuerza Central del MIR: El accionar del movimiento de masas y de la resistencia popular irrumpió violentamente en el panorama nacional, relegando a un último plano el debate interburgués sobre la nueva constitución, que no es más que un marco constitucional para el modelo económico imperante y la ideología de la seguridad nacional en que se asienta la dictadura. // La feroz represión desatada inmediatamente después de conocerse la ejecución del agente de la CNI y Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara (ultimado desde un vehículo en marcha por ráfagas de ametralladora el martes 21), no impidió que se desatara una serie de acciones directas de masas. Por el contrario, el pueblo pasó a la ofensiva (AIR, junio de 1980:1). Pudo considerarse que el gran golpe de la Fuerza Central provino de un MIR con una fuerte presencia paramilitar en el país. Por otra parte, permitió pensar que la reactivación mirista comenzaba a dar sus primeros resultados. 16 La sensación generada con 15 Esta opinión fue expresada en Cavallo, Salazar y Sepúlveda (2008: 341-350). Los autores hacen alusión al impacto que causó en la CNI el atentado contra Roger Vergara y las implicancias institucionales de ello. 16 Todo ello, unido al triple asalto a los bancos de calle Santa Elena, ocurrido dos semanas después, asunto esta acción fue la del aumento de la conflictividad política. Además de provocar expectativas, este hecho levantó la moral de los grupos resistentes, notándose un ascenso en la propaganda y acciones de violencia de baja intensidad en las periferias urbanas. En cuanto a la preparación y ejecución de estos hechos, se debe consignar la movilización de recursos y personas, la férrea disciplina que implicaba la vigilancia de los blancos, además de la sustracción de vehículos y la utilización de armas de fuego de alto poder, como el fusil ametralladora AKA que se usó en la emboscada del Teniente Coronel Vergara. Posteriormente a la acción reseñada se efectuaron actos de menor envergadura pero que tuvieron como principal objetivo locales y dependencias de organismos de seguridad. De esta forma, las acciones de mayor envergadura se acompañaron de acciones milicianas que, en su conjunto, alimentaron la idea de un ambiente cargado de conflictividad política. La relación entre milicianos y Fuerza central se hizo evidente en la siguiente acción de este tipo: 17 La emboscada en que fueron ejecutados tres agentes policiales en la Avda. Eliodoro Yáñez -en las cercanías de las residencias del general Santiago Sinclair, Ministro del Estado Mayor Presidencial y del general Fernando Paredes, Director de Investigaciones- se efectuó “en respuesta al monstruoso asesinato de que fueron víctimas” cuatro demócratas chilenos el pasado 10 de noviembre. // Sin embargo, se ha filtrado a la opinión pública Luis Pincheira Llanos, Jaime Cuevas, Juan Ramón Soto Cerda y otro miliciano no identificado, fueron identificados por la DINA-CNI e Investigaciones durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Luego de ser torturados salvajemente, fueron asesinados con explosivos y material inflamable para no dejar rastro de la tortura y dificultar su reconocimiento […] (AIR, diciembre de 1981:1). Esta acción fue reivindicada por el Mando Nacional de las Milicias de la Resistencia Popular. El comando “Luis Pantaleón Pincheira Llanos” se adjudicó el suceso. Todos estos eventos sugieren que una guerra sorda estaba instalada en Chile, ya que cada acción de los organismos de la policía política era respondida por las milicias de la resistencia o la Fuerza Central del MIR con otra acción, con un nuevo golpe. Estos eventos y el hecho de creer que el destinatario del ataque era el General Sinclair, destacado miembro y funcionario de la dictadura, hicieron que el General Humberto Gordon tambaleara al frente de la Central Nacional de Informaciones (CNI). que revisaremos en el tercer apartado de este capítulo. 17 A fines de 1981 se produjo un atentado en las inmediaciones del domicilio del Jefe del Estado Mayor Presidencial, Brigadier General Santiago Sinclair, en Providencia (Santiago). Entre 1981 y 1982 la imagen pública de los organismos de seguridad fue pésima. Si bien se propinaron duros golpes a la reestructurada Fuerza Central del MIR, el país veía que el gobierno ya no estaba tan firme en el control de la situación política. En los sectores que apoyaron a la dictadura la crítica, velada, se hizo sentir: […] Es indudable que frente a elementos entrenados en verdaderas universidades de la guerrilla y la violencia, como son las que existen en ciertas naciones socialistas, que además, prestas financiamiento y entregan pertrechos con generosidad a los terroristas, se necesitan fuerzas de orden que tengan a lo menos preparación y medios similares. Las herramientas que sirven para combatir la delincuencia común y el terrorismo ocasional de fanáticos aislados son insuficientes para luchar contra divisiones de guerrilleros bien adiestradas y respaldadas incluso por servicios de inteligencia de naciones poderosas. // Hay toda una estrategia antiterrorista, pues, que demanda fijar la vista más allá de los avances legislativos, necesarios pero insuficientes para el desafío que plantea este extendido poder destructivo de nuestro tiempo” (El Mercurio, 3-08-1981: A3). Pero los actos de este tipo continuaron sucediéndose. 18 Los resultados políticos del ajusticiamiento del Intendente Carol Urzúa no se hicieron esperar, la dictadura anunció que el proceso político no se alteraría, reconociendo implícitamente que este ataque intervenía en el debate político; ello sucedió porque se negaban otras formas de negociación política. Por otra parte, el movimiento social generaba las primeras convocatorias a jornadas de protesta, acompañando el proceso de inestabilidad que generaron estos ataques. Tanto la Iglesia Católica, representada por el arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno, como los políticos de la Alianza Democrática condenaron fuertemente el atentado, resaltando el entorpecimiento que significaba para el proceso de liberalización política que impulsaban decididamente: Quienes han perpetrado este alevoso atentado merecen el repudio de toda la ciudadanía. Estos hechos de violencia sin duda están dirigidos a impedir aun a costa de vidas humanas, el entendimiento pacífico, a través del dialogo, que se está efectuando en el país. // El Papa Juan Pablo II nos ha pedido recientemente que "hay que buscar respuestas positivas a las situaciones y condiciones de violencia". // El Sr. arzobispo llama a todos los fieles de la lglesia de Santiago y hombres de buena voluntad a no dejarse seducir por ella. // Debemos, por el contrario, responder a la violencia con serenidad y madurez en la perspectiva de los altos intereses de paz y fraternidad en nuestra querida patria” (Solidaridad, Nº 162: 4). Por su parte la acción fue justificada por el MIR, que consideraba necesaria una 18 El ajusticiamiento del Intendente de Santiago, Carol Urzúa en agosto de 1983, provocó enorme estupor. Un grupo de cinco integrantes de la Fuerza Central del MIR disparó desde tres puntos al automóvil de Urzúa y sus dos escoltas, quienes murieron al intentar repeler el ataque. respuesta a las decenas de muertos a raíz de la violencia policial ejercida contra los manifestantes en las protestas nacionales, vinculándose así a los esfuerzos del movimiento social por presionar al régimen de Pinochet. A partir de este momento el protagonismo rodriguista en las acciones de violencia política sería incontestable, dado la fuerte arremetida sobre los militantes miristas, quienes se encontraban desgastados por las acciones efectuadas desde 1978. Aun así, grupos de milicianos siguieron realizando acciones a nombre del MIR. Este tipo de acciones sólo buscó referir como enemigos a las Fuerzas Armadas, por su clara identificación con el régimen. Aunque esas tuvieron escasas consecuencias políticas, en términos prácticos, los ataques a militares definieron muy bien la polarización social que vivía el país. 19 Pero fue en septiembre de 1986 cuando se produjo el hecho más relevante para el devenir político de las organizaciones armadas. Pinochet y su comitiva fueron emboscados en Cajón del Maipo (Santiago), muriendo algunos de sus escoltas. La acción del FPMR marcó el momento del país: El FPMR continúa pensando en el “tiranicidio”, que esta vez falló “porque el disparador de un lanzacohetes no funcionó y porque un cohete que si impactó en el Mercedes de Pinochet no estalló”, según explicaron los comandantes José Miguel y Daniel en conferencia de prensa clandestina en la que de paso criticaron la actitud “de las cúpulas políticas que condenaron el atentado de la boca para afuera; se ha condenado la acción porque fallamos, pero creemos que el tirano se ha hecho acreedor del odio del pueblo Y estamos convencidos del derecho a ajusticiarlo”. // En sus llamadas telefónicas el Comando 11 de Septiembre explicitó: “Matamos a cuatro marxistas para vengar a los escoltas muertos en el atentado a Pinochet y todavía falta uno para saldar las cuentas” (Apsi, Nº 188: 9). El FPMR había anunciado que 1986 sería el año decisivo. 20 El atentado a Pinochet no logró desactivar el acuerdo político que se logró entre los opositores moderados y los políticos de derecha en el gobierno. Desde ese momento la efectividad de las acciones del FPMR perdieron espectacularidad e hicieron que las expectativas en torno a su estrategia decayeran. Una acción similar ocurrió en agosto de 1985, cuando el Teniente Segundo de la Armada, César Chesta murió desactivando una bomba en Viña del Mar; se encontraba en comisión de servicio en la CNI (El Mercurio, 14-08-1985: A1). En abril de 1986 cuatro militares fueron baleados en Ñuñoa, en un sector habitacional del Ejército (El Mercurio, 30-04-1986: C2). 20 Sin embargo la operación siglo XX comenzó mal, pues se descubrió el arsenal internado en Carrizal bajo (Atacama). Aun así, la preparación combativa de los rodriguistas y su participación en la violencia miliciana en las protestas hizo pensar que sus acciones serían importantes. 19 A continuación revisaremos los hechos más relevantes en relación a los agentes de la DINA y la CNI. 7.1.2.- Asesinatos de agentes de organismos represivos. Los agentes de los organismos represores fueron mayoritariamente militares; sin embargo, hemos querido tratar en particular los atentados a estos individuos debido a la importancia política que los grupos subversivos le dieron a estos hechos. Ligado a ello, los sujetos directamente implicados en los aparatos represivos se convirtieron en objeto de ataques armados del MIR desde el inicio de su reactivación; posteriormente el FPMR haría lo propio en la medida que reforzó su capacidad de acción. El hecho que abre esta tipo de violencia política fue una acción del MIR que se produjo el 23 de abril de 1979. 21 Este hecho fue el primero de una serie de fuertes ataques contra dependencias de las agencias de seguridad, atacando centros de detención y tortura de la policía política: Destrozado por una bomba de alto poder explosivo que intentaba desactivar y cuando corría con el artefacto para lanzarlo al lecho del río Mapocho, murió ayer, a las 9.00 horas, en acto de servicio, el teniente del arma de Ingenieros del Ejército, Luis Carevic, miembro de la Unidad Antiexposivos de la Central Nacional de Investigaciones (CNI). // El oficial y otros dos especialistas habían llegado hacía escasos momentos al lugar, ubicado en Avenida Santa María casi esquina de la calle López, donde funcionó un local del SNS y ahora está establecido un cuartel preventivo de los Servicios de Seguridad, alertados por llamados telefónicos que dieron cuenta de un paquete sospechoso (El Mercurio, 24-04-1979: A1). Pinochet aprovechó la oportunidad para reforzar su discurso en torno al enemigo interno y el apoyo exterior -especialmente cubano- que supuestamente tenían los grupos armados, develando él mismo la existencia de la operación retorno. 22 En los años sucesivos volvería a referirse sobre asuntos relativos a la violencia política, siempre desde la tesis de la doctrina de seguridad interior del Estado. Llama la atención que muchos de estos sucesos ocurrieron en las residencias de los agentes; esto potenció la idea de perseguir íntimamente a conocidos partidarios del régimen militar que participaron en funciones represivas. Este elemento marcó la tónica del tipo de 21 En esa fecha murió el Teniente de Ejército asignado a la CNI Luis Carevic Cubillos, mientras desactivaba un artefacto explosivo instalado en el cuartel Santa María. 22 La Operación Retorno o Plan 78 fue la entrada clandestina a Chile de militantes del MIR para establecer un foco guerrillera en la zona de Neltume, en la cordillera valdiviana (Comité Memorial Neltume, 2003). blanco prioritariamente escogido por el MIR al iniciarse la década. 23 La escalada mirista del año 1981 se acentuaría el 6 de julio cuando Carlos Tapia Barraza, agente de la CNI y suboficial mayor en retiro del Ejército, fue muerto a la salida de su domicilio, en la comuna de San Miguel (Santiago). En esta ocasión, los atacantes usaron metralletas para realizar el atentado y se llevaron su automóvil en la huida: La orden emanada de un Tribunal Popular exigía la eliminación de Carlos Tapia. Este sujeto cumplía “labores” de jefe de personal de la Dina-Cni, es decir, se encargaba de adiestrar a su “personal” en las técnicas de tortura para lo cual tenía una extensa experiencia práctica. Era un funcionario de alto nivel dentro del aparato represor. Advertido por la Resistencia sobre sus crímenes intentó eludir la justicia popular ocultándose tras una imagen de “hombre bonachón, de trato amable y deferente” entre sus vecinos. Ni el poder ni la protección armada que tenía pudo impedir que se cumpliera la sentencia de muerte (El Rebelde, Nº 177: 9). Esta acción fue asignada al comando Charles Ramírez de las Milicias Populares de la Resistencia. 24 Sin embargo, no se debe pensar que no haya habido participación de la Fuerza Central en tal actuación, dado el comienzo de la desestructuración de ésta, por los golpes que los organismos represivos lograron infringir sobre la estructura militar del MIR. El ataque a Carlos Tapia, sumado a las acciones sobre militares y asaltos a bancos daba cuenta de la arremetida iniciada por el MIR, dejando en evidencia un objetivo clave: detener la política represiva del régimen, a través de la eliminación de los torturadores, cuestión que obviamente no ocurrió, aunque si se produjeron cambios significativos en la policía política. Un caso que apoya ese argumento fue el sucedido el 15 de julio de 1981, cuando Ingrid Olderock, Mayor de Carabineros y agente de la DINA-CNI, fue atacada a la salida de su casa en el barrio Ñuñoa (Santiago). Si bien no se produjo la muerte de la agente, los disparos recibidos en su cabeza le provocaron un daño neurológico permanente. Esta acción también fue adjudicada al Mando Zonal de la Resistencia Popular. En un comunicado se informó que el comando Lumi Videla 25 era el responsable del ataque a Olderock, responsabilizándola de graves torturas contra militantes del MIR: VILLA GRIMALDI, LAS CASAS 26 de tortura de calle Londres y José Domingo Cañas, conocieron Uno de estas acciones ocurrió en 1980, en la Villa El Salvador de Renca (Santiago) fue ultimado el agente de la CNI y ex militante de Patria y Libertad, Roberto Rojas Álvarez. 24 Ramírez fue un mirista miembro de la Fuerza Central muerto en el ataque a Las Tranqueras. 25 El nombre que evocaba a la militante mirista asesinada en 1974. 26 Mayúsculas en el original. 23 de las dotes de “mujer” de Ingrid Olderock. Experta en varias materias, se destacaba por su pericia en adiestrar perros doberman (los preferido de Hitler). Con su jauría canina la “niña Ingrid” torturó a decenas de prisioneros, especialmente mujeres. Los feroces Doberman aprendieron de Ingrid a morder los senos femeninos hasta casi destrozarlos. Y en el máximo de su perfeccionismo sicópata, enseñó a sus perros a violar mujeres mientras se encontraban desnudas, atadas de pies y manos. La Olderock era conocida como “la gringa”, y varios presos políticos la denunciaron ante organismos internacionales, con evidencias concretas de sus actividades criminales. Es así como consta a las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, la aplicación de torturas por esta heredera Nazi (El Rebelde, Nº 177, 1981: 9). La lógica de enfrentamiento era evidente en 1982. La lucha se fraguó con enormes costos para la subversión que respondió con estos ataques selectivos a responsables específicos de violaciones a los derechos humanos. Con respecto a la actuación rodriguista, las acciones de este tipo refirieron características similares, fundando así las actividades armadas contra agentes de los organismos de seguridad. 27 Las primeras acciones rodriguistas dan cuenta de un trabajo de preparación, más cercana a la actividad miliciana, buscando preparar cuadros que actuaran en golpes importantes en el futuro: Acto seguido se dirigió a una carnicería del sector donde por teléfono pidió ayuda a organismos de seguridad que llegaron al lugar para desactivar el artefacto explosivo de trotil, el que posteriormente hicieron estallar. // Contreras, que se veía muy tranquilo, abordado por periodistas de “El Mercurio” declaró: “me encuentro bien. Vi a los autores y puedo asegurar que se trata de dos jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, que conducían motocicletas y que luego de colocar la bomba sobre el techo de mi auto, se dieron a la fuga por la calle Rancagua (El Mercurio, 21-03-1984: A10). Avanzado el período y cuando el FPMR afinaba sus métodos, observamos el desarrollo de nuevas formas de atentado contra agentes del Estado. La bomba caza bobos fue de extraña ocurrencia y generalmente utilizada contra la policía uniformada, pero podemos encontrar algunas acciones de este tipo contra la CNI. 28 Los agentes de la policía política fueron un elemento de la acción de grupos armados, se puede asegurar que los golpes dados por la subversión constituyeron una tipología clara de violencia política propia de una política de resistencia. La aparición de ataques a las fuerzas públicas de seguridad, monopólicas en el uso del poder de fuego en En marzo de 1984 fue atacado el general Manuel Contreras, el director de la CNI, mediante una bomba en su automóvil en Providencia (Santiago). 28 En 1984 la CNI allanó una vivienda, debido a la acusación de realizarse reuniones políticas en la Villa Universidad Católica (Santiago). Cinco agentes resultaron heridos al estallar una bomba mientras realizaban un allanamiento (El Mercurio, 23-04-1984: C1). 27 una sociedad, se cumplieron plenamente para el caso chileno. Pero más allá de los agentes más identificables con el régimen, otros actores también fueron objetivo de la violencia miliciana: los ministros del poder judicial, caracterizados por su accionar apartado del Estado derecho, como veremos a continuación. 7.1.3.- Atentados a miembros del poder judicial. Este tipo de ataque se dio por los mismos mecanismos que afectaron a los sujetos estudiados. Los miembros del poder judicial, fuera por sus evidentes cercanías al régimen de Pinochet o por la parcialidad y falta de independencia en los procesos, fueron puestos en medio de la violencia política. Si bien los resultados de muerte no abundaron en esta tipología, los ataques buscaron golpearlos fuertemente. 29 Los ministros del poder judicial se convirtieron en blanco de la violencia política debido a la denegación de justicia en los casos de derechos humanos y el colaboracionismo con las autoridades de la dictadura que, según la lectura de la izquierda radical, hacían a los jueces parte de un entramado para el aniquilamiento de sus militantes. 30 Las características se repitieron en diversidad de ataques: 31 Dos bombas estallaron ayer en la madrugada en diferentes sectores de Santiago, causando daños menores y la alarma -en uno de los casos- de los habitantes de edificios de departamentos cercanos al lugar del estallido. // En este último sector, ubicado en Guayaquil esquina Carmen -en que habitan el presidente de la corte de Apelaciones, Enrique Paillás Peña, y dos jueces del crimen-, se produjo la primera explosión a la 1 de la madrugada. La fuerza expansiva de la detonación rompió los vidrios de la mayoría de los departamentos del lugar e hizo caer a un carabinero que montaba guardia a la entrada del edificio donde viven las autoridades judiciales […] // El Presidente de la Corte de Apelaciones, Enrique Paillás manifestó “que creía que esa bomba iba dirigida a él, aun cuando no ha recibido amenazas recientes”. Su departamento, ubicado en el sexto piso de Carmen Nº 36, también sufrió destrozos en los ventanales” (El Mercurio, 3-04-1979: C1). En Santiago y a fines de 1978 fueron agredidos con explosivos los domicilios de importantes jueces afines al régimen. Terminando el mes de noviembre estalló un artefacto en la casa del Presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, ocasionando graves daños y siendo el primer ataque a un magistrado (El Mercurio, 4-12-1978: A1). 30 El 12 de agosto de 1981, fecha cercana al aniversario del MIR, un grupo ametralló la residencia del ministro de la corte de apelaciones de Santiago Efrén Araya. En la acción resultó gravemente herido el carabinero Pedro Leyton Astudillo, quien recibió siete balazos perdiendo masa encefálica; en el ataque resultó herido uno de los miristas. El ministro Araya llevaba por ese tiempo un proceso contra miembros de la ilegal Coordinadora Nacional Sindical. 31 Estallaron bombas en la casa del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Dunlop, con daños cuantiosos, la vivienda quedó inutilizada y encendió la alarma acerca del poder de fuego de la resistencia. Dunlop llevaba el caso del artefacto explosionado en la casa del ministro Bórquez. En abril de 1979, el presidente de la Corte de Apelaciones Enrique Paillás y el abogado Julio Salas fueron atentados en sus casos con explosivos. 29 Un elemento llamativo en estos atentados es que se produjeron en fechas tempranas, si los comparamos con los dos tipos anteriormente analizados: los militares y agentes represivos. Ello nos lleva a pensar que la accesibilidad, mucho más fácil en el caso de los jueces, permitió ensayar la colocación de explosivos, además de herir un símbolo de la construcción dictatorial, la falta del debido proceso en los casos por violaciones a los derechos humanos. Un hecho significativo en relación a esta tipología volvió a afectar a al Ministro Bórquez. 32 Considerando el incremento de las acciones subversivas en el inicio de la década de los ochenta y el hecho que este magistrado hubiera sufrido la violencia política en otras dos oportunidades, constatamos que se produjo la alarma al interior de los sectores afines al régimen. La prensa clandestina destacó fuertemente el hecho: I.- Siendo aproximadamente las 13.45 horas de hoy, el comando “Presos políticos desaparecidos” ha procedido a realizar un atentado contra Israel Bórquez. // II.- Israel Bórquez, como representante máximo del sistema judicial de la dictadura ha avalado, ocultado y justificado el desaparecimiento de más de 2.500 hijos de nuestra patria que han sido detenidos durante estos ocho años de dictadura. Todo el pueblo de Chile recuerda que en una oportunidad el presidente de la “justicia” en Chile, llegó a afirmar que los presos políticos desaparecidos los “tenían curco”. // Advertimos que acciones antirrepresivas como ésta se seguirán llevando adelante contra todo representando que siga avalando la represión y desaparecimiento de patriotas que luchas por la democracia y la libertad (El Rebelde, Nº 181, 1981:12). Todo ello demuestra lo que hemos señalado al inicio, las figuras del aparato judicial chileno fueron alcanzadas por la violencia política en vista de la denegación de justicia de que hicieron gala durante esos años. Posteriormente existió la posibilidad de investigar diversos hechos punibles de forma independiente, pero el accionar de algunos jueces siempre se detuvo por la jerarquía de la Corte Suprema. Durante la dictadura los magistrados fueron vistos como parte del régimen y en ese contexto, atacados. Todos estos hechos fueron calificados siempre como terroristas por el régimen militar. A fines del año 1981 se comenzó a asociar fuertemente la Operación Retorno con los hechos de violencia política contra las personas y los asaltos bancarios como parte de 32 En noviembre del año 1981 se atentó nuevamente contra el Presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez. Este hecho se produjo en la intersección de Castillo Velasco con los Talaveras, en Ñuñoa (Santiago). El ataque consistió en cinco disparos de bala desde un taxi en movimiento. Bórquez recibió un disparo en el hombro izquierdo. una misma estrategia. Como era de esperar, el atentado contra el presidente de la Corte Suprema, generó la discusión de rigor sobre la necesidad de endurecer la legislación relativa a la violencia política. Cuando el MIR decayó en su accionar, hacia 1983, estos ataques al poder judicial disminuyeron; incluso la prensa opositora refiere motivaciones distintas a las que se definieron cuando comenzaron a ejecutarse: 33 En el hospital José Joaquín Aguirre falleció ayer, a las 11.10 horas, el sargento segundo de Carabineros, Pedro Efraín Salas Lineros, quien había sido herido gravemente a bala por elementos extremistas, el viernes pasado, mientras custodiaba la casa del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Efrén Araya Vergara, situado en la calle Inglaterra 1595 (sector de Independencia) […] // El sargento segundo Pedro Efraín Salas Lineros fue acribillado, según las versiones entregadas al ocurrir el atentado, el viernes último a las 8.05 horas, por dos individuos que le dispararon desde un automóvil, apoderándose de su metralleta (El Mercurio, 12-09-1983: C1, C2). El FPMR no tuvo a los jueces como parte de sus objetivos. Habría que esperar hasta mayo de 1988, al atentado que consistió en la colocación de una bomba en el automóvil del Fiscal Torres 34 por Providencia (Santiago): La primera versión oficial es que un par de sujetos premunidos de cascos y encaramados en una moto azul con planchas de protección quisieron atentar contra la vida del fiscal depositando una bomba con imán en el techo del moderno Ford. Según los carabineros, en el momento en que estos “terroristas” intentaban consumar su acción, se escucharon disparos provenientes de un vehículo blanco. Los motociclistas arrancaron y el aparato de dos ruedas apareció un rato después en Pedro de Valdivia con Carlos Antúnez. // La segunda versión oficial, entregada por el propio Fernando Torres en la fiscalía militar, es que se trató de un “simple accidente de tránsito” derivado de un simple “topón que sentimos en la parte posterior del vehículo, ante lo cual la escolta y el conductor reaccionaron en forma atinada”. No obstante lo anterior el fiscal reconoció haber escuchado disparos, aunque fue imposible que precisara si éstos los efectuaron sus guardaespaldas o si provinieron de seres ajenos a su comitiva particular (Apsi, Nº 254: 2). El fiscal Torres fue atacado por la investigación que estaba llevando a cabo y las medidas represivas que ejecutó en ese contexto; por lo tanto, creemos que el ataque obedeció a motivaciones relativas a salvaguardar al FPMR y sus cuadros. Por lo demás, no encontramos actuaciones relevantes del rodriguismo en lo que toca a este aspecto. Una acción de este tipo ocurrió el once de septiembre de 1983, en pleno desarrollo de protestas, el MIR atacó el automóvil en el que se desplazaba Efrén Araya. En esta ocasión resultó muerto el carabinero escolta, Pedro Salas; además le arrebataron la ametralladora que portaba como arma de defensa, razón esgrimida como causal del ataque. 34 El fiscal militar Fernando Torres Silva se había convertido en una figura de gran relevancia a raíz de llevar casos que afectaban directamente al rodriguismo, como el atentado a Pinochet, la internación de armas en Carrizal bajo o el secuestro del Coronel del Ejército Carlos Carreño. 33 Pero fuera del ámbito que atañía a los jueces, que como se ha dicho decreció progresivamente en los ochenta, hasta desaparecer totalmente, los cuerpos de policía, especialmente la uniformada, fue el centro de la violencia política como estudiaremos ahora. 7.1.4.- Ataques a efectivos policiales. Las fuerzas policiales fueron las más expuestas a los ataques de la izquierda armada, dado el rol eminentemente represor hacia la ciudadanía que buscó manifestarse políticamente. En ese sentido, carabineros y detectives, aunque básicamente los primeros, lamentaron una gran cantidad de bajas. Las fuerzas policiales comenzaron a ser atacadas muy tardíamente comparado con otros actores comprometidos con la dictadura. La presencia cada vez más numerosa en las protestas nacionales y la represión que encarnaron en los ochenta los hizo un blanco preferente para los grupos armados. Aunque en diversas ocasiones miembros de las policías se encontraron involucrados en algún atentado, siempre fue como destinatarios secundarios. Por el contrario, fue en abril de 1982 cuando hubo un hecho de violencia con objetivo claro en un policía: 35 De acuerdo a los antecedentes reunidos por la policía, en el vehículo de alquiler iban tres individuos, los cuales pasaron frente a la residencia a baja velocidad y cuando estuvieron a escasos metros del policía comenzaron a disparar con armas automáticas. // De inmediato los sujetos se dieron a la fuga, sin que el carabinero alcanzara a repeler la acción. // Al parecer el atentado iba dirigido contra la casa del director del personal de Carabineros, general inspector Oscar Maldonado Orrego, y ahora los servicios policiales y de seguridad realizan múltiples pesquisas para localizar a los autores de este atentado frustrado” (El Mercurio, 22-04-1982: C5). En el marco de las protestas nacionales, las muertes de policías sufrieron un alza significativa; en ese contexto, los grupos armados respondieron a la violencia represiva, fundamentalmente ejercida por carabineros durante las jornadas de protesta, con violentas acciones de represalia al cuerpo policial uniformado. Fue así que se produjo un hecho que causó gran conmoción en la prensa y en el gobierno dictatorial. A principios de abril de 1984 fue colocada una bomba del tipo vietnamita 36 en un bus del cuerpo de fuerza 35 En la ocasión resultó baleada la casa de Oscar Maldonado, general de Carabineros en Las Condes (Santiago), el policía que estaba de guardia resultó ileso de la ráfaga de armas automáticas en contra de la vivienda disparadas desde un taxi robado. 36 Artefacto de fabricación casera que utiliza un mecanismo detonador de relojería y que en su interior posee especiales de carabineros. Este destacamento estaba especializado en el combate antimotines, utilizado ampliamente en la represión a las manifestaciones y causantes de cientos de muertos durante el ciclo de protestas nacionales: Porque, así como es necesario lamentar y repudiar estos desbordes de la fuerza pública, también son rechazados por la conciencia nacional los atentados que han dejado víctimas entre los uniformados. El último ocurrió el 30 de marzo pasado, cuando un bus de Fuerzas Especiales de Carabineros fue emboscado a pocas cuadras de su cuartel, resultando muerto el carabinero Pedro Lorenzo Núñez Henríquez y heridos once de sus compañeros. // A estas alturas de los acontecimientos no sería aventurado pensar que, por un lado, se exacerba en los uniformados el sentimiento de que cada opositor o manifestante, aún el más pacífico, es un enemigo en una especie de guerra no declarada; mientras por otro, crece en la población la indignación o impotencia frente a los atropellos cada día mis desembozados (Solidaridad, Nº 175: 5). La bomba estalló en las inmediaciones del cerro Santa Lucía, en el centro cívico de Santiago, muriendo el cabo segundo Pedro Núñez. Sin duda, esta acción del MIR estuvo dirigida a causar amedrentamiento a la fuerza policial, y como forma de represalia a las muertes causadas por este cuerpo policial. Fuera como fuese, ese ataque causó gran conmoción pública, cuestión resentida por el gobierno de facto. 37 A mediados de 1985 el FPMR aumentó su actividad guerrillera urbana y ya se encontraba reconocido como un actor importante dentro de los grupos de izquierda. En julio de ese año se produjo un tiroteo a dos cuadras del palacio de gobierno: 38 Un carabinero fue muerto a tiros anoche tras repeler la acción de un comando terrorista que intentó prender fuego a un microbús en la intersección de Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins con Amunátegui, en el centro de la capital. // Debido a los tres disparos que recibió en el abdomen y en una de sus piernas, dejó de existir en la Asistencia Pública el cabo segundo Raúl Antonio Orellana Gutiérrez, de dotación de la Primera Comisaría y quien cumplía labores de vigilancia de tránsito frente al Ministerio de Educación, en la Alameda (El Mercurio, 17-07-1985: A1). El rodriguismo, durante el ciclo de protestes, utilizó este tipo de violencia miliciana; sin embargo, la muerte de policías no fue un objetivo habitual de este grupo. En relación a las actuaciones sobre los detectives o policía de Investigaciones, las acciones fueron casi gran cantidad de elementos metálicos, los que resultan en esquirlas. 37 En esas circunstancias, fueron baleados dos carabineros mientras un grupo frentista instalaba una bomba en la subestación eléctrica de Viña del Mar, en junio de 1984. 38 Los rodriguistas habían capturado el vehículo en una zona periférica de Santiago y luego de expulsar a los pasajeros y al conductor, se trasladaron a la céntrica esquina de Amunátegui con Alameda, allí fueron interceptados por el cabo de carabineros Raúl Orellana, el policía intentó repeler la quema de un microbús, resultando muerto. inexistentes, los pocos eventos contra efectivos de ese cuerpo policial fueron producto de la sorpresa o el accidente. En todo caso, hacia fines de 1985 y en el verano del año siguiente los ataques a carabineros se intensificaron y muchos de ellos con resultado de muerte. 39 El rodriguismo buscó identificar a los enemigos en el cuerpo policial, llegando a naturalizar las acciones contra ellos. Las acciones rodriguistas ocurrieron preferentemente en Santiago y un elemento nuevo fue el ataque a los buses policiales, buen indicador de la importante capacidad operativa alcanzada por los grupos rodriguistas. No es de extrañar que las expectativas en torno al anunciado año decisivo: 1986, encontraran eco en el movimiento social y significaran un debate entre los bandos centrista y de izquierda del movimiento social opositor: También queda de manifiesto este año que la violencia pasa a ser parte constituyente del paisaje político nacional. Los apagones y sabotajes, los ataques a objetivos militares y civiles, los baleos y muertes a carabineros, las víctimas inocentes de bombazos, son signos de que la radicalización de parte del país comienza a tomar forma organizada. Si bien no todos los atentados descritos son achacables a la extrema izquierda, ésta sin duda cumple un papel importante durante 1985, al perfilarse menos como reacción contestataria a la violencia permanente del Régimen y más como una opción de lucha armada sistemática contra la Dictadura (Análisis, Nº 123: 5). Así, en diciembre de 1986, las evaluaciones de la dictadura contabilizaban seis carabineros muertos en acciones armadas, uno de ellos causado por el MIR y otro muerto en la escolta presidencial de Pinochet. El FPMR preparaba con todos sus recursos el atentado a Pinochet y la frecuencia de los ataques a carabineros se redujo a los mínimos, pensamos que efectuados por los grupos operativos de menor especialización del grupo. Finalizando el período, hizo aparición un nuevo grupo armado, el Mapu-Lautaro, particularmente activo en el ataque a la fuerza policial –el ataque, con resultado de muerte, del carabinero Alfredo Rivera en Vicuña Mackenna (Santiago) que fue abordado cuando subía a un microbús, recibiendo disparos a quemarropa (El Mercurio, 3-04-1988: A1). Ese mismo mes, un grupo de cinco militantes del Mapu Lautaro mató al carabinero Samuel López en Renca (Santiago). La prensa destacó profusamente la participación de una mujer, quien habría percutado el arma. La forma de operar había sido la misma que en el caso 39 Ese fue el caso, por ejemplo, de la muerte de los carabineros Santiago Trincado (El Mercurio, 13-11-1985: C1), Patricio Rodríguez (El Mercurio, 8-12-1985: C1), Luis Rival (El Mercurio, 12-02-1986: C1) y Alfonso Rivera (El Mercurio, 28-02-1986: A1). anterior y distaba de los métodos utilizados por el MIR y el FPMR, generando una clara diferencia que se extendería hasta más allá del período en estudio: Un carabinero de la dotación de Séptima Comisaría de Renca murió ayer acribillado a tiros por una mujer extremista que encabezaba un comando de otros cuatro subversivos, integrantes del autodenominado “Movimiento Juvenil Lautaro”, quienes emboscaron a su víctima y a un compañero de servicio cuando ambos se encontraban desempeñándose como punto fijo en una toma de terrenos en la comuna de Renca. // La mujer, que minutos antes de la llegada de sus cómplices se paseó frente a los policías de un extremos a otro de la calle, se ubicó justo detrás de los efectivos, aguardando que aparecieran sus cuatro cómplices antes de dar la orden de ataque (El Mercurio, 13-04-1988: A1, C10). El Mapu-Lautaro declaró que el ataque a carabineros los realizaba para recuperar armas de cara a la política insurreccional que el grupo pretendía desarrollar en el país. También calificaba como un daño colateral la muerte de los policías en situaciones de enfrentamiento con sus militantes. El rodriguismo seguiría actuando en los años venideros, aunque disminuido y dividido. 40 Por su parte, el MIR había vivido un proceso de escisión que lo desactivó, conservando pequeños grupos activos, sin desarrollar actividad paramilitar de importancia (Palma, 2012: 233-295). Independientemente de los grupos armados, el objetivo de identificar a los policías como la cara más visible de la dictadura estuvo siempre presente en el accionar de la subversión, debido a ello las policías fueron los más afectados por estas acciones, todo y que, en muchas ocasiones, su activa participación en la represión los puso en la primera línea de fuego. Las personas civiles más allegadas a la política del régimen, ya fuera por su actuación antes del golpe de Estado o por la colaboración con la dictadura fueron atacadas crecientemente, en la medida que las organizaciones armadas se rearticularon y el movimiento social desarrolló su fuerza. Ahora analizaremos los actos de violencia política sobre los civiles adherentes a la dictadura. 7.1.5.- Atentados a colaboradores civiles de la dictadura. Los colaboradores de la dictadura pueden ser descritos de las más diversas formas. En julio de 1988 se detuvo una célula del FPMR vinculada a la muerte de carabinero Jaime Sandoval. El cabo de la policía murió en un enfrentamiento en Puente Alto (Santiago) (El Mercurio, 26-07-1988: C1). 40 Para nosotros, el colaboracionismo está dado por los civiles que prestaron abierto apoyo al régimen y, en esa condición, analizamos los ataques que los afectaron. Los ataques a civiles colaboradores de la dictadura fueron recurrentes en los años ochenta y perpetradas por los diversos grupos armados. El objetivo era el amedrentamiento, la propaganda, el castigo al soplonaje y la participación en el apoyo a las políticas de la dictadura. Creemos que la baja incidencia de muertes en este aspecto revela que el amedrentamiento fue el motivante principal de los atentados a los colaboradores de la dictadura. Como hemos visto en los puntos anteriores, ya desde 1978 observamos, producto de la reactivación mirista, ataques a las personas ligadas directamente al régimen. 41 Los efectos fueron relatados con preocupación: No es el momento de reclamar vigilancias especiales, porque no habrá ciertamente efectivos en número bastante para atender todos los posibles domicilios que atraigan el capricho criminal de los terroristas. // Más eficaz que los mecanismos preventivos parece ser la batida en serio y afondo de los responsables de estos delitos. No hay que olvidar que el país permanece bajo un régimen de emergencia y que, hasta ahora, las autoridades y servicios de seguridad habían logrado no sólo impedir esta clase de desórdenes, sino detectar con mucha anticipación las conjuras y asociaciones ilícitas con que se pudo pretender alterar el orden público (El Mercurio, 10-12-1978: A3). La bomba en la casa del ministro de Salud había sido el quinto artefacto explosivo contra personeros del régimen y jueces. La resistencia mirista se había instalado de forma evidente en el país, por lo demás, estos objetivos eran de fácil abordaje, tal como los señalamos para el caso de los jueces. En 1980 la fuerza central del MIR se encontraba plenamente operativa y los objetivos por ella seleccionados daban cuenta de un rechazo absoluto a las políticas del régimen, cuestión que representó en sus personeros más destacados. Los asaltos develaron graves irregularidades en el accionar de los dispositivos de seguridad política del régimen, como el de julio de 1980, que reveló la confusión avalada por los medios de prensa oficialista: 42 A fines de 1978 hubo atentados explosivos en los domicilios de los empresarios Juan José Santa María y Manuel Cruzat; contra el ex ministro de salud, General en retiro de la Fach Alberto Spoerer, causando cuantiosos daños en su vivienda y automóviles y en las casas del subsecretario de educación, Alfredo Prieto y el Presidente del Banco Central, Álvaro Bardón. 42 El Mercurio dijo que había caído muerto el vigilante de la sucursal del Banco de Concepción, Erasmo Cisterna, cuando intentó repeler la acción mirista, el fallecido era en realidad Santiago Rubilar, uno de los asaltantes. (El Mercurio, 30-07-1980: A1). 41 […] La Central Nacional de Informaciones informó haber aprehendido a dos de los extremistas que habrían actuado -a fines de julio pasado- en el triple asalto bancario: Mario Muñoz Espinoza y Eduardo Arancibia Ortiz. Anteriormente había muerto Santiago Rubilar Salazar, a quien se acusó de ser el "cabecilla" del grupo asaltante, Después de más de un mes de investigación, finalmente se lograba esclarecer un asunto que había conmocionado a la opinión pública, aún cuando -se dijoalgunos de los cómplices seguían prófugos. AI mismo tiempo, "fuentes bien informadas" aseguraban que posiblemente la aprehensión de Muñoz y Arancibia permitiría esclarecer el asesinato del teniente coronel Roger Vergara, director de la Escuela de lnteligencia del Ejército. // Días después de esta aprehensión, familiares y amigos de los dos afectados informaban a los tribunales haber sido testigos de una situación diametralmente opuesta a la informada a la prensa por el organismo de seguridad. De acuerdo a esas versiones, Arancibia fue detenido el sábado 6 de septiembre mientras participaba en una fiesta familiar, y llevado hasta la residencia de Muñoz -en muy mal estado físico- al día siguiente. Allí, en calle Los Maitenes, agentes de la CNI aguardaban la llegada de Muñoz, el que sólo se presentó en la tarde del día lunes 8. A partir de entonces, ambos habrían sido sometidos a intensas torturas con el fin -según denunciaron esos familiares y amigos en conferencia de prensa el 24 de septiembre pasado- de que se autoinculparan del triple asalto bancario […] (Solidaridad, Nº 102: 6). Los vigilantes de bancos u otras instituciones fueron muchas veces carabineros o militares que, una vez retirados, asumían estas funciones ahora como civiles colaboradores de los aparatos de seguridad; muchos de ellos se vieron enfrentados a las acciones de violencia política. Por otra parte, constatamos una relación directa entre estas acciones y el terrorismo de Estado, completamente desarrollado hacia 1980. Otra forma de violencia política y propaganda fue el amedrentamiento que se llevaba a cabo contra personas afines a la dictadura en los más diversos ámbitos, desde los dirigentes vecinales designados hasta las autoridades del gobierno y sus familiares. 43 Veamos algunos casos significativos en este ámbito. Llegado el ciclo de protestas nacionales de los años ochenta los barrios periféricos fueron escenario privilegiado de los incidentes; por lo tanto, los agentes de la dictadura en las poblaciones se vieron alcanzados por la acción de la izquierda radical. En noviembre de 1983 fue ajusticiado el dirigente vecinal Pedro Sobarzo, de la población José María Caro de Santiago: De acuerdo con la versión de un menor que se encontraba cerca del lugar, uno de los sujetos era alto y delgado, en tanto que el otro era obeso. Ambos, agregó, huyeron por calle Acapulco al oriente y cruzaron la vía férrea, disparando al aire con el fin de amedrentar a los que se encontraban allí. // Cabe señalar que justamente a la hora del crimen, aunque aún estaba claro, el sector se encontraba sin energía eléctrica. Ello fue confirmado por fuentes oficiales de Chilectra. Se aclaró que el aviso llegó a la Compañía a las 20.05 y a las 20.45 ya estaba repuesto (El Mercurio, 3-11-1983: C4). En agosto de 1981, en Temuco, se produjo uno de estos amedrentamientos: la mujer del Intendente de la región de la Araucanía recibió una tarjeta de saludo en cuyo interior se amenaza a ella y su entorno (El Mercurio, 7-08-1981: C9). 43 Este hecho causó gran conmoción entre los pobladores. Observamos la concurrencia de estrategias milicianas de uso en las protestas, como los cortes de energía. Por otra parte, Sobarzo había referido ser víctima de amedrentamiento en los días previos. La resistencia participaba activamente de las protestas y había generado, durante esas jornadas, apedreamientos a las casas de los dirigentes impuestos. Durante los años de las protestas nacionales las amenazas, golpizas y apedreos a las viviendas de los dirigentes vecinales proclives a la dictadura continuaron, en las noches de apagones y caceroleos; los barrios vieron con frecuencia este tipo de hechos y la delación fue el argumento fundamental para dichas actividades. Con todo, sería en abril de 1986 cuando se produjo el más relevante de estos hechos cuando un grupo armado mató al dirigente poblacional del gremialismo, Simón Yévenes, en su casa de la comuna santiaguina de San Joaquín. 44 Un comando del FPMR se adjudicó la autoría de esta acción: Aproximadamente a las 20:00 horas de ese día, mientras se encontraba en el local comercial de su propiedad, ubicado en Villa Brasil, Santiago, ingresó un individuo que usando un arma automática procedió a dispararle desde muy corta distancia, causándole un traumatismo cráneo encefálico y cervical, falleciendo en el mismo lugar de los hechos. Afuera había otro individuo armado que cubría la huida del lugar. Lo anterior consta por declaraciones de testigos e informaciones aparecidos en la prensa. // Se pudo establecer en el proceso judicial que los autores del atentado eran miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ello en cuanto coinciden las armas que luego fueron usadas en el asalto a la Panadería Lautaro. Por estos hechos existen personas que han sido condenadas” (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 1061-1062). Yévenes se convirtió en un símbolo del gremialismo en su afán de disputar las zonas periféricas a la izquierda, objetivo político definido, por Jaime Guzmán, como prioritario para generar una mayor simpatía hacia las políticas públicas de la dictadura y que Guzmán pretendía proyectar a través de su signo político: la UDI. Finalizando el período estudiado, los ataques continuaron en la línea de los amedrentamientos. 45 Un ejemplo de ello fue el acaecido en abril de 1988 cuando el El dirigente designado había repelido días antes un saqueo a su local comercial, fue acusado delatar a los activistas vinculados al movimiento social y la resistencia. El día de su muerte se produjeron disturbios en el barrio, en el contexto de la cercanía de un nuevo primero de mayo. 45 En febrero de 1988 quemaron con cócteles molotov, el automóvil del presidente del comité cívico de Renca (Santiago). Sergio Aguilera formaba parte de las agrupaciones pinochetistas preparadas para la cita electoral de octubre (El Mercurio, 27-02-1988: A1). 44 dirigente de Renovación Nacional de Lo Hermida (Santiago) y miembro del comando poblacional por el Sí, Guillermo Navarro fue atacado. La acción del Mapu-Lautaro consistió en el disparo, en una emboscada, en que resultó herido: Estoy seguro que las tres personas que me atacaron son terroristas que perpetraron la emboscada para ultimarme a tiros. Sé que fue una venganza de gente que no pertenece a Lo Hermida. Trataron de matarme porque soy dirigente de Renovación Nacional y presidente del comando de pobladores por el “Sí” […] // La acción subversiva se la adjudicó el autodenominado Movimiento Juvenil “Lautaro”, sindicado como el brazo armado del Mapu, el que a través de llamados telefónicos a medios de comunicación y a la Municipalidad de Peñalolén, anunció que “este fue el primer ataque contra dirigentes que trabajen a favor del gobierno; haremos lo mismo con otros dos más (El Mercurio, 104-1988: C4). No podemos cerrar este apartado sin señalar que la violencia política contra las personas intervino en el debate que había instalado la dictadura en el país. El movimiento social asumió ese debate y lo incorporó en las organizaciones de derechos humanos, así como en la prensa y en las articulaciones discursivas, aunque sin tomar partido, asumió que la violencia formaba parte del problema político chileno de los ochenta. La conmoción pública, a través del uso de bombas e incendios intencionales, aumentó y caracterizó estas ideas y argumentos en el seno del movimiento social opositor como veremos a continuación. 7.2.- La conmoción pública: bombas e incendios. Una de las características de la colocación de bombas y de los incendios intencionales fue la generación de conmoción pública en la población e intervención en el debate político por parte de quienes estaban expulsados del espacio público. La ocurrencia de estos actos, típicos de la violencia política, fue constante a lo largo de la dictadura aunque se agudizó en los años ochenta. Agrupamos en esta categoría a todos los actos de violencia con motivación política que utilizaron algún tipo de bombas, desde el cóctel molotov hasta los complejos sistemas de relojería. Buscamos conocer y analizar las diversas modalidades del uso de explosivos y artefactos incendiarios; pues todos ellos tenían la finalidad de remecer la actividad productiva o causar daño en espacios públicos representativos del régimen. 46 Una vez más la fuente básica utilizada es la prensa aunque también han sido significativos los documentos de las agrupaciones políticas que desarrollaron violencia política. En este capítulo abordaremos cinco aspectos de la colocación de bombas y provocación de incendios en función del tipo de eventos o situaciones El primero de ellos son las acciones relativas a las fechas conmemorativas y la propaganda de los grupos resistentes; después analizaremos los ataques contra objetivos de las clases altas asociadas a la dictadura; en tercer lugar abordaremos las acciones contra las torres de alta tensión eléctrica, que provocaron cortes de energía; luego estudiaremos los ataques a los servicios públicos asociados al régimen para, finalmente caracterizar las acciones contra el transporte público. 7.2.1.- Bombas en las fechas conmemorativas. Las motivaciones políticas en el uso de explosivos utilizaron las fechas conmemorativas de la izquierda chilena e internacional, entre ellas el primero de mayo, el día internacional de la mujer, los aniversarios de la revolución cubana, del triunfo de la Unidad Popular (UP) y de la fundación del MIR; junto a ello, la difusión de los planteamientos de los sectores reprimidos por la dictadura estuvieron en las causas de estas acciones. Ambos elementos fueron las más comunes en el uso bombas que buscaron la conmoción pública. La primera de las observaciones que se puede hacer se refiere a las fechas en que se suceden los eventos. La mayoría de ellas de significación para la izquierda chilena, en particular para el MIR, principal autor de estas acciones. Desde 1978 observamos un incremento en la cantidad de eventos de estas características, en la línea que señalamos, validándose por parte de la subversión las prácticas adoptadas, fundamentalmente por la activación que produjo entre sus cuadros y el impacto que causó entre la población. 47 El Los explosivos e incendios también se utilizaron en sabotajes a la economía del régimen, hemos dejado en otro apartado esos sucesos, refiriendo aquí los vinculados a actividades que definieron objetivos directamente políticos y modos de operación de los grupos subversivos. 47 El año continuó con estallidos esporádicos pero sostenidos en Santiago. El 26 de julio, aniversario de la Revolución Cubana, una bomba fue desactivada en la estación San Pablo del metro. El 15 de agosto, aniversario del MIR, estalló una bomba en la sucursal Cerrillos del Banco de Crédito e Inversiones y el 9 de 46 FPMR, a partir de 1983, también utilizó estas fechas para marcar su presencia, pero se remitió al triunfo de la UP (Unidad Popular) y al golpe de Estado. Fue a partir de 1975 que se colocaron artefactos explosivos de manera esporádica, demostrando el inicio de esta forma de violencia política que, se llevó a cabo en todo el territorio, especialmente a partir de los ochenta. 48 La explosión fue motivada por el recuerdo del día de los trabajadores, emblemática fiesta del sindicalismo y las izquierdas chilenas; ambos con prohibición de funcionar en el país. Este día marcó una jornada de estallidos en la capital. 49 El 1 de mayo de 1978, coincidente con la reactivación mirista, encontramos una importante actividad de este tipo. Se produjo un estallido en la sucursal Santiago del Citybank, ubicada en la calle Morandé, causando daños de mediana gravedad: Cinco artefactos explosivos colocados por desconocidos en tres inmuebles particulares, un supermercado y un banco, detonaron en la madrugada de ayer, causando daños materiales, según informaciones entregadas por Carabineros […] // Por otra parte, Carabineros dio cuenta de la detención de por lo menos veinte personas que fueron sorprendidas repartiendo panfletos de carácter subversivo. Se informó que fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia” (El Mercurio, 2-05-1978: 25, 37). A pesar que hacia fines de 1978 la violencia, como método político, no era significativa, la diversidad de objetivos de la organización y la planificación de las acciones de violencia, demuestran la voluntad por estructurar una ofensiva seria desde la resistencia mirista. Sin embargo, estas acciones se fueron definiendo en los años siguientes, así como el tipo de mecanismos que se utilizaron para ello. Son evidentes los momentos en que se sucedieron los estallidos de artefactos, causando conmoción pública por la masividad de los ataques y su continuidad, generando un estado de intranquilidad poco conveniente al gobierno y los organismos de seguridad. Esto fue especialmente notorio en dos momentos, el primero de mayo y el once de septiembre, fecha cercana al aniversario del golpe de Estado, explosó una bomba en la Secretaría de la Juventud de Maipú. 48 Un antecedente lo encontramos en una falsa alarma de explosivos en el Ministerio de Obras Públicas, en un nuevo aniversario del triunfo de Allende en 1970 (El Mercurio, 5-11-1975: 19). 49 En la misma nota se informa de un estallido en el domicilio del Teniente del Ejército Mario Ebner, director de DIRINCO, sin mayores consecuencias. Siguiendo con esta escalada, estalló una bomba en casa del abogado de la Armada, Patricio Gándara; en la casa de Carlos Lundblad, industrial; en el supermercado Almac de Irarrázabal y Suecia, otro artefacto en casa del Ministro de Transporte, José Luis Federico fue desactivado. Al día siguiente explosó otra bomba al intentar su desactivación en Américo Vespucio, en casa del gerente de CHIPRODAL, resultando dos heridos graves (El Mercurio, 4-05-1978: 25). septiembre, fechas que registraron gran cantidad de activación de explosivos. Veamos algunos de ellos. A través de sistemas de relojería y nuevamente para el primero de mayo, dos artefactos estallaron en Santiago, el primero en una sucursal de la distribuidora de gas, Gasco y la segunda en una sede comunitaria del barrio Juan Antonio Ríos, ampliando aún más el tipo de objetivos atacados: Dos artefactos explosivos estallaron en las últimas horas de la noche del lunes y en la madrugada de ayer, causando daños materiales de consideración. // Una de las bombas fue colocada junto a unos arbustos que rodean la sucursal de Gasco de Avenida Irarrázaval y Nueva de Matte. // Como consecuencia de la explosión un total de 24 vidrios de diferentes tamaños resultaron destruidos. // También en la madrugada de ayer otra bomba detonó en el centro comunitario de la población Juan Antonio Ríos, causando daños menores en el frontis del local y en sus ventanales. Tanto este artefacto como el que fue colocado en la sucursal de Gasco estaban accionados por un sistema de relojería (El Mercurio, 2-05-1979: C6). Por otra parte, los daños raramente son de mayor cuantía y la violencia ejercida se encontraba más cercana a la propaganda y el amedrentamiento que a la consecución de la eliminación de personas. Los artefactos explosivos fueron un método de violencia política constante en el Chile de fines de los setenta, el país se vio sacudido por infinidad de hechos del tipo relatado. A las conmemoraciones señaladas, el día internacional de la mujer, 50 el ocho de marzo; el aniversario del MIR, el quince de agosto 51 y la muerte de su secretario general Miguel Enríquez, en un enfrentamiento, el cinco de octubre se recordaron con explosivos. Iniciando la década de los ochenta es particularmente notorio el uso de bombas durante los aniversarios del golpe de Estado. Entre los días cuatro, triunfo de la Unidad Popular y once, día del golpe de Estado, se produjeron múltiples eventos de este tipo, como en 1980. 52 También la diversidad de los objetivos llama la atención, desde instituciones estatales y servicios públicos hasta empresas, entre ellas estaban los bancos: En marzo de 1979 fue atacada la casa de Arturo Fontaine, director de El Mercurio, provocando daños cuantiosos, este fue el primer amedrentamiento a un medio de prensa. 51 A mediados de agosto del mismo año, una potente bomba explotó en la bolsa de comercio de Santiago; los daños fueron considerables, una financiera cercana fue muy afectada, además de producir gran conmoción en una importante zona del centro capitalino. 52 Se contabilizan al menos catorce acciones, entre bombas falsas, de ruido, incendios intencionales y artefactos explosivos. 50 Once atentados con bombas de escaso poder destructivo perpetraron desconocidos en la capital entre las 22 horas del martes y las 3 de la madrugada de ayer. // De acuerdo a informaciones proporcionadas en Carabineros, los actos terroristas afectaron a instituciones bancarias, supermercados y establecimientos comerciales (El Mercurio, 11-09-1980: C5). Llegados a este punto y antes del ciclo de protestas, la subversión instaló la colocación de bombas e incendios intencionales en el debate público, para ello el uso de las conmemoraciones logró la asociación entre las celebraciones prohibidas por el régimen, con la estrategia decidida y utilizada por los grupos resistentes, entregando una potente señal a la población: la existencia de una oposición radical a la dictadura. También podemos encontrar este elemento en las regiones sureñas: 53 En la octava región el comando miliciano “Luis Pincheira” de la Resistencia Popular incendió una locomotora “Diesel” en el paso sobre nivel de la población “Camilo Olavarría” de los mineros de Coronel utilizando bombas molotovs. Esta acción destinada a sabotear el transporte de maderas y carbón se realizó en homenaje al Aniversario de la Central Única de Trabajadores (CUT), el pasado 17 de febrero (AIR, abril de 1982: 7). Así, las acciones de propaganda continuaron multiplicándose a través de estas formas de explosivos y acciones relativas a los incendios y al fuego. Las conmemoraciones siguieron siendo motivo para utilizar bombas e incendios intencionales, pero diluidas y acotadas en las jornadas de protestas nacionales que se masificaron desde 1983. Las acciones con explosivos del FPMR se centraron preferentemente en el derribo de torres de alta tensión para generar apagones. Prácticamente no argumentaron las fechas específicas de recordación para utilizar bombas, tan sólo en septiembre, en algunas oportunidades, se produjeron eventos que aludieron al golpe de Estado. Por lo tanto, podemos afirmar que esta práctica fue utilizada por el mirismo de manera preferente. Un elemento específico, pero muy coincidente con los planteamientos ideológicos y políticos de la izquierda radical, tiene relación con los ataques a lugares que afectaron directamente las clases altas. 7.2.2.- Explosivos de carácter clasista. Por ataques de carácter clasista entendemos los ataques llevados a cabo contra 53 En 1982 registramos las acciones del comando “Luis Pincheira”, realizadas para homenajear a la CUT, el sindicato unitario prohibido por la dictadura, reforzando el vínculo identitario entre la resistencia y los trabajadores. establecimientos comerciales o de entretenimiento situados en las zonas más ricas de Santiago y Viña del Mar, zonas custodiadas y ajenas a la realidad política y social de la mayoría de los chilenos. Constatamos que los ataques de principios de la década del ochenta habían bajado notablemente hacia 1983, sin duda la merma en la capacidad operativa mirista, la predilección del FPMR por otros objetivos y la instalación del ciclo de protestas como centro de las acciones de violencia, hicieron que los ataques a las zonas acomodadas decrecieran hacia el segundo lustro de los ochenta. Dado el carácter de estos atentados, estos se concentraron en Santiago y la costa de Valparaíso, zonas donde se concentraban los sectores ricos del país. Pero revisemos un hecho inicial en relación a este aspecto. Al comenzar el año 1978 Pinochet llamó a una consulta nacional que respondía al voto en contra de la OEA en torno a las violaciones a los derechos humanos. El MIR colocó tres bombas en puntos de sectores acomodados de la capital rechazando la votación simbólica convocada por la dictadura, dos de ellas estallaron causando daños de mediana consideración: En un comunicado oficial, la DIG señalo que las explosiones correspondieron a un plan a nivel nacional del proscrito Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, “para crear un clima de agitación en el país, en relación con la Consulta nacional del cuatro de enero próximo. // Los artefactos estallaron simultáneamente a las 4 horas en el antejardín del Bank of America, ubicado en Costanera con Suecia, y junto a una ventana en la casa particular ubicada en calle Bucarest 151. La información agrega que no se produjeron desgracias personales, registrándose sólo quebraduras de vidrios (El Mercurio, 2-01-1978: 25). Cuando se iniciaba la década de los ochenta, las acciones contra los sectores acomodados se hicieron notar con mayor fuerza. La actuación que produjo mayor impacto se efectuó en noviembre de 1980. 54 Como vemos en este atentado y otros similares, el elemento que destacó fue el ataque a lugares de diversión de las clases altas de Santiago. 55 Dos bombas con mecanismo de relojería acabaron completamente con el restaurant “Camino Real”, donde la televisión pública grababa uno de los programas estelares de la estación. La acción se desarrolló en el contexto de artefactos explosivos que estallaron en otras zonas de la capital, especialmente en servicios públicos (El Mercurio, 5-11-1980: A1). 55 En el verano del año siguiente, a través de un atentado incendiario en el drive in “Las Brujas”, los daños ascendieron a un millón de dólares. En la ocasión también se dañaron tiendas en Providencia, “Bowling Center” de Apoquindo y el multicine Vitacura. Estas acciones fueron adjudicadas por el mando Zonal Santiago de la Resistencia (El Mercurio, 28-01-1981: A1). A inicios de 1981 atentaron las obras de Paseo Tobalaba, con daños por seis millones de pesos, destruyendo un departamento piloto y dejando un miliciano herido (El Mercurio, 6-02-1981: C1). Por último, se produjo un atentado en la discotheque “Hollywood”; tres 54 Los eventos fueron masivos y tuvieron un objetivo claramente definido, cuestión que evidentemente buscó visibilizar el carácter clasista de la lucha emprendida por los grupos resistentes. Se puede comprender este accionar de violencia por la idea de la lucha de clases, explicada por la vertiente ideológica de la cual provenía el MIR y la resistencia, en el contexto de un Chile situado en la polaridad de los proyectos triunfantes y derrotados. Es claro que el contexto propició ataques a las mayores representaciones sociales y culturales de las clases altas, como una forma más de escenificar el conflicto político y social. El año 1982 fue de gran intensidad en materia de atentados explosivos, los objetivos fueron cada vez más selectivos. Además, denotamos la extensión de estos atentados a zonas costeras cercanas a Santiago, donde las clases pudientes disfrutaban de sus vacaciones.56 Uno de los espectáculos más emblemáticos de la televisión pública también se vio dañado producto de una acción similar, generando un fuerte impacto público: Con gran espectacularidad, una Brigada “Salvador Allende” de la Resistencia Popular interrumpió los preparativos del Festival de la Canción de Viña del Mar, el 25 de enero, con disparos al aire y bombas molotovs. Como resultado, quedaron dañados parte del escenario y los camarines de la Quinta Vergara. Sin duda, esta es una primera manifestación del repudio del pueblo a las extravagancias y al derroche que caracteriza a este evento, mientras los trabajadores, pobladores, campesinos, etc. viven sumidos en el hambre y la miseria (El Rebelde, Nº 183: 12). Pero las situaciones más significativas en cuanto a periodicidad y nivel de daños se registraron en la capital. 57 Las acciones de violencia prosiguieron durante los meses siguientes, 58 preludiando el ciclo de protestas nacionales que se tomarían la agenda política de todos los sectores desde 1983. La irrupción del ciclo de protesta llevó todos los esfuerzos de las milicias a miristas a las zonas periféricas de las ciudades, y las explosiones se concentrarían en las torres de alta tensión para generar apagones. En ello participó activamente el recién aparecido, en artefactos destruyeron totalmente el inmueble y se produjeron pérdidas por tres millones y medio de dólares (El Mercurio, 9-02-1981: C1). 56 A inicios de febrero un grupo resistente incendió el Granadilla Country Club de Viña del Mar, los milicianos rociaron combustible quemando parte importante del inmueble. 57 Las brigadas de propaganda Salvador Allende, parte de la resistencia mirista, siniestraron el club de golf Los Leones. Cinco focos de incendio se produjeron en el cerro San Luis y en Avenida Kennedy, en sectores altos de la capital (El Mercurio, 14-02-1982: C1). 58 A fines de septiembre explosionó un artefacto en Llewellyn Jones y El Vergel. En este evento murió Carlos Díaz, en cuyo poder estaba la bomba; herido grave quedó Patricio Burgos (El Mercurio, 2-10-1982: C9). diciembre de 1983, FPMR. Sin embargo, algunas acciones en esta línea todavía seguirían produciéndose más allá de las protestas a manos de esta organización. Por otra parte, los sectores pudientes reaccionaron frente a los atentados. 59 Los funcionarios municipales de Providencia estaban encargados de realizar simulaciones en diversos sectores comerciales y habitacionales, mostrando la preocupación que se tenía en torno a la masividad de los ataques con bomba: La Municipalidad de Providencia probará los planes de emergencia comunal a las 17 horas de hoy simulando el estallido de una bomba de alto poder en un sector comercial y habitacional de la comuna […] // Los organismos municipales deberán responder, en el simulacro, con todos sus medios para superar los daños ocasionados en la comunidad por la explosión de la bomba (El Mercurio, 12-05-1983: C2). Por su parte, el FPMR decidió atacar objetivos de este tipo, pero durante un período muy acotado. 60 Claramente no estuvo entre sus prioridades y llegado el momento de acometer acciones de mayor calado, en términos de afectar directamente a miembros del gobierno de facto y sus proyectos económicos y políticos, dejó de realizar este tipo de acciones. 61 Si bien la autoría de los atentados fue confusa en ocasiones, ello no afectó al carácter clasista de las acciones que siempre fueron reivindicadas por la subversión en casi todas las ocasiones. Pero la evidencia muestra que el mirismo actuó con un carácter clasista mucho más evidente que otros grupos subversivos, declarando expresamente ese sentido en sus acciones. Este tipo de bombas e incendios se hicieron cada vez menos habituales hacia los últimos años de la dictadura, toda vez que los objetivos del grupo armado más potente de la época, el FPMR, se centraban en la destrucción del régimen político representado por Pinochet. Un tercer aspecto guarda relación con los ataques a las torres de alta tensión, La acomodada comuna santiaguina de Providencia, en mayo de 1983, organizó operativos especiales de emergencia para enfrentar eventualidades producto del estallido de artefactos. 60 En febrero de 1984 una bomba destruyó el recién inaugurado funicular de Viña del Mar, el balneario más concurrido por los sectores más ricos. La bomba destruyó completamente el carro (El Mercurio, 11-02-1984: C4). 61 Una de las pocas acciones importante fue la de junio de 1985. Una pareja con falsas identidades llegó al hotel Carrera, tradicional establecimiento del centro santiaguino, instaló dos artefactos provocando gran destrucción y arma pública (El Mercurio, 11-06-1985: A1). 59 ataques constantes durante las jornadas de protesta, si bien afectaron fuertemente la productividad, su objetivo fundamental fue apoyar las convocatorias a movilizaciones. 7.2.3.- Atentados explosivos a la red eléctrica. Estas acciones se desarrollaron con el objetivo prioritario de conmocionar a la opinión pública y, como otras que hemos visto antes, alterar el clima de normalidad en el país. Además, los apagones formaron parte de la estrategia subversiva para facilitar las actuaciones milicianas, especialmente en los barrios periféricos. Esta categoría no presentó eventos en la década del setenta. Iniciada la década siguiente, una fuerte actividad de este tipo se dio en noviembre de 1980. 62 Con respecto a las detonaciones y posteriores apagones en Santiago y Valparaíso, la resistencia desarrolló la siguiente argumentación: Los comandos “Presidente Balmaceda”, “Santiago Rubilar Salazar” y “Nicaragua Libre” realizaron en el día de ayer, a las 21.45 horas, tres acciones de sabotaje simultáneas sobre ocho torres de alta tensión cortando el fluido eléctrico en la Región Metropolitana y en la Quinta Región. // Esta vasta operación dejó sin luz a Santiago y Valparaíso y es la respuesta popular contra las alzas de la electricidad, locomoción, la alimentación y demás bienes y servicios populares, que el gobierno militar ha descargado sobre las espaldas del pueblo trabajador en provecho de los grandes grupos monopólicos (El Rebelde, Nº 169:10). Los apagones formaron parte de la exteriorización de la violencia política más evidente para la población. Debemos comprender, entonces, que una de sus motivaciones fueron los efectos que provocó la política económica de ajuste estructural, siendo este engranaje discursivo el que se fue desarrollando en las mayores asonadas populares conocidas desde 1983 en adelante. Así, evidenciamos como se compartía el escenario político entre las manifestaciones de la violencia política de baja intensidad, generada por el movimiento social anti dictatorial, con la acción planificada de los grupos de la resistencia, especialmente el MIR. Hacia este momento cabe destacar que comenzaron su actividad los grupos paramilitares del Partido Comunista y desde diciembre de 1983, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 62 En esta fecha la resistencia mirista se adjudicó apagones en seis torres de alta tensión de la región Metropolitana y de Valparaíso, causando dos millones de dólares en pérdidas. Por otra parte, la violencia que generó apagones fue propicia para que se amparasen los desórdenes en la vía pública, hecho que se convirtió en un verdadero símbolo de la lucha anti dictatorial de los años ochenta: bombas e incendios intencionales marcaron la pauta de lo que se entendió por acción de resistencia por esos años en Chile. Como vemos, desde comienzos de 1983, los apagones en las protestas urbanas lanzando cadenas al tendido público-, fueron de habitual ocurrencia en las grandes ciudades chilenas, sobre todo en días de protesta nacional. 63 Sin embargo, los eventos más significativos vinieron dados por las detonaciones en torres de alta tensión y subestaciones eléctricas, realizadas por cuadros preparados para utilizar explosivos, muchos de ellos habían aprendido en los años anteriores, como hemos visto al inicio de este capítulo. La conmoción pública lograba instalarse producto de estas acciones rodriguistas, poniendo al gobierno dictatorial en una posición inestable, toda vez que las protestas se sucedían en las calles del centro y periferia de las ciudades: Con el término por parte de Endesa de las reparaciones de emergencia en sus líneas, y la puesta en marcha de tres estaciones térmicas por parte de Chilectra, a las 15,45 horas de ayer se normalizó el suministro eléctrico en la zona central del país, luego que tres atentados terroristas provocaron antenoche un corte en el Sistema Interconectado. Las acciones extremistas derivaron en un apagón general en Santiago, Quinta región y, en forma parcial, hasta Vallenar en el norte (El Mercurio, 1612-1983: A1). Las explosiones fueron frecuentes en 1984, especialmente en las torres de alta tensión. Son numerosos los sucesos y de ocurrencia en una amplia zona del país, especialmente en las regiones centrales. 64 Utilizamos el término “enjambre” para denominar estos apagones masivos, producto de una gran cantidad de bombas, en distintas torres de alta tensión, durante una noche y por todo el territorio nacional. 65 El gobierno repuso el suministro con torres de emergencia, reconociendo que el conflicto era de motivaciones políticas: A fines de 1983 estas actividades tuvieron una fuerte alza. Postes de alumbrado público y transformadores sufrieron daños reiteradamente. Se atacaron dos torres de alta tensión en Quilicura (Santiago) mediante amongelatina, explosivo de uso común en el período, 64 En junio de 1984 se produjo un enjambre de acciones de este tipo, seis cargas de amongenaltina en diversas regiones afectaron el tendido eléctrico entre Copiapó y Temuco, generando un nuevo apagón masivo (El Mercurio, 16-06-1984: C1). 65 En octubre de ese año se produjeron sucesos como los descritos; esta vez el apagón afectó a seis regiones del norte y centro del país. Diez torres de alta tensión fueron destruidas, entre dos de las más importantes protestas nacionales. 63 El Ministerio del Interior responsabilizó ayer al Partido Comunista de los atentados terroristas que la noche del martes dejaron sin suministro eléctrico a gran parte del país, y reiteró que el Gobierno usará todos los medios legales a su alcance para combatir el terrorismo ya quienes lo fomentan y lo amparan […] // De acuerdo a informaciones policiales, la serie de atentados ocurridos el martes en la noche afectó a 10 torres de alta tensión, dañándolas total o parcialmente, lo que provocó un corte en el suministro de energía eléctrica en ocho regiones del país. // También fueron detonados artefactos explosivos en cuatro sucursales bancarias de la Región Metropolitana; en un frigorífico de carnes, en Santiago; y en las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero de la ciudad de Talca (El Mercurio, 1810-1984: A1). Esta práctica se había hecho habitual, más allá incluso del ciclo de protestas nacionales, el régimen asumió los costos de tener una subversión activa y el país vivió en vilo constantemente; era evidente que la dictadura no podía controlar la situación como lo hizo en los años setenta. 66 Los apagones continuaron sin interrupciones en los primeros meses de 1986; sin embargo, luego del fallido atentado contra el dictador, las acciones en torno a esta tipología disminuyeron, tornándose esporádicas. 67 El impacto y la frecuencia de estos ataques ya no volvieron a darse, a pesar que los apagones siguieron existiendo y los atentados a postes y transformadores todavía se daban en la periferia santiaguina. Tanto el método como el grupo que fundamentalmente actuaba en estos hechos, el FPMR, se encontraba agotado y fuertemente perseguido por los organismos de seguridad. Por otra parte, estos eventos tuvieron una momentánea resurrección en noviembre de 1988 cuando un apagón de consideración afectó a gran parte del país, tan sólo a un mes del plebiscito. Esta actuación refrendó la decisión del FPMR de continuar por la vía armada, rechazando a la oposición de centro: Una hora antes partimos por grupos y nos reunimos en el lugar donde habíamos dejado los materiales escondidos. Allí nos enmascaramos, repartimos las herramientas (3 M-16, 2 cortas). Atravesamos un sembrado y seguimos por la orilla de un cerco como media hora. Llegamos al objetivo: una torre de 4 patas y otra de dos. // La contención se colocó tras unos parapetos naturales más o menos a 10 metros de la torre. // El jefe para asegurarse colocó la carga en la de dos patas y yo le ayudaba y le hacía contención. En la de 4 colocamos la carga entre los dos, yo me sentía tenso, impaciente por que todo saliera bien, y me comían las manos así que le pedí ayudarle. // Sentí que no podíamos fallar porque En 1985 sólo hubo dos jornadas de protesta; esto no fue obstáculo para que el FPMR continuara atentando contra el suministro eléctrico, los artefactos en torres de alta tensión se combinaron con los atentados al alumbrado público de los barrios periféricos. En mayo de ese año el apagón volvió a efectuarse, dañando a siete regiones (El Mercurio, 25-05-1985: A1). 67 Recién en mayo de 1987 observamos un apagón de proporciones, que afectó a nueve regiones producto de ocho voladuras a torres de alta tensión (El Mercurio, 3-05-1987: C1). 66 quedaría un sector sin apagar, y el pueblo de Chile esperaba una acción buena del FPMR” (El Rodriguista, Nº 35: 18). Sin duda los militantes del FPMR creían que este método era parte de su identidad política. Otro aspecto de nuestros argumentos acerca de las bombas e incendios intencionales se relaciona con los ataques a los servicios públicos, objetivos relevantes durante las protestas y manifestaciones. 7.2.4.- Bombas e incendios a servicios públicos. Las acciones contra organismos públicos y locales de clara representación dictatorial fueron de particular ocurrencia en el ciclo de protestas nacionales, pero no únicamente. La identificación física y localizada del proyecto político gobernante significó reconocerlos y atacarlos como blancos de violencia política. Ahora veremos sus elementos característicos. Estas acciones tuvieron la clara intención de obstaculizar el desarrollo del proyecto político de la dictadura; las bombas e incendios atacaron servicios en cuestionamiento permanente. 68 La crítica al régimen y su sistema económico fue el argumento: […] Las bombas al Serviu, la Secretaría Nacional de la Juventud, ALMAC, Banco de Chile, EMOS, al ministro Piñera, Chilectra en san Bernardo en el mes de febrero, demuestran que la propaganda armada es una forma efectiva de lucha y propaganda. La propaganda armada da confianza a las masas, diversifica la represión de la dictadura y prepara los primeros contingentes de la Resistencia para el desarrollo de la Guerra Popular Prolongada contra la dictadura. Las acciones con bombas debemos masificarlas lo más posible, tanto en Santiago como en provincias. Cientos de bombas deben explotar mensualmente a lo largo y ancho del país. La bomba es un armamento casero de fácil aprendizaje y construcción que todo miembro de la Resistencia debe empezar a conocer. Ante cada arbitrariedad patronal y dictatorial, ante el empleo de la fuerza por parte de la dictadura, los trabajadores y la Resistencia debemos responder con acciones de Propaganda Armada, bombas de ruido e incendiarias a oficiales, torturadores y soplones, son acciones justas y necesarias que debe masificar la Resistencia Popular (El Rebelde, Nº 146: 5). A raíz de las acciones realizadas se definen las motivaciones para el uso de los artefactos explosivos de diverso tipo; este argumentario fue sostenido durante todo el período previo a las grandes movilizaciones y generó la identidad política de la izquierda 68 Una acción relevante ocurrió en febrero de 1979, en aquella oportunidad estallaron bombas en diversidad de blancos: supermercados, bancos y servicios públicos, por ejemplo en las oficinas de Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS). radical, clandestina y resistente. En ese sentido, las bombas contra servicios públicos se inscribieron en la misma línea que perfiló los atentados descritos en los puntos anteriores. Antes de comenzar la década de los ochenta, las bombas y atentados se concentraron en objetivos abordables, los domicilios de personeros de gobierno y oficinas periféricas de servicios públicos. Esos objetivos se asociaron a la dictadura como representantes de su proyecto social y económico, violentando al pinochetismo ideológico y al neoliberalismo triunfante: 69 La policía dijo que uno de los artefactos hizo explosión en las inmediaciones de la Municipalidad de Ñuñoa situada en Avenida Irarrázaval con Ortúzar en esta capital donde provocó daños menores en unos ventanales y en la puerta en que fue colocado. // El Cuarto Juzgado del Crimen del Departamento Pedro Aguirre Cerda fue otro de los objetivos de los terroristas. En dicho lugar estalló una bomba de regular poder que ocasionó destrozos en cuatro cristales del edificio y causó alarma entre los habitantes del sector debido al fuerte ruido que se escuchó en la madrugada de ayer. // Otra carga explosiva, envuelta en una caja de cartón, destruyó tres vidrios y manchó las paredes de la oficina de la Empresa de Obras Sanitarias de La Cisterna, ubicada en calle Celia Zegers 48 (El Mercurio, 31-12-1980: C5). A estas alturas, el desarrollo de los explosivos como método de violencia se extendió por el país. 70 En las protestas callejeras, los cortes de la energía eléctrica fueron propicios para que proliferaran estos eventos. Por otra parte, vemos que el uso masivo de explosivos no se condice con su poder destructor; generalmente las bombas fueron de bajo poder y afectaron de manera leve. La mayor parte de los ataques, entre 1982 y 1986, afectaron a oficinas de servicios muy relevantes para la vida cotidiana de las personas, como los edificios públicos, como intendencias, municipalidades y juzgados, 71 las sedes de la Secretaría de la Juventud y Cema Chile. La alarma pública se había encendido del todo, y la prensa oficialista relataba en extenso los ataques con explosivos, publicaba reportajes acerca del tema y especulaba en torno a la “ola incendiaria”. Si bien se había atacado recintos de municipalidades, esta acción estuvo desarrollada en la perspectiva de las políticas que la dictadura generó por esta época en A inicios de 1980 la sede de Pudahuel (Santiago) de la Secretaría Nacional de la Juventud fue incendiada completamente (El Mercurio, 8-01-1980: C7). En diciembre se presentó actividad de este tipo en Concepción, con una bomba en la Secretaría Ministerial de Educación, en el centro de la ciudad (El Sur, 31-12-1980: 5). 70 El Mando Zonal de la Milicias de Resistencia Popular se adjudicó veintisiete atentados de este tipo en todo el territorio nacional (AIR, noviembre de 1980). 71 Una arremetida importante vino en agosto de 1982, doce bombas de ruido estallaron en diversos municipios de Santiago. 69 torno a la educación y la salud públicas, poniendo a los municipios en el centro de las reformas administrativas de estas áreas del Estado: Para impulsar el combate social contra la dictadura, adquiere gran trascendencia la movilización del pueblo en las localidades enfrentándolo contra el poder municipal reaccionario. Al mismo tiempo la programación del impulso de jornadas de lucha en frentes, localidades y provincias permitirá atender el desarrollo de la lucha de masas estimulando la creación de focos de conflicto que se extiendan por toda la nación (AIR, julio de 1982: 2). Las municipalidades se tornaron blanco de la violencia política, en cuanto referencia directa de la construcción política del régimen. El poder local fue un elemento central en la disputa sobre el control territorial y se hizo cada vez más importante en lo que restaba del período. Las marchas del hambre 72 primero y las protestas posteriormente fueron batallas por el control territorial y los municipios estuvieron en el ojo del huracán. El año 1983 encendería la protesta callejera -como ya lo hemos visto- el grado de conmoción se vio resaltado por los estallidos cada vez más constantes, sumado a los desórdenes callejeros por todas las ciudades del país. 73 Por esta época la resistencia potenció los actos de protesta en sectores populares. La dictadura se vio al alcance de la mano en sus representantes locales: alcaldes, juntas de vecinos designadas o funcionarios municipales. De esta forma, los ataques de este tipo se intensificaron, si bien la mayoría de ellos se hicieron durante las jornadas de protesta nacional, hubo ocasiones en que se atacó específicamente a estos locales. Este fue el caso del incendio que quince milicianos provocaron en una sede vecinal de San Miguel, como resultado hubo ocho heridos y la sede totalmente calcinada: Si lo que pretendieron los extremistas fue sembrar temor, lo han conseguido. Estamos todos atemorizados después de haber visto lo que presenciamos anoche, cuando un grupo de enmascarados asaltó nuestro local, disparó a quemarropa, roció el lugar de bencina y le prendió fuego, sin preocuparse de la vida de las mujeres, hombres e incluso niños que se encontraban en el interior […] // Coddou señaló que se trató de una acción eminentemente política, pues fueron encontrados panfletos del MIR. Especulando sobre las causas, manifestó que podría deberse a una acción de Estas manifestaciones fueron desfiles en algunos barrios periféricos capitalinos durante el período recesivo, justamente anterior al ciclo de protestas; una vez éste se inició, las marchas tuvieron una convocatoria genérica adaptada al llamado mayor. 73 Sedes comunitarias de Cema u organizaciones similares fueron blanco de acciones incendiarias; así ocurrió en octubre, cuando fueron quemadas sedes en Quinta Normal y Pudahuel, Santiago y en Valparaíso (El Mercurio, 8-10-1983: C7). 72 represalia, pues dos días antes un grupo que pintaba consignas en las murallas de la sede fue repelido por alumnos de la academia de artes marciales que funciona en el recinto. Destacó que estas academias reciben el apoyo de Digeder y están bajo el control de los ministerios de defensa e interior” (El Mercurio, 29-04-1984: C1). Podemos observar la enorme diversidad de objetivos que fueron contemplados por los grupos resistentes. Por otra parte, vemos que el método se extendió por las grandes ciudades del país, donde los objetivos también fueron muy dispares. 74 Desde 1986, el mecanismo para esta tipología se encontraba naturalizado entre los grupos subversivos. El cambio significativo vino dado por la ampliación del tipo de objetivos atacados, particularmente los templos mormones, o los recién abiertos registros electorales. 75 Aun así, los ataques más importantes ocurrieron sobre municipios y servicios públicos como los descritos en los párrafos precedentes. Un último punto que relataremos es el referido a las acciones incendiarias contra los microbuses y otros transportes públicos, estas acciones fueron en la línea de interrumpir el normal funcionamiento de la vida social, creando conmoción entre los ciudadanos. 7.2.5.- Los atentados explosivos contra el transporte público. Los atentados contra los diversos medios de transporte, en el contexto de los llamados a protesta nacional, fueron una motivación a medio camino entre el apoyo a la vía política definida por la izquierda radical y el sabotaje económico, tal como lo conceptualizamos para el caso de las detonaciones en las torres de alta tensión eléctrica. Si hacemos una mirada general, la recurrencia en los artefactos explosivos fue bastante clara. 76 Además, el común de los explosivos utilizados fue del tipo bomba de tiempo incendiaria. Entre los elementos inflamables que provocaron el fuego y posterior incendio, se encuentran el polvo de aluminio, pólvora, ácido sulfúrico y fósforo; la explosión se retardaba mediante un sistema de relojería y pilas colocadas en el mecanismo. 74 Los objetivos incluyeron gimnasios, como el de Talcahuano, Concepción (El Sur, 15-04-1986: 4) o el ataque a la municipalidad de Coronel, Concepción (El Sur, 27-07-1986: 2). 75 Según archivos de la Vicaría de la Solidaridad (informe mensual, abril de 1987), Mario Mellado, que transitaba en bicicleta por San Joaquín, Santiago murió dinamitado. El mirismo no han podido reconocer su pertenencia al grupo, pero lo incorporó en sus listas de víctimas: http://www.mir-chile.cl/heroes_del_mir.htm, consultado el 25 de marzo de 2012. 76 En lo referente a la autoría de los atentados, estos son adjudicados a diferentes comandos de filiación mirista y rodriguista. En informes policiales (El Mercurio, 21-09-1981: C1), se estimaba que existieron cuarenta y siete comandos integrantes del Movimiento de Resistencia Popular, sindicados como autores de la mayoría de este tipo de actos violentos. Los milicianos fueron adquiriendo la experiencia necesaria para desarrollar masivamente las acciones de propaganda y violencia urbana, siendo uno de los insumos que la historia de la resistencia otorgó para pelear la hegemonía del proceso de movilización social y política que se avecinaba. En la década del setenta no se registraron eventos de importancia para esta tipología, la mayoría provocados con cócteles molotov y artefactos con amongelatina. 77 La prensa relató así los primeros hechos de este tipo: Fue algo terrible. Luego de las tres explosiones, se originó un principio de incendio en el interior de la máquina. El vehículo se llenó de humo. Varias personas se quejaban de haber sufrido quemaduras. Aún no sé cómo di con una de las puertas. Salí casi asfixiado”. El relato fue hecho a periodistas de “El Mercurio” por Víctor Sazo Tobar, 41 años, propietario de un quiosco de diarios y revistas, quien, en la tarde del miércoles pasado viajaba en el microbús “Santiago-San Bernardo”, patente LLX-42, de San Bernardo, máquina en la que estallaron tres de cinco artefactos explosivos que portaba un extremista de 24 años de edad […] // El extremista murió ultimado –tras protagonizar una espectacular fuga por varias calles del sector- por un efectivo de la policía uniformada […] (El Mercurio, 26-12-1980: A1). El mecanismo utilizado por los grupos armados consistió en el secuestro de los buses; el comando realizaba este secuestro durante la noche y luego de expulsar a los pasajeros y al conductor, procedía a quemar la máquina. Sin lugar a dudas, tanto el incendio provocado, como la anomalía en la cotidianeidad de las personas refirió el contexto de conflicto que estos grupos quisieron expresar a través de estos hechos. De igual manera, el servicio de trenes subterráneos de Santiago fue afectado en reiteradas ocasiones como ocurrió por primera vez en 1983. 78 La explosión causada por la bomba generó preocupación en la población que, poco a poco veía cómo se instalaba la violencia política en los aspectos más pedestres de la vida, como el transporte público. Pero la cobertura mediática fue moderada, toda vez que no hubo heridos: Todo el pueblo aplaudió la exitosa acción miliciana efectuada contra las instalaciones del Metro en Santiago. Poderosas bombas provocaron daños por 4 millones de pesos y la interrupción casi total del servicio del Metro durante cerca de seis horas del pasado lunes 26 de marzo. // Los explosivos colocados y arrojados con audacia por los miembros de la Resistencia, destruyeron portones, casetas de boletaje, murallas, barras, guías centrales, conductores de energía, tapiz del pilotaje automático, instalaciones eléctricas, avisos publicitarios, durmientes y vidrios de las estaciones “Franklin”, En diciembre de 1980 se produjo un ataque a un microbús con destino a San Bernardo (Santiago), tres bombas incendiarias fueron utilizadas, muriendo en la acción uno de los milicianos, Alejandro Sepúlveda. 78 En marzo de 1983 un carro del metro de Santiago resultó seriamente dañado en la estación San Pablo, los costos ascendieron a quinientos mil dólares, según la compañía. 77 “Salvador”, “Baquedano” y “Parque O’Higgins”. Indudablemente esta acción demostró una eficiente actividad de las fuerzas milicianas y el entusiasmo en el seno del pueblo (AIR, abril de 1984: 4). La quema de microbuses, por otra parte, se convirtió rápidamente en una práctica de resistencia habitual durante el ciclo de protestas. Desde agosto y hasta finalizar el año 1983 la quema de buses se realizó en las comunas periféricas; en la capital se aproximó a la veintena de máquinas siniestradas. Con cada nueva convocatoria a protesta nacional aumentaban los buses incendiados. 79 El endurecimiento del toque de queda en las regiones más pobladas del país y los apagones, fueron el paisaje habitual de aquellos años. La colusión de mecanismos de protesta social y uso de violencia urbana generó la desestabilización del régimen en el plano político o, cuanto menos, lo menos lo debilitó en el proceso de liberalización política. En ese proceso, los buses incendiados fueron símbolo de la debilidad del régimen. Los sucesivos llamados a protestas no dejaron de contar con quemas de microbuses en las zonas periféricas de todas las ciudades importantes del país, en especial las tres conurbaciones más relevantes: Santiago, Valparaíso y Concepción: 80 En Valparaíso y Viña del Mar las barricadas y protestas comenzaron desde temprano en la U. Santa María y en la UCV. Universitarios y estudiantes de enseñanza media intentaron marchar al centro, mientras se efectuaba una manifestación en el Palacio de Justicia. En la noche, las parte altas y en especial Playa Ancha, Cerro Barón y Achupallas, ardían con barricadas en medio de la oscuridad producida por innumerables cadenazos. Un local comercial fue expropiado e incendiado, al igual que dos micros. Varios radiopatrullas fueron atacados y averiados (El Rebelde, Nº 215: 8). Los microbuses incendiados fueron parte del repertorio de protesta de la movilización, los paros convocados, que continuaban en las noches con acciones de violencia miliciana, radicalizaron la respuesta social del movimiento contra la Junta Militar, constituyendo una versión maximizada, explosiva si se quiere, del rechazo al régimen. 81 Una acción de proporciones acaparó la atención hacia 1985, un ataque al metro de Santiago provocó gran estupor en la ciudad. 82 La conmoción en el lugar se generó en Las fotografías de estos hechos fueron portada habitual de la prensa en cada jornada de movilización, como en marzo de 1984 (El Mercurio, 23-03-1984: C7). 80 En octubre fue asaltada y quemada una de estas máquinas en Hualpén (Concepción), en este caso, fuera de una convocatoria a paro nacional (El Sur, 4-10-1984: 1), lo mismo ocurrió en Valparaíso, cuando fue atacado un autobús mediante cócteles molotov 81 Los gremios de conductores evaluaban en más de mil los vehículos que habían sido atacados y resultado con algún tipo de daño. Además de los vehículos, las cocheras también habían sido atacadas en las noches de protestas (El Mercurio, 13-09-1985: C1). 82 Siete frentistas atacaron la estación “Ciudad del niño” del metro, uno de los artefactos estalló y en la huida, 79 cuanto los pasajeros pudieron observar el estallido, pese a haber sido alertados a tiempo: El día martes un grupo operativo del FPMR realizó una acción en la estación “Ciudad del Niño” del Metro de Santiago como parte de las actividades de desestabilización del régimen. // Los combatientes procedieron a reducir a uno de los guardias -recuperando su revólver- y haciendo desalojar el lugar a las 7 personas que se encontraban ahí y a los pasajeros del tres que llegaban en ese momento. Esto se hizo en calma y completo orden. Luego se procedió a activar la pequeña carga explosiva. // Al retirarse el grupo se encontró con un par de carabineros que concurría al sitio apresuradamente, por lo que fue necesario reducirlos. A uno que llevaba su arma de servicio en la mano se le disparó a las piernas, mientras que al otro sólo fue necesario golpearlo” (Boletín de prensa FPMR, 14-12-1985: 1). Este atentado al metro de Santiago provocó una gran conmoción, visto como un símbolo del progreso económico del régimen. Este fue el último de los grandes atentados al transporte público; con posterioridad sólo vemos la quema de microbuses. Debemos advertir que las acciones contra el metro no fueron ni con mucho el principal objetivo; los microbuses, por la facilidad para ser abordados, fueron los más afectados por la violencia de los explosivos. 83 Los empresarios culparon directamente a los sindicalistas opositores por estas pérdidas, vinculando la protesta social a las acciones milicianas de este tipo y a las convocatorias a protesta nacional: La movilización a que se convocó para el 7 de octubre pasado arrojó un balance de 42 microbuses quemados y otros 600 con graves daños, dejando a unos 1.500 choferes en la cesantía temporal, aseguró ayer el vicepresidente de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre de Chile (Conatrach), Abel Anabalón. // Por esa razón, el dirigente manifestó que el gremio piensa seriamente en la posibilidad de querellarse la próxima semana contra el presidente del Comando Nacional de Trabajadores, Manuel Bustos, a quien responsabilizó de los daños […] // Anabalón indicó que la Conatrach “no se prestará jamás a participar en paros políticos, propiciados por organizaciones que se dicen gremiales, financiadas sustancialmente desde el extranjero, cuyo sólo objetivo es provocar el paralelismo sindical (El Mercurio, 17-10-1987: C1, C4). Estos mecanismos también estuvieron presentes en un tipo de ataques contra el régimen: los sabotajes y atentados contra la economía del régimen como veremos a continuación. 7.3.- Sabotajes y atentados contra la economía del régimen. balearon a dos carabineros de una comisaría cercana a la estación. 83 Para el primer trimestre de 1986 los empresarios del transporte contaban doscientos autobuses dañados, fundamentalmente en Santiago (El Mercurio, 19-04-1986: C5). Uno de los puntos que la resistencia política identificó claramente como parte de los objetivos a atacar para enfrentar a la dictadura fue el proyecto económico del régimen. A través de este apartado buscamos entender cómo se perjudicó la infraestructura productiva y de servicios mediante acciones de violencia política desarrolladas por los grupos armados. Para cumplir con ese objetivo recurrimos nuevamente a las fuentes devenidas de la prensa. En particular la prensa oficialista refiere importantes datos acerca de esta temática; también en la prensa opositora y en la de carácter clandestino aparece información. En igual medida hemos utilizado los documentos partidarios. Abordaremos aquí cuatro aspectos que organizan nuestros argumentos, primero los ataques a las grandes empresas y al comercio de las grandes ciudades; después la afectación en el pequeño comercio de la periferia; en tercer lugar analizamos los atracos a bancos -de suyo importantes para los grupos armados-; finalmente estudiaremos las acciones de violencia política contra la infraestructura productiva del país. Es fundamental considerar la opinión de las fuerzas políticas chilenas en relación al proceso de reestructuración económica iniciada a mediados de los ochenta. Así mismo, hay una influencia del argumento económico en el movimiento político y social que se desarrolló en el Chile de esos años; debemos recordar que hacia 1982 Chile vivió una de las crisis económicas más duras del siglo: la llamada “recesión”, que marcó todo este proceso. 84 En ese marco el sabotaje consistió tanto en la colocación de bombas o en la provocación de incendios, así como en los asaltos para recuperar dinero o especies que fueron utilizadas en nuevas acciones de violencia política. A continuación veremos el impacto sobre los comercios y empresas de importancia para la economía del régimen. 7.3.1.- Bombas contra las grandes empresas y comercios. Las empresas y locales comerciales fueron blanco de asaltos y bombas. Las 84 La creación del Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH) se hicieron para luchar contra el desempleo, fueron símbolos de la política social dictatorial: quince horas de trabajo por el tercio del salario mínimo. La productividad de los obreros del PEM era tres veces mayor que su salario (Guilladaut y Mouterde, 1998:107). actividades de violencia ligadas a la política económica perfilaron como objetivos preferenciales a estos establecimientos. 85 Este tipo de actuación se produjo desde 1978 y comenzó a disminuir hacia 1983; considerando que los apagones y atentados a la red eléctrica, como vimos antes, se vieron exponencialmente aumentados en función de las protestas nacionales, pensamos que los grupos armados trasladaron sus esfuerzos a esta última línea de actuación. La resistencia definió sus ámbitos de acción, dañando a la autoridad económica: José Piñera, autor del “Plan de Hambre”, funcionario a sueldo de la dictadura y los grandes patrones, impulsor de las medidas represivas contra la clase obrera, fue despertado por la Resistencia el lunes 19 de febrero. El elegante barrio que rodea a la Plaza Uruguay, salió alarmado de sus casa para saber el motivo de la explosión: la resistencia había colocado una bomba en la casa del Ministro del Trabajo 86 (El Rebelde, Nº 146: 20). Una acción de grandes proporciones marcó esta decisión A inicios de octubre de 1980 se produjo uno de los más importantes incendios con motivación política que afectó a la industria. Tras un apagón en la capital, fueron quemados cien vehículos en el depósito de la empresa Renault ubicada en Avenida Pajaritos (Santiago). La actividad referida a los incendios intencionales surgía como parte importante de las acciones milicianas, agregando un nuevo elemento a la actividad subversiva en Chile: El comando “Víctor Díaz” procedió a sabotear la bodega de la empresa trasnacional Renault porque esta empresa, junto a otras trasnacionales de automóviles, protegida por la política económica antipatriótica de la dictadura, ha provocado el cierre y la quiebra de la industria automotriz nacional, lanzando a la cesantía a miles de obreros que en ellas laboraban (El Rebelde, Nº 169: 10). La crítica frontal contra la instalación económica del régimen fue desde ese momento una motivación central en las acciones de violencia. Hay una lectura concreta del momento económico y de las consecuencias de esta política, cuestión que fue siendo elaborada y refrendada con actos de violencia política en los años venideros. 87 Entre los pocos eventos de la década del setenta hubo bombas en las bodegas de Codelco ubicadas en Panamericana Norte en la capital (El Mercurio, 3-04-1979: C5). 86 Los asuntos laborales fueron la preocupación más importante durante 1979 entre los grupos resistentes. La información tanto de El Rebelde como de la Agencia Informativa de la Resistencia, AIR tuvieron a las huelgas y sindicatos entre las noticias de mayor cobertura. Esto fue dando paso con el tiempo a nuevos movimientos, como el de Derechos Humanos, Mujeres, Estudiantes y todos aquellos donde la resistencia ganó terreno. 87 En noviembre y diciembre de 1980 fueron atacados los locales comerciales de la industria textil Yarur en Santiago (El Mercurio, 4-11-1980: A1); las automotoras Indumotora y Victoria, la industria Panal de 85 Respecto a la forma de operar, se trabajó de manera diferenciada, dependiendo del objetivo a atacar. En el caso de los locales comerciales e industriales, se exigió dinero y elementos a los empresarios para no atentar contra sus dependencias, además de amenazas telefónicas o escritas, cosa que no prosperó en el tiempo. Por otra parte, cabe destacar la poca cantidad de muertos por estas acciones, pese a su masividad; ello fue debido a la política de alertar sobre el estallido en horas y lugares, evitando pérdidas humanas. Este período pre-ciclo de protestas también tuvo correlato en las provincias del sur del país. Un ataque al aserradero San Pedro en Concepción, 88 a inicios de marzo, destruyó totalmente los acopios de madera, conformando la figura propia del sabotaje: Un incendio que destruyó varios castillos de madera, en el recinto del aserradero mecanizado San Pedro, en la vecina localidad del mismo nombre, fue provocado intencionalmente por elementos del movimiento de resistencia popular de Concepción. En un comunicado dirigido a este corresponsal, el movimiento extremista se atribuyó el atentado. // El siniestro, que obligó a cuatro compañías de bomberos de Concepción a trabajar durante tres horas para sofocarlo, estalló cerca de las 00,30 hora de la madrugada del sábado, en castillos de madera cercanos a la rotonda del camino ConcepciónCoronel. En el recinto se encuentran depositados en castillos cerca de un millón de pulgadas de madera de pino insigne aserradas, varios de los cuales fueron destruidos por el fuego (El Mercurio, 2-03-1981: C3). Los depósitos de vehículos representaron blancos de relativa facilidad para generar atentados que, además, afectaban un símbolo de poder adquisitivo, dado que la mayoría de los chilenos no podía acceder a un automóvil. 89 Es necesario detenernos para diferenciar la ocurrencia de estos hechos. Desde 1979 se operó bajo este modelo de manera continua, pese a las detenciones que se produjeron. Al inicio de la década de los ochenta, en torno a 1982, registramos un cambio importante, las acciones agregaron la obtención de dinero a la destrucción de productos y servicios. A manera de balance, la subversión consideraba que el período se desenvolvía, sobre todo en el nivel de violencia de baja intensidad, muchas veces no considerada como Panamericana Norte e incluso los stands de Brasil y Estados Unidos en la Feria Internacional de Santiago, FISA (El Mercurio, 14-11-1980: A3). 88 También en Concepción, a inicios de agosto estalló una bomba de ruido en la Aseguradora de Fondos de Pensiones (AFP) Invierta, ubicada en la intersección de Maipú y Rengo. Se provocaron daños menores en el local e inmuebles vecinos (El Sur, 7-08-1981: 3). La AIR, (noviembre de 1981: 10) informa escuetamente de este incidente, la acción es adjudicada por el comando “Lautaro, libertador de Arauco”. 89 Tres individuos atentaron contra los depósitos de vehículos Datsun del camino a Valparaíso y Toyota de Panamericana Norte, en Santiago. El hecho ocurrió a fines de septiembre de 1981, resultando seis automóviles quemados (El Mercurio, 27-09-1981: C1). construcción política: Una serie de hechos políticos y militares dieron en estas últimas semanas la tónica de un movimiento popular activo y combativo, por encima de las pretensiones reaccionarias del gobierno militar. La AIR encontró oportuno entregar una reseña general de varios hechos inscritos en un contexto de lucha antidictatorial en todos los terrenos y masiva 90 (AIR, octubre de 1982:3). Pero los pequeños comercios de barrio y la actividad comercial también se vieron afectados, toda vez que estaban al alcance de los grupos milicianos, particularmente en las jornadas en que se desarrollaron las protestas nacionales. Diversas acciones alimentaron este tipo de violencia urbana: saqueos, asaltos y sabotaje; todos con el claro fin de la propaganda y la adquisición de experiencia de los nuevos cuadros militantes. 7.3.2.- Atentados a locales y pequeños comercios. Los asaltos a locales comerciales, camiones repartidores y establecimientos de distinta índole que, siendo de menor impacto económico, tenían importancia desde el punto de vista en propagandístico, fueron también numerosos. Además, representaron una fácil obtención de recursos con destino a la continuación de la lucha política. Dentro del modelo de constitución de las milicias de resistencia se marcaban pautas para el accionar de los grupos operativos. De esta forma, los locales comerciales y comercios afines de pequeño y mediano tamaño fueron propicios para generar estos recursos. Lo anterior no contravino la idea de que las acciones fueran publicitadas por estos grupos como una forma activa de oposición al régimen: Dos individuos armados, que luego de ser detenidos confesaron pertenecer a una célula del MIR. Asaltaron la noche del viernes la rotisería situada en Avenida Matta 922, según informaciones entregadas ayer por fuentes oficiales de Carabineros […] // Entre las especies halladas en poder de Aravena se cuenta un llavero consistente en una moneda antigua en cuyo reverso tiene grabado lo siguiente: “Cuando un rebelde nace, florecen nuevos mundos. Cárcel 77-M. C.”. // Se informó en Carabineros que “Aravena confesó que conformaban una célula del MIR”. Contó también que “eran los autores del atraco a la farmacia Sagüés” ubicada en calle Valdovinos 1061, hecho el ocurrido el 26-7-1977, delito que les reportó una suma aproximada a los tres mil pesos (El Mercurio, 28-081977: 33, 39). En una derivación de la motivación anterior se encuentran los asaltos a camiones En esta nota se detallan las acciones de violencia política que marcamos para este período, entre agosto y septiembre se cuantifican 36 acciones de violencia política en todo el país. 90 repartidores. 91 Los asaltos a pequeños y medianos comercios buscaron obtener recursos para la resistencia popular. Estos atracos fueron parte de una política de autogestión de recursos para el desarrollo de actividades de violencia política o propaganda, previamente planificado; estas acciones fueron de vital importancia para generar hechos de mayor relevancia en el contexto de la violencia urbana. Una acción de impacto público, que trajo de vuelta al mirismo en los medios de comunicación fue el asalto al supermercado AGAS de Santiago. Con esta actuación, la dictadura tuvo que reconocer que la izquierda radical se encontraba activa, pese a la aguda represión de inicios de la dictadura. 92 En definitiva, los organismos de seguridad aguzaban la mirada sobre el grupo subversivo: Con retratos hablado efectivos de Carabineros, Investigaciones y de los organismos de seguridad, buscan a tres hombres y una mujer -aparentemente miembros de una célula del proscrito MIR- que en los últimos dos días han sustraído tres vehículos particulares a mano armada en la capital […] // “No nos cabe duda -recalcó el jefe policial. Que el modus operandi es el mismo y en los atracos participan los mismos sujetos e forma organizada. Todo esto, que está en etapa de investigación, nos hace pensar que estamos en presencia de un grupo extremista” (El Mercurio, 28-02-1980: C1, C4). Cabe señalar que el secuestro de vehículos fue un modo de operar constante en este tipo de asaltos, similar a otros atentados ya descritos en párrafos anteriores. Lugo de sustraer temporalmente los vehículos se procedía a los asaltos, no dejando huella de la identidad de los asaltantes. En el entorno de los grupos de la resistencia, hubo organización que dio operatividad y sentido a las diversas acciones que planificó y dirigió, como fueron estas recuperaciones y posteriores distribuciones: El comando “Isabel Riquelme” de las Milicias de la Resistencia Popular procedió a confiscar el 7 de junio un camión con cuatro toneladas de leche y subproductos lácteos que se entregaron de inmediato a los niños de la población La Victoria, objetivo constante de allanamientos masivos y de actividades de todo tipo de las fuerzas represivas. Esta acción se realizó sin producir daños al personal del camión SOPROLE afectado por la confiscación y sin encontrarse los combatientes ninguna actividad de fuerzas enemigas en el curso de la operación (El Rebelde, Nº 162, 1980:8). Una acción de importancia ocurrió en La Florida (Santiago), la resistencia asaltó un camión distribuidor de lácteos. Los seis milicianos sustrajeron dinero y productos que repartieron entre los pobladores del barrio Nuevo Amanecer (El Mercurio, 13-04-1979: C3). En la población La Victoria se produjo un nuevo asalto a un camión repartidor (El Mercurio, 8-06-1980: C1). 92 A ese asalto siguió el robo a la empresa Elevap, lo que hizo que la prensa especulara acerca del grupo actuante y una supuesta división en el MIR, la confusión vino por que la adjudicación fue hecha por la resistencia. 91 Se debe dejar en claro que muchas de las acciones de asalto a locales comerciales y camiones fueron presentados por la prensa oficial como simples actos de delincuencia común; pero tanto el modus operandi como la información que entregó la prensa clandestina, tras contrastarla con los medios afines al régimen, nos permite aclarar que los hechos existieron y que la motivación política estaba detrás de los mismos. 93 Otra de las características tras este tipo de hechos de violencia política tiene que ver con obtener diversos materiales para la fabricación de elementos que fueron utilizados para la ejecución de desórdenes en la vía pública u otro tipo de acciones. A principios de 1981, en Santiago, se produjo un nuevo asalto. Esta vez el objetivo fue la casa de cambios Travelman En esta acción murió el dueño de la casa de valores, Patricio Salinas; esta fue una de las pocas veces en que falleció una persona en estas acciones. La muerte se produjo tras la resistencia que el empresario opuso a los milicianos: Expropiación en casa de cambio y agencia de viajes “Travelman” ubicada en Providencia, Santiago. Los fondos que se obtienen para la Resistencia son de 200 mil pesos y 5 mil dólares. La casa es propiedad de Patricio Salinas Lyon, yerno de uno de los hijos de Pinochet, quien intenta resistir y disparar contra uno de los combatientes resultando herido de muerte (AIR, abril de 1981: 7). Es importante señalar que la frecuencia creciente de estas acciones nos lleva a pensar que los grupos subversivos se encontraron, justo antes del ciclo de protestas, preparados en cuanto a logística y capacidad operativa para enfrentar un alza en los combates callejeros. Estas acciones lograron acerar a los cuadros milicianos que veremos actuando durante las protestas. Los asaltos y sabotajes se encontraban en pleno apogeo a inicios de la década de los ochenta, proyectando una etapa dura en materia de seguridad para la dictadura de Pinochet. Arribado el ciclo de protestas, los asaltos a locales comerciales se potenciaron en la periferia, saqueos y robos fueron la tónica de esas jornadas, a los ya conocidos y naturalizados asaltos a supermercados y camiones repartidores, se sumaron los comercios de barrio; 94 la autoridad fue incapaz de detener estas acciones, lideradas por viejos y nuevo Entre estos asaltos podemos referir un camión repartidor de lácteos en Gran Avenida, Santiago (El Mercurio, 13-04-1979: C3), otro en Viña del Mar, también a lácteos Soprole (El Mercurio, 4-06-81: C4), se repite el mismo tipo de asalto en La Florida, Santiago (El Mercurio, 14-8-1984: C4) y en La victoria, Santiago, se asaltó un camión distribuidor de pollos (El Mercurio, 19-7-1986: C8). 94 En julio se efectuó un ataque a comercios de San Miguel (Santiago), cortando calles y tendido eléctrico (El Mercurio, 27-07-1985: C6). 93 grupos milicianos: 95 El hecho ocurrió a las 10,30 horas de ayer, en la intersección de las calles José Joaquín Prieto y Lo Sierra, donde los desconocidos interceptaron al vehículo, obligando a su conductor a dirigirse a la Población La Legua. // En el lugar, los antisociales comenzaron a repartir las aves, dándose luego a la fuga. // De acuerdo a las informaciones recogidas entre los vecinos, los desconocidos actuaron fuertemente armados y con sus rostros al descubierto. // Posteriormente, se pudo establecer que los sujetos habían llegado allí en un taxi sustraído minutos antes en el sector de La Pirámide. Su chófer fue encontrado maniatado en el portamaletas” (El Mercurio, 19-05-1984: C8). La derecha supo leer esos acontecimientos y, desde la prensa, respondió con una arremetida discursiva, el vandalismo y el saqueo fue utilizado frecuentemente para tipificar las acciones de violencia urbana, generando una crítica moral acerca de las conductas, sin analizar el contexto que contenían los hechos. La UDI reordenó a los militantes poblacionales y definió una alternativa de integración al sistema para los pobladores, contradiciendo la conducta de violencia urbana. Los ataques disminuyeron notoriamente en 1988, y lo mismo ocurrió con los saqueos y atentados. 96 Como en los otros puntos estudiados, la prevalencia de las formas de violencia de baja intensidad, salvo eventos excepcionales, desapareció junto con el ciclo de protestas y los grupos armados. Un tercer aspecto se refiere a los bancos, que fueron un constante objetivo de las actividades de la violencia política. Tanto por la necesidad de financiar la actividad subversiva de miristas, rodriguistas y lautaristas, como para atacar uno de los sectores más beneficiados por el régimen, pieza central para la recapitalización del país. 7.3.3.- Asaltos y atentados contra los bancos. Los asaltos bancarios fueron una acción propia del sabotaje al aparato financiero del país pero, básicamente, pretendían recaudar el dinero con el que los grupos milicianos podían desarrollar su actividad contra el régimen dictatorial. Una característica destacable en este tipo de acciones es que se desarrollaron previamente al ciclo de protestas nacionales, el cerco contra la Fuerza Central del MIR y su posterior desbaratamiento, En mayo de 1984 un camión de pollos fue asaltado en Santiago y su carga fue distribuida en la población La Victoria, esta acción es una de las más relevantes en el período, debido a que marcó la irrupción del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL). 96 En agosto de 1988 se produjo la muerte de un guardia de una empresa de traslado de valores, Rodrigo Campos (El Mercurio, 15-08-1988: C1). 95 llevado a cabo en 1984, explica la menor incidencia de estos asaltos. El primero de estos asaltos fue ejecutado por un grupo de siete miristas, entre ellos el secretario general Miguel Enríquez. 97 El asalto existió pero la explicación del mirismo difería radicalmente de la versión de la prensa oficialista: Pocos días antes hubo un asalto en una sucursal bancaria. Este asalto, que no fue realizado por el MIR como intentaron hacer creer los gorilas (ellos mismos reconocieron después nuestra no participación) los llevó a lanzar una fuerte ofensiva represiva, aumentando los controles callejeros, rastrillos, barreras, allanamientos, etc. Al parecer detectaron que los asaltantes se movilizaban en un auto Fiat 125 blanco y que operaba en la zona de San Miguel. Concentraron chequeo y vigilancia sobre esa zona, que era la misma donde estaba ubicada la casa de nuestro Secretario General (calle Santa Fé) (El Rebelde, Nº 102: 43). Este montaje se puede establecer como uno de los primeros falsos enfrentamientos realizados en el período. 98 El MIR quedaba reducido a un pequeño grupo desestructurado (Pérez, 2003) y los asaltos a bancos como forma de acciones de violencia política, tuvieron que esperar hasta 1976. 99 Un hecho significativo en la escalada mirista acaeció en noviembre de 1979. 100 Lo interesante fue develar la existencia y acción de la Fuerza Central del MIR en este tipo de acciones de violencia política. Los métodos de operación y el tipo de armamento fueron evidenciados por la prensa, aludiendo a la operatividad de grupos que trabajaron en la línea estratégica de guerra popular. En ese sentido, el punto descollante estuvo en el triple asalto a entidades bancarias de la calle Santa Elena en Santiago: 101 La acción duró aproximadamente 10 minutos y durante su transcurso se registraron intensos tiroteos entre los asaltantes y los guardias de seguridad de las instituciones bancarias. Resultó herido el jefe de Programación de la sucursal “Santa Elena” del Banco de Chile, Antonio Doria Doren, de 40 años, El asalto fue a una sucursal santiaguina del banco de Chile, días después caería muerto en una casa de San Miguel, el botín consistió en cuarenta millones de escudos. 98 Detalles del enfrentamiento se encuentran en el libro de la pareja de Enríquez, Carmen Castillo (1999) y en el documental “Calle Santa Fé” (2007). 99 A fines de año fue asaltado un camión recaudador del Banco Concepción, en Avenida Bilbao (Santiago). Este asalto significó la primera acción de envergadura del grupo, la acción alertó a la prensa oficialista (El Mercurio, 21-12-1976: 1). 100 Corresponde a una de las primeras acciones de la Fuerza Central del MIR (El Mercurio, 25-11-1979: 1). Esta acción es considerada como asalto a pesar de la muerte de este carabinero Bruno Burdiles, hecho relevado por la prensa oficialista. El asalto fue el móvil de la acción. 101 El 11 de abril de 1980 se perpetraron estas acciones, afectando a los bancos de Chile, Concepción y de Crédito e Inversiones en esa calle santiaguina. La prensa de la época informó de veintisiete millones de pesos y quince mil dólares en pérdidas. Participaron veinte personas directamente en el lugar y hubo profusión de tiroteos durante la operación. 97 quien fue golpeado brutalmente en la cabeza con pies y manos y las cachas de las armas que portaban los extremistas […] // A la misma hora que estos dos sujetos atacaban el Banco de Concepción, otros tres extremistas, miembros del mismo comando, irrumpieron en el Banco de Crédito e Inversiones, que está ubicado al lado del anterior. “Aquí también fue todo muy rápido declaró el cliente Nelson Saldivia-. En el interior estábamos 7 personas y 8 funcionarios. Los sujetos gritaron que era un asalto y que el primero que se moviera lo liquidaban […] (El Mercurio, 12-041980: A1, A14). Esta última acción marcó el retorno de la violencia política. El triple asalto contó con los elementos propios de los que sucedieron en los meses anteriores. 102 Todo ello causó impacto por la organización y despliegue de los grupos que operaron en esta ocasión. Para sorpresa del régimen, en julio de 1980 se produjo un nuevo asalto triple en los mismos tres bancos antes asaltados en la calle Santa Elena. 103 La CNI había efectuado múltiples detenciones luego de los primeros asaltos, pero se vio superada con este nuevo golpe en el mismo sector de meses atrás: La expropiación de dinero arrojó un monto total cercano a los 16 millones de pesos, los cuales serán utilizados íntegramente en la organización y financiamiento de la lucha de liberación de nuestro pueblo. Es falso que en un posterior enfrentamiento con las fuerzas represivas, estas hayan recuperado el dinero de la expropiación como lo han comunicado la mayoría de los medios de comunicación (El Rebelde, Nº 165, 1980:9). Resulta decidor que se instalase rápidamente la sensación de inestabilidad en el sistema bancario. El impacto en los medios de comunicación y en la población fue la de una sociedad mediada por la inseguridad. 104 Por otra parte, los bancos fueron una referencia del sistema económico, las instituciones más beneficiadas por el régimen militar y por tanto, de mayor rechazo entre los chilenos de clases medias y populares. La etapa de transición entre ambas décadas del período estuvo fuertemente marcada por acciones de este tipo; sin duda, el mirismo aprovechó este momento para recaudar, en función de la estrategia político-militar que preveía para el futuro. La AIR relató estos asaltos de la siguiente manera: Sustracción de vehículos para la fuga luego del asalto y participación de personas que observaban el desarrollo de la acción; también se usaron bombas falsas para proteger la huida. Dentro de estas revelaciones se estima en más de 40 las personas involucradas en la preparación y ejecución de los bullados asaltos (El Mercurio, 18-04-1980: 1). 103 Si bien el modus operandi se reiteró, las cifras del botín no fueron tan altas como las de abril, pues se recuperó parte de lo robado, este fue un golpe muy duro para la policía política. 104 En esta acción murió el ex sargento de carabineros Erasmo Cisterna, guardia del Banco Concepción. También resultaron heridos cinco miristas, tres carabineros y dos agentes civiles. 102 Frente a la guardia armada de la Fach del aeropuerto Los Cerrillos y a escasos metros del comando de instrucción de Carabineros, los comandos “Miguel Enríquez” y “Luciano Cruz” de las Milicias Populares e Santiago, expropiaron más de cuatro y medio millones de pesos a la sucursal del Banco de Chile ubicada en la Avenida Pedro Aguirre Cerda, frente al aeropuerto, el martes 16 de diciembre a las 11,15 horas […] // Sobre la muerte de Manuel Espinoza Bravo, a quien la prensa presentó como un cuidador de automóviles, el Mando Zonal Santiago de las Milicias aclaró que se trataba de un agente policial, detectado como tal durante los estudios previos de la acción, quien cayó herido mortalmente en el enfrentamiento al oponer resistencia armada a la acción de los milicianos […] // Mayor impacto aún provocó el triple asalto bancario realizado simultáneamente por los comandos “Bautista Van Schowen”, “Dagoberto Pérez” y “Augusto Carmona” el martes 30 de diciembre a las 14 horas, a las sucursales de los Bancos Chile, Concepción y Talca, ubicados en Irarrázaval y Macul. En esta acción diez milicianos vistieron uniformes de carabineros, lo que facilitó su acceso a las sucursales que a esa hora ya no atienden público” (AIR, 1-01-1981: 2). Luego de este nuevo asalto, efectuado bajo las premisas de los eventos anteriores, pensamos que los grupos armados ya habían logrado obtener recursos para reorganizarse y el siguiente paso era atacar objetivos más cercanos al debate político, centrándose en los ataques a las personas. 105 Estos hechos fueron los que alarmaron fuertemente a los organismos policiales y de inteligencia, mostrando fehacientemente que el MIR se encontraba plenamente activo, 106 haciendo de las detenciones, tortura y prisión política una barrera que ese partido no consideraba disuasoria para continuar con los planes y la estrategia planteada. A estas alturas los asaltos dejaban botines cuantiosos, pero también creciente cantidad de heridos. La intensidad e impacto de los asaltos bancarios disminuyó progresivamente a partir de septiembre de 1981. 107 Tal vez por los problemas que la Fuerza Central del MIR comenzaba a sufrir, dados los golpes represivos que surtieron efectos devastadores para ese partido y por la crisis que se instaló en la política militar del MIR tras la derrota de la guerrilla en Neltume. La prensa mirista continuaba enalteciendo los asaltos, a pesar de su declive: En este hecho, conocido como el asalto a Las Tranqueras, cayó abatido por primera vez un destacado cuadro de la Fuerza Central del MIR, Charles Ramírez Calderón. Resultaron heridos dos policías, un detective y tres civiles. El aspecto novedoso fue que se atacó simultáneamente la 11ª comisaría de Investigaciones y a la 17ª de Carabineros Las Tranqueras, con armas de grueso calibre, lanzacohetes y antitanques (El Mercurio, 236-1981:A1). 106 En las cercanías de la conmemoración del once de septiembre de 1981 se produjo un nuevo asalto, siendo el primero tras el asalto a Las Tranqueras. Afectó al Banco Osorno y La Unión en su sucursal de calle Tucapel en Santiago (El Mercurio, 11-09-1981: A1). 107 Recién en abril de 1982 se produjo un nuevo asalto, esta vez en Concepción. El ataque se ejecutó en la sucursal universitaria del Banco Concepción, con un botín de poco más de dos millones de pesos. El rector de ese entonces, Guillermo Clericus, estuvo entre los reducidos. 105 Alrededor de las 9 horas del 28 de abril, el grupo miliciano, armado de metralletas y armas cortas, tomó el control de la entidad bancaria obligando a tenderse en el suelo a un guardia armado, a tres funcionarios y a más de una decena de personas […] También se encontraba allí Guillermo Clericus, el reaccionario rector de la Universidad de Concepción, conocido por sus múltiples desmanes represivos contra el estudiantado. Fue uno de los primeros en obedecer a los miembros del comando, procurando cobardemente pasar inadvertido. // La exitosa operación, que duró sólo contados minutos, provocó gran agitación y regocijo entre los estudiantes y el pueblo de la octava región influyendo positivamente en el ánimo combativo con que se celebró el día de los trabajadores (AIR, mayo de 1982:4). Este se puede considerar como el último de los asaltos bancarios de importancia realizado por el MIR. Bajo la premisa de la obtención de dinero, se siguieron realizando acciones similares, esta vez en supermercados, bencineras e industrias principalmente; pero no correspondieron específicamente a la Fuerza Central del MIR. Llegando al final del período, el FPMR prácticamente no desarrolló acciones en instituciones financieras. Al parecer prefirieron realizar atentados al tendido eléctrico, sabotajes y repartición de alimentos en el ciclo de protestas, con ello contribuyeron a generar la imagen de inestabilidad social y política que el régimen dejaba entrever, evitando riegos de enfrentamientos, en los que el MIR perdió valiosos cuadros políticos y milicianos. A modo de ejemplo, podemos citar el caso del ciudadano uruguayo Daniel Ferreira-Ramos. 108 Volviendo a las acciones del FPMR, el asalto más relevante de este grupo se dio en marzo de 1988; 109 si bien los asaltos a bancos o camiones de valores no son parte importante del repertorio de este movimiento, hacia 1988 la fuerte división en este grupo haría replantearse las formas de recaudación de dinero, quedando en evidencia su poca experiencia en estas actividades: Una célula de “milicianos rodriguistas” fue la que asaltó la escuela Japón el lunes último, robando 28 millones de pesos destinados al pago de sueldos del profesorado de San Miguel, informó la policía […] // El grupo terrorista -se dijo- habría sido reclutado entre pobladores, feriantes y obreros, debutando con inusitada violencia en el asalto a la improvisada oficina pagadora del recinto escolar, dejando dos víctimas fatales y cinco heridos graves. // “Lo hizo por sus ideales (políticos) y no es un http://memoriaviva.com/Ejecutados/presentacion_codepu_explosionados.htm, consultado el 25 de marzo de 2012. Pese a la presentación del Codepu, el caso de Daniel Ferreira-Ramos no fue incluido en el Informe de Verdad y Reconciliación. Una parte de los casos de ejecutados del período no han sido considerados por la verdad oficial en Chile. 109 Un camión de valores fue asaltado en las inmediaciones de la escuela Japón de San Miguel (Santiago), en la oportunidad cae muerto el militante del FPMR, Juan Carlos Martínez 108 delincuente” reiteró ayer la madre de Juan Carlos Martínez Contreras, al explicar el deceso de su hijo de 21 años de edad, quien fue muerto en el atraco (El Mercurio, 2-03-1988: C1). Otra forma de sabotaje económico tuvo relación con la infraestructura del país, tanto la vial como la ferroviaria se vieron atacada por los grupos armados como veremos a continuación. 7.3.4.- Atentados a la infraestructura económica. Los daños en la infraestructura, -característica típica de las acciones resistentesfueron especialmente importantes en relación a la capacidad operativa para causar efectos de consideración. En ese sentido, fue el FPMR, entre 1986 y 1988, quien logró afectar de manera relevante la infraestructura del país, aunque sin poner en jaque al régimen. Habría que esperar hasta fines de la década de los setenta para constatar la ocurrencia de acciones de sabotaje contra la infraestructura vial y férrea del país. 110 Más allá de la especulación de la prensa, a inicios de 1980 vemos las primeras acciones significativas en este aspecto. 111 Desde 1978 y hasta 1983, antes del ciclo de protestas, podemos contar eventos muy puntuales en relación a esta categoría, sin que tampoco lleguen a ser importantes para el funcionamiento del país. 112 Este tipo de acciones, mínimas en su efecto, extendían la idea de oposición al régimen en todo el territorio: Miembros de la Resistencia de esta ciudad instalaron en el Terminal de Buses un artefacto explosivo de regular poder. La acción armada ejecutada el 6 de julio, se efectuó utilizando un mecanismo de retardo que puso de cabeza a los expertos que trataban de desactivarla. La explosión provocó un impacto positivo entre los valdivianos que luchan por la justicia y la libertad (El Rebelde, Nº 177: 15). Un hecho de mayor impacto tuvo relación con la distribución de combustible a las zonas urbanas más importantes del país. 113 El daño provocado a los oleoductos se repetiría En enero de 1978 los organismos de seguridad dieron a conocer un supuesto plan de sabotajes que el MIR habría estado preparando (El Mercurio, 27-01-1978: 1). 111 En 1980 se produjo un atentado en el muelle Barón de Valparaíso, destruyendo el sistema de pesaje, una grúa y la cinta transportadora (El Mercurio, 7-07-1980: C3). Si bien los puertos se vieron amenazados por acciones de sabotaje, no fueron los objetivos más dañados por las acciones de violencia política. 112 En julio de 1981 la CNI desactivó un artefacto explosivo instalado en el terminal de buses de Valdivia. Un llamado telefónico alertó de la colocación de la bomba en el recinto. 113 En octubre de 1981 se produjo en Curacaví (Santiago) un atentado explosivo que destruyó el gasoducto 110 en diversas ocasiones en años venideros, siendo uno de los objetivos más significativos en torno a este punto. Otro de los blancos más afectados guarda relación con los atentados contra las vías férreas en diversos puntos de la región de Valparaíso. verdaderamente dañinas: 115 Con cargas explosivas fueron destruidas tres torres conductoras de cables de alta tensión de la Endesa y la cañería matriz que abastece de agua a la planta siderúrgica de Huachipato, en atentados extremistas registrados en horas de la madrugada de ayer, como continuación de los acontecimientos que se han estado registrando en esta zona desde mediados de la semana […] // El artefacto, al hacer explosión, destruyó sólo parcialmente el tendido, por lo que los daños quedaron reparados en horas de la tarde de ayer. El atentado provocó la paralización de lagunas unidades de la planta, lo que se determinó para evitar la detención de otras, como la acería Conox” (El Mercurio, 11-09-1983: C5). 114 Si bien este tipo de acciones se habían producido anteriormente, cuando apareció el rodriguismo, las acciones fueron Con respecto a los ataques a las vías férreas, canal esencial de transporte de mercancías, este fue muy perjudicado durante la década del ochenta, a veces coincidente con las fechas emblemáticas de reivindicación política y otras en el transcurso de alguna convocatoria a jornada de protesta. En los primeros años de la década del ochenta, se produjo el mayor número de sabotajes a la red ferroviaria, la autoría de estos hechos fue básicamente del FPMR. Pero las acciones también se refirieron desde el MIR: 116 La red ferroviaria debió interrumpir por más de 24 horas su funcionamiento hacia distintas ciudades el 11 de mayo, día de la protesta nacional. En la madrugada dos puentes fueron prácticamente volados por cargas explosivas. A la una y cuarenta minutos de la madrugada, milicianos atacaron el puente La Araucana, entre las estaciones de Hualqui y Omerhuet, en Concepción. Esto originó la interrupción del servicio hacia esa ciudad. A las 3:30 de la madrugada una bomba destruyó alrededor de veinte metros de vías y poderosas vigas metálicas del puente Talagante, en la ruta SantiagoCartagena. Interrumpió además el telégrafo y el servicio de energía eléctrica” (AIR, junio de 1984: 3). Concón-Maipú, falleciendo una persona. Por primera vez se atacaba una estructura industrial de este tipo, provocando grandes pérdidas (El Mercurio, 7-10-1981: C3). 114 Cien metros lineales de vía fueron dañadas entre Quilpué y El Salto (El Mercurio, 15-04-1983: C1). Una ola de ataques de este tipo se desató en las regiones centrales del país, en Buin (Santiago) murió Pedro Martin Martínez, militante frentista (El Mercurio, 14-06-1983: C3). En Santiago también se atacó las vías férreas, tras el septiembre más violento desde el inicio de la dictadura (El Mercurio, 13-09-1983: C2). 115 Con explosivos en torres de alta tensión cerca de Concepción, se destruyó infraestructura de la siderúrgica Huachipato. La acería más importante del país, en un claro acto de sabotaje. 116 En mayo de 1984 dos atentados con bombas en puentes de ferrocarriles dejaron sin comunicación a San Antonio y Concepción. También se registran daños en puntos de Santiago y, en junio, estallaron el puente ferroviario sobre el Río Claro, cortando la conexión hacia el sur. Los atentados contra la red ferroviaria inscribieron a la política rodriguista en el marco de las prácticas resistentes más tradicionales. Debemos recordar que las acciones de este grupo fueron profundamente políticas y si bien su origen comunista les marcó una definición ideológica clara, es evidente que, en sus actividades de violencia política, el objetivo de la lucha de clases no estuvo tan presente como en la acción mirista del período justamente anterior; más bien el grupo actuó en clave política, respondiendo a la afrenta histórica que significaba el derrocamiento de Salvador Allende. Las vías férreas se transformaron en el segundo objetivo más relevante del período, luego de las explosiones en las torres de alta tensión y definieron una combinación entre apoyo a las jornadas movilizatorias y el sabotaje clásico de la resistencia a una dictadura en la estrategia rodriguista. 117 En 1986, con las protestas ya en declive, con los partidos políticos en medio de la negociación con el régimen, los atentados contra la línea férrea, sobre todo en puntos de las vías cercanas a Santiago, Valparaíso y Concepción, pusieron la nota de incertidumbre en el desarrollo del proceso; junto a las explosiones en torres de alta tensión, mantuvieron viva la confrontación entre las opciones centristas y radicales en torno al conflicto. En mayo de 1986 se atacó el sector portuario del país, generando cuantiosos daños por bomba en oficinas portuarias en Talcahuano (Concepción): Dos personas lesionadas, daños en instalaciones de dos oficinas portuarios del sector céntrico y la quebrazón de 230 vidrios en edificios de departamentos y en dos vehículos particulares, provocó la detonación de dos artefactos explosivos de aproximadamente un kilo de amongelatina cada uno, registrada con una diferencia de cinco minutos, a las 22 horas de la noche del martes. // Así lo afirmó Carabineros, quien indicó que el primer atentado se produjo a las 21,55 horas, en el frontis del inmueble “Departamento de Puertos”, dependiente de la Dirección General de Obras Pública, en Blanco Encalada 620” (El Mercurio, 29-05-1986: C6). En 1988 los ataques a la infraestructura económica disminuyeron fuertemente.118 Como fuere, los atentados de este tipo no lograban trastocar seriamente el proceso plebiscitario en marcha, la estrategia de la izquierda radical no pudo detener la negociación del centrismo opositor con el régimen. Refrendando estas ideas, el tráfico de trenes se alteró por veintidós bombas en vía férrea en diversos puntos del país poco antes de entrar al año decisivo (El Mercurio, 16-10-1985: C2). 118 Sólo podemos destacar que en marzo una serie de atentados en la región metropolitana y del Bio Bio dejó cortes en el servicio telefónico (El Mercurio, 3-03-1988: C1). 117 *********************** Sin duda las formas que adoptó la violencia política de izquierda dialogaron con las formas de resistencia del movimiento social opositor y delimitó claramente las opciones de cada uno de los actores políticos en los dos bandos enfrentados en torno a la construcción dictatorial. En ese sentido, todas las acciones relatadas en este capítulo configuran el rol de debate político que significó la violencia, rol que se define en una situación política completamente anómala como es un régimen dictatorial. Estos hechos muestran que los grupos armados realizaron ataques a agentes represivos, pero estos estuvieron mediados frente a la opinión pública por los montajes que encubrieron operaciones de las agencias represivas. Los atentados a militares y agentes represivos, entonces, tienen múltiples intencionalidades, pero siempre conmocionaron el espacio público. Las bombas y atentados incendiarios fueron habituales en la lucha emprendida por los grupos milicianos. Desde muy temprano en el período dictatorial se ocupó esta forma de violencia como herramienta de amedrentamiento a quienes apoyaban o usufructuaban del régimen, además de constituir una forma de propaganda política explícita de las fuerzas subversivas. El período estudiado considera una enorme gama de hechos del tipo señalado. Sin embargo, es necesario señalar que el fenómeno fue creciente e implicó un desarrollo en los procedimientos de uso de explosivos. Estas acciones contribuyeron a generar inseguridad y vulnerabilidad en el gobierno. La resistencia logró hacerse fuerte en este tipo de actos, lo que explica la gran cantidad de hechos producidos. El último capítulo de esta tesis analiza la represión dictatorial, en cuanto formó parte de la discusión de los sujetos protagonistas del conflicto. Y, por ende, será estudiado a partir del movimiento social, la violencia política y sus lugares en el espacio público. 8.- La represión dictatorial. La represión es un elemento de análisis para entender la manifestación política en el contexto de la lucha por el espacio público, por el control de la calle; ésta es el lugar de la política, lugar disputado en los años ochenta por el argumentario de los bandos contendientes. Los objetivos fundamentales que persigue el desarrollo de este capítulo es comprender los efectos de la represión dictatorial sobre los grupos sociales y políticos opositores, así como también la generación de argumentos para el debate político que el movimiento social construyó al ser afectado por la represión. Para abordar estos objetivos hemos recurrido a las fuentes que nos han aportado datos relativos a nuestro problema, nuevamente las diferentes publicaciones de prensa, especialmente El Mercurio, entre las oficialistas; las revistas opositoras, Análisis, Apsi y Cauce y los boletines clandestinos constituyen las piezas esenciales de información. En este apartado en particular, el video documental, tanto de la época como los trabajos de posteriores nos han entregado visiones y voces que hemos incorporado a nuestro análisis. Para abordar el capítulo hemos organizado nuestros datos y las reflexiones conclusivas correspondientes, en tres subcapítulos. A través de ellos realizaremos el análisis y estudio de los eventos que, relacionados directamente a la represión dictatorial, se vinculan al desarrollo del movimiento social, la violencia política en dictadura y la ocupación e intervención del espacio público, a saber: asesinatos de dirigentes políticos y sociales, enfrentamientos en la vía pública y allanamientos y agresiones a locales de organizaciones sociales. El primer apartado aborda los asesinatos de dirigentes políticos y sociales, estos vinieron a significar un concepto revelador de las políticas represivas que se vivieron en dictadura: el crimen de motivación política. Por ser un elemento político particular, consideramos necesario analizar los efectos que produjo en los representados por estas figuras: el pueblo chileno en definitiva, que puso en ellos expectativas de cambio o desarrollo de alternativas a la propuesta política y social que reflejó el régimen militar. Seguidamente, analizaremos los enfrentamientos armados que, pudiendo parecer sucesos ligados a la violencia política, vienen a relevar la conmoción pública que generaron en cuanto muchos de ellos fueron falsos, montajes que los organismos de seguridad y represión crearon para justificar su labor en el régimen, elemento propio de las dictaduras latinoamericanas y que se definieron claramente en la doctrina de seguridad interior del Estado, que insistió en la idea de guerra interna. Por último, en un tercer apartado, abordaremos los allanamientos a los locales y viviendas que acogieron a las organizaciones identificadas con el movimiento social opositor, la resistencia política y sus militantes. Es ahí donde se expresó la teoría y la praxis más clara de la represión; la violencia estatal contra la disidencia reveló la sospecha permanente sobre los otros, los disidentes. Los allanamientos nos develan el carácter discriminador de la época, ya sea por las identidades amenazadas o por el castigo constante a quienes no comulgaron con el proyecto pinochetista. Antes de ello, quisiéramos incorporar unas cuantas reflexiones relativas a las organizaciones de derechos humanos de la época, elementos fundamentales en este tópico y los sujetos sociales y políticos represaliados con especial alevosía por las policías políticas. También referiremos los llamados casos emblemáticos, que cruzan muchas de las acciones que relataremos. Las políticas implementadas por el gobierno dictatorial desde 1975 marcaron una nueva etapa para el país y el régimen. Recordemos que, en lo político, se produjo la institucionalización de la dictadura y, desde allí, se echaron a andar modernizaciones en el aparato económico del país. Para generar este nuevo cuadro se debió reprimir fuertemente el movimiento social, liderado históricamente por la izquierda. Y, en este sentido, conviene tener con cuenta que los años de mayor represión deben ser analizados y comprendidos paralelamente al proceso de construcción del proyecto dictatorial: […] los primeros siete años del gobierno militar, entre el momento del golpe y 1980, fecha en la cual el modelo neoliberal empieza a rendir frutos y se termina por consolidar con las denominadas “modernizaciones”, particularmente la aprobación del Plan Laboral y el inicio de la Reforma Previsional que terminaron de desarmar el Estado Benefactor (Valdivia, 2003: 99-100). El golpe de Estado de 1973 no fue sólo la asonada para derrocar un gobierno socialista, sino que fue un complejo entramado en que militares, empresarios y políticos de derecha consensuaron la articulación de un proyecto que refundó el capitalismo bajo las premisas neoliberales, es decir, una profundización de las ideas del liberalismo económico y el conservadurismo político (Huneeus, 2005). Constatando lo anterior, se configuró, desde el momento mismo del golpe de Estado, una contradictoria dualidad en la forma de concebir el gobierno; por una parte se pretendió rescatar la democracia liberal pero, por otra parte se recurrió a la violación sistemática a los derechos humanos, civiles y sociales. El marco de fuerte represión social y política contradijo las ideas liberales, pero fue la condición necesaria para imponer la nueva construcción estatal. La lucha política alcanzó a espacios ideológicos y fue un desafío para la izquierda que, además de diezmada físicamente por la represión de los primeros años de la dictadura, se encontró sitiada en sus espacios de organización y de pensamiento. Los organismos de Derechos Humanos fueron los que comenzaron a agrupar a los militantes del movimiento social anti dictatorial de incipiente formación. 1 Cada uno, en su particular radio de acción, consideró una de las preocupaciones centrales que provocó el régimen militar entre la izquierda chilena. Preocupaciones que fueron traspasadas, con el devenir del tiempo, a la agenda política del país, marcando el conflicto que enfrentó a gobierno y oposición, el que intentó ser resuelto a través de la liberalización política de mediados de los ochenta. En el ámbito de la lucha por los Derechos Humanos, fueron los grupos vinculados a distintas iglesias cristianas quienes comenzaron a desarrollar acciones a poco de iniciada la dictadura. 2 La tarea de estos organismos se concentró en la prestación de servicios a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero el gran baluarte en la defensa de los derechos humanos estuvo en la creación de La Vicaría de la Solidaridad, que comenzó a trabajar desde 1976. Dependiente de la Iglesia Católica, esta institución se definió mayoritariamente en esta misma línea (Atria, 1990); ello ayudó a que -por el alcance de esta manifestación religiosa en Chile-, la defensa y denuncia de los derechos humanos tuviera mayor amplitud, como amplio fue el tipo de prestaciones que otorgó a los represaliados por las políticas económicas y sociales de la dictadura. Las funciones de la Vicaría en ese período fueron diversas; como describe Vidal: En el capítulo 6 se desarrolla la identidad de estos grupos, en los siguientes párrafos relataremos los aspectos organizativos en relación a los organismos de derechos humanos. 2 En 1973, después del golpe de Estado, se creó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI). Tras ser disuelta, en 1976 se refundó en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC). 1 En la vicaría se realizan labores de investigación y análisis, existe un centro de documentación, información, publicaciones […] La función de denuncia pública es indirecta, en la medida en que los acuciosos informes del cuerpo de abogados y asistentes sociales a los tribunales sirven de plataforma para la discusión de las tendencias y modalidades con que los servicios de seguridad cometen sus violaciones a los derechos Humanos (Vidal, 2002: 64). Llegados a este punto podemos clasificar las organizaciones por la defensa de los Derechos Humanos en tres categorías: la de familiares de represaliados, agrupaciones de denuncia de conculcación de derechos y, finalmente, asociaciones que reflexionaron en torno a la problemática. El desarrollo de las agrupaciones de familiares de las víctimas de la represión, conformadas por los parientes -mayoritariamente mujeres-, hizo de la denuncia su principal actividad. Desde el terreno testimonial conformaron una protesta investida de reproche moral contra el régimen; primero, la agrupación de familiares de presos políticos y luego, la de detenidos desaparecidos; esta última logró mayor estructura e impacto público con su accionar en el espacio público. Hacia 1978 se constituyó el Comité Pro Retorno de Exiliados y con ello se fundó una nueva línea en la defensa de los derechos humanos. En 1980 se amplió el radio de acción con la fundación de la Agrupación de Familiares de Relegados; todas estas organizaciones colaboraron en los aspectos relativos a la denuncia de la situación de los derechos humanos en Chile. Otro tipo de organismos en el ámbito de los derechos humanos se constituyó en torno a la reflexión del estado de los derechos humanos y sus desencuentros en el Chile de esos años. 3 Hacia 1980 encontramos conformado un amplio espectro de organizaciones y personas movilizadas en torno a las problemáticas de los derechos humanos en Chile. En este marco surgió el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Este organismo construyó un concepto de lucha por los derechos humanos vinculado a lo político, particularmente a la promoción de los derechos políticos ciudadanos entre los sectores más golpeados por la represión social y política: los sectores populares. La definición del CODEPU correspondió al modelo que la resistencia prefirió para enfrentar la lucha por los derechos humanos, relevando significativamente a los sectores 3 En ella se inscribieron la Academia de Humanismo Cristiano y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), además de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, todas colaboradoras en la denuncia de las violaciones a los derechos esenciales de las personas. sociales movilizados contra la dictadura. Aliado a los grupos políticos, tuvo una activa participación en la articulación de acciones en el ámbito que le correspondió: Allí nadie se representaba sólo a sí mismo, como ocurre en publicitados foros radiales o cenas de gala con afanes demagógicos. Cuando Fabiola Letelier pronunció el discurso central en representación del CODEPU, que preside, un grupo auténtico de dirigentes populares la respaldaba en la tribuna. Cada uno con la fuerza ganada en estos años por el organismo o sector social en cuyo nombre estaban ahí 4 (AIR, diciembre de 1983:1). En los años venideros, CODEPU se vinculó al Movimiento Democrático Popular (MDP), activa agrupación de partidos políticos de izquierda que se desarrolló en medio de las protestas de mediados de los ochenta en las grandes urbes chilenas. Pensamos que la fundación de CODEPU correspondió a un avance en los niveles de activación de la política resistente en Chile. Sin embargo, los asuntos ligados a los derechos humanos tuvieron todavía algunos eventos que afectaron no sólo a la izquierda, sino a la oposición en su conjunto y que el movimiento social anti dictatorial recogió para señalar la barbarie que, en asuntos de represión, se podía esperar del régimen: No es preciso hilar muy fino para encontrar los motivos políticos que hay detrás del asesinato del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez. El viejo dirigente gremial había llamado días antes a constituir un amplio frente de trabajadores contra la política económica que ha sembrado de cesantía y miseria los hogares del pueblo y sectores medios del país (AIR, abril de 1982:1). Los organismos de derechos humanos recorrieron un largo camino y se caracterizaron por una constante actividad, no sólo denunciando los ataques a los militantes de partidos de izquierda, sino también defendiendo a todos quienes se identificaron con el movimiento social anti dictatorial, todos quienes se enfrentaron al rumbo del bando gobernante después del golpe de Estado. 5 Este panorama nos señala la importancia de este aspecto del movimiento social anti En el acto de aniversario que se informa se contaban representados AD-MAPU, APD, UNED, CCT, COSP, COAPO, ATC y CODEM. Todas estas organizaciones fueron de carácter social, representando a mapuches, campesinos, estudiantes, trabajadores, pobladores y mujeres. 5 La represión dictatorial también tuvo en las expulsiones o exoneraciones de empleados públicos un elemento que destruyó tejido social, los trabajadores fiscales conformaron siempre un importante núcleo del sindicalismo chileno y, junto a la reducción en el tamaño del Estado, fueron objeto de represalias políticas por parte de la administración de Pinochet (Lira y Rojas, 2009: Moulian, 2002). 4 dictatorial en su proyección como movilización y, por lo tanto, en las formas de presentación en el espacio público que éste adquirió. De esta forma, manifestación política y espacio público se concentraron de manera clara en los asuntos relativos a la represión y los derechos humanos. A continuación analizaremos los casos emblemáticos que relataremos en detalle; los hechos cotidianos de represión definieron un estado de ánimo que se expresó en la manifestación pública del descontento, de la mano de las organizaciones del movimiento social que se destacaron en el período. 8.1.- Asesinatos devenidos en casos emblemáticos. En este apartado estudiaremos los asesinatos y atentados contra los dirigentes políticos y sociales de la oposición a la dictadura. Muchos de estos crímenes se constituyeron en casos emblemáticos de derechos humanos y, particularmente, movilizaron a los representados para denunciar el crimen, generalmente enredado en la falta de información y transparencia. Los casos emblemáticos del terrorismo de Estado fueron aquellos crímenes que remecieron a la sociedad chilena en virtud de la sorpresa o la capacidad de representar la situación política del país. En torno a ellos se generaron movilizaciones que es imprescindible entender en su contexto simbólico y material. Es así que referiremos el impacto de estas situaciones. Comenzaremos por los asesinatos devenidos en casos emblemáticos, tanto los de carácter político como los vinculados a la Iglesia y a los represaliados de los movimientos sociales que perecieron a manos de la dictadura. En este primer punto relataremos los más significativos asesinatos dirigidos a los más importantes líderes políticos y sociales. Primeramente analizaremos los hechos que afectaron a los dirigentes de partidos políticos y sindicatos y después repasaremos los crímenes que tuvieron como blanco a los sacerdotes que, si bien no son casos numerosos, la significación social y cultural hace que sea de gran interés lo que ocurrió con ellos. En tercer y último lugar, analizaremos los hechos represivos que afectaron a figuras vinculadas a organizaciones del movimiento social. 8.1.1.- Asesinatos de dirigentes políticos y sindicales. En términos de la lógica de los años setenta, la representación de los líderes políticos y sociales constituyó la máxima referencia para encarnar los proyectos políticos que cada sector definía. La corporización de las ideas en personas y símbolos es un elemento que la oposición chilena utilizó de manera explícita durante la dictadura. Entre las figuras que analizaremos están Salvador Allende, Miguel Enríquez, Orlando Latelier, Eduardo Frei y Tucapel Jiménez, representativas de distintos sectores políticos y sociales. La represión buscó acabar rápidamente con esas referencias de liderazgo. Destaca, en este sentido, lo realizado con la persona del presidente Salvador Allende que, habiéndose suicidado, fue sacado con total sigilo de La Moneda. Durante todo el período dictatorial se creó un manto de misterio sobre las características de la muerte del mandatario, resolviéndose judicialmente muy recientemente. 6 La figura de Salvador Allende persistió en la resistencia y el movimiento social opositor como la presencia de un represaliado más, tal vez el primero de ellos -si es que cabe una priorización-, alimentado por el ocultamiento de las circunstancias de su muerte. Brigadas milicianas, centros culturales y secciones de partidos políticos de izquierda mantuvieron su nombre presente en la política contingente. La tortura y la detención en condiciones de precariedad e insalubridad provocaron la muerte de importantes cargos del gobierno de Salvador Allende, como José Tohá, ministro del interior y Alberto Bachelet, general de la Fuerza Aérea, quienes no resistieron los apremios físicos que finalmente les costó la vida. El entorno de Allende sufrió también de manera directa el terrorismo de la dictadura, más allá de las circunstancias del golpe de Estado, como lo acaecido al general Carlos Prats. 7 En el círculo de la Unidad popular se creó la convicción de esa pertinaz intención de exterminarlos, pues nunca se había asesinado a un general de Ejército por parte de compañeros de armas: Qusiéralo o no el general Prats su paso por el Gobierno sirvió para que las fuerzas comunistas y socialistas se autorretrataran con toda su sorda ambición y sus apetitos desquiciadores. La oposición El 8 de septiembre de 2011 el cuerpo exhumado del ex presidente Allende se sepultó privadamente. El Fallo de la Corte Suprema -del 13 de septiembre de 2012- establece que el motivo de la muerte fue “un acto deliberado en el que, voluntariamente éste se quita la vida y no hay intervención de terceros” (foja 2488). 7 Una bomba en el automóvil del ex jefe del Ejército de Allende, Carlos Prats y su esposa Sofía Curbeth, refugiados por ese entonces en Buenos Aires, significó una clara señal de la convicción de la dictadura por asentarse firmemente en el poder. 6 tajante entre los hombres de armas y el marxismo no habría podido ilustrarse más vivamente que con resultas de los afanosos empeños de Allende y del propio Prats para conseguir la combinación imposible de los representantes de la patria con los de la antipatria (El Mercurio, 6-10-1974: 45). Efectivamente, en los primeros años de la dictadura, hubo operaciones de aniquilamiento a figuras importantes de la Unidad Popular que se fraguaron para impedir posibles articulaciones de la resistencia al régimen. Es así como se produjo la muerte, en un enfrentamiento, del secretario general del MIR, Miguel Enríquez. 8 Miguel Enríquez había propuesto la constitución de un movimiento de resistencia desde el primer momento del golpe de Estado y, en consecuencia, definió un grupo operativo que realizó acciones puntuales que mantuvieron alerta a los organismos de seguridad de la dictadura. Enríquez fue muerto en una coyuntura en que intentaba organizar los grupos de la resistencia armada. Con ello, la política represiva del régimen se apuntó uno de sus más importantes logros; pero, por otra parte, hizo que la figura política se constituyera en un referente para los grupos que articularon actos de resistencia en los años venideros, incluyendo las protestas de los años ochenta, tal como sucedió -aunque en menor medida- con Salvador Allende: Toda la historia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) debe haber pasado por la mente de Miguel Enríquez, en las primeras horas de la tarde del sábado 5 de octubre, el dirigente extremista junto a Andrés Pascal Allende y Carmen Castillo Echeverría y otras personas se encontraban en la residencia de calle Santa Fé 728 (comuna de San Miguel), cuando se vieron rodeadas por fuerzas policiales y militares. Vivían allí desde hacía cinco meses […] // Hay quienes sostienen que el MIR sin los hermanos Enríquez, Cruz, Pascal Allende y otros dirigentes, habría existido igual. La diferencia entre lo irreal y los hechos es que ellos llegaron a tener el contacto político. Todos estaban relacionados con dirigentes tradicionales de la política local: con sectores del radicalismo, del socialismo y del comunismo. Así lograron conexiones con Fidel Castro y el Che Guevara, con Régis Debray, con tupamaros y con dirigentes de los Montoneros y del ERP (argentinos). Hubo hombres, entre sus filas, que salieron a intervenir en las guerrillas bolivianas, como fue el periodista Elmo Catalán (Ercilla, Nº 2045: 9-10). A pesar de la militancia revolucionaria, las relaciones sociales y políticas de los principales militantes del MIR fueron consideradas, por obvias razones, fuente de una potencial amenaza al orden dictatorial. Con Enríquez muerto, la dictadura se abocó directamente a reprimir los sectores intermedios y de supuesta menos peligrosidad militar, los militantes socialistas y comunistas, entre otros. Estas figuras no lograron asentarse en el movimiento social y en la resistencia como 8 Esta fue la primera de estas acciones, ocurrida en octubre de 1974, en la vivienda que ocupaba en San Miguel (Santiago). referentes a reivindicar, no con la fuerza de dirigentes políticos como Salvador Allende y Miguel Enríquez. Aun así, se instalaron como casos emblemáticos de derechos humanos pues existió la idea de la desactivación de todos los posibles portavoces de la disidencia contra la dictadura, ejemplo de ello es el caso Letelier. 9 Fue el asesinato político más impactante de la DINA, en plena capital estadounidense. La operatividad de la DINA incorporó el asesinato político, al punto que debió ser desactivada la participación de Manuel Contreras por el propio Pinochet (Huneeus, 2005: 104). Debemos señalar que este caso marcaría la creación de la CNI en 1977, tras la presión norteamericana correspondiente (Lira y Loveman, 2000: 449). La pérdida de la inocencia era absoluta a poco de iniciado el gobierno de facto. 10 Llegados a este punto, el régimen había logrado deshacerse de las principales figuras, diríamos emblemáticas, del ex gobierno de la Unidad Popular, físicamente eliminados y prohibido su recuerdo o referencia en el espacio público, tan sólo la dictadura pudo elaborar sus discursos. El asesinato de dirigentes o figuras relevantes de la oposición al régimen militar continuó en los años siguientes, movilizando un importante número de personas y estimulando el desarrollo del movimiento social popular en referencia al término de la dictadura militar. Importantes hechos de sangre marcaron la agenda de los defensores de los derechos humanos y, posteriormente, de múltiples agrupaciones y personas que rechazaron el crimen como práctica política por parte del régimen pinochetista. Ya en la década del ochenta, en enero de 1982 concretamente, y en circunstancias dudosas cuya investigación se ha desarrollado hasta la actualidad, murió el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva. Si bien el ex mandatario democristiano fue un opositor a la Unidad Popular, con el devenir del tiempo se convirtió en un fuerte opositor al régimen de la junta militar. Esto se hizo bien evidente en 1980, cuando rechazó el proyecto constitucional de la dictadura, haciendo una fuerte campaña en contra de la aprobación de esa carta: En 1976 los asesinatos de Orlando Letelier, canciller de la Unidad Popular, y su secretaria en Washington D.C., la norteamericana Ronni Moffitt, develaron la presencia de la política desatada del terrorismo de Estado durante esos años. 10 El asesinato de Carmelo Soria, un diplomático español de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), terminó de referir el carácter despiadado de los militares chilenos, marcado por su definición político-ideológica. 9 A pocos días del llamado a plebiscito, el ex Presidente Eduardo Frei señaló en un importante discurso: "Asumamos nuestra historia, asumamos la tradición de Chile para abrirle un camino a este país. Y esa es la alternativa que nosotros vamos a plantear. No el cerrar las puertas sino que el abrirlas. Nosotros debemos decirle al país que queremos la democracia, que queremos una Asamblea Constituyente, que queremos un gobierno inmediato de transición (Solidaridad, Nº 99: 4). Las muerte del mandatario convocó a miles de personas, como ya lo vimos en torno a sus funerales; revisando las opiniones que generó su muerte y las dudas acerca de las circunstancias de la misma, se revela nuevamente que el objetivo de eliminación de opositores capaces de articular a la oposición estaba completamente presente por parte de los organismos de seguridad de la dictadura. En ese mismo contexto, en febrero del año 1982 fue encontrado muerto al interior de un taxi camino a Lampa (Santiago) el dirigente sindical Tucapel Jiménez, figura que -en ese momento- articulaba a los sindicalistas opositores al régimen. El hecho conmocionó de gran manera a los grupos de trabajadores que, por esos años, se oponían al nuevo régimen laboral impuesto por la dictadura: De allí que estas horas amargas hagan propicia la oportunidad de consolidar un gran Frente Nacional tras el desalojo de la vida política del país de quienes han concebido e implementado este "modelo" de la destrucción de nuestro patrimonio, identidad y convivencia. Dirigentes sindicales y gremiales, civiles o uniformados y, en general chilenos de las más distintas procedencias coinciden hoy en que lo prioritario es salvar a Chile del empecinamiento y propósito de quienes manejan la economía. Antes de la ruina total. // Por este fin patriótico cayó Tucapel Jiménez. Apenas pocos días después de su convocatoria a la Unidad, volvieron a ensangrentarse las manos de los enemigos de Chile, de la Libertad y de la Justicia (Análisis, Nº 44: 3). Sin lugar a dudas, el asesinato de Tucapel Jiménez estuvo íntimamente relacionado con el protagonismo de los trabajadores opositores en las convocatorias a las jornadas de protesta nacional iniciadas en 1983. El movimiento social adhirió al máximo referente que tuvo en Chile durante el siglo XX: el sindicalismo, traspasando las diferencias entre los diversos grupos políticos El llamado del sindicalismo fue recibido con especial entusiasmo y ayudó a cerrar filas entre la diversidad de agrupaciones opositoras. Fuera de estos dirigentes políticos de primera línea, y aunque no son dirigentes, los sacerdotes fueron referentes importantes en el país. La Iglesia católica había incubado una corriente progresista de peso y llegada la Unidad Popular, esos sacerdotes fueron protagonistas de los sucesos del período, cuestión que los puso en el ojo de la política represiva del régimen, revisemos algunas características de los atentados contra estos personeros. 8.1.2.- Represaliados vinculados a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, actor capital en su papel de reserva moral que gran parte del país le reconocía, tuvo sacerdotes muy comprometidos con el movimiento social opositor. Estos llegaron a militar incluso en organizaciones políticas y, lamentablemente, engrosaron la lista de ejecutados políticos en los primeros meses tras el golpe de Estado; es el caso del sacerdote catalán Joan Alsina, el chileno Gerardo Poblete y el anglo chileno Miguel Woodward. 11 Entre los detenidos desaparecidos, que permanecen como tales, se encuentra el sacerdote valenciano Antonio Llidó. Sin dudas estos casos convencieron al cardenal Silva Henríquez a definirse rápidamente por la oposición al régimen, toda vez que la Iglesia Católica chilena tuvo una fuerte tendencia aperturista a las corrientes progresistas en materia social y política durante la segunda mitad del siglo XX: En octubre de 1974, Antonio LLIDÓ MENGUAL, ex sacerdote de nacionalidad española vinculado al MIR, fue visto por testigos en el recinto de José Domingo Cañas. Con posterioridad Antonio Llidó, cuya fecha de detención se desconoce, fue trasladado a Cuatro Álamos, desde donde desaparece, en poder de la DINA. // La Comisión está convencida de que su desaparición fue obre de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 788). Pero no solo los sacerdotes se vieron afectados por el terrorismo de Estado. En este plano, casos como los de Sebastián Acevedo, contribuyeron a visibilizar el accionar de los organismos represivos y, en el fondo, la política de violencia represiva que la dictadura empleó. 12 Pese al carácter laico de Acevedo, su caso fue tomado por la Iglesia Católica como símbolo de la lucha contra la tortura, además de haber elegido el frontis de la catedral penquista para inmolarse, llamando al involucramiento del poder eclesiástico frente a la desidia del Estado. La respuesta ciudadana fue generalizada, a través de caceroleos y manifestaciones Este fue asesinado en la Esmeralda, buque insignia de la Armada chilena, usado tras el golpe de Estado como centro de torturas. 12 El obrero coronelino se inmoló en la Plaza Independencia de Concepción en noviembre de 1983 para exigir la liberación de dos de sus hijos, secuestrados por la CNI. 11 en las ciudades importantes del país, en pleno ciclo de protestas, se denunciaba abiertamente los usos terroristas del gobierno. La dimensión movilizatoria quedó refrendada en la fundación del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo en los meses posteriores: El 14 de septiembre de 1983 se iniciaron en Santiago las actividades de un grupo llamado Movimiento Contra la Tortura con una manifestación frente a uno de los cuarteles secretos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -el aparato secreto de represión del régimen militar chileno- ubicado en la calle Borgoño. Aproximadamente setenta personas se ubicaron ante ese edificio con un lienzo que decía AQUI SE ESTA TORTURANDO A UN HOMBRE. Detuvieron el tránsito de la zona, realizaron una ceremonia de protesta que incluyó gestos alusivos, canto, recitación de letanías, lanzamiento de volantes. Todo culminó con el arresto de algunos de los participantes. Los detenidos se entregaron pacíficamente. Con esta acción se inauguró en Chile una nueva modalidad de acción por la defensa de los Derechos Humanos (Vidal, 2002:29). Luego de conocido el hecho ocurrido en Concepción, la agrupación dirigida por el sacerdote José Aldunate tomó el nombre de Sebastián Acevedo para denunciar la tortura, causa de la inmolación del obrero. La ocurrencia de estos hechos redefinió las convocatorias de las jornadas de protesta, resignificando el rol de la Iglesia Católica, garante de la defensa de los derechos humanos y pieza clave en el proceso de liberalización política. Las jornadas por la vida que convocó la Iglesia tuvieron el sentido de resignificación que apuntamos, criticando la violencia y demandando democracia para el país. El asesinato del padre francés André Jarland en La Victoria (Santiago), en medio de las movilizaciones por la paz -que se extendieron a sectores alejados de las posturas de izquierda radical-, no impidieron, antes al contrario, las políticas represivas implementadas por el régimen militar. El sacerdote lideraba la parroquia de una de las poblaciones más combativas contra la dictadura, especialmente rica en acciones durante las jornadas de protesta; el asesinato del sacerdote provocó una repulsa generalizada por las características de su muerte y el peso de su figura en el mundo poblacional. Los sacerdotes sufrieron apremios y amenazas constantes, pero los asesinatos, como vemos en el caso de Jarland, generaron un gran revuelo entre los opositores. Estos hicieron de este crimen, en particular, uno de los casos emblemáticos antes mencionados, relevando el papel de los sacerdotes en la articulación del movimiento social, donde muchas parroquias fueron un centro de reunión para quienes buscaron organizarse contra el régimen dictatorial: El relato del padre Dubois -entrecortado por las lágrimas- estremece: “Lo que ocurrió fue terrible. André subió como a las seis a su pieza para leer la Biblia y descansar de un intenso día. A las siete hubo disparos desde furgones de carabineros ubicados en calle Ranquil con 30 de octubre -a unos cincuenta metros de la casa-. Una de esas balas le atravesó la nuca y lo mató, imagino, instantáneamente. Cuando yo llegué eran cerca de las siete y media. Pregunté ¿dónde está André? Nadie sabía. Subí al segundo piso y lo encontré recostado en su escritorio ¿Qué te pasó André?, le pregunté. Estaba muerto. La bala entró por la esquina sur oriente y penetró dos tabiques después de salir de su cabeza […] (Apsi, Nº 152: 9). Los asesinatos de estas personas, de importante presencia en el imaginario del movimiento social y político, estuvieron fuertemente ligados a la generación de los argumentos de diversos sectores políticos opositores en torno a la nociva existencia y persistencia de la dictadura. Esos argumentos estuvieron muy alejados de los planteamientos que los militares y políticos de derecha arguyeron para justificar las prácticas represivas de los organismos de seguridad, generándose una brecha irreconciliable entre ambos sectores. Vinculado a los casos expuestos aquí, el movimiento social y el ciclo de protestas fueron víctimas del terrorismo de Estado. En múltiples ocasiones activistas y dirigentes, vinculados a los sectores movilizados contra el régimen, vieron vulnerados sus derechos, llegando a provocarles la muerte. 8.1.3.- Represaliados vinculados al movimiento social. Sin lugar a dudas los activistas o representantes más notorios del movimiento social anti dictatorial sufrieron la persecución de las agencias represoras. La visibilidad del descontento provocó alarma en el régimen y, por lo tanto, recurrió a todas las formas posibles para evitar acciones que reflejaran una oposición activa a las políticas del régimen. Entre los casos más connotados de derechos humanos que comenzaron a movilizar a los chilenos estuvo el hallazgo de los cuerpos de quince campesinos en la mina de cal de Lonquén (Santiago). Como ya señalamos, por primera vez se evidenciaba la suerte de los detenidos desaparecidos. 13 13 El caso se encuentra desarrollado en el primer apartado del capítulo sexto. Los familiares de víctimas de la dictadura fueron represaliadas a través de nuevos métodos, si se quiere, más elaborados. Los militares no recurrieron a la violencia que eliminó físicamente a los opositores, contra las mujeres de detenidos desaparecidos o ejecutados prefirieron la descalificación y la censura, prohibiéndoles el uso del espacio público. El secuestro y muerte del niño Rodrigo Anfruns, en junio de 1979, movilizó la indignación de diversos sectores (El Mercurio, 6-06-1979: C1). Se produjeron manifestaciones en el colegio del niño y en el barrio de los padres; estos hechos fueron reconocidos como uno de los primeros casos del terrorismo de Estado que afectó a quienes se atrevían a romper el receso político. La información, de corte policial, que afectaba a una familia de clase media desapareció abruptamente de los medios de comunicación cuando se supo que sus padres eran miembros de la clase media y políticamente situados en el centroizquierda. Todo y así, el caso Anfruns se transformó en el primer casos de represión que convocó a sectores opositores más allá de los familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. Meses después se produjo un acto represivo que tocó gravemente a los jóvenes universitarios. Un joven militante del movimiento estudiantil fue detenido junto a otros sospechosos por la muerte del Coronel Roger Vergara. El revanchismo de la policía política se ensañó contra el movimiento social: 14 Mario Romero fue interrogado en dos oportunidades, desnudo y con aplicación de corriente en los genitales, Ióbulos de las orejas y diversas otras partes del cuerpo. Se le pregunto sobre sus actividades, su vinculación con Eduardo Jara, si conocía a un tal "Fermín", si sabía en qué lugar estaban "las armas". Durante las diez horas que estuvo secuestrado, se le dijo que allí eran mantenidos Eduardo Jara y Cecilia Alzamora. // La espiral de violencia que se ha venido desarrollando en el país, se inició el 8 de julio con el asesinato de Roger Vergara. A partir de las declaraciones formuladas por el general (R) Odlanier Mena, luego de renunciar a su cargo como Director de la CNI ("El asesinato y atentado del Comandante Vergara se escapa al criterio de actuación del MIR"), una serie de dudas y preguntas se generaron en los medios de comunicación respecto de la autoría del mismo. La posibilidad de que grupos terroristas de extrema derecha hubieran comenzado a actuar en el país, quedó planteada (Solidaridad, Nº 98: 4). A inicios de agosto, si bien el estudiante fue liberado, murió en la posta cuatro de la capital, producto de las torturas a las que había sido sometido. Los captores de Jara se Finalizando el mes de julio de 1980 fue secuestrado el estudiante de Periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara, junto a Cecilia Alzamora en la intersección de Eleodoro Yáñez con Los Leones, en la ciudad de Santiago. 14 identificaron como el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA). 15 La venganza se instaló como motivante de las policías políticas y el ensañamiento se dejó sentir sobre grupos de estudiantes, grupo que estaba en pleno proceso de rearticulación de sus organizaciones. Además, el ánimo de revancha se dejó caer sobre grupos de la resistencia. 16 De esta forma, surgió una forma de policía política paramilitar al margen del control del Estado. 17 El período comprendido por el ciclo de protestas, entre 1983 y 1986, fue especialmente duro en este aspecto; un momento particularmente importante fue el degollamiento de tres militantes comunistas Quilicura (Santiago), en marzo de 1985. 18 Este hecho movilizó a amplios sectores, no tan sólo en la capital, en todo el país el crimen adquirió una resonancia de grandes proporciones, simbolizando el revanchismo de la dictadura contra los sectores políticos que impulsaron las jornadas de protestas nacionales. A raíz de este asesinato podemos notar una creciente judicialización de casos de represión y atentados contra los derechos humanos, debido a la presión ejercida por el movimiento social y su emergencia en el espacio público. 19 En ello podemos observar los efectos de la liberalización política, que fue permitiendo un ejercicio periodístico más abierto que en los años anteriores, aunque sin llegar a la absoluta libertad de prensa: Cerca de 24 horas permaneció en poder de desconocidos la hoja del ex parlamentario Alejandro Hales Jamarne, Carmen Andrea Hales Dib, quien fue secuestrada la mañana del domingo último por siete hombres y una mujer, siendo liberada en las primeras horas de ayer. Así lo declaró la misma afectada, quien ya vivió una situación similar el 22 de abril de este año […] // “Durante el tiempo que estuve allí, tendida en el suelo y con las manos atadas a la espalda, no me interrogaron ni me hablaron. Me golpearon con un objeto contundente, mojado, y me dieron puntapiés. Pensé que sería liberada después del programa en que interviene mi padre en Radio Chilena, pero cuando esto no Este Grupo se conformó por agentes de la CNI pero de forma autónoma, como reacción al ataque sobre Roger Vergara, acción que dio muerte al director de Inteligencia del Ejército, hecho ocurrido días antes por la Fuerza Central del MIR. 16 El mismo día falleció otro mirista, Santiago Rubilar, secuestrado por la CNI. A partir de ese suceso se torturó a diversos militantes de izquierda, dándose una pauta similar al caso precedente por parte de los denominados Comando Carevic, Comando once de septiembre o la Acción chilena Anticomunista (ACHA). 17 El Informe de la comisión de Verdad y Reconciliación (1992: 45 y ss.) estableció el fuerte nexo entre la acción de los grupos represivos fuera del control del Estado con los organismos encargados de la seguridad interior, dejando en claro que existió un trabajo de guerra sucia desde estos mismos organismos. 18 Tres profesionales comunistas fueron cruelmente degollados en Quilicura (Santiago); habían sido secuestrados por cuerpos especiales de carabineros destinados a la persecución política (El Mercurio, 31-031985: A1). 19 Esto se evidencia en casos como el secuestro de la psicóloga Carmen Hales y el asesinato de José Randolph Segovia tuvieron una presencia inusitada en los medios a partir de su vista en tribunales. 15 ocurrió temí por mi vida, Cuando terminó la restricción vehicular, me sacaron en un vehículo y dieron un gran paseo antes de dejarme en el paso bajo nivel que existe en Lira y Alameda” contó. // Manifestó que desconocía los motivos de este segundo secuestro, pero estima que fue para amedrentar a su padre por las declaraciones vertidas en un programa radial” (El Mercurio, 6-081985: A1). Hacia la finalización del ciclo de movilizaciones, en 1986, los casos de represión contra los militantes de organizaciones opositoras continuaron sucediéndose. 20 Los casos ocurridos en este período de protestas masivas estuvieron marcados por el horror de la población; aunque fueron selectivos y puntuales, caracterizaron los últimos años del pinochetismo, acorralado por las movilizaciones y actuando en función de la venganza. A fines del período dictatorial los casos más significativos socialmente, es decir, los que provocaron mayor repudio por parte de la ciudadanía, fueron los ataques criminales contra representantes del movimiento social, sin distinguir especialmente en las militancias políticas, aunque si hubo represión de este tipo en casos específicos. 21 Las expresiones de rechazo al régimen por estos asesinatos fueron multitudinarios, potenciado por el ciclo de protestas. Pero hubo una forma de represión que, sin tener gran visibilidad en los medios de comunicación oficialista, intervino en el espacio público a través de la conmoción asociada a la violencia política: los enfrentamientos en la vía pública que analizaremos en el siguiente apartado. 8.2.- Los enfrentamientos armados en la vía pública. Los enfrentamientos armados en la vía pública fueron, sin lugar a dudas, una de las experiencias que provocaron mayor conmoción pública en el país. En este apartado trataremos los hechos más relevantes para caracterizar uno de los mecanismos más En julio de 1986 fueron quemados dos jóvenes: Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, durante la última jornada de protesta nacional en Santiago (El Mercurio, 7-07-1986: C1). En septiembre de 1986 fue asesinado José Carrasco, periodista de Análisis y militante del MIR. Esta muerte se produjo en represalia al atentado a Pinochet (El Mercurio, 10-09-1986: A1). 21 Un último caso connotado lo encontramos en junio de 1987, cuando una fuerte batida de la CNI al FPMR provocó doce muertos en Santiago, la denominada Operación Albania o matanza de Corpus Christi (El Mercurio, 17-06-1986: A1), desarticuló a esta organización, pero causando un repudio generalizado por el mecanismo terrorista que emplearon para contestar la violencia política que utilizaba esa agrupación: secuestrando, torturando y matando a los militantes sin derecho a defensa ni a debido proceso. 20 expresivos del fenómeno de la violencia política; de igual manera, buscamos relacionar los eventos relatados con la reacción del movimiento social y la resistencia. Las fuentes para emprender este análisis son fundamentalmente la prensa, en particular El Mercurio y publicaciones clandestinas como AIR, El Rebelde y El Rodriguista, entre otras. Para la elaboración de este apartado hemos contado también con la información proporcionada por los informes Rettig y Valech, así como los datos de los organismos de derechos humanos. Para ahondar en esta temática organizamos la información en dos grandes aspectos que, argumentativamente, centran el análisis. En primer término estudiaremos los enfrentamientos armados reales, producto de la violencia política generada por los grupos de la izquierda radical. Posteriormente analizaremos los falsos enfrentamientos y montajes generados por los organismos de seguridad siguiendo las políticas represivas estructuradas por la dictadura. Considerar esta tipo de actos de violencia política es una de las tareas más complejas para la etapa estudiada en esta investigación. Los enfrentamientos fueron continuamente tratados en la prensa oficialista como actos organizados y ejecutados por parte de las fuerzas subversivas; en rigor, muchas veces estos enfrentamientos fueron montajes de los organismos de seguridad en los que se ejecutó a militantes ya detenidos. Ahora profundizaremos en los enfrentamientos reales ocurridos durante el período. 8.2.1.- Enfrentamientos producto de la violencia política de izquierda. Los enfrentamientos reales se dieron producto de las figuras ya analizadas en el capítulo anterior: los asaltos bancarios y los ataques a las personas, es decir, fueron reales en cuanto generaron la respuesta inmediata de los agentes del orden, fundamentalmente carabineros. En muchas oportunidades y a raíz de estos hechos, se generaron tiroteos con resultado de muerte y heridos entre ambos bandos participantes en las acciones. De todas formas, la agenda nacional se vio remecida por estos hechos y provocaron un aumento de trabajo significativo para el movimiento de derechos humanos durante el período. Así, y con la dificultad que representa distinguir los hechos tipificados como enfrentamientos, si podemos revisar el devenir de los sucesos que resultaron en consecuencias importantes tras las detenciones, posteriores torturas y muertes de los cuadros; así se fue dibujando la derrota de los grupos operativos de la izquierda hacia fines de la década de los ochenta. Al comenzar la dictadura encontramos enfrentamientos importantes entre los agentes del régimen y la resistencia al golpe de Estado. En una primera etapa, hasta 1975, los tiroteos fueron reales, aunque muchas veces motivados por el encuadre y cerco de los militantes de izquierda que luchaban por las armas contra la dictadura militar, acción definida por su carácter de auto defensa y resistencia frente a las fuerzas militares. Hacia fines de 1974 se produjeron enfrentamientos en diversos puntos de la capital, semanas después de la muerte del secretario general del MIR, Miguel Enríquez. Muchos de eso enfrentamientos obedecieron a la misma tipología de montajes, aunque también se produjeron tiroteos reales: 22 Los primeros días de diciembre fueron asesinados por balas gorilas nuestros camaradas José Bordaz Paz y Alejandro De la Barra, ambos reconocidos y queridos militantes de nuestro partido. // José Bordaz Paz, de profesión ingeniero, casado, dos hijos, miembro de nuestro partido desde 1966 y miembro de la Comisión Política del MIR desde 1974. // En 1964, nuestro camarada Bordaz Paz, fundó en Concepción, junto a otros revolucionarios el grupo GRAMA (Grupo de Avanzada Marxista). Este grupo ingresó la MIR en el año 1966 y desde entonces el “Coño Molina”, como le llamábamos entre nosotros, se destacó con brillo en tareas que el partido le asignó, especialmente en el desarrollo técnico de la logística militar del partido (El Rebelde, Nº 103: 5-6). Militantes de ese calado fueron los que definieron la desaparición de la amenaza que representaba el MIR para el régimen dictatorial. Al desarticular a estos grupos, preparados y con experiencia en el uso de la violencia política, la dictadura pudo abocarse a desarrollar el proyecto ideológico que la marcó, dejando tras de sí los montajes y violaciones a los derechos humanos como rastro de ese proceso. Un punto de inflexión en el devenir del mirismo sucedió en 1975, con el asalto de Malloco. 23 A pesar de la persecución férrea a la dirigencia mirista, reunida en ese lugar, muchos de ellos lograron escapar de la parcela santiaguina, luego de lo cual salieron del país o reforzaron la clandestinidad. Las acciones de la DINA continuaron afectando a los militantes del grupo subversivo. 24 El revanchismo quedó instituido como una de las 22 Como el ocurrido en diciembre de 1974 en Las Condes (Santiago) y que terminó con la vida de José Bordaz, un importante miembro del Comité Central del MIR 23 En octubre del año 1975 se produjo un importante enfrentamiento armado en un refugio del MIR en Malloco (Santiago), en el que murió Dagoberto Pérez, dirigente del MIR (El Mercurio, 17-10-1975: 1). 24 Al mes siguiente se informó de una emboscada hecha en la escuela de un barrio militar de la calle Bio Bio respuestas de los aparatos represivos, como muestra el caso en torno al militante del MIR, Roberto Gallardo, en 1975: El 17 de noviembre de 1975 se produjo un ataque armado a miembros del MIR a un grupo de soldados del ejército en la calle Bio Bio de Santiago, generándose un enfrentamiento a consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas Calderón y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. // Al día siguiente, fueron detenidos por agentes de Investigaciones los padres de Roberto Gallardo, tres de sus hermanos, su cónyuge y dos sobrinos menores de edad. Todos fueron conducidos al Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna, donde fueron interrogados y golpeados […] // Conforme a lo narrado anteriormente existen antecedentes suficientes para descartar la versión oficial del enfrentamiento, dado que hay evidencia que las víctimas fueron detenidas y llevadas a Villa Grimaldi. // Además debe considerarse lo relatado por un testigo, en el sentido que presenció cuando llegaron el día en cuestión a la Rinconada de Maipú varios autos grandes con civiles y uniformados armados y varios prisioneros, a los que bajaron e hicieron correr para posteriormente balearlos” (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 804-806). Mediante este caso podemos observar cómo, a partir de un enfrentamiento real, la represión conjuró un montaje que buscó aterrorizar a la población que pudiera prestar ayuda a los intentos de resistencia. El ensañamiento demostrado, según concluye el mismo informe (1992: 751), tuvo la finalidad de amedrentar a los miembros de la Resistencia que se intentó organizar contra la dictadura; la brutalidad de los métodos de la represión sin duda repercutió en la población civil que, recién comenzada la dictadura, pudieron comprobar la seriedad de enfrentarse al nuevo régimen. Como observamos, la resistencia armada se enfrentó al control militar del país, pero fue escasa y rápidamente encuadrada por los organismos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad encargados de la política represiva. Chile entró en pánico producto de estas situaciones, la respuesta que la izquierda prometió frente al golpismo fue inmediatamente neutralizada y el silencio se instituyó como la medida social de seguridad para quienes habían apoyado al gobierno allendista. 25 A fines de la década de los setenta, el MIR se reorganizó y se caracterizó por una reactivación de la violencia política, cuestión que tuvo la correspondiente respuesta por (Santiago). El enfrentamiento fue aprovechado por los agentes para culpar a la familia del atacante muerto en el tiroteo, el mirista Roberto Gallardo, seis de sus familiares resultaron muertos tras ser detenidos y torturados. 25 El año 1976 se inició con cinco muertos en un enfrentamiento en el paradero catorce de Vicuña Mackena (Santiago), murieron tres miristas y un agente de las Fuerzas Armadas, según un informe oficial (El Mercurio, 25-01-1976: 1). También se informó que la Casa del Niño se quedaba con la menor, hija de miristas muertos en el enfrentamiento de Vicuña Mackena. Luego de este enfrentamiento no se produjeron acciones similares hasta la reorganización de la militancia mirista. parte de las fuerzas represivas, como muestra, a título de ejemplo, lo sucedido en torno a las muertes del carabinero Inostroza y del mirista Gómez Iturra: 26 Por los antecedentes reunidos se concluye que: el afectado desarrollaba funciones propias de su Institución cuando en cumplimiento de ellas comenzó a seguir a los sujetos sospechosos; y que en dicha persecución el afectado resultó muerto por disparos hechos por militantes del MIR. // Esta Comisión ha adquirido la convicción que el Sargento 1º Nicomedes Inostroza falleció como consecuencia de una violación de los derechos humanos cometidas por miembros del MIR (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 1048). Este caso refiere una de las formas de violencia política en la que el país se encontraba sumido por estos años. Frente a la sospecha de carabineros, los militantes del MIR respondieron con el enfrentamiento, pues sabían que la detención significaba desaparición o tortura; es decir, ya en esta fecha el temor por la violación a los derechos humanos fue comprendido entre la subversión. 27 Además, no podían dar a conocer la información que tenían sobre el partido ya que podía ser usada por la represión para detener la política mirista. Llegado 1978 se abrió la etapa de reactivación del MIR, uno de los hechos más significativos de ese momento se produjo en las cercanías de Santiago. 28 Este grupo actuaba en el aparato de la seguridad del entonces secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende. Este ataque se efectuó en el momento en que el MIR ya había ingresado militantes para armar la guerrilla en el sur de Chile, por lo tanto, fue clave para evitar un desarrollo mayor del trabajo mirista. A pesar ello, la actividad subversiva comenzaba a incrementarse; se potenciaron los ataques a diversos objetivos que se relacionaban con la resistencia al régimen militar, acciones realizadas por grupos milicianos. Estos hechos normalmente estuvieron acompañados por indistintos golpes lanzados en contra de diferentes estructuras y cuadros de la resistencia y el MIR. 26 A fines de junio de 1979 se registró un enfrentamiento y allanamiento en la población Nueva Independencia, en las inmediaciones del matadero Lo Valledor de la capital. Mueren el Sargento Primero de Carabineros Nicomedes Inostroza y el mirista Juan Carlos Gómez Iturra. 27 Juan Carlos Gómez, mirista, resultó muerto en ese enfrentamiento, había sido preso político tras el golpe de Estado y esa experiencia, vivida por muchos de los militantes que actuaban en esta nueva etapa, marcaba el elemento de rechazo absoluto a una nueva detención, por las razones que señalamos anteriormente. 28 El 4 de agosto de 1979 se produjo un enfrentamiento armado en la parcela 36 A de El Arrayán, murió calcinado Antonio Lagos Rodríguez, y se detuvo a los militantes del MIR, Ana Luisa Peñailillo y César Fredes, luego de ser encuadrados por los agentes de la CNI a cargo (El Mercurio, 6-08-1979: A1). Antes de continuar, interesar notar que la prensa informó ampliamente, con detalles, que incluyeron fotografías y mapas, de todas estas acciones, siempre queriendo demostrar la situación de guerra interna que supuestamente vivía el país. Los enfrentamientos comenzaban a sumarse peligrosamente y ello hacía pensar en ese estado de guerra, pero cada evento no hacía más que sumar víctimas cad vez más impactantes para la opinión pública: 29 En enero de 1981 cae detenido el “Negro Ramón”, ex infante de marina. La CNI se había enterado de su existencia y, esperando que apareciera por la casa de su suegra, arrendó la casa de enfrente. Con él desapareció el primer grupo de combate, porque después cayeron Miriam Ortega, su hermano Víctor Ortega y Rodolfo Rodríguez Moraga, esposo de Miriam, además de Carmen Escobar. Comenzaba la debacle de la Fuerza Central (Pérez, 1993:30). Una serie de hechos de este tipo señalaron el momento cúlmine de los grupos de combate de la Fuerza Central del MIR, cuyos efectos vimos en capítulos anteriores. Luego de una actividad que logró instalar la violencia política como una forma de activación de una respuesta frente al proyecto político ideológico del régimen militar, estos esfuerzos encontraron a principios de 1981 su piedra de tope. La Fuerza Central se vinculó con las Milicias Populares de la Resistencia. Si bien conformaban organizaciones diferentes y de características distintas, este lazo permitió que la violencia política siguiera existiendo más allá de la desarticulación de la primera estructura mencionada. Esto potenció el fenómeno en las acciones dirigidas a los militantes de la resistencia que habían sido identificados como tales: 30 Durante la segunda quincena de agosto, dos personas resultaron muertas en lo que, oficialmente, se catalogó como enfrentamientos con personal de la policía civil y de los servicios de seguridad. // La primera víctima encontró la muerte en circunstancias que según la versión oficial- efectivos de Investigaciones realizaban diligencias en la calle Santa Petronila, en la comuna de Quinta Normal, el domingo 16 de agosto. La mujer fue identificada como Arcadia Patricia Flores Pérez. Tenía 27 años y era hermana de un detenido-desaparecido. // AI día siguiente, un individuo cuya identidad no se reveló caía abatido -según la CNI- luego de enfrentarlos a balazos cuando le fue requerida su 29 A principios de diciembre de 1980 ocurrió un nuevo enfrentamiento en Villa El Esfuerzo, Gran Avenida de Santiago, entre el MIR y una patrulla de la FACH. Muere el mirista Jaime Ponce Muñoz y es herido Benjamín Vega Carrasco. 30 A mediados de agosto de 1981 se produjo un enfrentamiento tras un allanamiento en el domicilio de Arcadia Flores Pérez. Esta militante mirista era parte de la estructura militar del partido mirista y luego del intento de allanamiento y de la detención de su cónyuge, trató de repeler la acción de la policía de Investigaciones, resultando muerta. identidad, "al detectársele en actitudes sospechosas” (El Mercurio y La Nación del 18 de agosto. Ambos matutinos entregan idénticas versiones) (Solidaridad, Nº 118: 22). La mención a ese nuevo enfrentamiento se suma a los sucesos ocurridos en la intersección de Vanguard con Rozas en agosto de 1981. 31 Si bien la estructura más profesionalizada del MIR estaba siendo destruida, las acciones de resistencia miliciana no dejaban de incrementarse y el impacto de los enfrentamientos callejeros no hacía más que alimentar nuevas acciones de violencia urbana en la periferia. Se había desatado una guerra subterránea que acabaría con decenas de militantes miristas muertos por organismos de seguridad de la dictadura. El momento definitivo en relación a la desarticulación de las estructuras armadas del MIR se dio hacia 1982, lo que comportó nuevos enfrentamientos. 32 Estas operaciones, a cargo de la CNI, causaron una fuerte pérdida dentro de la estructura militar del MIR,33 configurando un cerco sobre sus cuadros más preparados y, por lo tanto, propinando duros golpes a la política que esta agrupación venía desarrollando desde 1978. Cada enfrentamiento comportaba una pérdida significativa en términos de la preparación combativa; tan sólo las acciones del Frente cero, el preludio del FPMR y las milicias miristas, generadoras de violencia política de baja intensidad, preservaron la idea de una resistencia armada al régimen, aunque encerrándolas en acciones muy específicas según lo que observamos en la prensa. Las acciones represivas tuvieron su corolario cuando comenzaron a abatir a los militantes de mayor preparación. 34 Los militantes llegados en la Operación Retorno resultaron identificados por los organismos represivos, ellos tuvieron responsabilidades de importancia en la estructura militar del MIR. Todos estos enfrentamientos conformaron la forma en que se terminó con El militante del MIR, Lisandro Sandoval Torres respondió con disparos al intento de arresto de la CNI, resultando muerto (El Mercurio, 19-08-1981: C5). 32 El 6 de enero, en la Vega Central, murió el miembro de la Fuerza Central del MIR y ex cabo de la Fach, Enrique Reyes Manríquez. El Informe de la comisión de Verdad y Reconciliación (1992: 1021) consignan a este militante del MIR como el Jefe de la Fuerza Central, desde aquí se entiende que el cerco sobre esta estructura es ya definitivo. 33 A inicios de enero de 1982 y tras intentar fugarse del cerco tendido por los agentes de la CNI en las calles Teniente Cruz y José Joaquín Pérez, murió el mirista de la Fuerza Central, Ernesto Zúñiga Vergara, ex miembro de la Marina (El Mercurio, 8-01-1982: C4). 34 El 28 de noviembre de 1982 se produjo un nuevo enfrentamiento entre carabineros y Dagoberto Cortés Guajardo, militante de la Fuerza Central del MIR. El hecho se desarrolló en la calle Aldunate, donde intentaban detenerlo; el procedimiento acabó con la muerte de éste, terminando con otro alto dirigente del MIR (El Mercurio, 29-11-1982: A1). 31 este tipo de violencia política, dirigida y de mayor profesionalización, dando paso a las acciones masivas y planificadas en vista de las debilidades del régimen. Los agentes de los aparatos de seguridad ya tenían experiencia, mediante los casos vistos a principios de la década. Es así que, cuando el rodriguismo comenzó a activar su estrategia, la persecución no tardó en hacerse efectiva: 35 Cuando encendían la mecha de un artefacto explosivo” fueron sorprendidos Arnoldo Flores Echeverría, de 21 años; y Oscar Eugenio Tapia Leyton, de 33, las dos personas muertas el domingo en la noche, en un enfrentamiento con la policía registrada en el sector de Almirante Barroso y Avenida Balmaceda, según señala la versión entregada por Investigaciones […] // En relación a ambos casos vecinos y amigos denunciaron la detención de familiares de familiares de los hombres abatidos. Se mencionó la aprehensión de Luis Fernando Flores, hermanos del joven muerto en el enfrentamiento, en tanto que en el domicilio de Tapia, informaron que habían sido allanados en horas de la madrugada del lunes, y que a consecuencia de ello, fueron detenidos Luis Tapia y Wilson Sepúlveda (El Mercurio, 12-06-1984: C1, C4). Como ya lo habíamos visto, la represión se extendió a los círculos familiares de los militantes involucrados en organizaciones que optaron por la violencia política, pudiendo considerarla una forma de castigo a los disidentes. Estas detenciones y allanamientos a las viviendas fueron mecanismos de amedrentamiento dirigidas a otros milicianos, buscando así que desistieran de realizar acciones armadas contra la dictadura. Pero lejos de aquello, el rodriguismo articuló un trabajo cada vez más importante de ataque al régimen a través de su trabajo militar de masas, como llamó a su estrategia, pero eso no impidió que se registraran duros golpes represivos a sus militantes. 36 Las bajas del rodriguismo fueron considerablemente menores a las del mirismo; esta situación se dio por el tipo de acciones que ejecutaba el grupo rodriguista por aquellos años, mayoritariamente vinculadas a los explosivos y acciones de violencia de baja intensidad. 37 Cabe destacar que, a diferencia de lo que sucedió a inicios del régimen dictatorial, la prensa de los ochenta no se detenía en tantos detalles para relatar la información. Además, 35 Arnaldo Flores y Oscar Tapia fueron los primeros frentistas que debieron enfrentarse a tiros con personal de la policía de Investigaciones, descubiertos en la preparación de una acción destinada a estallar un local del centro de la capital, descubiertos en sus intenciones, huyeron del lugar siendo alcanzados y muertos por los disparos de los detectives en junio de 1984. 36 A pocos días de los sucesos anteriores, y en un enfrentamiento tras asaltar la armería italiana de Santiago, mueren otros dos militantes del FPMR, Julio Oliva y Roberto González (El Mercurio, 4-07-1984: A1). 37 A inicios de julio de 1985 el militante del FPMR Gilberto Victoriano cayó abatido por los disparos de la CNI en Santiago, la persecución y acribillamiento que sufrió Victoriano se sumaba a la lista del FPMR para estos efectos. (El Mercurio, 2-07-1985: C1). ahora ponía énfasis en el combate al terrorismo como parte de un problema político relacionado con las protestas, la principal de sus preocupaciones por esta época. Pocos meses después se efectuaría el atentado a Pinochet, el enfrentamiento más significativo de toda la dictadura y que pondría el corolario a este tipo de acciones. La ciudadanía conoció, hacia fines del año 1986, las actividades de los grupos armados y se encontró con una respuesta muy diferente a la que marcaba el movimiento social opositor: El capitán Mac Lean, Jefe de la Escolta, se esconde bajo uno de los vehículos, presa del pánico, donde es alcanzado en una pierna por la explosión de una granada. Al verse sin la dirección del cobarde jefe de escolta, el resto de sus hombres, saltan barranco abajo, mientras otros imitan a su jefe escondiéndose, sin presentar resistencia alguna. // El tirano permanece oculto bajo el blindaje de su auto, salvándose gracias a la falla de dos cohetes destinados a sus vehículos. Sin importarle la suerte de los miembros de su escolta, huye despavorido, seguido del tercer auto escolta, en dirección a su guarida de “El Melocotón”. Las unidades, a pesar de no contar con más cohetes ni granadas, continúan abriendo fuego, tirando hasta el último cartucho sobre el vehículo del tirano que maniobra retrocediendo. Se destaca el Jefe de la Unidad 503 quien personalmente descarga un cargador completo de sub-ametralladora sobre el auto del tirano (Operación Patria Nueva, 8-19-1986: 2). Sin lugar a dudas, este enfrentamiento fallido marcó el fin de las actividades de envergadura del FPMR y, por lo tanto, de los grupos capaces de sustentar una estrategia de violencia política contra el régimen. Ello abrió la posibilidad al movimiento social popular, aunque desgastado en sendas movilizaciones, de traspasar a los partidos políticos la preeminencia sobre la legitimidad que había alcanzado el movimiento social. Lo anterior no quita que continuaran sucediéndose enfrentamientos en los dos años siguientes, pero la profunda crisis del rodriguismo, acentuada en 1987, se llevó todas las preocupaciones de sus militantes. 38 Como hemos visto, los enfrentamientos callejeros y armados obedecieron en su gran mayoría a eventualidades que no buscaron encarar por las armas a las fuerzas del orden, más bien fueron producto de la sorpresa y la eventualidad, donde los persecutores tuvieron ventajas en el número y la información para desarrollar las operaciones. Los montajes y falsos enfrentamientos existieron desde bien iniciada la dictadura, con el claro perfil de escenificar la idea de una guerra civil o de un conflicto provocado por la subversión. En este entendido es que el uso del espacio público reflejó una Héctor Ramírez, militante del FPMR murió producto de un enfrentamiento con la CNI en septiembre de 1988, pocos días antes del plebiscito, siendo el último de los militantes caídos en este tipo de acciones (El Mercurio, 17-09-1988: C1). 38 ficcionalización del conflicto político, utilizando símbolos y lenguajes que fueron reconocibles por los chilenos, llenándolos de significados polarizantes. A continuación revisaremos hechos relevantes en torno a los falsos enfrentamientos. 8.2.2.- Falsos enfrentamientos. Más allá de los montajes que se presentaron como enfrentamientos, podemos reconocer en esta tipología de acciones de violencia política la conmoción que generaron los tiroteos entre los grupos subversivos y los agentes de seguridad. Estos sucesos fueron una de las formas más significativas de alteración del espacio público. En estos montajes vemos dos motivaciones claramente diferenciadas; por un lado, una forma de revancha ante la acción de la resistencia; por otro lado, una justificación para eliminar a los cuadros subversivos. Además, hacia fines de 1981 parece evidente que la CNI encuadró y trabajó en una política sistemática de contrainsurgencia contra el MIR. Esta política comenzó a dar frutos y este método fue frecuente y de sofisticación creciente. Todo ello en virtud de los tipos de encubrimiento y política informativa que se fueron estructurando a lo largo de la sucesión de hechos falsos de enfrentamiento. Posteriormente a 1984, este mecanismo fue utilizado contra el FPMR. Pero ya en diciembre de 1973 se relataban falsos enfrentamientos armados en las calles de Santiago. 39 Sin embargo, las investigaciones judiciales y los testimonios dados a la comisión Rettig establecieron que se trató de ejecuciones, concertando un montaje que vino a amedrentar a la población, en una estrategia propia del terrorismo de Estado llevado a cabo por la DINA: Durante este período constantemente se entregó como explicación oficial de la muerte de militantes de colectividades de izquierda, el que habían caído en enfrentamientos armados con agentes de los organismos de seguridad, fundamentalmente la CNI. Sin embargo, esta Comisión ha podido determinar que, en un elevado número, esos enfrentamientos jamás existieron, siendo las versiones de la autoridad un camino para eludir la responsabilidad del Estado en los hechos (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 988). 39 En Cerro Navia murieron cinco militantes comunistas que intentaban volar una torre de alta tensión según la versión oficial. Se señaló que se les encontró en un bolsillo el “Plan Leopardo”, para sabotear el tendido eléctrico y el abastecimiento, los nombres se identificaron como parte del trabajo clandestino del Partido Comunista. El trabajo militar del MIR fue una prioridad para la policía política del régimen, cuestión que se tradujo en acciones presentadas como montajes. 40 Así, desde el primer momento de la dictadura el montaje, con los años reconocido como falso enfrentamiento, estuvo en el repertorio de los mecanismos que utilizaron los organismos represores. Con el devenir de los años este mecanismo se afinó y fue usado en múltiples ocasiones. Desde la creación de la CNI, en agosto de 1977, los casos de falsos enfrentamientos se hicieron comunes. Estos hechos estuvieron encuadrados en la política de contrainsurgencia que ya tenía como dinámica propia el trabajo de la antecesora DINA. A título de ejemplo citemos el caso en torno al mirista Augusto Carmona en diciembre de 1977: 41 El enfrentamiento se produjo a las 23,30 horas del último miércoles, cuando efectivos de seguridad allanaron la casa ubicada en calle Barcelona 2594. En un comienzo se pensó que el muerto sería Luis Barrera Domínguez, ya que se encontraron documentos con ese nombre en sus ropas. // Investigaciones realizadas posteriormente determinaron que ese era un nombre falso y que la verdadera identidad del elemento subversivo correspondía a Augusto Carmona Acevedo, “uno de los cinco principales cabecillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria”, expresaron fuentes policiales. // Augusto Carmona, durante los años de la Unidad Popular, trabajó como director de la revista “Punto Final” y también realizó labores en canal nueve de TV y diario “Ultima Hora”. Personas que lo conocieron afirman que se trataba de un hombre de tendencias socialistas y luego ingresó al MIR (El Mercurio, 10-12-1977: 29). El Informe de verdad y Reconciliación (1992: 989) confirma que, según declaraciones de testigos, la vivienda de Carmona fue allanada sin moradores en su interior; cuando el periodista llegó a su casa, fue acribillado sin presentarse ningún enfrentamiento entre él y las fuerzas policiales. A raíz de la operación retorno, el régimen militar impulsó el falso enfrentamiento como una política que buscó presentar el trabajo de represión directa contra el MIR. De esta manera el falso enfrentamiento afectó en mayor cantidad al mirismo y al rodriguismo posteriormente, lo que revela el grado de predilección de este mecanismo por parte de la 40 En octubre de 1975 se produjo un allanamiento en un taller de cromados de calle San Pablo (Santiago), presentado como un enfrentamiento, esta fue otra forma de capturar y asesinar a militantes de izquierda. En este caso, se ejecutó en el mismo lugar a José Quiroz, militante socialista, de la facción denominada elenos. Este grupo devino del Partido Socialista en su mayoría y siguió las ideas guevaristas en torno a la construcción del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de allí su denominación “elenos”, el principal referente de esta corriente en Chile fue Elmo Catalán, muerto en 1969 (Arrate y Rojas, 2003: 426, 459). 41 Como los que afectaron a Enrique López y Augusto Carmona en diciembre del mismo año en la comuna santiaguina de San Miguel. CNI, dada su enorme repercusión entre los grupos subversivos; 42 este tipo de montajes y falsa información fue encubierta por la prensa oficialista. En este caso se demuestra la connivencia de la autoridad forense para falsear documentos públicos como son las autopsias. 43 La prensa oficialista colaboró directamente con los servicios represivos de la época, omitiendo y falseando información, cuestión que fue particularmente notoria en la década del setenta. En Concepción se produjo otra de las formas de operar por parte de la CNI y que se replicaría para encubrir las operaciones de aniquilamiento a subversivos. Se trata de las falsas explosiones atribuidas a dos militantes miristas en junio de 1979. 44 Con posterioridad se pudo establecer que las muertes fueron producto de homicidios, aunque no se responsabilizó a nadie. Las muertes por falsas detonaciones se ha configurado en los últimos años como un apartado específico en la lucha por esclarecer los delitos contra los derechos humanos, siendo de los tipos de violaciones más desconocidas y poco estudiadas en este período y en la dictadura en general. Las acciones de violencia donde se produjeron enfrentamientos, muchos de ellos falsos, tienen un sustrato político en la estrategia seguida por el MIR y que se reactivó durante este período. Para los organismos de seguridad se desataba un problema real desde el punto de vista político. El desafío mirista comenzaba a tomar cuerpo. Relatados por la prensa de manera tangencial en un primer momento, luego se hizo evidente y al alza en las acciones subversivas: A mediados de 1979, el resurgimiento del MIR, se hizo evidente. Las acciones de propaganda armada se multiplicaron e incluso los militantes se atrevieron a iniciar la planificación de asaltos y atentados contra objetivos mayores. Andrés Pascal Allende, el cuestionado secretario general del movimiento, había ingresado clandestinamente a Chile para tratar de retomar el control de las Producto de una acción de este tipo murió el mirista Gabriel Riveros Ravello (El Mercurio, 18-01-1978: 30) Luego de arrojar bombas lacrimógenas, personal de la CNI irrumpió en la casa de Riveros; muerto por un disparo en la cabeza, posteriormente la autopsia señaló un suicidio como la causa de muerte. 43 A inicios de enero de 1978 fue ejecutado en la calle Estados Unidos de Santiago, el mirista y ex seminarista Germán Cortés. Presentado como un enfrentamiento, se declaró en el Informe Rettig (1992: 989-990) que Cortés había sido detenido dos días antes de la data de muerte y que al ser conducido a su domicilio para entregar información, fue muerto por agentes de la CNI. La prensa de la época informó que en el domicilio Cortés sacó un arma y se enfrentó con los agentes a cargo del procedimiento represivo, lo que quedó desmentido por la comisión de verdad. (El Mercurio, 20-01-1978: 31). 44 El día 23 de junio de 1979 se informó de la muerte de Alberto Salazar Briceño e Iris Vega Bizama, militantes del MIR, a quienes se les adjudicó portar un artefacto explosivo con destino a la Radio Nacional de esta ciudad, la explosión de esta bomba había causado estas muertes. (El Sur, 26-06-1979: 1). 42 operaciones (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 2008:339). El revanchismo, como ya vimos para los enfrentamientos del punto anterior, estuvo presente permanentemente y se definió con la muerte de los militantes que estaban ya encuadrados por los aparatos represivos, el juego sordo del terrorismo de Estado nunca reconoció en las instancias judiciales o políticas un elemento válido para detener la violencia política y los falsos enfrentamientos son prueba de ello. 45 La forma clásica de falso enfrentamiento fue crear una realidad a partir de un hecho consumado, es decir, la identificación de los militantes que actuaban en la resistencia y, a partir de allí, se procedió a realizar montajes. 46 Estos mecanismos se sumaron a las consabidas venganzas en relación al descubrimiento de los locales o prácticas de la represión. 47 El Informe Rettig relata uno de estas situaciones: EL PINTOR, HUGO RIVEROS, luchó siendo militante del MIR, como resistente en poblaciones, centros juveniles y organizaciones cristianas, empeñado en poner su arte al servicio de la causa de los oprimidos. La DINA-CNI lo detuvo y se le acusó de pertenecer a un supuesto “comando Michimalongo”, mascarada que sirvió para detener a otros jóvenes demócratas. Dejado en libertad, Riveros debía acudir periódicamente a firmar un registro en una fiscalía militar […] (El Rebelde, Nº 177:8). El pintor Riveros estaba encuadrado por las agencias de seguridad desde mucho antes que se produjera la muerte de Tapia Barraza, agente de la CNI, ultimado por un comando mirista. Los órganos informativos del MIR desmintieron que Hugo Riveros fuera parte de los aparatos militares de las Milicias de Resistencia. La cita muestra que se le reconocía como un cuadro de base, colaborador en la articulación de movimiento social anti dictatorial. Los responsables de este asesinato ocurrido en el Cajón del Maipo se hicieron El día 28 de abril de 1980 se informó de un enfrentamiento donde murió Oscar Salazar, integrante del MIR. En el hecho actuaron cerca de diez agentes. Se debe señalar que ese mismo día se había producido el atentado contra la Llama de la Libertad, luego de lo cual se allanó el domicilio de Salazar (El Mercurio, 30-04-1980: A1). 46 En noviembre de 1980 murieron en un tiroteo los militantes del MIR Rubén Orta y Juan Olivares. El hecho se presentó como un enfrentamiento en Avenida Santa María, tras el intento de ametrallar un cuartel de la CNI (El Mercurio, 8-11.1980: A1). Lo cierto es que los dos miristas habían sido detenidos horas antes de los sucesos, se debe agregar que los cuerpos presentaban evidentes signos de tortura. 47 A principios de julio de 1981 resultó muerto Hugo Riveros, pintor de militancia mirista. Había estado detenido a fines de 1980 en el cuartel Borgoño de la CNI. Tras lograr la libertad bajo fianza, dibujó tanto el sitio de tortura y prisión, como los rostros de una docena de agentes de la CNI, enviándolos fuera del país. 45 llamar Comando Gamma, el cual protagonizó un nuevo episodio de muertes adjudicados a grupos que intentaron desmarcarse de la acción de las agencias del Estado, en la lucha en contra de la subversión. Este tipo de grupos ya los hemos visto en casos anteriores (Covema, Acha) y los podemos observar como una forma constante y planeada de represión. Lo anterior demuestra que la escalada de violencia tuvo fuertes componentes de guerra subterránea, implicando métodos de terrorismo de Estado. La situación de acción y reacción hizo del año 1981 un período de inestabilidad en cuanto a la descompensación del control de la seguridad interna del país. El elemento anterior, si bien costó al MIR y su Fuerza Central duras y sentidas pérdidas, logró generar que la dictadura no era invulnerable y que los aparatos de seguridad y represión podían ser permeados. Los mecanismos y procedimientos que significaron el uso extremo del monopolio de la violencia y la seguridad judicial que cubrió a los agentes, tensó y desarrolló unos organismos que cada día refinaron más sus formas de control y castigo sobre la subversión y, posteriormente, sobre las voces de protesta del movimiento social anti dictatorial: QUlERO hacer hincapié que esto ha sido un asesinato. Mi marido no era extremista ni violentista como para haber aparecido en ese auto buscando atentar contra nadie". Las palabras de Sonia Aguayo, la joven esposa del taxista Juan Ramón Soto Cerda -que estuviera desaparecido por doce días- son firmes a pesar de las circunstancias. Sólo unas pocas horas antes, el viernes 20 de noviembre, tuvo la confirmación que temía. La dentista que atendía profesionalmente a Juan Ramón confirmó que uno de los cadáveres calcinados en el incidente ocurrido en las cercanías de la casa del Canciller el pasado 10, corresponde a su marido. // Durante doce días se le dio por desaparecido, luego que el Ministerio del Interior negara haberlo detenido. El taxi que guiaba al desaparecer fue encontrado casi simultáneamente con el reconocimiento de su cuerpo. Estaba abandonado en la concurrida esquina de Seminario con Providencia” (Solidaridad, Nº 124: 5). Uno de los hechos más significativos en relación a las operaciones de montaje de la CNI se produjo el 10 de noviembre de 1981. 48 A partir de este momento observamos una fuerte incidencia de estas acciones, caracterizadas por la fuerte persecución a la Fuerza En las cercanías del domicilio del canciller, René Rojas se fabricó un enfrentamiento. Murieron cuatro resistentes quemados al explotar su tanque de bencina. Las identidades son las del mirista Luis Pincheira y de los socialistas Jaime Cuevas y Juan Soto; un cuarto hombre no fue identificado (Informe Rettig, 1992: 993). Los peritajes de la policía de Investigaciones demostraron que los tiros no podían provenir del sitio en que se encontraban los supuestos atacantes. El elemento del incendio del vehículo de los subversivos -una citroneta-, agregaba el carácter de guerra sucia que adquirieron las acciones represivas de la CNI. 48 Central del MIR. La diferencia en esta etapa fue la capacidad de respuesta de los resistentes, cuando estos fueron sorprendidos y detenidos, se produjeron falsos enfrentamientos para justificar sus asesinatos. 49 El informe Rettig comentó el permanente seguimiento a los fallecidos, considerando que el objetivo era causar la muerte de las personas a las cuales se tenía identificadas y que fácilmente se pudo haber detenido. A mediados de diciembre de 1981 se produjo la detención de Oscar Rojas, actualmente desaparecido. El Informe Rettig entregó elementos sobre el grupo al que pertenecía este militante: La totalidad de los miembros del MIR que integraban la célula donde militaba esta víctima, resultaron abatidos en enfrentamientos con funcionarios de la CNI, salvo un sobreviviente que se encuentra privado de libertad, quien fue exhaustivamente interrogado por los funcionarios de la CNI, también sobre las actividades de la víctima, lo que unido a otros antecedentes sobre el detenido llevaron esta Comisión a la convicción de que desapareció en manos de agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos (Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 1017). A partir de este momento y, en particular, durante los años 1982 y 1983 se produjeron redadas a la resistencia mirista que quedaba operativa. La más importante se denominó Fuenteovejuna, operación que acabó con la Fuerza central del MIR, marcando un hecho significativo en relación a este aspecto: 50 Dos de los cinco extremistas abatidos en sendos enfrentamientos con fuerzas de seguridad ocurridos antenoche, fueron detenidas por la Central Nacional de Informaciones. Se trata de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela y de Sergio Peña Díaz, quienes, según se informó, habían abandonado Chile en calidad de asilados, e ingresaron en forma clandestina al país, como parte de la “Operación Retorno”, ordenada por el proscrito MIR tras haber recibido entrenamiento militar intensivo en el exterior. // Peritos de la CNI, en tanto, tratan de establecer la identidad de los otros tres subversivos muertos, entre los que se encontraría el encargando nacional del MIR, quien utilizaba el nombre político de “José”. En fuentes de la CNI se indicó que este último sería el que planificó la mayoría de los atentados perpetrados en los últimos años por esa organización extremista, entre ellos el del mayor general y ex intendente de la Región Metropolitana Carol Urzúa Ibáñez y de sus dos ayudantes” (El Mercurio, 9-09-1983: A1). El 11 de diciembre de 1981 se informó de un enfrentamiento en calle Rivadavia, comuna de San Joaquín (Santiago). Resultante de esta acción murieron dos miembros de la Fuerza Central del MIR: Sergio Flores y María Cienfuegos. En la acción participaron carabineros, investigaciones y CNI apoyados con dos helicópteros (El Mercurio, 12-12-1981: A1). 50 La acción de falso enfrentamiento más significativa se realizó en diciembre de 1983 en la calle Fuenteovejuna, resultando abatidos militantes del MIR, entre ellos un importante jefe: Arturo Villabela (Informe Rettig, 1992: 994-995). 49 La finalización de este tipo de dispositivos represivos se produjo en las articulaciones miristas del sur de Chile. 51 Acompañados de detenciones y allanamientos posteriores, el efecto sobre las restricciones al uso del espacio público en medio de estos graves hechos, marcó el carácter de temor en que se desarrollaron actividades tan habituales como la cobertura de los medios de comunicación: La Ministra llegó a las 16.30 horas, a las 16.31 horas ingresó al lugar. Momentos antes -a las 16.20 horas- por un portón lateral salieron varias personas que subieron a algunos taxis estacionados y se fueron de allí. Eran hombres y mujeres. // Desde una ventana del segundo piso (cuartel CNI) se fotografió a los periodistas que estaban en la acera del frente y funcionarios de carabineros, a su vez, recomendaron que el personal periodístico no fotografiara el lugar hasta que la Ministra no lo autorizara. María Cristina Aqueveque no puso problema en ser fotografiada a la entrada y salida del recinto de la CNI. // Hasta la dirección indicada, también, llegaron abogados y un familiar de Patricia Zalaquett Dahe que no quiso hacer declaraciones. Esta persona trató de hablar con la Ministra, pero tampoco pudo lograr nada (El Sur, 29-8-1984: 10). A partir de este momento veremos falsos enfrentamientos referidos a grupos rodriguistas, en el mismo tenor y utilizando la misma estrategia represiva observado en el combate a la resistencia mirista. 52 Los falsos enfrentamientos de los últimos años de la dictadura, protagonizados por el FPMR. La acción más relevante en el ámbito del rodriguismo fue la denominada operación Albania 53 por parte de la policía política. Esta operación fue el golpe más importante sufrido por el FPMR durante el período dictatorial. Este es, tal vez, el último de los montajes que provocaron gran conmoción entre los chilenos, recordando una larga lista de hechos similares durante la dictadura que, a esa fecha, ya se encontraba plenamente desarrollada y asegurada su continuidad ideológica a través del pacto con la oposición centrista. Pero el movimiento social debió llevar sobre sus hombros gran parte del amedrentamiento y el terrorismo de Estado. Uno de los mecanismos más relevantes en ese En agosto de 1984 la persecución contra el MIR tiene uno de sus puntos más álgidos, la operación Alfa Carbón costó la vida a ocho militantes de esa organización en falsos enfrentamientos ocurridos en cuatro ciudades del sur del país. Las acciones represivas se efectuaron por los mismos equipos de la CNI que participaron en los seguimientos de los meses anteriores. Los autores de los asesinatos eran efectivos de la División Antisubversiva, haciendo partícipes a agentes provincianos y a civiles colaboradores (Vega, 1999: 567-602). 52 En el mes de junio de 1986 un enfrentamiento dejó dos extremistas muertos en Valparaíso, mientras ponían bombas en torres de alta tensión (El Mercurio, 14-06-1986: C11). 53 En junio de 1987 una fuerte batida de la CNI provocó doce muertos en Santiago vinculados al FPMR, denominada operación Albania o matanza de Corpus Christi. 51 sentido estuvo marcado por los allanamientos y la represión a las organizaciones sociales que conformaron el movimiento opositor, ahora repasaremos los elementos fundamentales en torno a este tópico. 8.3.- Allanamientos y represión sobre las organizaciones opositoras. Este último apartado indaga acerca de un mecanismo represivo que afectó constantemente a las organizaciones que formaron parte del movimiento social opositor: los allanamientos. La represión policial que se desarrolla en ellos interviene el espacio público generando conmoción. A través del análisis buscamos comprender el peso y calado de los allanamientos en el movimiento social, caracterizando la ocurrencia de estos sucesos. Para entrar en esta temática recurrimos nuevamente a la prensa. Hay tres aspectos que nos interesa marcar para presentar la información en relación a los operativos de allanamiento. El primero de ellos se refiere a las acciones de este tipo contra los grupos resistentes, en segundo lugar, contra las imprentas y lugares destinados a la propaganda opositora y resistente, y finalmente, las que afectaron a organizaciones sociales y políticas. El allanamiento de viviendas y locales fueron una ocupación arbitraria que acabó, en algunas ocasiones, con la desaparición de personas, el dominio de los espacios públicos terminó refrendándose con la usurpación de los espacios privados, incluyendo la sustracción de las personas desde allí. De este modo, los allanamientos fueron un mecanismo de vital importancia para asentar el poder militar sobre la sociedad política. Ahora nos adentraremos en el primer aspecto, referido a los allanamientos que sufrieron los grupos resistentes y sus redes de apoyo. 8.3.1.- Allanamientos a grupos resistentes. Los allanamientos más habituales y mejor documentados son los realizados a las casas de seguridad e infraestructura de los grupos políticos más radicalizados contra la dictadura. El trabajo de inteligencia allanó con la intención clara de aniquilar a los militantes de izquierda, por lo menos en los primeros años de la dictadura, no sin provocar impacto entre la población. 54 Cabe señalar que en la Universidad Técnica del Estado 55 se produjeron cientos de detenciones tras el golpe de Estado. En la villa se halló material propagandístico: Los pobladores no opusieron resistencia a los allanamientos, de modo que esta acción se realizó sin problemas y ni siquiera fue advertida por otros habitantes de otros sectores de la villa […] // El operativo que finalizó después del mediodía dio resultados, según informaron vecinos del sector, ya que los uniformados encontraron gran cantidad de material propagandístico. Sobre armas no se dio información alguna, anunciándose que habría una declaración oficial al respecto (El Mercurio, 2509-1973: 17). Los allanamientos de esta primera etapa dictatorial (1973-1980) adquirieron la forma de redadas; éstas fueron abundantes tras el golpe de Estado y consistieron en identificar las casas y personas de reconocida militancia política y proceder a su ocupación, deteniendo a quienes moraban el inmueble. 56 Los allanamientos fueron presentados para generar el efecto ejemplificador contra los opositores, es decir, apuntó a identidades políticas diversas, agrupados como marxistas en general; los distintos grupos fueron allanados de la misma forma, constituyendo un enemigo claro en lo ideológico, en el que el allanamiento y el operativo de seguridad se constituyó después del once de septiembre de 1973. 57 Al finalizar la década de los setenta, y con el control absoluto del espacio público por parte de la dictadura se desarrollaron allanamientos de manera constante, demostrando que la amenaza subversiva persistía y agregando elementos publicitarios a las operaciones. A título de ejemplo, sabemos que en agosto de 1977 se produjeron siete detenidos en una reunión clandestina, la prensa oficialista señaló una supuesta delación de los vecinos: A dos semanas del once de septiembre se allanaron los bloques uno y dos de la villa Portales (Santiago) por parte del Ejército y la Armada, se argumentó que, mediante francotiradores desde los techos de esos edificios, se atacó a los militares apostados en la vecina Universidad Técnica del Estado, lo que motivó el allanamiento de ese sector residencial. 55 Desde 1981 es la actual Universidad de Santiago. 56 En febrero de 1974 un enfrentamiento en Santiago permitió identificar una célula del MIR, dado a que hubo detenidos se pudo allanar casas de otros militantes, encontrándose material impreso y más armas, se persiguió a otras dos personas prófugas del asalto que se relata en la prensa (El Mercurio, 19-02-1974: 13). 57 En diciembre de 1974 se allanó la casa de miristas en La Florida, quienes huyeron, se exhibió las armas halladas y se explicó que el interior estaba adaptado para recibir gente refugiada (El Mercurio, 16-12-1974: 25). Esta sería la modalidad de allanamientos de los primeros años de la dictadura, la etapa de la represión masiva hacia los opositores. 54 Carabineros detuvo en la noche del miércoles a siete personas, inclusive dos mujeres, por estar participando en una reunión política clandestina, según se informó oficialmente. // Un comunicado de la Dirección de Informaciones del Gobierno dijo que en el grupo figura también Patricio del Carmen Reyes Sutherland (alias “Esteban”), quien estuvo detenido en “Tres Álamos” por actividades subversivas. // La declaración oficial dice textualmente: // 1) A las 22.35 horas de ayer, 24 de agosto de 1977, Carabineros de Chile detuvo a siete individuos, por haber sido sorprendidos en una reunión política clandestina en el parvulario “Sol Naciente”, de la remodelación Américo Vespucio Norte, manzana HA. // 2) Esta reunión fue detectada por vecinos del lugar, quienes avisaron a las fuerzas de Carabineros […] // 5) A los mencionados individuos se les encontró una serie de documentos, panfletos subversivos, carnets de identidad falsos, instrucciones para la fabricación de miguelitos, e instrucciones de funcionamiento de grupos políticos clandestinos” (El Mercurio, 26-08-1977: 23, 30). Pese a que la delación es altamente improbable en este caso, dado al encuadre de un ex detenido, esta fue una práctica alentada por las autoridades políticas, definiendo formas de colaboración propias de una dictadura que conformó un discurso unívoco en torno al peligro representado por el marxismo devenido, tras el golpe de Estado, en terrorismo según ese mismo relato. 58 Como vemos, el uso del allanamiento fue frecuente en los años setenta y, podemos concluir que estas acciones fueron el mecanismo por el cual el terrorismo de Estado se hizo carne, se operó para castigar toda forma de acción política que se quisiera expresar. Los allanamientos atacaron la infraestructura que la resistencia constituyó en el desarrollo de sus acciones, una de ellas fueron las clínicas clandestinas, las cuales surgieron producto de la necesidad de atender a los milicianos heridos tras las acciones que hemos relatado, es por ello que la detección de las clínicas se sumó a los objetivos que se definieron para justificar operaciones de allanamiento. 59 Los esfuerzos de la izquierda radicalizada por constituirse en su estrategia política y militar fueron desbaratados por la represión y la visibilización de los avances de la política de seguridad dictatorial se notaba en el ataque a esta diversidad de objetivos: casas particulares, locales y sedes sociales y finalmente clínicas clandestinas que hablaban de la preparación miliciana para atacar el régimen. A título de ejemplo citemos el allanamiento a En enero de 1978 en un allanamiento se descubrieron armas y material escrito en Recoleta (Santiago) (El Mercurio, 16-01-1978: 25). En mayo de 1979 se produjo un enfrentamiento en una casa de Quinta Normal, tras el evento se desató la ocupación militar y se produjo la detención de cinco personas, además del material hallado en el domicilio consistente en armas cortas y un fusil AKA, material propagandístico y documentación (El Mercurio, 2-05-1979: C6). En mayo de 1979 otro allanamiento a dos casas en Rengo (O’Higgins) acabó con detenciones e incautaciones de armas y otros elementos (El Mercurio, 3-05-1979: A12). 59 Por otra parte, una clínica clandestina allanada en junio de 1981 en Santiago, fue acusada de atender heridos en enfrentamientos (El Mercurio, 7-06-1981: C1). 58 lo que El Mercurio llamó “casa de seguridad”: 60 Un operativo dejó al descubierto asimismo, una “casa de seguridad” del mencionado movimiento, que contaba con un sofisticado refugio subterráneo, el primero de esta clase empleado por elementos terroristas en Chile; y una bomba del tipo vietnamita, única en su tipo por su extraordinaria potencia, según estimaron expertos en la materia (El Mercurio, 21-10-1984: C1). La información contenida en la noticia fue desmentida por la familia allanada: En el recurso de amparo, Álvaro Lara “rechaza por falsas” toda esa información, “pues esto obedece un operativo de la CNI en el que fuimos utilizados […] Todos los explosivos (si lo son) que aparecen en las informaciones de prensa fueron ingresados a mi hogar por los sujetos que allanaron, quienes me obligaron a dar una información falsa […] (Apsi, Nº 155: 2). Los allanamientos fueron profusamente utilizados para montar falsos enfrentamientos, tanto para encubrir ejecuciones o secuestros de militantes de grupos de izquierda, particularmente cuando pertenecían a organizaciones que utilizaron la violencia política como medio de acción. La ocurrencia de masivas y violentas jornadas de protestas nacionales llevó a los organismos de seguridad a exhibir, tal como lo hicieron tras el golpe de Estado, gran cantidad de armas, muchas veces denunciadas como montajes por las organizaciones políticas milicianas. Fue necesario demostrar ante la ciudadanía el poder de fuego de tales organizaciones para justificar las operaciones represivas, entre ellos los allanamientos figuraban como un elemento imprescindible para descubrir las armas que utilizaban las agrupaciones de la izquierda radicalizada. Durante ese ciclo de protesta, cuando se produjeron muertes y ajusticiamientos, los allanamientos se masificaron y extendieron como una práctica policial de ocurrencia permanente, frente a cualquier acto que se generó por parte de la movilización social y política, el allanamiento fue una respuesta preferida y de inmediata aplicación; después de cada llamado a protesta nacional, los allanamientos en barrios y viviendas de militantes encuadrados no se hicieron esperar. 61 Esta experiencia se hizo habitual, veamos uno de sus 60 En noviembre de 1983 en un allanamiento fueron detenidos dos militantes del FPMR, supuestamente implicados en la muerte del dirigente vecinal de la población José María Caro de Santiago. En octubre de 1984, en un allanamiento, la CNI encontró al supuesto jefe del FPMR. Siguiendo las prácticas de la época, nuevamente se exhibieron en la prensa armas y se presentaron más detenciones en curso. 61 Comenzando el año 1985 el allanamiento de una vivienda, también en Pudahuel, por un caso de asalto a ejemplos, el Paro Comunal de julio de 1984 en Pudahuel (Santiago): “Quédate mudita no más […] Después vamos a hablar a calzón quitado”. “¿Conocís a la CNI? Aquí nos tenís en persona, así es que ya sabís. Si no hablai, te violamos; pa’ eso tenemos perros amaestrados”. “Ah, una consulta, ¿De qué color preferís el cajón: rojo o negro?”. El diálogo (¿) ocurría en un recinto secreto de detención donde Carabineros –y otros anónimos aprehensoresmantenía a la joven Ana Flores Lara, raptada (detenida, se diría después) desde su hogar en Pudahuel a raíz de una amplia orden judicial emanada para investigar la muerte del teniente de la policía uniformada Julio Allende, asesinado el 26 de julio durante el Paro Comunal en ese sector (Análisis, Nº 89: 18). Al finalizar el año 1986 y tras el fallido atentado a Pinochet los allanamientos se multiplicaron. 62 Como en el caso de las jornadas de protesta, el gran ataque frentista al dictador hizo que el mecanismo del allanamiento se extendiera por toda la ciudad de Santiago, cientos de detenidos y la violencia propia del mecanismo hizo que hacia fines de 1986, la capital chilena se mantuviera usurpada y amenazada por la sorpresiva posibilidad de un evento como los descritos. A esos masivos allanamientos no escapó la Iglesia Católica defensora de los derechos humanos: La historia de la expulsión de los sacerdotes Dubois, Lancelot y Carouette, comienza a gestarse el lunes 8 del mes en curso, después que el gobierno decretó el Estado de Sitio, a raíz del atentado terrorista en contra de la comitiva presidencial. Ese día fuerzas del Ejército realizaron allanamientos masivos a diversas poblaciones de Santiago: una de ellas fue La Victoria. Luego de allanar la casa parroquial, en la que provocaron destrozos y desordenaron por completo en busca de armas, según decían los militares, se llevaron detenidos a los tres religiosos. // Según relataron otros sacerdotes que visitaron la casa luego del allanamiento, el personal del Ejército revisó y "revolvió" la pieza del padre André Jarlan, que permanecía igual a -como estaba el día en que fué asesinado, el 4 de septiembre de 1984 (Solidaridad, Nº 231: 24). Los últimos años de la dictadura fueron focalizando los allanamientos, toda vez que se encuadraba e identificaba a los grupos subversivos que permanecían activos. Los allanamientos masivos de 1983-1986 se detuvieron, dando un descanso a la periferia de las grandes ciudades, el FPMR pudo redefinir sus acciones y constituir nuevas casas de seguridad. Hacia fines del período volvemos a observar la ocurrencia de allanamientos a microbuses, acabó con una persona muerta, se trataba de Reinaldo Díaz (El Mercurio, 2-01-1985: C3). En marzo, en un allanamiento en El Arrayán murió Paulina Aguirre, militante del MIR (El Mercurio, 31-03-1985: A1). En septiembre de 1986 fue encontrada una casa de seguridad de frentistas y armas en Las Condes (Santiago) (El Mercurio, 5-09-1986: C6). Si bien estas acciones fueron mediáticamente relevantes, hubo gran cantidad de allanamientos, estos fueron constantes y permanentes durante estos años. 62 En el mes de diciembre descubrieron una clínica clandestina del FPMR en Las Condes, vinculada al mismo hecho (El Mercurio, 25-12-1986: A1). grupos rodriguistas. 63 Los allanamientos volvieron a su dimensión de operativo policial acotado y enmarcado en la investigación previa, que indicaba la pertinencia de su ejecución-, pero por otra parte, sirvieron para que los detenidos fueran torturados aun en las postrimerías de la dictadura. Un hecho de relevancia en torno a ello fueron los allanamientos producto del secuestro del Coronel Carreño: 64 Un nuevo escondite subterráneo donde, según Carabineros, un comando del FMR mantuvo oculto al coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, fue detectado ayer en el patio de un inmueble ubicado en la población San Vicente, comuna de La Cisterna. // El “barretín”, de forma cóncava, fue construido a un metro de profundidad en el patio de la casa, mide más de seis metros cúbicos aproximadamente, tiene dos respiraderos y es similar a todos los demás detectados en la zona norte y distintos puntos del Área Metropolitana, donde se hallaron armas y explosivos internados por la zona de Carrizal Bajo (El Mercurio, 4-06-1988: C1). Los allanamientos en torno al caso fueron constantes y una múltiple cantidad de personas ligadas al FPMR y a su entorno; esta acción hizo que circunstancialmente, volvieran a efectuarse usurpaciones masivas dirigidas a una identidad política en específico. 65 Otra forma habitual de allanamiento fue a los locales y casas que albergaron imprentas y mecanismos de fabricación de propaganda contra el régimen, en la medida que fue reconstituyéndose la resistencia a la dictadura, fueron apareciendo diversos elementos de publicidad y, junto a ello, las acciones represivas que buscaron detenerlo. A continuación revisaremos los sucesos vinculados a la propaganda de los grupos opositores. 8.3.2.- Allanamientos contra imprentas y grupos de propaganda. Los grupos resistentes que actuaron tras los días posteriores al golpe de Estado fueron completamente despojados de sus mecanismos oficiales de propagación de sus En enero de 1987 los organismos represivos localizaron un escondite del FPMR en Avenida Bilbao (Santiago). Avanzando el año, en el mes de junio son seis los detenidos en un allanamiento hecho en una casa de seguridad del mismo grupo en La Reina, también en la capital (El Mercurio, 14-01-1987: A1). 64 En septiembre de 1987 y en el marco de una importante acción frentista, el secuestro del Coronel de Ejército Carlos Carreño, fueron cinco los detenidos en un allanamiento a una vivienda de la comuna de Macul. 65 Posteriormente a la liberación de Carreño, finalmente liberado en Sao Paulo, Brasil. en abril y en julio de 1988 casas de seguridad en diversas comunas de Santiago fueron allanadas, pero volviendo al formato cotidiano del encuadramiento que buscaba responsables específicos para imputarles acciones específicas (El Mercurio, 4-06-1988: C1). 63 ideas, la poca preparación en este ámbito fue notoria y tan sólo algunas pintadas callejeras definían alguna presencia de la izquierda en el debate político simbólico del espacio público. 66 Los allanamientos fueron el mecanismo utilizado para intervenir los lugares clandestinos destinados a la elaboración y preparación, cada vez más constante, de propaganda escrita. Por aquellos años ese material consistía en octavillas y boletines de formato precario que sólo informaba de acciones de la resistencia y análisis político, además de denunciar las violaciones a los derechos humanos. Esto lo vemos de manera clara en las ediciones de Unidad y Lucha, El Rebelde y la Agencia Informativa de la Resistencia (AIR) entre las más frecuentes, publicadas en la década del setenta. Las formas de allanamiento en la etapa previa al ciclo de protestas, iniciado en 1983, configuraron el tipo de repertorio represivo, amparados en el silencio absoluto que la dictadura impuso a los chilenos: 67 Estos hechos pasaron prácticamente inadvertidos para los curiosos y los vecinos […] // Momentos después el personal de una patrullera de Carabineros recogió de entre los escombros los restos de panfletos y libros de origen marxista, los que fueron llevados rápidamente, junto a un detenido, fuera del sector (El Mercurio, 14-01-1976: 8). La actividad propagandística se incrementó en los ochenta; entonces los allanamientos se multiplicaban para encontrar los lugares que construían un discurso comunicacional contrario a la dictadura. 68 Para este período todavía eran las viviendas los lugares elegidos para montar los talleres de tipeo e impresión, los allanamientos nos muestran prácticamente en su totalidad que las imprentas clandestinas se ubicaron en las casas de personas particulares, incluidos los espacios alquilados o de propiedad de En abril de 1975 los organismos represivos hallaron una imprenta clandestina en el colegio Ortega y Gasset de Valparaíso, adjudicada al PC. Aunque sólo fue detenido el director del colegio, es el primer indicio de actividad propagandística organizada clandestinamente (El Mercurio, 20-04-1975: 31). 67 En enero de 1976, en un incendio sin causa aparente, se descubrió una imprenta clandestina en Santiago, hallándose material escrito de propaganda marxista, un mimeógrafo y un revólver. 68 Para abril de 1978 encontramos otro allanamiento a este tipo de objetivos, al ser hallada una imprenta clandestina en Santiago, el hecho está vinculado al Partido Comunista (El Mercurio, 30-04-1978: 37). La prensa informó de la búsqueda de una mujer ligada a esta imprenta. En abril de 1979 fue descubierta una imprenta clandestina en la población Javiera Carrera de Santiago. (El Mercurio, 11-04-1979: C1) En mayo de 1980 fue allanada una imprenta clandestina en Ñuñoa perteneciente al MIR (El Mercurio, 12-05-1980: C1). La coincidencia del mes nos hace pensar en las cercanías del primero de mayo y la intensa actividad sindical opositora que crecía año a año. 66 militantes opositores, como lo ocurrido a fines de 1981 en Santiago: El gobierno oficialmente informó -a través de un comunicado de la Dirección Nacional de Comunicación Social- la detención de Ramón Piña Vargas y Raúl Reyes Susarte, efectuadas el 28 de noviembre. A ambos se les vincula al proscrito partido lzquierda Cristiana. Se les acusa de mantener una imprenta clandestina para la impresión de "material subversivo". Además -según el comunicado oficial-, se les habría incautado armamento automático, pistolas y abundantes municiones de diferentes calibres. // Además de los mencionados, permanecen detenidos -relacionados con el mismo caso- Alejandro Jiménez, detenido el 29 de noviembre en su casa, e Iván Iglesias. Un quinto detenido, el contador -y ex regidor por Santiago, Jorge Leiva, fue dejado en libertad, después de veinte horas de reclusión (Solidaridad, Nº 125: 5). Al incremento de allanamientos producidos entonces hemos de agregar que no solo se produjeron en Santiago, sino que se desarrollaron en todo el territorio denotando, al mismo tiempo, la mayor cantidad de propaganda “subversiva” fabricada en el país. 69 Acercándonos al ciclo de protestas nacionales destacamos el carácter de los lugares utilizados para la fabricación de propaganda. Como vemos, los allanamientos comenzaron a descubrir pequeños comercios y talleres utilizados para, preferentemente en las noches, ser utilizados para la confección de la propaganda resistente. Por otra parte, es interesante anotar la colaboración entre comunistas y miristas para editar el boletín de estos últimos en Talcahuano, superando disputas provenientes de la Unidad Popular, aunque debemos apuntar que sólo en esta oportunidad encontramos esta colaboración. Este tipo de allanamiento fue recurrente en el período de protestas nacionales y se extendió hasta 1986. Resulta interesante cómo los organismos de derechos humanos se hicieron cargo de estos eventos represivos, a través de instancias plenamente validadas hacia fines de la dictadura; además, cubrieron las necesidades de organizar la lucha contra la dictadura. Conviene señalar que los allanamientos -durante el período de protestas- se concentraron en descubrir, en los barrios periféricos, a los causantes de los disturbios, barricadas, saqueos y apagones focalizados. Por otra parte, la propaganda estaba presente en las ciudades de manera irrestricta hacia medianías de los ochenta, los allanamientos retrocedieron en este ámbito, dándose en casos absolutamente puntuales: En febrero de 1981 fue desbaratado un centro de propaganda del PC en Los Ángeles (Bio-Bio), bajo la fachada de un taller mecánico (El Mercurio, 14-04-1981: C1). En agosto de 1981 en un allanamiento realizado en Talcahuano se descubre una imprenta clandestina del PC que imprimía El Rebelde (El Mercurio, 4-08-1981: A1). 69 Cabe agregar que en las cifras de arresto del Departamento Jurídico de la Vicaría se consideran sólo parcialmente los arrestos realizados en los allanamientos masivos a algunas poblaciones de Santiago en noviembre y diciembre. // "En 32 casos de arresto, estos no fueron inicialmente reconocidos durante muchos días por los organismos aprehensores, situación que no ocurría desde hace varios años –señala Varela-. Esto nos plantea el peligro de que se reimplante la práctica del desaparecimiento de personas. Hemos hecho llegar nuestra preocupación al respecto hasta los Tribunales de Justicia y esperamos que se adopten las resoluciones adecuadas que permitan que, tanto los familiares como la defensa, se impongan a la brevedad del lugar en que se encuentran los detenidos". // Uno de los 32 casos referidos fue el de Juan Antonio Aguirre Ballesteros, cuyos restos fueron encontrados a los 51 días después de su arresto” (Solidaridad, Nº 192: 17). Los allanamientos a poblaciones retrocedieron pero no dejaron de existir, hacia 1985, cuando se constata esta opinión, los casos de allanamiento responden a la activa participación de pobladores en las protestas nacionales, independiente de su militancia política concreta. La apertura producto del término del receso político y los pasos decididos que había alcanzado el proceso de liberalización política de cara a una forma de transición política definida para 1988 fue otro argumento, a nuestro entender, para desactivar los allanamientos a este tipo de articulaciones opositoras. Un tercer aspecto que nos interesa estudiar guarda relación con las sedes y locales de organizaciones sociales de distinto tipo que fueron, también, objeto de allanamientos, nos referimos a sedes y locales de grupos opositores. 8.3.3.- Allanamientos a sedes y locales de organizaciones opositoras. Una forma de allanamiento y amenaza estuvo constituida por los operativos de intervención en sedes y casas de reconocidos opositores. Estos se produjeron puntualmente durante el alza de las protestas y manifestaciones, retomando una forma represiva que existió profusamente tras el golpe de Estado de 1973, cuando muchos locales partidarios y de organizaciones sindicales sufrieron estos ataques. El recurso represivo de los allanamientos se ocupó recurrentemente contra las organizaciones del movimiento social opositor, trasgrediendo las normas del Estado de derecho y generando temor en los componentes de esas organizaciones, esta situación la encontramos en organizaciones sindicales, estudiantiles, eclesiales y de defensa de los derechos humanos. Por otra parte, este método se afinó y aumentó hacia el período de protestas. Los allanamientos a sedes sindicales y políticas fueron, ya instalada la dictadura, una forma de amedrentamiento que buscó impedir la articulación de la denuncia y movilización contra el régimen. 70 Uno de esos eventos afecto a la Democracia Cristiana,71 intentando implicar a organizaciones sociales en actividades prohibidas por el receso político: Efectivos de seguridad pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI) convocaron ayer a las 11 horas a los periodistas al edificio de Vicuña Mackenna Nº 79, quinto piso, con el objeto de mostrarles documentación “de carácter político” incautada durante el allanamiento efectuado durante el viernes pasado al departamento 1311, de calle Huérfanos Nº 1373. // A raíz de este operativo, doce militantes de la ex Democracia Cristiana fueron trasladados a la provincia de Arica, por “violación del receso político vigente”. // Durante la conferencia de prensa, los periodista recibieron de parte de representantes de la CNI, un conjunto de documentos y panfletos encontrados en el departamento de calle Huérfanos, que consta de 26 hojas tamaño oficio (El Mercurio, 18-01-1978: 23). Es interesante anotar la validación que por estos años tiene la policía política, que llama a conferencias de prensa para presentar los resultados de su acción; por otra parte, la documentación reseñada en la información de El Mercurio hace referencia a planes para desarrollar labores sindicales, políticas y desarrollo informativo acerca de violaciones de derechos humanos que, por esos años, recién comenzaba a conocerse. En esta primera etapa de restricciones (1973-1980), los allanamientos -en muchos casos- se revistieron de un carácter delictual, presentando estos ataques como robos; los partidos políticos que funcionaban en la clandestinidad y sindicatos fueron los blancos preferentes. El dispositivo usurpador que significó el allanamiento refirió material y simbólicamente el absoluto desamparo legal que las organizaciones sociales y políticas sufrieron durante la dictadura, masificándose peligrosamente hacia fines de la década. 72 Las peñas y locales de diversión ampararon reuniones clandestinas y la resocialización de sectores de izquierda, de manera oculta se rearticularon estos espacios en barrios y espacios estudiantiles. En cuanto apropiación simbólica de discurso y opinión política y eventual presencia de militantes de la resistencia, fueron atacados por grupos que En enero de 1977 fue asaltada la sede de la ANEF, ocho personas golpearon a los dirigentes allí reunidos, destruyeron archivos de la entidad robando elementos de poco valor, en un evidente ataque de motivación política (El Mercurio, 9-01-1977: 33). 71 Comenzando el año 1978 y en un allanamiento por parte de la CNI en Santiago, se entregó documentación política del Partido Demócrata Cristiano (PDC). 72 En octubre de 1978 fueron allanadas siete sedes sindicales acusadas de control marxista, produciéndose desalojos (El Mercurio, 21-10-1978: A1). 70 asaltaron y allanaron esos lugares. Si bien no fueron tan habituales como los casos anteriores, y no corresponden a organizaciones sociales en estricto rigor, apuntamos los hechos para considerar el alcance de los allanamientos: 73 El director artístico de la peña folklórica “Kamarundi”, Manuel Escobar Guzmán, el actor conocido con el seudónimo de “Tilusa”, expresó en conferencia de prensa su preocupación por los continuos allanamientos al local, la referirse a las circunstancias de la detención de Nelda Ortega. // Dijo que su socia en el local fue interrogada en relación con un sujeto que frecuentaba la peña, a quien conocieron como “Pablo”, y que en una oportunidad dejó una carta con un sobre en blanco para que fuera entregada a su esposa, que la retiraría horas más tarde (El Mercurio, 21-07-1982: C7). Los mensajes de resistencia y oposición al régimen estuvieron explicitados en estos lugares como en ningún otro y el carácter político de esas reuniones llevó a la utilización del allanamiento como forma de contestación a los intentos de articulación orgánica que supuestamente encubrían. Lo político orgánico no se dio en estos espacios, más bien cumplieron un rol difusor y de resistencia a las imposiciones del toque de queda dictatorial. Acercándonos a los años de movilizaciones masivas en las grandes ciudades, los allanamientos tuvieron un carácter diferente. Como hemos visto había acaecido en el caso de las imprentas clandestinas, estos operativos se focalizaron en las viviendas de los pobladores y de los militantes de los grupos milicianos que actuaban en la resistencia armada al régimen militar, la excepción vino dada por los dispositivos hacia sedes políticas que llamaron a las jornadas movilizatorias: Ocho personas, entre ellas la hija de la presidenta del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, Fabiola Letelier, fueron detenidas ayer durante un allanamiento practicado por efectivos de Carabineros al local de la entidad, ubicado en Av. Brasil 55. // De acuerdo a antecedentes entregados extraoficialmente, en ese recinto operaba una imprenta clandestina en la cual se encontraron panfletos y elementos de impresión […] // La abogado Fabiola Letelier informó ayer -a través de un comunicado entregado en los tribunales mientras se presentaba un recurso de amparo a favor de los anteriormente señalados-, que hasta el inmueble de calle Brasil había llegado personal policial que lo allanó sin exhibir una orden judicial ni administrativa, deteniendo a todos los que se encontraban en su interior” (El Mercurio, 19-04-1984: C2). Respecto a organizaciones políticas, estas fueron allanadas con particular frecuencia durante el ciclo de protestas, coincidiendo con el rol que les cupo en la organización de las En junio de 1980 fue descubierta una reunión política en el centro de Santiago, se allanó un restaurant y peña folklórica deteniendo noventa y ocho personas (El Mercurio, 16-06-1980: A3). En julio de 1982 y en la búsqueda de un dirigente mirista, fue allanada la casa Kamarundi, centro cultural que había sido allanado con anterioridad, en el contexto de la persecución al dirigente mirista que no señaló la prensa de ese entonces. 73 mismas. La definición de estos allanamientos, en particular las que afectaron al MDP,74 tuvo que ver con el carácter radical de sus convocatorias y que, finalmente, llevó a su ilegalización al final del ciclo. Los allanamientos se incrementaron en el período de las grandes protestas nacionales (1983-1986) y tuvieron en las poblaciones un lugar predilecto para realizarlos. Los sectores periféricos sufrieron esta forma de represión de manera brutal y continua en la década del ochenta, tal como también ocurrió en los primeros años de la dictadura, aunque en un sentido diferente, para detener y desaparecer personas. El objetivo de los allanamientos fue detener la ola de protestas a través del miedo que generó la presencia militar en los barrios. Repasemos sucesos importantes para este aspecto, en especial para el movimiento de pobladores. 75 Los allanamientos en sectores poblacionales llega a ser un problema tan importante que generó una polémica entre el gobierno dictatorial y la Iglesia Católica. La violencia contra niños fue especialmente condenada por el episcopado y la definición identitaria de los pobladores como causantes de los disturbios puesta en duda -una y otra vez- por parte de los sacerdotes más cercanos al mundo de los barrios carenciados: Esta actitud motivó una enérgica declaración de monseñor Fresno, el mismo día 8. Dijo el Cardenal: "Le hice ver (al ministro del Interior) que yo sentía enormemente que estuvieran sucediendo estos hechos de allanamientos masivos; que consideraba que realmente era faltar flagrantemente a los derechos humanos la forma de hacerlo; que el fin no justificaba los medios. Espero que el señor Cuadra no me tergiverse las cosas y que no confunda más con sus declaraciones a la opinión pública. Si el señor Cuadra no cree en mis palabras, que le pregunte al señor ministro del Interior si es verdad o no que yo hablé esto con él. No tengo nada más que decir". // Pero los allanamientos prosiguieron al día siguiente de formulada la petición. En total varios miles de hogares fueron registrados y miles de hombres mayores de 14 años y menores de 60, chequeados en sus datos personales. Varios cientos fueron detenidos, algunos incluso en recintos de la CNI. Los motivos de todo nunca fueron claros” (Solidaridad, Nº 223: 2). Los organismos de derechos humanos se presentaron habitualmente tras los allanamientos que se efectuaron tras cada protesta. A diferencia de la década anterior, una vasta red de organizaciones y personas preocupadas por la violencia desmedida de los En junio de 1984 se produjo el asalto y allanamiento de la sede del MDP en Santiago, en pleno proceso de protestas nacionales (El Mercurio, 23-06-1984: C3). Nuevamente en octubre, un grupo paramilitar asaltó la sede del MDP, el denominado comando Yakarta redujo a las personas presentes en el local, robando la documentación existente allí (El Mercurio, 31-10-1984: C6). 75 En noviembre de 1984 un operativo en La Victoria provocó múltiples allanamientos. 74 allanamientos vigiló de cerca el accionar policial, aunque nunca pudo detenerlos. El registro pormenorizado de las acciones policiales ha permitido fijar la imagen de los allanamientos como una práctica dictatorial constante y simbólica del abuso de poder entre los pobladores de las grandes urbes chilenas. En definitiva, los allanamientos a locales sindicales y políticos, clandestinos en los setenta y abiertos en los ochenta, tuvieron el claro afán amedrentador, produjeron temor y generaron nuevo repertorio argumentativo, esta vez denunciando la conculcación de los derechos políticos que hizo habitual la práctica dictatorial. La prensa de oposición hizo una profusa crónica de los allanamientos sin distinguir su tipo o motivación, allanamientos que sufrió ella misma en algunas ocasiones, particularmente detalladas son las acciones de este tipo para el período de las jornadas de protesta nacional, incluso registrando hechos como estos en fechas muy cercanas al plebiscito de octubre de 1988, cuando la liberalización política se encontraba en pleno curso. Los hechos más significativos en torno a este punto se relacionaron con la visita papal de 1987: 76 Juan Pablo II todavía estaba en Chile, específicamente en Punta Arenas, cuando la pobladora Luisa Riveros comenzó a ser vigilada. La mujer (44 años, separada, seis hijos) había hablado en el encuentro del Papa con los pobladores en La Bandera. Primero fueron seguimientos y amenazas. Luego, desconocidos en diferentes autos que vigilaban constantemente su casa […] // Pero la semana pasada se llegó aún más lejos: el poblador José Cuevas (38 años, casado) fue secuestrado por tres civiles, quienes lo llevaron en un auto blanco a un lugar desconocido. Allí lo golpearon e interrogaron sobre las actividades del párroco de la capilla Cristo Vencedor de Lo Hermida, las de su mujer (que trabaja con un grupo de pobladoras) y las de quienes integran el grupo del construyendo juntos, al que pertenece Cuevas. Finalmente, los desconocidos le aplicaron electricidad y le quemaron la cara, los brazos y las manos con ácido (Apsi, Nº 202: 21). Más allá de los allanamientos, tras la visita papal, se produjo un clima de “venganza” contra organizaciones de pobladores, derechos humanos y la prensa opositora, incluyendo las intromisiones en los hogares de estas personas, se cometieron fuertes apremios ilegítimos y duros castigos, propios de los peores años de las violaciones a los derechos humanos del régimen militar. El clasismo de la construcción política dictatorial no 76 El caso paradigmático de poblador represaliado mediante el asalto y allanamiento fue el de Mario Mejías, en mayo de 1987 y tras la visita de Juan Pablo II a Chile, entraron en la casa del poblador que denunció a la dictadura ante el Papa, fue brutalmente golpeado. Otro poblador, días después, José Cuevas, también fue secuestrado y golpeado. En julio de ese mismo año cinco allanamientos en poblaciones capitalinas se realizaron para prevenir la subversión, en una medida que el gobierno defendió. perdonó, aun en pleno proceso de liberalización, el que los pobres se atrevieran a cuestionar las políticas del régimen frente a una figura de la relevancia de Juan Pablo II. El asalto a sus viviendas es el símbolo material de la dictadura, la usurpación del lugar que se tiene en el mundo, la violación de toda forma de existir como ente político en el espacio colectivo, esto fue lo que el modelo de sociedad del régimen instauró en Chile, en definitiva, el cercenamiento de cualquier forma de aproximación democrática entre las personas parte de una misma sociedad. *************** En este capítulo hemos observado la generación de oportunidades de movilización, aportando a los argumentos que fue construyendo el movimiento social, el que se constituyó contra el régimen de facto. Entre los grupos sociales que se vieron afectados por los dispositivos represivos encontramos a todas los sujetos sociales que conformaron el movimiento social opositor de forma explícita, fueron los jóvenes, tanto la juventud universitaria como la poblacional, las organizaciones sindicales, de derechos humanos y las agrupaciones políticas quienes se vieron involucradas en esta etapa de la política chilena; por lo tanto, fueron víctimas del terrorismo de Estado durante todo el período. Iniciando la década del ochenta se estructuró el terrorismo de Estado de una manera distinta a la de la década precedente, sin campos de concentración ni detenciones masivas en estadios ni gimnasios; esta década sufrió la presencia ausente de una policía política en la vida social chilena, sin tener certeza de los cuarteles donde trabajaba y solo constatándolos cuando secuestraba o la violencia política era evidente en el espacio público. De allí que los casos emblemáticos se constituyeron en la visibilización de la guerra que los organismos de seguridad libraron contra el movimiento social y la resistencia política. Cerrando este último capítulo estamos en condiciones de afirmar que la represión dictatorial constituyó una ampliación de los argumentos a los cuales recurrió el movimiento social para enfrentarse políticamente a la dictadura, las diversas formas de violaciones a los derechos fundamentales de las personas contribuyó a derrocar al régimen militar a través de la acción propia y la respuesta a los organismos represivos. Conclusiones El desarrollo de esta investigación nos permitió abordar el objeto de estudio, configurado por el movimiento social anti dictatorial, que se encuentra expresado en sus prácticas de resistencia, oportunidades y por la disputa que mantuvo con la política dictatorial, debido a que ocupó el espacio público para visibilizar sus discursos. Llegados a este punto se hace necesario responder a las tres interrogantes que se derivan del análisis histórico de la relación entre las siguientes categorías: movimiento social, espacio público y violencia política. La primera pregunta se refiere a si el movimiento social resistente logró acelerar -en los sectores centristas de gobierno y oposición- la apropiación del espacio político con el propósito de negociar salidas menos traumáticas al conflicto chileno. Como se demostró, la derecha más radical y cercana al autoritarismo cedió espacios políticos, que sectores más liberales aprovecharon para obtener mayor liderazgo dentro del régimen. Mientras tanto, el gremialismo se centró en el trabajo social a través de nuevas prácticas como los operativos cívico-militares o los trabajos voluntarios, transitando del discurso político anti allendista a la configuración de su propia identidad política. Por otra parte, la oposición cercana a la Iglesia y a los partidos de centro izquierda, mediante el apoyo político a las organizaciones del movimiento social en sus diversos ámbitos (derechos humanos, trabajadores, estudiantes, mujeres), recuperó un discurso propio de manifestación política con el que enfrentó a la derecha, la que por otra parte, con mayor poder económico devenido del aparato del Estado, pudo definir claramente las diferencias entre opositores y oficialistas. Así, el movimiento social, diverso y de distinto origen, respondió a la invitación de los partidos políticos tradicionales de la oposición al constatar que la estrategia de la izquierda subversiva estaba superada y, por lo tanto, se hacía imperioso acabar con una dictadura excesivamente larga para los estándares chilenos. Por ello es que podemos concluir que el movimiento social fue quien decidió en distintos momentos y de diferente forma la aceptación de la liberalización y la negociación política. Aunque delegó en los partidos políticos la tarea burocrática, el movimiento social puso el capital político y social con el cual se consensuó la salida negociada al conflicto desatado por el golpe de Estado de 1973. La segunda pregunta se refiere a cómo se produjo el uso del espacio público en cuanto estrategia de movilización por parte del movimiento social opositor y la resistencia política, considerando que la derecha y el gobierno también utilizaron el espacio público para manifestarse. La característica esencial de la lucha contra la dictadura fue la generación de manifestaciones políticas en el espacio público a través de las convocatorias discursivas del movimiento social opositor, fenómeno que por lo demás también se ve entre los adherentes al régimen. Se produjo así una disputa por la representación en el espacio público. Los relatos nacidos del discurso de los detractores a la dictadura durante las manifestaciones articularon actores, hechos y escenarios en el marco del gran desastre que representó el régimen para las referencias históricas, sociales y económicas del país. En este escenario, se constata una tensión permanente entre el movimiento social y los partidos políticos, los que se centraron en el debate por el receso político de los años setenta y por la liberalización política de la década de los ochenta. La manifestación política fue invisibilizada y exiliada del espacio público por agentes desinformadores controlados por el régimen. Se construyó entonces una ética resistente a partir de la desobediencia y la movilización. Así, el espacio público se resignificó como un ejercicio de reivindicación política, dándole historicidad como parte del movimiento social anti dictatorial. La apropiación de las prácticas resistentes en el espacio público sobrepasó la lectura política rebelde y se constituyó como una cultura de movilización social, sin que ello significara necesariamente una adhesión a la política de los partidos y/o a las organizaciones de izquierda radical. La derecha, con el paso del tiempo, institucionalizó sus formas de ocupación del espacio público y utilizó la manifestación política sólo en función de las necesidades institucionales del régimen, instituciones creadas para producir efectos políticos específicos: una Constitución anti democrática y el modelo social y económico denominado neoliberal. Resulta interesante descubrir en esa ocupación del espacio público una lectura ideológica muy concreta y políticamente definida a favor del proyecto representado por Pinochet, donde su figura creó representación desde el cesarismo propio de un dictador. Llegamos a la convicción, que creemos haber demostrado, de que la lucha por la ocupación de los lugares públicos fue ganada por el movimiento anti dictatorial, horadando fuertemente la legitimidad de la dictadura. El ciclo de protestas de 1983-1986 representó un triunfo de la oposición, sobre todo en términos simbólicos, pero no necesariamente en lo político -en ese plano la victoria fue para el pinochetismo. Las jornadas de protesta nacional ayudaron a catalizar las prácticas resistentes que tímidamente fueron surgiendo desde fines de los años setenta para explosionar desde 1983, creando una identidad común para la diversidad de discursos políticos, sociales y culturales en la oposición al régimen dictatorial. También podemos concluir que la resistencia política se alejó del movimiento social opositor, en cuanto validó y alimentó la estrategia de copamiento del espacio público a través de los sectores más radicalizados del estudiantado y los pobladores de las grandes ciudades. Para estos sectores el espacio público se significó en cuanto campo de batalla contra la dictadura. En un tercer momento, nos preguntamos cuál fue rol de la violencia política en el proyecto opositor. En el escenario que se fue dibujando en el Chile de la dictadura, la emergencia de un amplio movimiento político y social opositor incorporó también la violencia como parte de su repertorio movilizador. Sin duda que la violencia política fue la estrategia seguida por la izquierda radicalizada, representada fundamentalmente por el MIR y el FPMR (aparato paramilitar del Partido Comunista creado para resistir la dictadura). La decisión política de una estrategia armada se enfrentó al cuestionamiento del movimiento social una vez que este se expresó con fuerza hacia la década de los ochenta, no así en los años precedentes, cuando la oposición se mostró indiferente o fue tibia en el rechazo a las acciones de violencia política. Podemos afirmar que la violencia política empleada desde 1978 y hasta 1986 fue fundamental para generar un marco suficiente de fuerza social que sustentara la participación en el ciclo de protestas. A partir de este momento, el movimiento social opositor tomó definiciones propias, tan diversas como posturas políticas y estrategias de lucha contra la dictadura militar hubo en su interior, pero amalgamadas en el antipinochetismo. Hasta 1986, año calificado como decisivo por parte del FPMR, la estrategia de violencia política permaneció tan presente y válida como cualquiera de las otras que levantara el movimiento social y la oposición política de los partidos tradicionales. Mas, luego del fracaso de la línea de insurrección armada, en un ejercicio de descarte, la mayoría de los grupos opositores y en especial el movimiento social optó por la salida negociada, primero bajo la figura de la liberalización política de 1985 y posteriormente por la negociación que desembocó en el plebiscito de 1988. En conclusión, consideremos haber demostrado la hipótesis general de esta tesis que sostiene que la resistencia política en el período 1973-1988 posibilitó el ejercicio de prácticas en el espacio público que construyeron un movimiento político y social determinante para derrocar a la dictadura cívico-militar. Esta definición presionó al centrismo político, que ganó el espacio negociador a través de la aceptación de la liberalización política y el encauzamiento del movimiento social. Ese proceso funcionó en virtud de un mecanismo de mediación, es decir, ante el ciclo de protestas y acciones de violencia política y resistencia, el centrismo político ofreció al régimen el control del movimiento social por la vía de la politización, cuestión que le permitió abrir el campo de la negociación con el poder dictatorial, en particular con el sector civil de la derecha republicana y con el gremialismo de orientación neoliberal. El carácter rebelde de las prácticas políticas de resistencia chocó con el conservadurismo secular de la cultura política, lo que vino a plantear una nueva manera de enfrentar las relaciones entre movimiento social y Estado. Ello condicionó una democracia protegida durante el proceso de negociación, manteniendo el malestar del movimiento social, lo que explica la consolidación de prácticas resistentes y el recurrente uso del repertorio del movimiento social hasta el plebiscito de 1988. A partir de nuestras definiciones tras el proceso investigativo, quedamos abiertos a múltiples posibilidades de comprender esta etapa histórica y su devenir, entre ellas reconocemos a lo menos tres aspectos poco conocidos que nos merecen un estudio mucho mayor y donde las fuentes entregan interesantes posibilidades. Primeramente, cuestiones relativas a la implementación de políticas públicas referidas al mundo popular, la forma de encarar los derechos sociales de la población cambió radicalmente en este período y, extrañamente, no se conoce de manera acotada el cariz de esas trasformaciones, ni sus implicancias ideológicas, tampoco sus características políticas y sociales. Podemos apuntar la política de segmentación urbana de la pobreza o el tratamiento territorializado de la acción social, entre muchos otros asuntos aun no abordados. En relación a este punto resaltan las modificaciones en las políticas de vivienda y el tratamiento a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Las políticas de subsidiariedad afectaron a esas clases sociales mediante nuevos mecanismos, como los operativos cívicomilitares, que merecen un estudio acabado. Una segunda área de problemas poco visibilizados guarda relación con algunos sujetos políticos y sociales que no aparecen historizados, a pesar de su contribución a la creación del movimiento social opositor. Nos referimos, particularmente, a grupos relacionados con ciertas formas de afectación política como la erradicación, la exoneración, la relegación, entre otras que aparecen en las fuentes, muchas veces enunciados pero que no cuentan con un desarrollo importante en la historiografía. También hay asuntos relativos a los sujetos resistentes y que, más allá de la historia política partidista, revelan posibilidades interesantes para el continuo histórico chileno. Las prácticas y formas de lucha social y política que se desarrollaron en dictadura han trascendido en el tiempo y es interesante constatar su origen y vínculos posibles con la historia social y política de los siglos anteriores. Resulta interesante ahondar en esos sujetos, sus historias de vida y las conexiones existentes con el marco general de la convulsa vida política de la historia reciente del país. Mucho veces nuestro trabajo quiso incluir estas temáticas, otras tantas desechó asuntos, pero la idea primordial fue aportar al mejor conocimiento de la vida del pueblo chileno durante los años de opresión social, económica y política. Esa intención guió la construcción del texto que ahora concluimos. Finalizando estas conclusiones, quisiéramos dejar sentado que la intención final de esta investigación fue intentar comprender la complejidad de una etapa plena de información y que resulta esencial para el presente y el futuro de la nación, mirar en los intersticios menos importantes para los grandes discursos políticos fue siempre nuestra manera de enfrentar el trabajo, pensando que es allí donde la mayoría de los chilenos y chilenas respiró el pesado aire de la dictadura. Valdivia, 8 de enero de 201. 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